La Corte mantiene la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y en espacios públicos, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades locales competentes. También es constitucional la restricción de porte de sustancias sicoactivas, incluso la dosis mínima, en dichos sitios, siempre y cuando no esté relacionado con el consumo propio o la dosis medicada. \ ORDENA al Gobierno nacional que, si no lo ha hecho, dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión, expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Demanda sobre apartes de los numerales 13 y 14 del artículo 140 y numerales 13 y 14 del parágrafo 2 del mismo artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, adicionados por la Ley 2000 de 2019 - [Resumen automatizado: Corte Constitucional || Comunicado de Prensa No. 13 del 26 y 27 de abril de 2023 || LA CORTE MANTIENE LA RESTRICCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUSO LA DOSIS MÍNIMA, EN PARQUES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONFORME A LA REGULACIÓN QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES. || EL GOBIERNO NACIONAL DEBERÁ PROFERIR UN PROTOCOLO DE APLICACIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. || TAMBIÉN ES CONSTITUCIONAL LA RESTRICCIÓN DE PORTE DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS, INCLUSO LA DOSIS MÍNIMA, EN DICHOS SITIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ RELACIONADO CON EL CONSUMO PROPIO O LA DOSIS MEDICADA. || Sentencia C-127-23 (27 de abril) || M.P. JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ || Expediente: D-14771AC || 1.Norma revisada || “LEY 1801 DE 20162 || (julio 29) || Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. || EL CONGRESO DE COLOMBIA || 2 Publicado en el Diario Oficial No. 49.949 el 29 de julio de 2016.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, no, julio, expediente, seguridad, corte, por, sentencia, convivencia, constitucional, nacional, la, código, revisada, autoridades, fundamentales, mayo, el, expide, gobierno]

La Corte condiciona el parágrafo 5 del Art. 155 -traslado por protección- de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, modificado por la ley 2197 de 2022, bajo el entendido de que: i) en el informe escrito exigido por el parágrafo 5º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, además de señalar los nombres, datos de identificación de la persona objeto del traslado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se materializa el mismo, se deberá incluir la causal invocada para el traslado y las razones por las cuales se considera que los hechos que dieron lugar a la medida caben dentro de la causal; y (ii) la persona sujeta al traslado, quien también deberá ser informada, podrá solicitar la cesación del procedimiento al superior jerárquico que haya recibido el informe\ Condicionamientos que se habían hecho al texto original y no fueron tenidos en cuenta en la redacción del texto modificado por la Ley 2197 de 2022\ Fallo con efectos retroactivos - [Resumen automatizado: Cuando la vida e integridad de una persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación policial como mecanismo para la solución del desacuerdo, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección en los siguientes casos: || En la demanda se cuestionó que esta norma, al no reproducir los condicionamientos hechos en la Sentencia C-281 de 2017, que declaró exequibilidad condicionada del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, antes de que fuera reformado, es incompatible con el principio de cosa juzgada constitucional (art. || Luego de este análisis, se prosiguió por estudiar la Sentencia C-281 de 2017 y, particularmente, el fundamento y el alcance de los condicionamientos que en ella se hicieron para declarar la exequibilidad de la norma prevista en el texto original del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016. || En este análisis constató que la norma demandada no reproduce dos de los tres condicionamientos hechos en la Sentencia C-281 de 2017, razón por la cual desconoce el principio de cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ley, norma, traslado, persona, deberá, protección, decisión, informe, efectos, corte, sentencia, hechos, nacional, policía, personal]

La Corte condiciona el exhibicionismo, como comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, en el entendido que aplica cuando se trate de la exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencia sexuales. Y declara INEXEQUIBLE la expresión "que genere molestia a la comunidad", al determinar que son ambiguas, vagas o abiertas e indeterminadas, por lo cual desconocen el principio de legalidad como parte del derecho al debido proceso. Expresiones contenidas en el literal b del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" - [Resumen automatizado: CORTE CONSTITUCIONAL CONDICIONÓ EL CONCEPTO DE EXHIBICIONISMO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA RESTRICCIÓN APLICA CUANDO SE TRATE DE ÓRGANOS GENITALES PARA GENERAR ACOSO O VIOLENCIA SEXUAL, Y A SU VEZ DECLARÓ INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “QUE CAUSE MOLESTIA A LA COMUNIDAD POR INDETERMINADA” POR SER AMBIGUA, VAGA E INDETERMINADA || Declarar la EXEQUIBILIDAD condicionada de la expresión “o de exhibicionismo” contenida en el literal b) del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que la restricción aplica cuando se trate de la exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencia sexuales. || Por su parte, la Corporación Judicial consideró que la expresión “que cause molestia” es igualmente vaga, imprecisa o tan amplia como indeterminada, lo cual vulnera de forma evidente el principio de legalidad estricta, en tanto que remite a escenarios en los cuales no son claros y concretos los supuestos de hecho que pueden llegar a generar o causar tal “molestia” frente a un concepto también amplio e indeterminado de “a la comunidad”, todo lo cual resultaría ser subjetivamente reprochado y posteriormente sancionado por el operador jurídico sin sujeción a la restricciones que impone la Constitución en garantía del ejercicio de los derechos y demás libertades públicas.] - [Palabras claves automatizadas: expresión, legalidad, comunidad, policía, actos, ley, b, corte, principio, autoridades, estricta, aplicación, contenida, tan]

La Policía no podrá acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada para acciones de prevención. Para acciones de identificación o judicialización, en el marco de una investigación de carácter penal, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente, acorde con la normativa procesal penal y los principios que rigen la protección de datos personales, la Policía Judicial, podrá acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada. En casos de flagrancia, el control judicial podrá ser posterior\ Ley 2197 de 2022 "por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones"; Art. 48; parcialmente INEXEQUIBLE y CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Declarar EXEQUIBLE el artículo 48 de la Ley 2197 de 2022, en el entendido de que la Policía Judicial podrá acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada, para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente, acorde con la normativa procesal penal y los principios que rigen la protección de datos personales. || Teniendo en cuenta el sentido y alcance del artículo 48 de la Ley 2197 de 2022, le correspondió a la Sala establecer si el Legislador al expedir la norma acusada que i) permitió el acceso irrestricto de la Policía Nacional a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada en la que datos de personas determinadas o indeterminadas quedan almacenados o registrados y, además, ii) facultó a esta autoridad para el uso también incondicionado de estos datos con el propósito de ejecutar acciones de prevención, identificación o judicialización, ¿habría incurrido en una omisión legislativa relativa desconociendo los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data (protección de datos personales) y, en ese sentido, estaría vulnerando los artículos 15 de la Carta Política, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 4º, 5º, y 6º de la Ley Estatutaria 1581 de 2012?]; Art. 48; parcialmente INEXEQUIBLE y CONDICIONALMENTE exequible

La limitación prevista en el numeral 6 del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Ley 1801 de 2016-, adicionado por el artículo 43 de la Ley 2197 de 2022, consistente en la imposibilidad de inscribirse a concursos administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil por tener más de seis meses de mora en el pago de multas de convivencia, es inexequible. La Sala sostuvo que la medida afecta el derecho fundamental de acceder a cargos públicos\ Declara exequible la limitación prevista en el numeral 2 del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Ley 1801 de 2016- consistente en la imposibilidad de ser nombrado o ascendido en cargo público\ El derecho fundamental a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos en el contexto de los derechos políticos y sus límites - [Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ EXEQUIBLE LA NORMA QUE LIMITA EL NOMBRAMIENTO Y ASCENSO A CARGOS PÚBLICOS DE LAS PERSONAS QUE PRESENTEN MÁS DE SEIS MESES DE MORA EN EL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA CONVIVENCIA, PERO CONCLUYÓ QUE LIMITAR LA INSCRIPCIÓN EN CONCURSOS ADMINISTRADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR ESA MISMA RAZÓN ES INEXEQUIBLE POR CUANTO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS. || Sin perjuicio del procedimiento contenido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, para las multas por infracción a la convivencia y seguridad ciudadanas que tengan como sanción multa tipo 1 a 4, se aplicará el siguiente procedimiento: || La reiteración de un comportamiento contrario a la convivencia cuya medida corresponda a multa, dentro del año siguiente a la firmeza de la primera medida, dará lugar a que su valor se aumente en un 75%, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de esta ley. || Por el contrario, la Sala concluyó que la limitación prevista en el numeral 6 del artículo 43, consistente en la imposibilidad de inscribirse a concursos administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil por tener más de seis meses de mora en el pago de multas de convivencia, es inexequible.]

