¿Incurren en defecto sustantivo y, por lo tanto, vulneran los derechos de las accionantes al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, las sentencias proferidas por los Juzgados Cuarenta y Tres Civil Municipal y Veintitrés Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá, al declarar la prescripción de la acción ejecutiva ejercida para obtener el pago de perjuicios materiales y morales ordenados en una condena penal por inasistencia alimentaria? La relevancia que la Constitución les ha conferido a las víctimas del delito ha sustentado el deber estatal de garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia y, en particular, a la reparación integral. Así, la reparación de los perjuicios causados por el delito y la eficacia de la condena civil en el proceso penal son objetivos que la Constitución juzga relevantes. En virtud de este mandato constitucional, las autoridades judiciales tienen obligaciones respecto de hacer efectiva la reparación de los perjuicios causados por el hecho delictivo. De este modo, los jueces penales tienen la obligación de liquidar los perjuicios materiales, morales y de cualquier otro tipo originados en el ilícito y los fiscales deben actuar oficiosamente en la práctica de pruebas y diligencias necesarias para establecer la naturaleza y el monto de los perjuicios. Por su parte, las víctimas cuentan alternativamente con la posibilidad de reclamar judicialmente el pago de estos perjuicios, en el proceso penal constituyéndose en parte civil, o en la jurisdicción civil. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluyó que las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en defecto sustantivo porque al declarar la prescripción de la acción ejecutiva que busca el pago de los perjuicios materiales y morales ordenados en una sentencia penal no desconocieron las disposiciones legales sobre la interrupción de la prescripción ni erraron al distinguir entre la obligación alimentaria y el objetivo de la reparación integral en el proceso penal con la condena a perjuicios - [Resumen automatizado: ¿Incurren en defecto sustantivo y, por lo tanto, vulneran los derechos de las accionantes al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, las sentencias proferidas por los Juzgados Cuarenta y Tres Civil Municipal y Veintitrés Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá, al declarar la prescripción de la acción ejecutiva ejercida para obtener el pago de perjuicios materiales y morales ordenados en una condena penal por inasistencia alimentaria? || La tutela analizada involucra un asunto de relevancia constitucional: las accionantes cuestionan decisiones judiciales que presuntamente violan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al declarar la prescripción de la acción ejecutiva para perjuicios materiales y morales ordenados en la condena penal por inasistencia alimentaria. || La importancia del deber de garantizar la reparación de todos los perjuicios originados en el delito se resalta si se tiene en cuenta que, como se dijo en la Sentencia C-570 de 2003[62] que se pronunció sobre la norma que contempla la prescripción de la acción civil originada en la conducta punible de la Ley 599 de 2000, las autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación deben tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la indemnización de los perjuicios causados por el delito en forma oficiosa, incluso sin que en el proceso penal la víctima se hubiera constituido en parte civil.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, prescripción, civil, perjuicios, penal, acción, alimentaria, judiciales, código, tutela, alimentos, obligación, derechos]

¿El Ministerio de la Protección Social vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna de la actora, al no concederle la pensión de sobreviviente a la que considera tiene derecho, argumentando que era inexplicable que la actora conviviera con el causante, cuando existía un embargo de la mesada pensional de éste por concepto de alimentos? Concedida. Esa inferencia está erigida sobre un hecho indicador ambiguo, pues bien puede suceder que manteniéndose la vida en común uno de los compañeros permanentes, usualmente la mujer, tenga que acudir a la jurisdicción respectiva para que el otro cumpla con sus obligaciones familiares - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Debe analizar esta Sala si en el caso sometido a revisión prospera la demanda de tutela, en cuanto la accionante considera que el Ministerio de la Protección Social - Área de Prestaciones Económicas del Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia vulneró sus derechos fundamentales "a la vida, a la familia, al mínimo vital, a la subsistencia, a la dignidad humana, a la salud", al no concederle la pensión de sobreviviente a la que considera tiene derecho como consecuencia del deceso de su compañero permanente. || Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si en realidad fueron conculcados los derechos fundamentales reclamados por la accionante, debido a que mediante resolución de octubre de 2008, proferida por el Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, Área de Pensiones, le fue negada la pensión de sobreviviente a la cual considera que tiene derecho al morir su compañero permanente, tomando en cuenta que respecto a la especial condición en que se encuentran las personas de edad avanzada, esta corporación ha resaltado la protección que a su favor impone el artículo 46 superior.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, social, derechos, sala, mínimo, ministerio, constitución, fundamentales, vida, defensa, protección, si, amparo, vital, mecanismo, judicial, permanente]

