¿El tribunal al revocar la decisión del juzgado y declarar la preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal vulneró los derechos fundamentales de un menor que fue víctima de actos sexuales diversos al acceso carnal por parte de otro menor? lo cierto es que el tribunal fundamentó su decisión en normas pertinentes para resolver el asunto analizado, y tuvo en cuenta la excepción al término de prescripción de la acción penal que el artículo 1. º de la Ley 1154 del 2007 adicionó al artículo 83 del Código Penal. En efecto, esta Sala constata que el tribunal accionado (i) fijó el término de prescripción de la acción penal con base en normas aplicables y compatibles con los asuntos que se tramitan bajo el SRPA, esto es, el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 y el inciso 1. º del artículo 83 del Código Penal; (ii) interpretó, de manera sistemática, el contenido normativo de tales disposiciones y determinó su alcance de forma razonable, y (iii) descartó, de manera justificada, la aplicación del artículo 1. º de la Ley 1154 de 2011, por ser contrario a los principios en los que se fundamenta el SRPA, en particular, el derecho a que el proceso se tramite sin demoras de ningún tipo y a que se imponga una sanción que permita cumplir los fines de protección, educación y restauración del menor infractor. la Sala encuentra que la interpretación del tribunal es razonable. Según explicó, para la época de los hechos investigados (años 2007 a 2010), las sanciones privativas de la libertad aplicables a los menores de edad se regían por lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 antes de la modificación que introdujo la Ley 1453 de 2011. Ese artículo disponía que a los adolescentes con edades entre los 16 y los 18 años que incurrieran en delitos cuya pena mínima prevista en el Código Penal fuera o excediera de 6 años de prisión se les podía imponer una sanción privativa de la libertad de 1 a 5 años. Así, al aplicar el inciso 1. º del artículo 83 del Código Penal, el máximo de la sanción imponible en tales casos (5 años) sería el término de prescripción de la acción penal - [Resumen automatizado: Acción de tutela instaurada por Guillermo Pardo Piñeros, Procurador Séptimo Judicial II de Familia, en contra de la Sala de Decisión Penal para Asuntos de Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá. || Así mismo, la tutela se interpuso en contra de la Sala de Decisión Penal para Asuntos de Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, que el 17 de mayo de 2018, emitió la providencia judicial cuestionada. || En efecto, esta Sala constata que el tribunal accionado (i) fijó el término de prescripción de la acción penal con base en normas aplicables y compatibles con los asuntos que se tramitan bajo el SRPA, esto es, el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 y el inciso 1.º del artículo 83 del Código Penal; (ii) interpretó, de manera sistemática, el contenido normativo de tales disposiciones y determinó su alcance de forma razonable, y (iii) descartó, de manera justificada, la aplicación del artículo 1.º de la Ley 1154 de 2011, por ser contrario a los principios en los que se fundamenta el SRPA, en particular, el derecho a que el proceso se tramite sin demoras de ningún tipo y a que se imponga una sanción que permita cumplir los fines de protección, educación y restauración del menor infractor.] - [Palabras claves automatizadas: años, ley, acción, penal, código, sala, prescripción, menor, edad, judicial, tutela, inciso, tribunal]