Prohibir fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, e imponer como medida correctiva la destrucción de los mismos, no vulnera la propiedad y la iniciativa privada\ Ley 1801 de 2016; numeral 1, numeral 1 del parágrafo 3º y del parágrafo 4º del artículo 30: Exequibles - [Resumen automatizado: En particular, el demandante consideró que los apartes acusados desconocían el derecho a la propiedad privada y a la iniciativa privada como quiera que, aunque fijan una medida legítima y constitucionalmente relevante, no es idónea porque (i) destruye la propiedad privada por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el ordenamiento, como consecuencia del reenvío que el legislador hace al incluir en el parágrafo 4º la expresión “la totalidad de los requisitos que exige la ley” 1, sin que en la graduación de la medida correctiva se acuda a criterios razonados o proporcionales a la infracción realizada, y (ii) con la destrucción de los bienes lícitos se despoja a la empresa de los medios necesarios para adelantar la actividad de producción, almacenamiento y comercialización de los artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos. || En ese contexto, se fijó el siguiente problema jurídico: si la norma parcialmente demandada vulnera la propiedad y la iniciativa privadas al disponer la destrucción de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos de naturaleza privada, por no cumplir los requisitos que la ley exige para su fabricación, tenencia, porte, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, manipulación o uso.]

La asistencia militar consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 -por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, no desconoció la reserva de ley estatutaria en particular el literal e) del artículo 152 que establece las materias propias de los estados de excepción. \ No se trata de figuras idénticas pues si bien presentan semejanzas, lo cierto es que su alcance, naturaleza y finalidades son distintas.\ La asistencia militar se constituye en un apoyo a la Policía para concretar sus funciones y su objeto, en ese sentido todos los límites, principios y deberes que le son exigibles a la policía, allí le serán exigibles a quien apoya dicha labor.\ No corresponde a la Corte efectuar un análisis individualizado de todas las circunstancias de aplicación de la norma acusada, como lo solicitó la parte actora en materia de "movilizaciones sociales y los derechos de reunión, manifestación y protesta", por cuanto ello, no solo excede el tenor literal de la disposición examinada -certeza: supuestos que no se derivan de la disposición-, sino también se sustrae de la finalidad del control abstracto de constitucionalidad que desarrolla este Tribunal en virtud del artículo 241.4 superior. S.V - [Resumen automatizado: La Corte concluyó, ahondando en amplias razones que, las Fuerzas Militares de manera temporal y en virtud de la invocación excepcional de la medida de asistencia militar, pueden apoyar las actividades de policía en pro de la restitución de la convivencia y, por ende, del orden constitucional, cuando se presenten "hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública". || Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, (i) si la perturbación del orden público puede ser controlada por la Policía, no es válido acudir a las Fuerzas Militares; y, (¡i) si no es así, la alternativa institucional es precisamente la declaratoria del estado de conmoción interior, con todas las condiciones que la Carta exige; y todos los controles al poder para la vigencia de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: asistencia, policía, militar, derechos, orden, límites, militares, nacional, fuerzas, público, sala, interior, ley, conmoción]

Inepta demanda en relación con los cargos por quebrantar el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, contra numeral 4º y el parágrafo 3º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 - por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, que establece como infracción la ocupación del espacio público, y sus medidas correctivas - [Resumen automatizado: Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: || La Corte resolvió INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, por ineptitud sustancial de la demanda. || En esta oportunidad, se demandó el parágrafo 3º del numeral 4 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, por considerar que desconoce los artículos 6 y 29 de la Constitución. || A juicio de la ciudadana, la norma demandada quebranta el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, toda vez que permitir a la Policía Nacional de decomisar o destruir un bien con el cual se ocupa el espacio público comprende una sanción desproporcionada. || De otra parte, habida cuenta de la existencia de un pronunciamiento anterior de la Corte, que en sentencia C-211 de 2017, se pronunció acerca de la constitucionalidad de la norma legal que se impugna, entre otros, frente al respeto del derecho al debido proceso, la ciudadana debía desvirtuar porqué ese fallo no configuraría cosa juzgada y procedería una decisión de fondo.] - [Palabras claves automatizadas: corte, espacio, público, derecho, parágrafo, ley, bien, fondo, pronunciamiento, norma, anterior, nacional, ciudadana]

La norma de policía que establece la posibilidad de contacto físico en el registro de personas y sus bienes, "de acuerdo a los protocolos que con esa finalidad emita la Policía Nacional", no viola el principio de reserva de ley.\ Los "protocolos" a los cuales se refiere la norma acusada no consisten en normas generales de policía que puedan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos (…) por el contrario, son actos administrativos compuestos por directrices técnicas y operacionales que, con sujeción a la Constitución y la ley, se dictan para el ejercicio de la actividad material de policía \ Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-; Art. 159 Par. 2 (parcial) : Exequible. S.V - [Resumen automatizado: CORTE DECLARA CONSTITUCIONAL NORMA DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE CONTACTO FÍSICO EN EL REGISTRO DE PERSONAS Y SUS BIENES, DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS QUE CON ESA FINALIDAD SE EMITA. || Declarar EXEQUIBLE la expresión “de acuerdo a los protocolos que para tal fin establezca la Policía Nacional”, contenida en el parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en relación con el cargo examinado en esta sentencia. || La Sala Plena analizó el problema de si una norma de policía que establece la posibilidad de contacto físico en el registro de personas y sus bienes, “de acuerdo a los protocolos que con esa finalidad emita la Policía Nacional”, defiere la regulación de derechos fundamentales como dignidad, integridad e intimidad, a la autoridad de policía y, por lo tanto, viola el principio de reserva de ley.] - [Palabras claves automatizadas: policía, registro, ley, derechos, bienes, cuerpo, ejercicio, nacional, debe, personas, autoridad]; Art. 159 Par. 2 (parcial) : Exequible. S.V

Las medidas correctivas por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público no pueden aplicarse respecto de las personas que habitan la calle. Estas medidas tienen plena validez constitucional, cuando son impuestas a las demás personas. \ La Corte exhortó a las autoridades municipales y distritales para que, en caso de que no lo hubiesen adelantado diseñen y en todo caso implementen una política pública que garantice el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual sea disponible a las personas que habitan en la calle. Esto conforme las obligaciones estatales que se derivan de la Constitución y de la Ley 1641 de 2013\ Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1801 de 2016; Art. 140 Par. 2 Medidas al numeral 11: CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: Asimismo, la universidad señala que la norma demanda constituye una afectación desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes deciden adoptar la calle como lugar de habitación; debido a que la protección de ese derecho no se circunscribe a la faceta de abstención por parte del Estado respecto de la intromisión en la esfera de autonomía individual, sino que también comporta el aseguramiento de las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de las diferentes opciones de vida, que para el caso se traducen en la garantía de la infraestructura sanitaria requerida por las PHC. || De esta manera, considera que la Corte debe, como lo ha hecho en otras decisiones que han evaluado la tensión entre la protección del espacio público y derechos constitucionales como el trabajo o el libre desarrollo de la personalidad, hacer uso del juicio de proporcionalidad a fin de declarar que la imposición de sanciones contra quien se encuentra imposibilitado física y materialmente para acceder a la infraestructura sanitaria es una actuación estatal desproporcionada y que tiene una incidencia aún mayor para las PHC, por sus condiciones particulares antes expuestas.] - [Palabras claves automatizadas: espacio, público, derechos, derecho, medidas, personas, corte, protección, dignidad, habitantes, infraestructura]; Art. 140 Par. 2 Medidas al numeral 11: CONDICIONALMENTE exequibles