¿Viola los derechos al actor hospital siquiátrico que se niega a continuar atendiéndolo en servicio de hospitalización por considerar que ya superó el cuadro clínico? ¿Quién debe velar por la atención de paciente mayor de edad que no encuentra apoyo en su familia para continuar con tratamiento por fuera del hospital? Concedida. Alcance del deber de obrar conforme al principio de solidaridad social en la protección especial de los disminuidos mentalmente. Se vincula al municipio. Compulsa copias a defensoría de familia para que determine si hay mérito de conformidad con el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, y adelante las actuaciones pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de inasistencia alimentaria - [Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente, || Manifiesta el accionante que la decisión del Hospital Psiquiátrico San Camilo E.S.E. de no prestarle el servicio médico bajo la modalidad de hospitalización vulnera sus derechos fundamentales a la vida, salud e integridad física, pues desde que fue retirado de la institución hospitalaria se encuentra prácticamente en la indigencia. || En el mismo Auto, se instó al Hospital Psiquiátrico San Camilo E.S.E. que informara: i) si actualmente le presta algún servicio médico asistencial al señor Jaime Díaz Romero; ii) qué información tiene en sus archivos en relación con la ubicación de la familia del paciente y, en especial, si ha sido posible establecer algún tipo de contacto en aras de lograr su acercamiento; iii) qué información tiene acerca del trabajo social realizado con el paciente y su familia, y los resultados obtenidos; y iv) las medidas que considera viables para remediar la situación de abandono que alega el actor.] - [Palabras claves automatizadas: social, familiar, familia, hospital, actor, personas, fundamentales, si, tratamiento, médico, san, derechos, servicio, bucaramanga]

Debido proceso. Investigación disciplinaria contra fiscal. Procedencia excepcional de la tutela cuando se sanciona disciplinariamente el ejercicio razonable de la función judicial. Interpretación inconstitucional de las normas disciplinarias en desconocimiento del principio de autonomía judicial. Demanda contra inasistencia alimentaria - preclución del proceso: Valoración de pruebas. La falta de empleo, como causal de incumplimiento, no fue cuestionada durante el proceso. Concedida - [Resumen automatizado: La Fiscalía Delegada ante el Tribunal mediante fallo proferido el 31 de marzo de 2000, decidió inhibirse de iniciar investigación penal en contra de la Fiscal Lucía Teresa Moreno Plata al considerar que: (i) existen dentro del proceso por inasistencia alimentaria, múltiples certificaciones y documentos que permiten establecer que no se estructura una conducta omisiva; (ii) si bien la funcionaria precluyó extraordinariamente el proceso sin agotar la etapa instructiva habiendo podido ahondar aun más en la investigación, de tal circunstancia no puede deducirse una conducta prevaricadora puesto que a juicio de la Fiscal 15, el motivo de preclusión aparecía como inequívoco en el acervo probatorio y no existía duda alguna sobre la existencia de los presupuestos para su reconocimiento, cumpliéndose de este modo con las previsiones del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal; (iii) la decisión fue avala por el Ministerio Público, que en otras circunstancias habría impugnado la decisión, máxime tratándose de derechos de menores de edad; (iv) las afirmaciones de la denunciante carecen de solidez probatoria; y (v) ninguna de las pruebas allegadas permite inferir una actuación manifiestamente contraria a la ley u ostensiblemente opuesta al material fáctico, razón por la cual la determinación de la Fiscal 15 de precluir el proceso contra el señor Hugo Lino Arciniegas, fue una decisión en derecho.] - [Palabras claves automatizadas: sala, proceso, decisión, disciplinaria, fiscal, judicatura, judicial, pruebas, valoración, consejo, en, investigación, sentencia]

Tutela contra providencia judicial. Proceso por inasistencia alimenticia. Delito cometido durante cambio de normatividad. Delito de ejecución permanente. Agravación de fallo en segunda instancia porque en primera instancia el juez omitió aplicar de la Ley 599 de 2000, Art. 233, que ya había derogado el Art. 270 del Código del Menor. Concedida. Procedimiento que debió seguirse para subsanar el error- principio de legalidad, al no seguirse se permitió que el condenado asumiera la calidad de apelante único y que en su favor se consolidara el derecho fundamental que le proscribe al superior agravar la pena - Reformatio in pejus - [Resumen automatizado: Respecto de la primera situación, la jurisprudencia de esta Corporación siempre ha sido clara: La tensión entre la no reformatio in pejus y el principio de legalidad se pondera de tal manera que se da prelación al primero sobre el segundo: Al condenado no se lo puede hacer víctima de los errores cometidos por los agentes estatales al momento de la imposición de la pena, mucho más si en el proceso existen mecanismos que permitían ajustar la pena a la ley sin menoscabar los derechos fundamentales del sentenciado.] - [Palabras claves automatizadas: pena, único, penal, derecho, principio, superior, condenado, apelante, fundamental, procesado, legalidad, reforma, delito, juez, perjuicio]