La violencia intrafamiliar es, según el caso, el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. La violencia contra la mujer, como lo ha señalado esta Corte en el pasado, se alimenta de estereotipos que les exige a las personas asumir roles específicos en la sociedad. Y la obligación del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva a la violencia. En el evento en que el material probatorio existente sea insuficiente para determinar con claridad los hechos discriminatorios o de violencia y la ponderación judicial pueda inclinarse en favor del agresor, los operadores judiciales deben hacer uso de sus facultades oficiosas para allegarse del material probatorio necesario que les permita formar su convicción respecto del contenido del conflicto. Cuando no se cumple y la autoridad pública omite realizar un estudio juicioso del asunto actuando desde formas estereotipadas que contribuyen a invisibilizar la violencia se configura un obstáculo en el acceso a la administración de justicia pronta y eficaz que puede ser subsanado a través de la acción de tutela - [Resumen automatizado: En el presente asunto, se tiene que la señora Samantha en representación de su hija Deyanira presentó acción de tutela contra el Juzgado XX de Familia de XX, por considerar que esa autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre de la adolescente, al revocar la medida de protección decretada por la Comisaría Once de Familia, Suba I en el proceso iniciado por Deyanira en contra de su padre por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.[119] Mediante fallo del 25 de julio de 2018 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil confirmó la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que concedió la protección de los derechos de la adolescente, por considerar que la providencia atacada "incurrió en defecto fáctico y sustantivo, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de su hija", en razón a que la decisión se centró en que la solicitud se presentó de manera extemporánea y no apreció en forma completa las pruebas obrantes en el proceso, ni la situación fáctica para determinar la procedencia o improcedencia de la medida adoptada, por los hechos de violencia que recayeron sobre la joven.] - [Palabras claves automatizadas: protección, familia, violencia, medida, tutela, medidas, corte, derechos, ley, mujer, decisión, adolescente, intrafamiliar, acción]

Prevención, protección y sanción de la violencia contra la mujer. En los casos de violencia intrafamiliar, como una de las expresiones de la violencia de género, es determinante el contexto en el que ocurren los actos de agresión, no solo porque ello facilita el entendimiento del caso y la valoración de las pruebas, sino además porque la existencia de escenarios sistemáticos de violencia y discriminación pueden hacer parte de los hechos jurídicamente relevantes, toda vez que: (i) en sí mismos, pueden ser subsumidos en la norma que penaliza la violencia ejercida contra las integrantes de la Familia y dispone la agravación de la pena cuando la misma recae sobre una mujer o sobre otras personas que deben ser objeto de especial protección (niños, ancianos, etcétera), como cuando constituyen violencia física, psicológica u otras formas de agresión; (ii) esos ámbitos de dominación y discriminación deben ser visibilizados, como presupuesto de su erradicación, que es, precisamente, uno de los objetivos principales de la penalización de la violencia de género y, puntualmente, de la ocurrida en el seno de la familia; (iii) desestimar el contexto en el que ocurre la violencia de género y analizar aisladamente las agresiones puede dar lugar a su banalización, punto de partida para que este flagelo sea perpetuado, lo que, desde esta perspectiva, vacía de contenido las normas penales orientadas a sancionar este tipo de atentados contra los derechos humanos; y (iv) ese contexto hace parte de las circunstancias que rodean el delito, cuya relevancia jurídica puede ser más notoria cuando encajan en alguno de los presupuestos previstos en los artículos 54 a 58 del Código Penal, sin perjuicio de que puedan ser subsumidas en cualquiera de las normas de la parte especial de esa codificación, independientemente de que resulten favorables o no al procesado - [Resumen automatizado: “Es por ello que la Fiscalía en razón de los elementos materiales probatorios obtenidos, bajo el entendido de la sana crítica concluyó que los hechos relatados por la denunciante no se constituyen en verbo rector necesario para la descripción típica de violencia intrafamiliar, considerando que la situación familiar por la que se encontraba pasando la pareja era una relación tensa producto de un fenómeno natural como es el de estar inmerso en una separación, donde necesariamente se resaltarán en mayor grado las diferencias que pueden existir en una relación pues no es una situación que se viva a diario, la de estar divorciándose o separándose, sin que se olvide que durante la convivencia de pareja que narra la señora el ambiente fue en condiciones de armonía, equidad, buen trato, si bien es cierto el derecho penal es de acto, no de autor, la entidad lesiva de esa conducta, frente a los hechos narrados, no son dados a convocar la intervención del Estado, por la decisión subjetiva de la presunta víctima de considerar que de alguna manera quien antes era su compañero hoy debe asumir severas consecuencias por no estar más con ella.] - [Palabras claves automatizadas: violencia, fiscalía, intrafamiliar, sala, medellín, proceso, penal, decisión, mujer, tutela, derechos, mujeres, corte, defecto, acción, en]