Inexequibilidad del aparte del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", que ordenaba reportar las deudas en el pago de multas por infracciones policivas en el Boletín de Responsables Fiscales, por ser incompatible con el derecho al buen nombre. Para la Corte, si bien el legislador puede modificar el contenido de un instrumento legal como el Boletín de Responsables Fiscales, para incluir en él a personas que no tienen la condición de responsables fiscales, esta modificación exige readecuar el instrumento, de modo tal que no se llegue a inducir a errores sobre la conducta de las personas y, eventualmente, a partir de ese error se llegue a aplicar normas que no regulan la situación de personas a las que no se ha declarado responsables fiscales. La eventual publicidad que se lograría con el reporte previsto en la norma demandada, se cumple también y, más adecuadamente, con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es la herramienta específica diseñada por el Código Nacional de Policía para tal fin. \ Los demás enunciados demandados contenidos en los artículos 180 y 182 del CNPC, al prever que a) es deber de toda persona, sin perjuicio de su condición económica, pagar las multas, b) que dichas multas pueden incrementarse en caso de desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, y c) que, en caso de no pagarse dentro del primer mes, habrá lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, son compatibles con el principio de la igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución\ Cosa juzgada en relación con parágrafo 3º del artículo 41 del CNPC\ S.V - [Resumen automatizado: LA INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA INFORMACIÓN SOBRE QUIENES NO HAN PAGADO OPORTUNAMENTE MULTAS POR INFRACCIONES POLICIVAS RESULTA INCOMPATIBLE CON EL DERECHO AL BUEN NOMBRE, HABIDA CUENTA DE LA NATURALEZA DE ESTAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DEL REPORTE A DICHO BOLETÍN CREADO PARA OTRO TIPO DE SANCIONES Y CONDUCTAS || Para resolver estos problemas la Sala 1) precisó el sentido y alcance de las normas demandadas; 2) analizó el principio de igualdad y el juicio integrado de igualdad y sus presupuestos; 3) dio cuenta de la doctrina de este tribunal tanto sobre el pago de multas como sobre las consecuencias de no hacerlo; 4) sintetizó el sentido y alcance de los derechos a un debido proceso, al buen nombre y a acceder a cargos públicos. || Concordó con la Sala Plena en que (i) la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281 de 2017, que declaró inexequible el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia, en adelante “CNPC”); y (ii) que las expresiones demandadas de los artículos 180 y 182 de CNPC, referentes al pago de multas y el cobro de intereses, no vulneran el derecho a la igualdad y, por lo tanto, son exequibles.] - [Palabras claves automatizadas: multas, multa, pago, norma, ley, igualdad, convivencia, cargos, buen, dentro, normas, nombre, nacional, legales, policía, infractores, salarios]

La Corte estudió la demanda sobre varios artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la que se plantea la vulneración de la Constitución en relación con los derechos de las personas por el uso de video vigilancia, sobre los cuales declaró:\ la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 237, en el entendido de que el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y-o almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad, en los términos del numeral 157 de esta providencia.\ la EXEQUIBILIDAD del Art. 32 y del Inc. 1 y Par. 2 del Art. 146\ y, se inhibe de fallar sobre el Num. 8º del Art. 95 y el Art. 139 - [Resumen automatizado: En este caso, la Corte observa que el cargo: (i) es específico, pues los accionantes exponen, de manera concreta, cómo el enunciado normativo infringe el derecho a la intimidad; (ii) es pertinente, en la medida en que se plantea un juicio de contradicción entre la norma contenida en el Código de Policía y el derecho a la intimidad; (iii) cumple con el requisito de certeza, por cuanto recae sobre el contenido normativo que podría desprenderse razonablemente del inciso 2° del artículo 237 del Código de Policía; (iv) cumple con el requisito de claridad, en la medida en que los argumentos presentados por los accionantes permiten concluir, de manera lógica, en qué sentido el enlace con la red de la Policía Nacional de los sistemas de video y medios tecnológicos de propiedad públicas o privada, a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, afecta el derecho a la intimidad; y (v) cumple con la carga de suficiencia, pues se proporcionan las razones básicas por las que, según los actores, el mencionado enlace con la red de la Policía Nacional pone en riesgo el derecho a la intimidad.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, intimidad, público, corte, datos, vigilancia, espacio, información, ley, cámaras, privados, espacios, medida]

Fallo inhibitorio sobre la expresión "o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta" contenida en el numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016\ L a Corte prosiguió por determinar que la demanda asume de manera objetiva que la norma demandada prevé que portar sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta es una conducta contraria a la convivencia, en tanto y en cuanto pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Sin embargo, al considerar que el porte de tales objetos se califica así en cualquier ámbito o lugar, se aleja del contenido objetivo de la norma demandada y asume una lectura subjetiva de la misma, que no se deriva de lo que en ella se enuncia. En efecto, el ámbito de la norma demandada no es todo el territorio nacional, ni siquiera todos los lugares abiertos al público, sino sólo algunos de ellos, que están debidamente delimitados - [Resumen automatizado: Por medio de Auto del dos de julio de 2019, el magistrado sustanciador resolvió admitir la demanda contra la norma prevista en la expresión: "o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta", contenida en el numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, en adelante CNPC. || En este contexto, el uso de armas de protección no letales, como aquellas cuyo porte se califica como comportamiento contrario a la convivencia por la norma demandada, es necesario para proteger los antedichos derechos y para salvaguardar a las personas que, como puede ser el caso de las mujeres, están sometidas a graves riesgos de seguridad. || En cuanto al objeto que se porta, el concepto de la violación respeta el contenido objetivo de la norma demandada, pues en realidad se califica como un comportamiento que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas y, por ello, como contrario a la convivencia, el portar, entre otros objetos, sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta. || Como se acaba de decir, la demanda asume de manera objetiva que la norma demandada prevé que portar sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta es una conducta contraria a la convivencia, en tanto y en cuanto pone en riesgo la vida y la integridad de las personas.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, norma, personas, vida, medio, convivencia, principal, porte, portar, concepto, si, integridad]

Inepta demanda contra el parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", que autoriza el registro físico de personas y bienes por parte de la Policía, su procedimiento y las consecuencias de resistirse, en relación con los cargos contra los derechos a la intimidad y al debido proceso - [Resumen automatizado: Uno de sus miembros designado para esos efectos presentó concepto, por medio del cual solicitó se emita un fallo inhibitorio, por cuanto advierte que la demanda no cumplió con el requisito de suficiencia dado que los argumentos no tienen alcance persuasivo para despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma. || Inicialmente el Ministerio Público destacó que el demandante plantea que el contacto físico para realizar el procedimiento de registro de personas vulnera el derecho a la intimidad, pero no explica las razones por las cuales se afecta tal contenido fundamental, pues se limita a trascribir apartes genéricos de fallos de la Corte, razón por la cual el cargo carece del requisito de suficiencia. || Dicho de otro modo, la Corte “no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (…) el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”.] - [Palabras claves automatizadas: corte, demanda, derecho, constitucional, ley, puede, inconstitucionalidad, constitución, norma, registro, debe, cargo, proceso]

Establecer como comportamiento que afecta la relación entre las personas y las autoridades "incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía" y cuya realización da lugar a medidas correctivas, no desconoce los contenidos de legalidad y tipicidad, propios del debido proceso. \ Las razones del demandante, que apuntan a señalar que la incertidumbre de la regla, genera abuso y arbitrariedad, no es un resultado que pueda achacarse a la norma demandada sino a la desviación de ciertos integrantes de la entidad policía.\ Las actividades de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos pues los medios y medidas se encuentran sometidas a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, así como respeto del principio de igualdad, porque tales medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población\ Las medidas preventivas y correctivas en cabeza de los uniformados de la policía nacional no implica un poder discrecional, sino que, por el contrario, sus actividades se encuentran condicionadas y limitadas al estricto cumplimiento del principio de legalidad y las mismas solo pueden aplicarse garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa\ Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía y Convivencia- Art. 35 Num. 2. : Exequible. Se inhible en relación con el Art. 150 de la misma ley - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado quien la preside, Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia: || 1. Considera el demandante que las normas infringen el principio de dignidad humana, la supremacía constitucional, el principio de legalidad y la cláusula del Estado social y democrático de derecho, al establecer que, en caso de incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de policía procede la imposición de una medida correctiva, a partir de lo cual se colige su obligatoriedad absoluta. || El poder de policía, estatuido en el artículo 11 de la mencionada ley, está definido como “la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento”.] - [Palabras claves automatizadas: policía, orden, convivencia, derechos, autoridades, actividad, norma, constitucional, proceso, medidas, función, legalidad, órdenes]

