INEXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, "por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones", mediante el cual se adicionó los parágrafos 2 y 3 al artículo 297 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal-\ El que la simple instalación de la audiencia interrumpa el término de 36 horas para poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías , así no se hubiere llegado a definir la legalidad de dicha captura, en "un plazo razonable", y por tanto indeterminado, dejó a discreción del juez la valoración del tiempo por el cual podría extenderse la decisión sobre la legalidad de la captura. Para la Sala Plena, la norma acusada vulnera el texto constitucional (Art. 28) y desconoce la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre la necesidad de fijar restricciones claras cuando se trata de limitar el derecho fundamental a la libertad personal - [Resumen automatizado: Finalmente, indicó que el derecho al habeas corpus[17] implica el efectivo control de legalidad de la captura y, por tanto, la disposición acusada puede desconocer el condicionamiento efectuado en la sentencia C-163 de 2008, al declarar exequible el artículo 1 de la Ley 1142 de 2007, "en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente". || Como puede verse en este artículo, pese a su preciso ámbito de aplicación, la Ley 1908 de 2018 modifica los requisitos generales para la captura y, por ello, al menos prima facie podría entenderse que esta modificación afectaría a cualquier persona respecto de la cual se realice la captura, sea que se efectúe en cumplimiento de una orden escrita proferida por un juez (inciso primero), o en casos de flagrancia o por disposición de la Fiscalía General de la Nación (parágrafo).] - [Palabras claves automatizadas: libertad, captura, corte, horas, juez, ley, término, control, disposición, sentencia, persona, constitución, norma, derecho, debe]

No encontró la Corte existencia de una omisión legislativa con relación al numeral 6 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, si no se ha celebrado la audiencia de lectura del fallo o su equivalente, el acusado debe ser puesto en libertad; . al no incluir a los acusados, también privados de la libertad y amparados por la presunción de inocencia, que aguardan la decisión de segunda instancia, con lo que se estarían desconociendo sus derechos a la igualdad, a la libertad y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, por no contemplar un plazo máximo de detención preventiva en segunda instancia. La Corporación encontró que la carencia de regulación a la cual se refieren los demandantes, en realidad, no tiene sustento. Los acusados que esperan la decisión de segunda instancia no se encuentran desprotegidos, ni se le viola el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, pues tampoco están sometidos, a estar indefinidamente privados de la libertad. Pese a que la disposición impugnada no haga referencia a ellos, precisamente, la razonabilidad del término de su detención preventiva está garantizada en el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016, según el cual, el tiempo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Ley 1786 de 2016, "por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015"; Art. 2 Num. 6 (Mod. Ley 906 de 2004 Art. 317) : Exequible - [Resumen automatizado: Planteada la discusión en los anteriores términos, corresponde a la Corte determinar si la disposición, según la cual, transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, de no haberse celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, el acusado deber ser puesto en libertad, comporta una omisión legislativa relativa, violatoria de los derechos a la igualdad, la libertad y el derecho debido proceso sin dilaciones, al no amparar con la misma prerrogativa al procesado en espera de la decisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia. || En el presente asunto, la protección de la libertad personal, en el marco del derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a términos razonables de detención preventiva implica, así mismo, entender que esa salvaguarda se lleva a cabo dentro de un sistema de reglas dispuestas a partir de las etapas procesales diseñadas por el legislador y no con base en normas aisladas. || En el presente asunto, la protección de la libertad personal, en el marco del derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a términos razonables de detención preventiva implica, así mismo, entender que esa salvaguarda se lleva a cabo dentro de un sistema de reglas dispuestas a partir de las etapas procesales diseñadas por el legislador y no con base en normas aisladas.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, proceso, ley, instancia, derecho, debido, decisión, corte, penal, días, juicio, término, audiencia, dilaciones, detención, demanda, omisión]; Art. 2 Num. 6 (Mod. Ley 906 de 2004 Art. 317) : Exequible

