Se denegaron las pretensiones de la demanda respecto de la solicitud de nulidad del Decreto 1844 de 2018. El Consejo de Estado condicionó la reglamentación a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas contenida en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al evento en que el acto de consumo afecte el orden público por tratarse de conductas ligadas a la comercialización o distribución de tales sustancias, o cuando se afectan derechos de terceros o de la colectividad. Para la alta corte, el decreto no desconoce las obligaciones del Estado en materia de salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas en la medida en que el acto administrativo no tiene un carácter sancionatorio, sino que busca disuadir, prevenir y educar. A su juicio, este reglamento "no desconoce los fines y medios que deben direccionar el actuar del Estado en materia de sustancias psicoactivas, dado que el consumidor debe respetar los derechos ajenos y, además, el consentimiento informado del adicto se extiende solo a los procedimientos médicos mas no a los pedagógicos". Identificó que la presunción legal sobre las cantidades que corresponden al concepto de dosis mínima admite prueba en contrario, razón por la que el procedimiento policivo reglamentado permite evaluar los fines de ese porte. Además, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 2019, las conductas reguladas en este decreto asociadas al consumo podrán ser corregidas por la Policía, siempre que se fijen las circunstancias de modo, tiempo, espacio y lugar de las cuales se desprenda que el consumo pueda llegar a afectar el orden público

Se negó la solicitud de suspensión provisional del Decreto 1844 de 2018 que reglamentó la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas contenidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. El Gobierno Nacional sí gozaba de la competencia para reglamentar y sancionar el porte y tenencia de la dosis mínima, pues varios instrumentos legales vigentes al momento de expedición del decreto, entre ellos el Código de Policía y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenían esa prohibición y el compromiso del Estado para desarrollar los instrumentos legales afines. Señaló que la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles las expresiones "alcohólicas" y "psicoactivas", contenidas en los artículos 33 (literal c, numeral 2) y 140 (numeral 7) del Código de Policía, no afecta la validez del acto cuestionado, en tanto que, la decisión fue proferida con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto demandado, toda vez que el juicio de legalidad se realiza al momento de la expedición del mismo; la sentencia se refirió al consumo de sustancias prohibidas y no al porte y tenencia de las mismas, materia regulada en el acto acusado; en todo caso, el decreto se fundamentó en 16 normas adicionales a la examinada por la Corte que le dan sustento jurídico al mismo y se encuentran vigentes. La reglamentación va dirigida a regular las conductas ilícitas relacionadas con estas sustancias y de ninguna manera afecta a las personas que se encuentren en los supuestos de hecho del literal j) del artículo 2 de la Ley 30 de 1986

¿Exceden su competencias las Asambleas Departamentales al restringir el consumo de sustancias psicotrópicas en vías públicas y parques? No, a juicio de la Sala, prohibir el consumo de sustancias sicotrópicas en vías públicas y parques no resulta desproporcionado. Se trata de medidas preventivas que contribuyen al bienestar y seguridad general, al orden público, la salud y a la protección de los derechos y libertades de las personas. Si bien es cierto que la despenalización de consumir o portar dosis personal de drogas fue inspirada en el respeto por el libre desarrollo de la personalidad, este derecho también lo tienen las demás personas no consumidoras que buscan los parques para recrearse y respirar aire puro y las vías públicas para transitar con un mínimo de tranquilidad. Y tan cierto es que resulta lógica la medida controvertida en los parques y vías públicas, que la Corte Constitucional en sentencia de 28 de junio de 2012 (Expediente núm. D-8842), salvaguarda las medidas penales para garantizar la SEGURIDAD CIUDADANA al precisar la exequibilidad condicionada del artículo 376 del Código Penal, cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética aún en la categoría de dosis personal no destinada al propio consumo, sino a la comercialización, tráfico y distribución gratuita y, precisamente, el consumo en parques y vías públicas facilita la comercialización y el tráfico, y tiene la potencialidad de afectar la seguridad ciudadana