Adquirir o consumir bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en el espacio público, no puede entenderse como un comportamiento que promueva o facilite el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 140 Num. 6, CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia: || Resaltan además que la redacción también es contraria al principio de legalidad como parte del debido proceso, en tanto se requiere dar alcance a la conducta prohibida pues las expresiones “promover” y “facilitar” contenidas en el numeral 6 del artículo 140 del CNPC no permiten conocer con seguridad las conductas que se encuentran prohibidas; así mismo la remisión a las “normas y jurisprudencia constitucional vigente” de que trata la disposición no permite identificar claramente la conducta prohibida y esta indeterminación lleva a que la aplicación pueda ser arbitraria en tanto “da lugar a que se incluyan dentro del ámbito de sanción conductas como la adquisición o compra de bienes lícitos a vendedores informales; la provisión de productos comercializables a vendedores informales por parte de empresas distribuidoras; o la provisión, mantenimiento y/o cuidado de los carros para el ejercicio de la venta informal, entre muchos otros comportamientos que pueden ser catalogados como formas de promoción o facilitación del uso del espacio público por parte de vendedores informales, pero que en últimas son absolutamente indispensables para el ejercicio del derecho al trabajo de estos últimos”.] - [Palabras claves automatizadas: espacio, público, informales, constitucional, norma, derecho, debe, trabajo, corte, medida, protección, disposición, personas, derechos, autoridades, promover]; Art. 140 Num. 6, CONDICIONALMENTE exequible

Inepta demanda contra el numeral 4 del Art. 35 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", en relación con los cargos de violación al debido proceso y el de no autoincriminación al facultar a las autoridades policivas la imposición de medidas correctivas a los ciudadanos que se nieguen a dar información veraz en relación con su domicilio, lugar de residencia y actividad - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia: || Luego de ello discurre sobre las distinciones de poder, actividad y función policial de acuerdo con lo señalado por esta Corte en las sentencias C-258 de 2011, C-511 de 1994, C-657 de 1997, C-492 de 1994 y advierte que no es aplicable el principio de no autoincriminación en el derecho policivo, pues en este caso es la autoridad la que busca la convivencia social, en los términos del artículo 218 constitucional y del artículo 2 numeral 5 de la Ley 1801 de 2016, de la que transcribe luego los preceptos 1, 2, 4, 8 y 19, para significar que es necesario poder identificar plenamente a los ciudadanos e insiste en que "la labor de plena identificación que desarrolla la Policía Nacional no se hace dentro de un proceso penal o judicial alguno, sino dentro de la actividad preventiva que debe cumplir, situación que no implica métodos invasivos que van acompañados de un registro personal externo y superficial que se realiza al individuo objeto de los pormenores en un sitio determinado, solo son actos elementales de rutina, para identificar plenamente a quien deambula en los barrios, calles y zonas de la ciudad".] - [Palabras claves automatizadas: información, norma, derecho, policía, constitucional, proceso, actividad, ley, relación, corte, demanda, derechos, constitución, constitucionalidad, debido, puede]

Inepta demanda respecto del cargo de inconstitucionalidad planteado contra el numeral 3 del artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía y Convivencia- que concede a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o, sus delegados conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad. Para la Corte la demanda se dirige contra algunos de los comportamientos que dan lugar a la aplicación de la medida de suspensión temporal de actividades, los cuales han sido señalados en disposiciones que no están en el contenido normativo de la norma cuestionada; no precisa las normas constitucionales infringidas, ni indica de manera clara las competencias constitucionales de los alcaldes e inspectores de policía que considera desconocidas - [Resumen automatizado: Aunado a lo anterior, el accionante considera que no existe cosa juzgada material respecto de la sentencia C-492 de 2002, por medio de la cual la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 208 del anterior Código Nacional de Policía[4] por cargos similares, y en la que se sostuvo que respecto de la competencia, que “'las normas demandadas no desconocen las condiciones de los alcaldes municipales como primera autoridad de policía, conferida por la Carta Política' porque fue el legislador el que distribuyó las competencias para la protección del orden público”. || A su juicio, dicha sentencia no juzga la norma actualmente demandada porque hace referencia a otra codificación que además fue expedida en vigencia de una constitución distinta; no evalúa la medida correctiva de suspensión temporal de las actividades, sino el cierre temporal del establecimiento; “[l]a norma anterior no les permitía a los subcomandantes de estación y a los comandantes de CAI o centros de atención inmediata, o sus delegados, imponer esa medida correctiva”; a diferencia de la disposición anterior, el artículo cuestionado no delimita las causas que dan lugar a la imposición de la medida; y “los comportamientos que bajo el nuevo [c]ódigo permiten o dan lugar a la aplicación de la medida correctiva a suspensión temporal de la actividad no son propios de la actividad de policía, como sí lo eran los del artículo 208 anterior”.] - [Palabras claves automatizadas: policía, actividad, medida, corte, función, suspensión, norma, demanda, temporal, nacional]

La obligación de los establecimientos de comercio abiertos al público de prestar al servicio de baño a ciertas personas, sean sus clientes o no, debe incluir a las personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, no solo a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad. Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía y Convivencia-; 88: CONDICIONALMENTE exequible. S.V : Adecuación de baños para personas en situación de discapacidad - [Resumen automatizado: La interviniente señaló que en este caso se cumplen los 5 requisitos para la configuración de la omisión legislativa relativa, a saber: (i) existe la norma respecto de la cual se predica la omisión, esto es, la norma demandada; (ii) esta norma no incluye a un grupo de sujetos asimilable al que sí fue incluido; (iii) dicha exclusión carece de razón suficiente, en tanto (a) en los debates en el Congreso no se presentó razón alguna que justifique dicha exclusión, (b) “el acceso al servicio de baño resulta de enorme importancia”[29] frente a los grupos incluidos como respecto de las personas en situación de discapacidad y (c) la prestación de dicho servicio a tales personas “no genera para sus titulares o administradores unas cargas desproporcionadas que hagan excesivamente gravoso u oneroso el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016”[30]; (iv) la exclusión de las personas en situación de discapacidad “del enunciado del referido artículo las ubica en una posición de desventaja respecto de los niños y niñas, las mujeres en estado de embarazo y las personas de la tercera edad”[31], y, por último, (v) “la omisión resulta del incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al legislador”[32], en particular, el contenido en el artículo 13.2 de la Constitución Política, lo cual implica también el desconocimiento de lo previsto por los artículos 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y 9.1.] - [Palabras claves automatizadas: personas, situación, ley, corte, sujetos, norma, derechos, protección, especial, condiciones, sociedad, social, establecimientos, omisión]