Los criterios para justificar la detención preventiva cuando se estime que la libertad representa un peligro para la sociedad, no contrarían los artículo 28 de la Constitución, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el 93 de la C.P. La Corte reiteró su jurisprudencia (sentencias C-395-94, C-774-01, C-805-02, C-1154-05) en el sentido que para la completa determinación del concepto de detención preventiva y los eventos en que ella procede, la Constitución ha dejado un amplio margen a la potestad de configuración del legislador, la cual sin embargo, no está exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que respete tanto la naturaleza cautelar de la figura, como los principios y derechos constitucionales. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código Penal de Procedimiento Penal"; Art. 310 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Sin embargo, por un lado, es obvio que la regulación legal sobre la restricción o privación preventiva de la libertad del imputado será susceptible de espacios interpretativos y, por el otro, es claro que las reglas que el legislador debe incorporar para la procedencia de la medida de aseguramiento comportan un conjunto de elementos, especialmente en términos de los fines perseguidos y las justificaciones admisibles de la medida, que suponen una necesaria actividad de subsunción y valoración de las circunstancias del caso concreto, todo lo cual, como indica la jurisprudencia constitucional, no va en detrimento del principio bajo análisis[28]. || (xiv) El Acto Legislativo prevé que el juez de control de garantías podrá decretar medidas que garanticen (xiv.i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, es decir, evitar la fuga o contumacia del procesado y asegurar así el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria (xiv.ii) la conservación de la prueba y evitar la obstrucción del proceso en general, y (xiv.iii) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, objetivo fundado en la prevalencia del interés general y fines esenciales del Estado como el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes constitucional, el aseguramiento de la convivencia pacífica, entre otros.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, corte, medida, aseguramiento, medidas, preventiva, derechos, proceso, sentencia, detención, derecho]; Art. 310 (parcial) : Exequible

¿Viola las garantías a la libertad personal establecidas en la Constitución, el que la norma demandada otorgue al comandante de la estación y de la subestación de policía la facultad de retener hasta por 24 horas, en una estación o subestación de policía, al infractor de una disposición contravencional? Decreto 1355 de 1970, "por el cual se dictan normas sobre policía"; Retención Transitoria: Naturaleza, alcance, regulación legal, aplicación. Art. 186, Num. 8 : Exequible; Art. 192 y 207 (parcial) : INEXEQUIBLES. Fallo diferido. Integración normativa. Condiciona retención transitoria, hasta tanto el gobierno regule la materia. Exhorta al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración, expida una ley que establezca un nuevo régimen de policía que desarrolle la Constitución. - [Resumen automatizado: En consecuencia, entiende que “si el artículo 192 del Decreto 1355 de 1970 se limita a definir la retención transitoria 'como mantener al infractor en una Estación o Subestación de policía hasta por 24 horas', definición a la que se han dado alcances y efectos que vienen de destacarse en el contexto del examen de constitucionalidad a la aplicación de medidas correctivas por la policía, las cuales fueron declaradas exequibles en los eventos indicados, su constitucionalidad ya ha sido juzgada por aparecer integrada a la legitimidad y justificaciones tomadas en cuenta por el juez de constitucionalidad para hacer la declaración contenida en la Sentencia C-199 de 1998”. || Pasa la Corte a explicar un poco más en detalle las afirmaciones anteriores y a identificar si la figura de la retención transitoria, tal y como se encuentra regulada en el CNP luego de la sentencia C-199 de 1988 citada (que le da el carácter de medida de protección), supera los estándares constitucionales mencionados: el juicio de proporcionalidad y las garantías mínimas exigibles para toda restricción de la libertad personal, que se convierten finalmente en la salvaguarda del individuo frente a cualquier actuación arbitraria de las autoridades.] - [Palabras claves automatizadas: medida, corte, libertad, policía, derechos, persona, protección, transitoria, derecho, sentencia, constitucional]; Art. 192 y 207 (parcial) : INEXEQUIBLES. Fallo diferido. Integración normativa. Condiciona retención transitoria, hasta tanto el gobierno regule la materia. Exhorta al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración, expida una ley que establezca un nuevo régimen de policía que desarrolle la Constitución.