¿La decisión de la Fiscalía de precluir la investigación penal del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, agravado y en concurso homogéneo y sucesivo, amenaza los derechos de la accionante y de la menor de edad? Concede - Los funcionarios judiciales que intervienen en la investigación y juzgamiento de conductas contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes deben desplegar todos los recursos y medios disponibles a efectos de establecer la verdad, realizar un investigación integral y oportuna de los hechos que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial o de oficio, cuidando en la actividad de recaudo probatorio de atender siempre al interés superior del menor y el respeto a su dignidad humana, evitando cualquier acto que conduzca a su revictimización. La Fiscalía siguió el trámite procesal inadecuado con lo cual la actuación penal se encuentra afectada por defecto procedimental y defecto orgánico. En virtud del establecimiento en el artículo 5 del Acto legislativo 3 de 2002, por el cual se modificaron los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en forma gradual y progresiva, la determinación de la competencia y el procedimiento aplicables en eventos afectados por el tránsito legislativo, se definen tanto por la época de ocurrencia de los hechos, como el lugar donde se ejecuta total o parcialmente la conducta. Conforme con ello, la competencia y el procedimiento se determinan de un lado por el momento de ocurrencia de los hechos, en cuanto si se trata de hechos que sucedieron luego del 1° de enero de 2005 la normatividad aplicable será la Ley 906 de 2004. En virtud del error en la definición del procedimiento a seguir la Fiscalía delegada adoptó decisiones para las cuales carecía de competencia, como resolver la situación jurídica y calificar el mérito del sumario, por cuanto bajo el procedimiento regulado en la Ley 906 de 2004 la imposición de medida de aseguramiento es competencia del Juez de Control de Garantías en audiencia preliminar y la preclusión de investigación sólo puede ordenarla el Juez de Conocimiento a solicitud del fiscal. Desconoció el valor probatorio de la entrevista sicológica y la valoración psicológica realizadas a la menor de edad además de las declaraciones de los padres, el hermano y un amigo que ratificaban los hechos denunciados y constituyen elementos de juicio que comprometen la responsabilidad del investigado y en éste orden permitían adoptar una decisión diferente sobre el mérito del sumario - [Resumen automatizado: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala de Decisión Penal- en fallo dictado el 7 de junio de 2013, negó por improcedente la acción interpuesta por la señora AA a favor de su hija BB, al considerar que no cumple con el requisito general de haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial pues dentro del proceso penal la Parte Civil no presentó ningún recurso contra la providencia del 13 de febrero de 2012 mediante la cual la Fiscalía Primera Seccional Caivas de Cúcuta precluyó la investigación adelantada contra CC -folio 39-. || El Magistrado Juan Carlos Conde Serrano, salvó su voto en el fallo anteriormente descrito, sustentando su disidencia en que en el caso objeto de estudio, se dio cumplimiento a los requisitos generales que la Corte Constitucional ha reconocido como necesarios para la procedencia del estudio, en sede de tutela, de una providencia judicial, pues si bien podría afirmarse que no se agotaron todos los medios ordinarios de defensa, cabe advertir que sólo en la parte final de la actuación penal se constituyó la Parte Civil, limitándose considerablemente el tiempo y los términos en que podría interponer recursos contra la decisión de preclusión de la investigación.] - [Palabras claves automatizadas: investigación, menor, proceso, judicial, penal, decisión, fiscalía, tutela, derechos, judiciales, acción, hechos, pruebas, sala, seccional, defecto]

¿Son vulnerados los derechos fundamentales de un niña menor de edad por parte de las fiscalías correspondientes al proferir resolución de preclusión en la investigación adelantada contra su padre por el delito de acto sexual con menor de edad sin darle el valor probatorio correspondiente a ciertas pruebas? Negada. El interés superior del menor en el orden jurídico interno. Protección de los niños y las niñas en investigaciones relacionadas con atentados a su integridad sexual. es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal es coincidente y conforme con la interpretación que esta Corporación, guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución Política ha realizado del principio de los derechos del niño en el escenario de investigaciones sobre atentados contra la dignidad e integridad sexual de niños y niñas, a la luz del principio del interés superior del menor, los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de hechos punibles. Valoración de la prueba, sana crítica y motivación de los fallos judiciales. En el ámbito de los casos de abuso sexual de menores, atendiendo las limitaciones probatorias que la experiencia jurídica ha encontrado, se exige al investigador y al juez manejar con mayor precaución la decisión de finalizar el debate probatorio o de inadmitir pruebas relevantes. Las consideraciones precedentes dan pleno sustento a la tesis de la Sala y determinan el alcance de la decisión: el amparo solicitado será denegado pues, aunque las resoluciones controvertidas presentan algunos defectos concretos que han sido ampliamente expuestos en los párrafos precedentes, ninguno de ellos tiene la entidad suficiente para minar la hipótesis fáctica de las autoridades accionadas, aspecto medular del presente trámite. Por lo tanto, se confirmará el fallo de primera instancia, pero únicamente por las razones expuestas en esta providencia - [Resumen automatizado: En el transcurso de la investigación se efectuó una intensa actividad probatoria que llevó a incorporar al expediente amplio número de elementos probatorios, tales como: (i) denuncia ampliación de la denuncia formulada por Amparo; (ii) versión libre e indagatoria de Miguel; (iii) declaraciones de Sofía, rendidas ante la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), y entrevistas de la niña realizadas por distintos profesionales de la salud; (iv) dictámenes de diversos profesionales sobre las condiciones psicológicas de Sofía, Amparo y Miguel; (v) testimonios de algunos de los profesionales que entrevistaron a Sofía; (vi) documentos científicos sobre el valor del testimonio del menor en casos de abuso sexual; (vii) testimonios de personas allegadas a la familia Rodríguez-Cano; (viii) informe de recuperación de datos de un computador personal (supuestamente) utilizado por Miguel cuando residía en el hogar de la familia Rodríguez-Cano, entre otros[3].] - [Palabras claves automatizadas: menor, sala, hechos, sexual, abuso, judicial, fiscalía, pruebas, pues, padre, derechos, si, valoración, penal, juez, tutela, prueba, corte]