La potestad de desactivar temporalmente la fuente de ruido otorgada a las autoridades de Policía, entendida como una orden de policía, bajo las circunstancias previstas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 - Código de Policía-, cuando el sonido perturbe o permita que se afecte el sosiego, no autoriza el ingreso a domicilio de conformidad con la prohibición contenida en el artículo 28 de la Constitución Política; y que previo al ejercicio de dicha potestad, las autoridades de Policía deben verificar: i) que las condiciones de tiempo, modo y lugar indiquen una perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente mediante implementos de medición auditiva, el incumplimiento de los niveles de ruido permitidos según la normativa vigente; de lo contrario vulnera la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso - [Resumen automatizado: De otra parte, los intervinientes, en su mayoría, solicitaron la exequibilidad simple de la norma acusada,[21] con fundamento en argumentos como los siguientes: (i) combate la contaminación auditiva generada por actividades, reuniones o eventos que terminan con una queja colectiva; (ii) asegura la convivencia pacífica entre los habitantes del territorio nacional y el mantenimiento de las condiciones mínimas para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades individuales; (iii) no vulnera los artículos 58 y 365 de la Constitución Política, dado que el contenido normativo demandado no se refiere a temas de propiedad privada ni acceso gradual a los servicios públicos domiciliarios; (iv) protege a la comunidad que sufre la intromisión abusiva en su intimidad por cuenta de los sonidos producidos por un particular que, aunque goza de un espacio libre de cualquier injerencia, no obsta para que controle los niveles de ruido que produce; (v) los cargos formulados por la parte actora están en contravía del postulado de buena fe (Art. 83 C.P.), pues presumen que la autoridad de Policía actúa de forma abusiva y extralimitándose en sus funciones; (vi) tampoco desconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio, considerando que la autoridad procede en virtud del numeral 5 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, el cual faculta su ingreso sin orden judicial escrita.] - [Palabras claves automatizadas: policía, derecho, corte, fuente, autoridades, derechos, convivencia, domicilio, autoridad, orden, lugar, personas, norma, código, intimidad, ley]

La aprehensión con fin judicial prevista en el artículo 168 del Código Nacional de Policía únicamente procede en casos de flagrancia y con respeto de las reglas de protección del domicilio, previstas en el artículo 32 de la constitución política.\ Condicionó la exequibilidad de las expresión "señalada de haber cometido infracción penal", en el entendido de que corresponde a una de las hipótesis de flagrancia, que consiste en haber sido señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. \ También condicionó la exequibilidad de las expresiones "cuando un particular haya pedido auxilio o la haya aprehendido", en el entendido de que igualmente corresponden a hipótesis de captura en flagrancia y, por lo tanto, para que proceda la aprehensión, es necesario que exista relación de inmediatez entre el hecho considerado punible y la aprehensión. \ Condicionó la expresión "privado", en el entendido de que la captura en flagrancia en el domicilio, procede por parte de la Policía Nacional, en los términos del artículo 32 de la Constitución, es decir que el ingreso es legítimo cuando la persona es aprehendida como resultado de una persecución y se refugia en su propio domicilio o, cuando tratándose del domicilio de otra persona, se cuenta con la autorización del morador para acceder al mismo.\ En lo relativo a la aprehensión en lugares abiertos al público, encontró este tribunal que, al no corresponder al domicilio de las personas, no vulnera el artículo 28 de la Constitución - [Resumen automatizado: Respecto de esta última, el oficio explica que, de acuerdo con la jurisprudencia, la captura preventiva administrativa debe cumplir 9 requisitos: (i) deben existir motivos fundados, objetivos que indiquen que la persona captura es probablemente autora de infracción o partícipe de ella; (ii) debe ser necesaria, es decir que debe operar en situaciones de apremio que impiden exigir la orden judicial, so pena de que la captura sea ineficaz; (iii) tiene como único objeto verificar, de manera breve, los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o para identificar a la persona y, si es del caso, poner a la persona a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se investigue la conducta; (iv) está sometida a limitaciones temporales, ya que no puede sobrepasar las 36 horas, luego de las cuales la persona debe ser liberada o puesta a orden de autoridad judicial competente; (v) la medida debe ser proporcionada en razón de la gravedad del hecho y no puede significar una limitación desproporcionada de la libertad de la persona; (vi) se aplica el habeas corpus con fundamento en el artículo 30 de la Constitución; (vii) no pueden ser detenciones discriminatorias respecto de ciertos grupos sociales por prejuicios “peligrosistas”; y (ix) la realización de la captura administrativa o gubernativa debe respetar la dignidad humana, lo que implica que se deben informar las razones de la detención, los derechos que le asisten, incluida la asistencia de un abogado y a no declarar contra sí mismo o sus próximos y el trato de ser humano.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, judicial, persona, aprehensión, flagrancia, norma, corte, sentencia, orden, constitución, policía]

La Corte se inhibe de fallar contra apartes de los artículos 43 y 44 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", disposiciones que imponen una serie de exigencias a las personas que laboran en los establecimientos, inmuebles y lugares donde se ejerce la prostitución y a las personas que ejercen esta actividad, así como unas medidas correctivas por su inobservancia, por el cargo de vulneración el principio de igualdad, ya que las acusaciones de la demanda de inconstitucionalidad partieron del supuesto equivocado de que los preceptos impugnados tienen como destinatario a las personas que ejercen la prostitución, cuando, en realidad, los mismos se dirigen a otros grupos de personas - [Resumen automatizado: El día 22 de noviembre de 2017 los ciudadanos Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz, María Fernanda Herrera Burgos, Valeria Silva Fonseca, Gustavo Gallón Giraldo, Juan Carlos Ospina Rendón, Jorge Abril Maldonado, Jomary Ortegón Osorio, José Jans Carretero Pardo, Liliana Forero Montoya, Drisha Fernandes Domecq y Paola Marcela Iregui Parra[1] interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 43 (parcial) y 44 (parcial), en los que se establecen una serie de cargas y deberes positivos y negativos para el ejercicio de la prostitución, en los siguientes términos: (i) el deber del personal que labora en los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerce la prostitución, de obtener el concepto sanitario de la secretaría de salud, de proveer y distribuir preservativos a las personas que ejercen dicha actividad y a las que utilizan los servicios respectivos, de facilitar el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, de promover el uso de preservativos y otros medios de protección, de no realizar publicidad alusiva a la actividad en la vía pública, de proveer elementos y servicios de aseo, y de intervenir en caso de controversia entre las personas involucradas en la actividad (art.] - [Palabras claves automatizadas: personas, ejercen, mujeres, actividad, medidas, sexual, establecimientos, policía, sexo, modelo, código, trata]

Cosa juzgada contra los parágrafos 1 y 2 del artículo 86 de la ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", referentes a los horarios de funcionamiento de los establecimientos que se denominan como clubes sociales, casas culturales y centros sociales, en relación con los cargos por vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, intimidad y garantía de inviolabilidad del domicilio. \Inhibida de fallar de fondo sobre otros cargos formulados contra las mismas normas, por carencia actual de objeto (en razón de los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional) e ineptitud de la demanda - [Resumen automatizado: En particular, la habilitación otorgada a los alcaldes y a las autoridades de policía para limitar el horario de funcionamiento de los establecimientos, así como para ingresar en los lugares en que las personas jurídicas despliegan sus actividades regulares, desconoce el derecho a la intimidad de los clubes y de los individuos que ingresan a los mismos, así como la garantía de la inviolabilidad del domicilio, máxime cuando el ingreso a los establecimientos se puede producir sin mediar orden judicial, sin existir un motivo previamente determinado en la ley para este efecto, y sin sujeción a las exigencias del artículo 28 de la Carta Política, tal como ha sido entendida por este tribunal en la sentencia C-223 de 2017[1]. || Dado que en el auto admisorio de la demanda el magistrado sustanciador delimitó la controversia constitucional, concluyendo que, al menos prima facie las acusaciones formuladas en contra de los parágrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016 por la presunta transgresión de los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 38, 39 y 58 de la Carta Política eran susceptibles de ser evaluadas en el escenario del control abstracto de constitucionalidad, la mayor parte de las intervenciones se refirieron directamente a la validez de las medidas legislativas impugnadas, sin hacer una consideración expresa sobre la procedencia del escrutinio judicial, y únicamente el Ministerio de Justicia del Derecho y la Alcaldía de Bogotá formularon reparos a la viabilidad del control constitucional propuesto por los actores.] - [Palabras claves automatizadas: personas, derecho, autoridades, policía, actividades, derechos, cargos, jurídicas, acusaciones, domicilio, intimidad, establecimientos, sentencia]