¿Las decisiones de la Comisaría de Familia y del Juzgado de Familia en el proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar y en el proceso de reglamentación de visitas adolecen de defectos que vulneran el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y de su hijo? La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional concluye que la Resolución del 15 de febrero de 2017 proferida por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, y el fallo del 6 de abril de 2017 pronunciado por el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, presentan un defecto fáctico, toda vez que el material probatorio aportado y decretado en el proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar, encaminado a demostrar que MLMV era víctima de violencia intrafamiliar por parte de MLS no fue valorado integralmente, lo que -probablemente- hubiese determinado una decisión diferente, incumpliendo así las autoridades accionadas con su deber convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género. La Comisaría Segunda de Familia de Chapinero fundamentó su decisión en que no se demostró la ocurrencia de "episodios violentos" por parte de MLS en contra de MLMV. Sin embargo, ese argumento no resulta concluyente para abstenerse de proferir medida de protección, habida cuenta de que existía material probatorio suficiente que permitía determinar que se trataba de un caso de violencia psicológica, que exigía garantizar el derecho fundamental de la mujer a tener una vida libre de violencia - [Resumen automatizado: b. Luego de las respectivas audiencias de pruebas y de trámite[5], el 15 de febrero de 2017, la comisaría decidió abstenerse de imponer la medida de protección y levantó la medida provisional existente, bajo los siguientes argumentos: (i) los padres de BLM debían garantizar a su hijo el disfrute pleno de sus derechos y (ii) que la situación planteada en el proceso no suponía un grave riesgo contra la integridad emocional de la señora MLMV, ni contra ningún miembro de la familia, dado que no se demostró la ocurrencia de episodios o conductas violentas por parte del demandado. || Para resolver el problema jurídico planteado, esta Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y contra las decisiones adoptadas dentro del proceso de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar; (ii) la prevalencia del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes; (iii) la violencia de género y, en especial, la violencia psicológica; (iv) el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer; (v) el enfoque de género como obligación de la administración de justicia; (vi) la violencia institucional que las autoridades encargadas de la ruta de atención pueden cometer en contra de las denunciantes y, por último, (vii) el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: violencia, protección, familia, visitas, medida, derechos, mujer, decisión, proceso, hijo, mujeres, bogotá]

¿Las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante al no desplegar medidas eficaces para protegerla de la situación de violencia de la cual era víctima? Se advierte que ni la Comisaría de Familia, ni la Fiscalía General demostraron diligencia a la hora de proteger a la accionante limitando su actuación al simple agotamiento, deficitario por demás, de los procedimientos legales, los cuales, como se vio, no fueron idóneos, suficientes y eficaces para solucionar una problemática que no solo exigía el adelantamiento de simples formalismos, sino además la atención integral a una víctima que se mostraba reticente y conflictiva. La desidia con la cual las autoridades atienden estos casos, además constituye una revictimización y entorpece los avances normativos diseñados para superar la problemática que deviene de la histórica violencia y desigualdad que se ha ejercido sobre las mujeres. La Sala echa de menos que las autoridades accionadas lo hayan asumido sin una perspectiva de género, así como la aplicación de las medidas de protección inmediatas reguladas en normas que están dispuestas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer; aplicación que se suma al conjunto de funciones y obligaciones de sus respectivos cargos - [Resumen automatizado: xxvi) Copia del proceso penal con Spoa 760016000679201403251 que consta de: denuncia interpuesta por la señora G.A.C en contra del señor R.G.Mpor el delito de violencia intrafamiliar el 07 de octubre de 2014; solicitud de medidas de protección dirigida al Comandante de la Estación de Policía Desepaz; acta de derechos y deberes de las víctimas; formato de programa metodológico (contenido ilegible); citación a entrevista del 15 de enero de 2015 dirigida a la señora G.A.C; constancia de inasistencia del 3 de febrero de 2015; constancia del 13 de marzo de 2015 sobre comunicación telefónica fallida; orden de archivo del 22 de julio de 2015 y oficio del 7 de septiembre de 2014 dirigido a la señora G.A.C a través del cual se le informa el archivo de la investigación.[38] || 2. Debe establecer la Sala qué medidas de protección deben adoptar la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia y la Policía Nacional para atender a una mujer que acude a sus despachos para denunciar un acto de violencia intrafamiliar; y si en el caso concreto de la accionante se procedió de conformidad con las disposiciones previstas en la ley para garantizarle los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a vivir libre de violencia.] - [Palabras claves automatizadas: violencia, mujer, protección, víctima, fiscalía, derechos, marzo, intrafamiliar, medidas, cali, mujeres, ley]