¿La Fiscalía vulnera los derechos fundamentales de la víctima, y en consecuencia, se configura una causal de procedibilidad de la acción de tutela, por una indebida valoración probatoria realizada por las resoluciones proferidas dentro de la investigación penal adelantada por el delito de actos sexuales abusivos en menor de catorce años? Concedida. Defecto fáctico. Resulta inaceptable que se descarte el valor de una prueba contundente, por agregar exigencias como condición sine que non. Permitirlo, es incurrir en una valoración defectuosa de la prueba que termina afectando los derechos de la víctima. Ignorar el testimonio de la menor, es igualmente incurrir en una vía de hecho por contrariar el precedente constitucional según el cual en los casos de abusos de menores, el testimonio de la víctima puede bastar como prueba de cargo. Al tenor de las reglas de la sana crítica, son los profesionales de la salud, como cualquier perito, los que determinan qué técnicas utilizan pues son ellos quienes tienen los conocimientos que les permiten llegar a conclusiones que auxilian a la actividad judicial. El hecho de que los exámenes forenses o los peritazgos no sean vinculantes al fiscal no significa que éste pueda apartarse arbitrariamente de los mismos. La desestimación de las conclusiones de un peritazgo deben ser razonable y científicamente fundadas. Los menores de 12 años no están obligados a declarar bajo juramento. Defecto sustantivo. Recae precisamente sobre una autoridad judicial que fundamenta su decisión en una norma claramente inaplicable al caso concreto - [Resumen automatizado: El primero de los conceptos mencionados, esto es, la valoración psicológica efectuada por la Dra. Mónica Patricia Vejarano, que fue la que motivó la interposición de la denuncia penal por parte de la madre de la niña, tuvo lugar el 11 de marzo de 2006 y en el documento respectivo se refieren las técnicas que la profesional de la psicología utilizó en la sesión respectiva, para obtener de modo espontáneo la revelación de un "secreto" que tenía la niña Laura en relación con su padre, y respecto del cual su madre, María, había comenzado a tener graves sospechas de posible abuso sexual. || Para tal efecto, la Corte precisará su jurisprudencia sobre las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales y analizará los temas de fondo que sugiere este asunto: las causales de procedibilidad en punto al defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al expediente, el interés superior del menor como postulado constitucional y criterio para evaluar este caso, y en general, ahondar en la doctrina sobre los derechos de menores víctimas de los delitos de abuso sexual.] - [Palabras claves automatizadas: menor, proceso, fiscalía, tutela, derechos, corte, valoración, prueba, protección, sentencia, edad, niña, cartagena, pruebas, niño, derecho, juez, si]

¿Las previsiones del Acuerdo 280 de 2007 expedido por el Concejo de Bogotá, mediante las cuales se dispuso la difusión, bajo determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar, de información concerniente a las personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuando las víctimas fueren menores de edad, entrañan violación o amenaza de derechos fundamentales de esas personas y de sus familias, así como de las propias víctimas como de sus familias? Concedida. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. Amenaza como supuesto de afectación de derechos fundamentales. Acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. - [Resumen automatizado: Los demandantes, mediante escritos separados, que coinciden en sus aspectos fundamentales, presentaron acción de tutela para solicitar que se inaplique en sus casos, el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá “Por el cual se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital”, por estimar que tal acto, en cuanto dispone la amplia difusión de los nombres y las fotografías de las personas condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad, afecta sus derechos fundamentales y los de sus familias a la vida, a la prohibición de los tratos crueles inhumanos y degradantes, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar y al buen nombre, y a tener una familia.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, medida, tutela, bogotá, sexuales, acción, edad, víctimas, fundamentales, acuerdo, protección, delitos, sala, sido, menores, integridad]

¿Se configura una vía de hecho la celebración del preacuerdo entre la Fiscal acusada y los sindicados de un delito de abuso sexual en menores? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. La violación al debido proceso por defecto sustantivo se presenta cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso; cuando se realiza una interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. Interés superior del menor es el principio orientativo para la resolución de los conflictos que involucren a un menor. Criterios para la protección de los derechos e intereses de los menores: prevalencia del interés del menor; garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable y en condiciones de libertad y dignidad. Los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito corresponden a la verdad, justicia y reparación del daño. El acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio y; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Frente a la violencia intrafamiliar y frente a delitos de alto impacto como son los sexuales que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los niños, no deben permitirse este tipo de negociaciones entre el fiscal y los acusados. - [Resumen automatizado: La decisión de la Fiscal configuró un defecto sustancial, por dos razones: (a) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación del preacuerdo fue inaceptable por ser evidentemente contrario al ordenamiento jurídico; (b) la ausencia de consideración y aplicación del principio de primacía de la prevalencia del interés superior de las menores víctimas del delito contra su integridad sexual c) la evidencia de que la norma referida a los preacuerdos había perdido vigencia en los casos de menores abusados sexualmente, tal como se demostró. || Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, en las condiciones señaladas, encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, derecho, proceso, tutela, menores, protección, penal, corte, sentencia, víctimas, menor, justicia, judiciales]