La Corte decidió que viola el libre desarrollo de la personalidad la prohibición genérica y amplia, so pena de medidas de policía, del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas "en el espacio público y en espacios privados abiertos al público o que trascienden a lo público", como forma de proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas (Art. 33, Lit. c , Num. 2 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Para la Corte, a pesar de buscar un fin que es imperioso (la tranquilidad y las relaciones respetuosas) lo hace a través de un medio que no está dirigido a alcanzar dicho fin. Esto, en razón a la generalidad de la disposición, que invierte el principio de libertad e incluye en la prohibición casos para los que el medio o bien no es idóneo, puesto que no hay siquiera riesgo de que se afecten los bienes protegidos, o bien no es necesario, por cuanto existen otros medios de policía en el mismo Código que permiten alcanzar los fines buscados sin imponer una amplia restricción a la libertad \ Igualmente viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas " en parques [y en] el espacio público ", como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio (Art. 140, Num. 7, CNPC). Para la Corte en este caso ni siquiera se muestra por qué se considera que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. No se advierte, ni se dan elementos de juicio que permitan establecer una relación clara de causalidad entre el consumo de las bebidas y las sustancias psicoactivas, en general, y la destrucción o irrespeto a la integridad del espacio público. En cualquier caso, los eventos en los que el consumo de las sustancias referidas podría llevar a destruir o afectar el espacio público, debe ser objeto de prevención y corrección por parte de la Policía, usando otros medios que el propio Código referido contempla y faculta - [Resumen automatizado: Con base en lo decidido por la Corte en la sentencia C-221 de 1994, los accionantes consideran que establecer conductas penales o contravencionales que no afectan derechos de los demás "constituye una violación del libre desarrollo de la personalidad [...] en la medida que impide que los ciudadanos desplieguen y desarrollen su personalidad de acuerdo a sus preferencias culturales, éticas y políticas." Posteriormente, luego de hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica (Fecundación in vitro), se vuelve a hacer énfasis en que la intervención punitiva es irrazonable y desproporcionada en este caso, porque ya existen normas que contemplan comportamientos contrarios a la convivencia, "para controlar eventuales, no necesarias, consecuencias que puede producir el consumo del alcohol o sustancias psicoactivas". || "[...] bien puede el legislador establecer restricciones, con sus condignas sanciones, para preservar la integridad del espacio público haciendo prevalecer el uso común sobre el interés particular, valga decir, prohibir el consumo de dichas sustancias, y con mayor razón si la prohibición señala de manera específica lugares en donde, por regla general, las personas van a disfrutar del aire libre y realizar la práctica de actividades deportivas, como son los parques, al que igualmente acuden con prevalencia niños, niñas y/o adolescentes, amén de que los parques usualmente están ubicados cerca de establecimientos educativos."] - [Palabras claves automatizadas: público, derechos, espacio, derecho, consumo, sustancias, personas, código, constitucional, policía, corte, libertad, normas]

Inepta demanda contra el numeral 7 (parcial) del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" - [Resumen automatizado: Arguye que el artículo 140.7 del Código de Policía tiene por objeto, precisamente, evitar que el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad afecte los derechos de otras personas, a través de la protección al espacio público y el establecimiento de las condiciones para la convivencia en el territorio nacional[10]. || En primer lugar, señala que el cargo tendiente a demostrar que la norma demandada es contraria al principio de dignidad humana, carece de certeza y claridad, porque la demanda no expresa cómo la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en un parque o en el espacio público en general, atenta contra la dignidad. || En segundo lugar, señala que las disposiciones demandadas no son contrarias a los principios y fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución, dado que la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias tiene por objeto, precisamente, hacer cumplir diversos objetivos estatales, como servir a la comunidad, garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular y promover la prosperidad general. || Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda instaurada contra las expresiones "parques" y "y en general, en el espacio público", contenidas en el numeral 7 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".] - [Palabras claves automatizadas: público, espacio, corte, lugar, consumo, derecho, norma, señala, libre, demanda]

El parágrafo del Art. 206 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" al prohibir que los inspectores de policía puedan ejercer funciones o realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia, no desconoce el derecho de acceder a la administración de justicia y el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público. \ El Legislador goza de un amplio margen de configuración para definir las reglas procesales, y en este caso razonablemente se previó que otras autoridades, tanto judiciales como de policía -en este último caso, diferentes a los inspectores- estarían encargadas de esa labor de apoyo a los jueces - [Resumen automatizado: El Presidente de dicha corporación afirma que la norma demandada ha tenido un impacto negativo para el funcionamiento de la oferta judicial, además de resultar regresiva para el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues ante la imposibilidad de los jueces de comisionar a los inspectores de policía para ejecutar las decisiones judiciales, estos han tenido que asumir directamente la práctica de las diligencias; circunstancia que ha generado la fijación de fechas de práctica para dentro de varios años[3], o han comisionado “a los alcaldes y demás funcionarios de policía”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso-. || Señala que, por una parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de tutela manifestó, en la Sentencia STC22050 del 19 de diciembre de 2017, que cuando los inspectores de policía son comisionados para la práctica de un secuestro o una diligencia de entrega, actúan en ejercicio de función administrativa y no judicial, porque sirven de instrumentos para materializar las órdenes previamente impartidas por funcionarios judiciales, de tal manera que el artículo 206 de la Ley 1801 no les prohíbe realizar estas actividades.] - [Palabras claves automatizadas: policía, norma, consejo, diligencias, jueces, corte, administración, judiciales, justicia, funciones, ley, judicial, autoridades]

La Corte condicionó las medidas de control de actividades que trascienden a lo público, realizadas en "clubes sociales sin ánimo de lucro", "casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares", dispuestas en el artículo 86 de la Ley 1801 de 2016 "por la cual se expide al Código Nacional de Policía y Convivencia" \ i) La facultad otorgada a los alcaldes para fijar los horarios de funcionamiento de los clubes sociales privados, cuyas actividades permanezcan reservadas a sus socios y sus efectos no comprometan el orden público, resultaría inconstitucional, por contrariar el principio constitucional de separación entre lo público y lo privado. Por lo tanto, en aras de hacer efectivo el principio de conservación del derecho, identificó la Corte que no es inconstitucional que los alcaldes establezcan los horarios de las actividades que trascienden a lo público, siempre y cuando se entienda que debe ser ejercida mediante un acto administrativo de carácter o contenido particular, debidamente motivado, fruto de un debido procedimiento administrativo previo, donde se exponga con suficiencia por qué, a pesar de tratarse de una actividad privada, trasciende a lo público. En este sentido, se condicionó la exequibilidad del parágrafo 1o. - Difirió los efectos del condicionamiento a un año, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia \ ii) La facultad de las autoridades de Policía para ingresar en estos establecimientos, con el fin de verificar el cumplimiento de los horarios, persigue la finalidad constitucionalmente legítima de garantizar con efectividad el orden público, a través de un medio idóneo para tal fin, por lo que concluyó la Corte que no se desconocieron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, ni a la intimidad. Sin embargo, encontró la Corte que la amplitud de la atribución otorgada por el parágrafo podría permitir arbitrariedades. Por consiguiente, para evitar la declaratoria de inexequibilidad de la norma, se condicionó su interpretación al entendido de que la facultad que se atribuye a las autoridades de policía y a los comandantes de estación de policía para ingresar en los establecimientos mencionados en este artículo e imponer las medidas correctivas correspondientes, únicamente procede respecto de las actividades que trascienden a lo público, declaradas previamente mediante acto administrativo de contenido particular, y con el único fin de verificar y hacer cumplir el horario de las actividades en cuestión y dentro de los horarios considerados de cierre. \ Exequible el inciso1o. por no vulnerar el derecho fundamental de asociación, previsto en los artículos 28, 39 y 103 de la Constitución Política - [Resumen automatizado: c. ¿La facultad otorgada por el artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, a las autoridades de policía y a los comandantes de estación de policía, para ingresar a los establecimientos constituidos como clubes sociales, casas culturales, centros sociales privados o clubes privados u otros similares, donde se realicen actividades que trasciendan a lo público, con el fin de verificar el cumplimiento de los horarios establecidos al respecto por parte de los alcaldes, desconoce los siguientes artículos de la Constitución Política: 28 inviolabilidad del domicilio - 15 derecho a la intimidad -y 16 libre desarrollo de la personalidad-?] - [Palabras claves automatizadas: público, orden, actividades, domicilio, derechos, derecho, norma, personas, corte, sentencia, policía]