¿Una comisaría de familia vulnero los derechos fundamentales de la accionante porque declaró su incumplimiento de la medida de protección y abrió un incidente de desacato en su contra, a pesar de que ella aportó una incapacidad médica que daba cuenta de su imposibilidad para asistir a la audiencia? Acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de violencia intrafamiliar. La Corte considera que los autos acusados están viciados por las siguientes irregularidades: 1º. La denegación del derecho a participar en la audiencia de verificación de cumplimiento de la medida de protección. 2º. La indebida valoración de una prueba no sometida a contradicción. 3º. La valoración de una prueba inexistente en el expediente y la falta de valoración de informes que sí obraban en él. 4º. Omitir decretar y practicar pruebas determinantes y, 5º. Desconocer el interés superior de los menores. En conclusión, las anteriores irregularidades configuraron defectos procedimentales, fácticos y violación directa de la Constitución. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados - [Resumen automatizado: Adujo que la entidad accionada desconoció los derechos antes mencionados, por cuanto (i) el 11 de mayo de 2017, declaró su incumplimiento de la medida de protección y abrió un incidente de desacato en su contra, a pesar de que ella aportó una incapacidad médica que daba cuenta de su imposibilidad para asistir a dicha audiencia, y, además, (ii) el 17 de mayo del mismo año, decidió entregar temporalmente la "tenencia y cuidado personal"[1] de sus menores hijas a los abuelos paternos. || En dicha audiencia, la Comisaría señaló que, en atención a la valoración realizada por el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a todo el grupo familiar, "se tiene acreditado que la señora GPPC, haciendo caso omiso de las Medidas de Protección otorgadas en el marco de la Acción de la referencia, continúa involucrando a sus hijas, las niñas VLP y SLP en sus conflictos con el señor JALO, instrumentalizándolas y determinando la ruptura del vínculo paterno filial, lo cual constituye DESACATO a la Medida de Protección contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo del 26 de julio de 2012, proferido dentro de la Acción de Violencia Intrafamiliar M.P. No. 147-2012".] - [Palabras claves automatizadas: medida, protección, derechos, familia, mayo, violencia, menores, tutela, niñas, decisión, proceso, incumplimiento]

¿El Juzgado Sexto de Familia de Bogotá incurrió en un defecto fáctico, en una violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente constitucional que vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, mujer, adulta mayor, víctima de violencia intrafamiliar y violencia basada en género, al revocar la orden de desalojo de su agresor, por considerar que esta medida transgredía los derechos fundamentales del sancionado, dada su condición de adulto mayor?La Sala encuentra que en el expediente del proceso adelantado en la Comisaría de Familia por violencia intrafamiliar sí existían pruebas suficientes, tanto de la violencia sufrida por la accionante, como de la amenaza que para su vida, integridad física y salud constituía la presencia de su agresor en su domicilio, como se extrae de los diferentes testimonios recopilados en el proceso. El Juzgado Sexto de Familia de Bogotá desconoció la existencia de plena prueba que fundamentaba el otorgamiento de la medida de protección de desalojo, al encontrarse acreditado que en efecto la accionante era víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar de tipo físico, verbal y psicológico, y que la presencia de su agresor, en su misma residencia, constituía una amenaza para su vida, su integridad física o su salud, dadas las amenazas de muerte, su comportamiento violento y agresivo, la persecución y constante vigilancia que ejercía sobre su compañera permanente, el hecho de portar objetos cortopunzantes y los antecedentes de violencia al interior del hogar - [Resumen automatizado: A juicio de la accionante, el fallo acusado incurrió en las siguientes irregularidades: (i) la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al desconocer que en el expediente existían pruebas irrefutables no solo de la ocurrencia de la violencia contra ella sino del estado de zozobra y amenaza en que se encontraba, motivos fundados para ordenar el desalojo del agresor de su domicilio; (ii) la violación directa a la Constitución, por una parte, al omitir aplicar el inciso tercero del artículo 42 Superior que ordena sancionar cualquier forma de violencia al interior de las familias que destruya su armonía e unidad; y por otra parte, por desconocer el artículo 93 Superior que señala el carácter prevalente en el derecho interno de los tratados y convenios internacionales, específicamente, frente a la obligación del acatamiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por Colombia; y, (iii) el desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar la perspectiva de género en las decisiones de la administración de justicia conforme con el bloque de constitucionalidad y las sentencias C-408 de 1996[11] y T-967 de 2014.] - [Palabras claves automatizadas: violencia, mujer, derechos, mujeres, protección, familia, género, ley, sentencia, vida, tutela, acción, precedente, corte]

¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y vida de la accionante, por el aparente defecto fáctico de indebida valoración probatoria en el que pudo incurrir el juez accionado, mediante la providencia donde se revoca en su integridad la decisión de la Comisaria de Familia de Barbosa en la cual se declaró el incumplimiento de la medida de protección que favorecía a la demandante? En el expediente existen pruebas suficientes que permiten deducir el incumplimiento de la medida de protección otorgada a la señora xxx en especial el dictamen de medicina legal de las lesiones por violencia intrafamiliar y la historia clínica de la accionante. Llama la atención de esta Corporación los obstáculos que tuvo que afrontar la demandante para obtener una respuesta por parte de las autoridades a las que acudió y que le impidieron acceder a la administración de justicia. Por lo anterior, la Sala resalta que asuntos como el que es objeto de estudio en esta decisión, los jueces deben ser respetuosos del estándar internacional y adoptar un enfoque de género en el estudio de los casos concretos que permitan administrar justicia de manera efectiva - [Resumen automatizado: De conformidad con los hechos narrados con antelación, la Corte Constitucional deberá establecer si se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y vida de la accionante, Nubia Mercedes Mateus Hernández, por el aparente defecto fáctico de indebida valoración probatoria en el que pudo incurrir el juez accionado, mediante la providencia de abril 24 de 2015, donde se revocó en su integridad la decisión de la Comisaria de Familia de Barbosa Santander proferida el tres (03) de marzo de ese mismo año, en la cual se declaró el incumplimiento de la medida de protección que favorecía a la accionante. || En el caso concreto el primer requisito de procedencia se cumple por cuanto el asunto que se va a resolver se trata de una violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida de la accionante ya que en la sentencia de 24 de abril de 2015 del Juzgado Primero Promiscuo de Barbosa Santander se revocó la decisión de la Comisaría de Familia de Barbosa de 3 de marzo de 2015 en la cual se declaró el incumplimiento de la medida de protección proferida el 24 de septiembre de 2012 la cual fue adoptada para salvaguardar la vida y la integridad personal de la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández.] - [Palabras claves automatizadas: corte, protección, derechos, violencia, constitucional, derecho, ley, judicial, decisión, mujeres, proceso, en]