¿La referencia a la "captura del indiciado" que se hace en las normas acusadas la Ley 906 de 2004, vulnera el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución, que supuestamente sólo hace referencia a la privación de la libertad del "imputado"? ¿ viola el artículo 28 de la Carta, al no señalar los motivos por los cuales el "indiciado" puede ser privado de la libertad y con ello, el principio de legalidad? y; ¿desconoce la presunción de inocencia del "indiciado" consagrada en el artículo 29 superior, pues ni siquiera se le ha formulado la imputación de una conducta punible?. La regulación establecida en la Ley 906 de 2004 respecto del "indiciado" y del "imputado". Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 219, 230, 297 y 298 (parciales) : Exequibles por el cargo analizado - [Resumen automatizado: El Juez de garantías está no solamente supeditado para efectos de ordenar la captura del indiciado, imputado, o acusado a los presupuestos y limites señalados directamente por el constituyente derivado en el artículo 250 a que se hizo referencia en los apartes preliminares de esta sentencia- sino que el Legislador en la Ley 906 de 2004 en armonía con dichos presupuestos y límites reguló expresamente las circunstancias, motivos y condiciones en que dicha captura puede ordenarse por el referido Juez de control de garantías instituido no debe olvidarse- como el principal garante de los derechos fundamentales de los indiciados, imputados, acusados o condenados en el proceso penal. || Ahora bien, cabe precisar que la reserva judicial de la libertad a que se ha hecho referencia encontró particular refuerzo en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 en la que se estableció que en el nuevo sistema penal por él introducido, por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad, tales como la captura, deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales, según lo establezca la ley, la Fiscalía General de la Nación podrá realizar capturas sin orden judicial previa, que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (art.] - [Palabras claves automatizadas: captura, control, penal, libertad, garantías, derecho, fiscalía, juez, general, proceso, ley, orden]; Arts. 219, 230, 297 y 298 (parciales) : Exequibles por el cargo analizado

¿La restricción a una única oportunidad para que las partes soliciten la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento y además negar los mecanismos de impugnación de la decisión, vulnera los derechos del sindicado a procesado a la libertad personal, el ejercicio de su derecho a la defensa y viola el principio de la doble instancia? Las medidas de aseguramiento en la Constitución Política, en la ley 906 de 2004 y en la jurisprudencia constitucional. Ley 906 de 2004; Art. 318 (parcial) - Apartes INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: En la disposición demandada no se garantiza el derecho a la libertad de las personas consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, al restringir a una sola vez la posibilidad de solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, en tanto que no podría volver a efectuar la solicitud, no obstante que la defensa del acusado presente al Juez de Garantías por haberlos encontrado con posterioridad, elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida, que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308 del C.P.P., o que el acusado contra el cual pesa la medida, no fue el autor o coautor del hecho que se le acusa, situación esta que ocasiona que la persona siga siendo retenida en un centro carcelario privado de su libertad. || Sobre el particular, ha dicho la Corte en varias de sus sentencias[6] que el principio de legalidad se convierte así en una garantía insustituible para la libertad individual, pues ésta sólo podrá ser afectada por los motivos previamente definidos en la ley, y conforme a un procedimiento también previamente señalado en ella, tarea ésta del legislador que además se encuentra limitada y puede ser objeto de control por parte del juez constitucional, pues ha de desarrollarse con el respeto de los postulados y preceptos superiores y específicamente de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.] - [Palabras claves automatizadas: medida, libertad, aseguramiento, proceso, derecho, medidas, sustitución, constitución, detención, ley, corte, juez, requisitos, garantías, control, derechos]; Art. 318 (parcial) - Apartes INEXEQUIBLES