Inepta demanda respecto de los numerales 5 del inciso segundo del artículo 87 y 2 del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia". Para la accionante las disposiciones acusadas el legislador: (i) en virtud del principio de igualdad contemplado en el artículo 13 superior, debió incluir la exigencia de mantener y presentar el recibo de pago al día de los derechos de autor por la reproducción de obras audiovisuales y no sólo limitarse a exigirlo por la ejecución de obras musicales; y que, (ii) en razón del deber de protección de la propiedad intelectual consagrado en el artículo 61 de la Constitución, debió no sólo exigir que se mantenga y presente el recibo de pago, sino también la autorización previa y expresa del titular de los derechos de la obra que se ejecuta - [Resumen automatizado: (iii) De manera parcializada, se entiende que con las normas demandadas el legislador pretendió autorizar la comunicación pública de obras artísticas sin autorización de su titular, así como sustituir los mecanismos existentes ante la justicia ordinaria para que los interesados procuren la recuperación patrimonial de la explotación de las mismas cuando no se contó con su aval previo y expreso para el efecto, a pesar de que dichas disposiciones no tienen tal alcance, porque sin alterar la regulación existente y a título de control complementario, se limitan a permitirle a las autoridades de policía exigir a los establecimientos donde se desarrollan actividades privadas que transcienden a lo público la presentación del recibo de pago de derechos de autor de obras musicales como presupuesto para su operación. || En tercer lugar, bajo una argumentación similar, frente al segundo cargo, el Procurador General de la Nación sostuvo que las disposiciones acusadas no vulneran el deber de protección de la propiedad intelectual contenido en el artículo 61 superior, pues corresponden al desarrollo constitucional del margen de configuración legislativa para alcanzar el objetivo trazado (brindar herramientas que conserven y favorezcan el bien supremo de la convivencia), disponiendo de un mínimo de diligencia para quienes desarrollan actividades económicas en establecimientos donde se ejecutan públicamente obras musicales causantes de pago, sin que ello implique afectar el marco constitucional y legal vigente, el cual incluye responsabilidades específicas para los establecimientos frente a la explotación de obras del intelecto humano y mecanismos de protección para los titulares de derechos de autor.] - [Palabras claves automatizadas: obras, derechos, actividad, autor, pago, disposiciones, corte, normas, propiedad, demanda, legislador, ley]

La Corte se pronunció sobre estos problemas jurídicos: (i) si los numerales 1, 6, 10 y 16 y el parágrafo 2º, en sus numerales 1, 6, 10 y 16, del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, violan el debido proceso constitucional, por afectación a los principios de legalidad o tipicidad en la definición de normas que comportan la imposición de medidas correctivas de Policía, y (ii) si los numerales 4 y 5 del artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece un conjunto de sanciones por el no pago de multas, desconoce la prohibición de imponer dos sanciones por los mismos hechos (non bis in ídem), así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida en que restringen intensamente diversos derechos constitucionales. \ Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 92 y 183 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: 6. El actor considera que los distintos numerales cuestionados del artículo 92 (1º, 6º, 10º, 12º y 16º, con sus respectivas consecuencias en los términos del parágrafo 2º) de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) desconocen el principio de legalidad; que uno de estos (numeral 12º) se opone también al principio de confianza legítima e impone restricciones desproporcionadas a los derechos económicos, sociales y culturales; y que el artículo 183 viola el principio non bis in ídem, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al establecer sanciones por el no pago de multas impuestas como medidas correctivas de policía. || Si bien los establecimientos de comercio deben cumplir requisitos fijados por el Legislador, la forma indefinida, vaga e imprecisa en que fue redactado este numeral, así como el hecho de que no establece si abarca el cumplimiento de requisitos de orden reglamentario, conlleva el desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, es decir, el principio de tipicidad y el debido proceso constitucional, al igual que la seguridad jurídica, pues deja al arbitrio de las autoridades de Policía la posibilidad de determinar el eventual incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la "normatividad vigente", sin que el Legislador precise mínimamente a cuáles requisitos hace referencia.] - [Palabras claves automatizadas: normas, actividad, policía, nacional, ley, principio, numerales, código, corte, disposición, público, derechos]; Art. 92 y 183 (parciales) : Exequibles

¿En las actividades de que involucren aglomeraciones de público complejas, el trasladar su responsabilidad a los organizadores del evento y asignar de manera discrecional a la Policía Nacional para prestar su función constitucional de preservar el orden público y mantener la convivencia ciudadana, desconoce los artículos 2 y 218 de la Constitución? Para la Corte el término "podrá" ha de interpretarse como potestad, esto es, como una facultad-competencia de la Policía Nacional, esto es, que no obstante que las responsabilidades logísticas están atribuidas por el legislador al organizador de la aglomeración, es necesario valorar, en cada caso, el riesgo engendrado por dicha aglomeración de público, para determinar la participación y concurrencia imperativa o no, de la Policía Nacional. Condiciona la Corte los apartes demandados del artículo 62, en el entendido de que los organizadores de las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas deberán concurrir y colaborar en la prestación de la seguridad privada interna y externa por medio de empresas de seguridad y-o logística, pero en ningún caso esa situación subordinará a la Policía Nacional, la desplazará o relevará de sus deberes constitucionales, de acuerdo con los artículos 2 y 218 de la Constitución Política\ Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 52 (parcial) Exequible; Art. 62 (parcial) CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Como asuntos de fondo, expuso que la expresión “podrá” contenida en el parágrafo 1º del artículo 52 y en los incisos 3º y 4º del artículo 62 de la Ley 1801 de 2016, denota una facultad, potestad o posibilidad[2] en el actuar de la autoridad de Policía para los casos excepcionales en los cuales esté en riesgo grave la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia pacífica en el marco de actividades que involucren aglomeraciones complejas. || También señaló que la Corte en la sentencia T-030 de 2017 se refirió a la facultad del legislador para regular ciertas situaciones que permiten mantener el orden público y, en tal virtud, se puede concluir que lo regulado en los artículos 52 y 62 de la Ley 1801 de 2016 se ajusta a derecho, toda vez que no se desplaza la responsabilidad de la seguridad y convivencia a terceros o entidades privadas; por el contrario, ratifica que la misma está en cabeza del Estado y que las entidades privadas prestarán una ayuda a las entidades policivas sin llegar a extralimitar o suplir las funciones constitucionales otorgadas a la Policía Nacional, lo cual además se ajusta a los parámetros establecidos en las sentencias C-199 de 2001 y T-909 de 2011.] - [Palabras claves automatizadas: policía, seguridad, público, nacional, corte, ley, orden, convivencia, actividades, vigilancia, eventos, derechos, sentencia, constitución, normas]; Art. 62 (parcial) CONDICIONALMENTE exequible

El personal uniformado de la Policía Nacional, puede solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de Policía, en casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona. \ La jurisprudencia en vigor prevé que los particulares no pueden ser llamados a concurrir en la defensa del orden público, ni para el ejercicio de labores de inteligencia, estas últimas diferenciables del deber de denuncia que tienen todos los ciudadanos. Con todo, la Corte advierte que esta prohibición es compatible con la prestación de servicios de seguridad privada. Concluyó, que no resulta procedente el condicionamiento solicitado por los demandantes y varios intervinientes, en tanto la posibilidad de que el precepto acusado fuese comprendido como una autorización tácita para el uso de las armas por los particulares es por completo irrazonable. En contrario, una lectura sistemática del precepto demandado a la luz de las diferentes previsiones del orden jurídico y, en particular, de las disposiciones constitucionales que sustentan la concepción estricta del monopolio de la fuerza legítima en el Estado y del artículo 22 de la propia Ley 1801, impiden interpretar la previsión demandada del modo propuesto. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código de Policía"; Art. 169 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Subsanada oportunamente la demanda, fue admitida mediante auto del 14 de marzo de 2016, para lo cual se ordenó (i) la fijación en lista de la norma acusada, por el término de diez días; (ii) la comunicación sobre el proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Policía Nacional; (iii) la invitación a participar como intervinientes a las facultades de Derecho de las universidades de los Andes, del Rosario, del Norte, de Antioquia, de Caldas y del Cauca; y (iv) dar traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que rindiese el concepto a su cargo. || Dichas funciones no excluyen el uso de la fuerza armada, conforme a las mismas disposiciones del Código Nacional de Policía y Convivencia (en adelante CNPC), razón por la cual no resulta carente de sentido que el apoyo al que se refiere la norma acusada pueda incluir el uso de armas por parte de los particulares, cuando así se lo solicite el personal uniformado de la Policía Nacional.] - [Palabras claves automatizadas: armas, uso, fuerza, particulares, policía, corte, apoyo, nacional, norma, constitución, constitucional, pública]; Art. 169 (parcial) : Exequible