¿La supuesta falta de diligencia de las instituciones demandadas, condujo a una amenaza o violación de los derechos fundamentales de la accionante y de sus hijas, como presuntas víctimas de violencia intrafamiliar?(…)la Fiscalía no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos que pretendía denunciar la accionante y no actuó de conformidad con el principio de protección especial a la mujer víctima de la violencia. Esta circunstancia condujo a un desconocimiento del deber específico de amparo que le asiste a dicha autoridad frente a la mujer que alega ser víctima del delito de violencia intrafamiliar, en perjuicio de su derecho de acceso a la administración de justicia. Por lo demás, su actividad inicial implicó una situación de amenaza latente frente a los derechos fundamentales de la accionante y los de sus hijas menores de edad a la vida y a la integridad física, al omitir la adopción de medidas protección de forma inmediata frente a hechos de violencia realizados en su contra(…)es claro que la EPS se apartó de forma injustificada al deber de acatar la orden de atención dispuesta por la Comisaría de Familia ya que a pesar de la citada regla imperativa, conforme a la cual en el término máximo de tres hábiles contados a partir de su recibo, se debe comunicar a la mujer el lugar donde se le prestará el alojamiento y la forma como se surtirá su traslado; la aludida EPS se limitó a cuestionar la existencia misma de dicha prestación, al señalar que no estaba obligada a proporcionar ese tipo de servicios a las mujeres víctimas de la violencia - [Resumen automatizado: Bajo este panorama, le corresponde a la Corte determinar, si la supuesta falta de diligencia de las instituciones demandadas, esto es, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Cafesalud EPS, condujo a una amenaza o violación de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia de la señora Aurora Hernández y de sus hijas, como presuntas víctimas de violencia intrafamiliar. || Bajo el panorama expuesto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, la Sala estima que en el caso objeto de análisis la Defensora Regional del Magdalena Medio está legitimada para interponer la presente acción de tutela a favor de la señora Aurora Hernández y sus hijas menores de edad, con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales, básicamente por la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentran, derivada de la supuesta falta de diligencia de las entidades demandadas, para adoptar medidas urgentes y oportunas encaminadas a su protección como víctimas de supuestos hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.] - [Palabras claves automatizadas: protección, violencia, víctima, mujer, derechos, especial, medidas, atención, ley, mujeres, intrafamiliar, lugar]

¿Se configura una vía de hecho la celebración del preacuerdo entre la Fiscal acusada y los sindicados de un delito de abuso sexual en menores? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. La violación al debido proceso por defecto sustantivo se presenta cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso; cuando se realiza una interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. Interés superior del menor es el principio orientativo para la resolución de los conflictos que involucren a un menor. Criterios para la protección de los derechos e intereses de los menores: prevalencia del interés del menor; garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable y en condiciones de libertad y dignidad. Los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito corresponden a la verdad, justicia y reparación del daño. El acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio y; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Frente a la violencia intrafamiliar y frente a delitos de alto impacto como son los sexuales que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los niños, no deben permitirse este tipo de negociaciones entre el fiscal y los acusados. - [Resumen automatizado: La decisión de la Fiscal configuró un defecto sustancial, por dos razones: (a) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación del preacuerdo fue inaceptable por ser evidentemente contrario al ordenamiento jurídico; (b) la ausencia de consideración y aplicación del principio de primacía de la prevalencia del interés superior de las menores víctimas del delito contra su integridad sexual c) la evidencia de que la norma referida a los preacuerdos había perdido vigencia en los casos de menores abusados sexualmente, tal como se demostró. || Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, en las condiciones señaladas, encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, derecho, proceso, tutela, menores, protección, penal, corte, sentencia, víctimas, menor, justicia, judiciales]

Violencia intrafamiliar ejercida por hombre mayor de edad con problemas de drogadicción y alcoholismo, contra madre y tía. Tutela como mecanismo transitorio. Vigencia de la Ley 294 de 1996 - [Resumen automatizado: Dado el agresivo comportamiento del accionado, su idoneidad para afectar la vida o la integridad personal de su tía y de su madre, la avanzada edad de éstas, el peligro que corren esos derechos fundamentales y la inidoneidad de los mecanismos de protección a los que hasta momento han acudido, es necesario concederles amparo constitucional hasta tanto el comisario de familia competente adopte las medidas de protección pertinentes. || 6. Este panorama permite asumir a Guillermo Marmolejo Mejía no sólo como una persona que despliega actos de violencia al interior de su familia, contra la cual se ejerce la acción de tutela y la que resulta conminada por la orden transitoria de amparo, sino también como una persona que se encuentra en condición de debilidad manifiesta y que debe ser objeto de especial protección. || 6. Este panorama permite asumir a Guillermo Marmolejo Mejía no sólo como una persona que despliega actos de violencia al interior de su familia, contra la cual se ejerce la acción de tutela y la que resulta conminada por la orden transitoria de amparo, sino también como una persona que se encuentra en condición de debilidad manifiesta y que debe ser objeto de especial protección.] - [Palabras claves automatizadas: protección, tutela, derechos, violencia, familia, fundamentales, cali, debe, vida, persona, sanción, acción]