Las medidas adoptadas en el nuevo Código de Policía en relación con caninos potencialmente peligrosos, no violan del derecho a la igualdad, ni el debido proceso. Tienen fundamento en una finalidad constitucionalmente legítima, como lo es la protección de la vida e integridad de las personas, animales y bienes. \ En lo referente a la potestad de las asambleas se explicó que en el caso de la prohibición se tendrá que seguir los requisitos del debido proceso de establecer la sanción con anterioridad a la conducta - principio de legalidad o tipicidad -la posibilidad de contradicción o defensa y utilizar la sanción de la expulsión siempre como última ratio de acuerdo a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" Art.s 126 a 134 : Exequibles, salvo en el Art. 134 la expresión "y privado" que se declara INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Igualmente comprobó la inexistencia de cosa juzgada material con relación a la sentencia C-692 de 2003 y declara la exequibilidad de las normas demandadas, salvo la expresión “y privado” contenida en el numeral 1 del artículo 134 de la ley 1801 de 2016 que se declara inexequible ya que dejar deambular este tipo de caninos en sitios privados del tenedor o propietario no tiene un fin constitucionalmente legítimo ni es una medida adecuada para el objetivo de proteger la vida, seguridad e integridad de las personas y otro tipo de animales, y en atención a que este tipo de perros necesitan de lugares de esparcimiento y juego, para su mejor bienestar.] - [Palabras claves automatizadas: personas, registro, norma, tipo, debe, raza, proceso, igualdad, puede, debido, parte, derecho, relación, pueden, seguridad, sala, ley]

Inepta demanda contra el parágrafo 1o. del artículo 163 - ingreso al inmueble sin orden escrita- del Código Nacional de Policía. Estarse a lo resuelto en la C-212-16 en relación con los cargos a los numerales 1 a 6 y parágrafo 1º. del mismo artículo - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || "Por todo lo expuesto, el cargo no está llamado a prosperar al quedar demostrado que el medio de policía material de ingreso a inmueble sin orden escrita cuando se presenten alguno de los eventos previstos en os numerales 1 ° al 6° del artículo 163 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, tiene una finalidad diametralmente opuesta a la prevista en la norma constitucional confrontada (artículo 28), habida consideración que lo pretendido por el legislador no fue menoscabar el derecho a la libertad personal, ni registrar domicilios en el marco del derecho penal como equivocadamente se plantea en la demanda, sino revestir de las facultades legales a la Policía Nacional para materializar el rol que le corresponde condensado en "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."[4] , de consuno con el "fin primordial" de mantener "las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" , para que prevalezca el "interés general".] - [Palabras claves automatizadas: cosa, demanda, ley, corte, juzgada, sentencia, constitucional, constitucionalidad, norma, domicilio, policía, ingreso, derecho]

Teniendo en cuenta los efectos diferidos de la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" contenidas en el Capítulo - Expresiones o Manifestaciones en el Espacio Público- la Corte se pronunció sobre éstos, y condicionó en los siguientes términos: 1) la expresión "cualquier otro fin legítimo" contenida en el artículo 53 entendido de que no es un fin legítimo: (i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a la violencia y el delito; (iii) la pornografía infantil; (iv) la instigación pública y directa a cometer delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa; y 2) la expresión "salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor" contenida en el artículo 54, en el entendido de que la no autorización debe motivarse y hacer explícitas las razones que la fundamentan. - Declara exequible apartes del artículo 53 y se declara estarse a lo resuelto en relación a otros fallos\ El contenido de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica \ Sobre los límites que imponen estos derechos a la libertad de configuración legislativa - [Resumen automatizado: a Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados, Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Sustentan esa solicitud con diferentes sentencias de esta Corporación, parámetros de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establecen claramente que la finalidad del aviso previo no puede ser la de prohibir una reunión o manifestación pública, sino que debe tratarse de un acto simple de notificación para que las autoridades tomen las medidas logísticas y de coordinación necesarias para armonizar el derecho de protesta con los derechos de los demás ciudadanos.] - [Palabras claves automatizadas: manifestación, derecho, derechos, ejercicio, reunión, corte, pública, libertad, expresión, constitucional, constitución]

La indeterminación del plazo que la autoridad podrá otorgar a una persona cuando la orden de policía no sea de inmediato cumplimiento, no vulnera el debido proceso. Para la Corte el legislador actuó dentro del margen de las competencias establecidas para regular los procedimientos administrativos, y con su actuación no desconoció las previsiones del artículo 29 superior, toda vez que ante la imposibilidad de fijar expresamente un término facultó de manera razonable a la autoridad para que, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, asigne un espacio de tiempo, actividad que deberá llevarse a cabo con estricto acatamiento de los valores, principios y derechos constitucionales, especialmente los de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, mencionados por el artículo 8º del Código Nacional de Policía y Convivencia. \ Conceptos jurídicos indeterminados\ Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 150 (parcial) : EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El accionante considera que el aparte acusado vulnera el artículo 29 de la Constitución en relación con el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, al otorgar al funcionario público la potestad de fijar el plazo dentro del cual se debe cumplir la orden de policía, sin que la ley establezca un término para que la autoridad adopte tal decisión, que termina por infringir el principio de celeridad de las actuaciones, como pasa a exponer: || Para adoptar la decisión correspondiente, la Sala refirió el contenido de la norma parcialmente impugnada; por tratarse de un asunto de procedimiento policivo hizo referencia a las facultades del legislador para regular esta clase de asunto; debido a la ausencia de un plazo legal señalado en la norma, la Corte recordó su jurisprudencia sobre "normas jurídicas indeterminadas"; y finalmente examinó el segmento censurado cotejándolo con los valores, principios y reglas de la Constitución Política, para proceder a explicar la forma como ha de ser interpretada y aplicada la expresión objeto de la demanda.] - [Palabras claves automatizadas: orden, policía, autoridad, proceso, cumplimiento, inmediato, código, autoridades, convivencia, debido]; Art. 150 (parcial) : EXEQUIBLE

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281-17 que declaró inexequible el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, y los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Iván Escrucería Mayolo (e.), Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || Así, señala que el traslado por protección establecido en la Ley 1801 de 2016 no incorporó todas las exigencias fijadas en la sentencia C-720 de 2007 respecto de la figura de la retención transitoria del antiguo Código de Policía, de modo que compromete la garantía de los derechos fundamentales. || En este sentido, señala que la Corte Constitucional ha admitido ciertas formas de restricción a la libertad por parte de autoridades de Policía, y ha reconocido que estas restricciones solo son válidas cuando se aplican como un medio para procurar la protección de un individuo que está en una situación de indefensión y con el fin de garantizar derechos y bienes jurídicos necesarios para la colectividad.] - [Palabras claves automatizadas: protección, cosa, norma, juzgada, traslado, sentencia, corte, constitucional, medida, policía, libertad]

Para la Sala el aparte demandado que establece que si el presunto infractor a las normas de convivencia no comparece injustificadamente a la audiencia del proceso verbal abreviado de policía, la autoridad respectiva "tendrá por cierto los hechos que dieron lugar al comportamiento contrato a la convivencia", resulta plausible como una medida necesaria para garantizar la celeridad e inmediatez que resultan esenciales en procedimientos de esta naturaleza (verbal abreviado); en tanto se haga compatible con el parámetro constitucional. Esto solo es posible en la medida que previo a la aplicación de la presunción de veracidad, se surta un debido proceso para la comprobación de la causa que impidió al presunto infractor comparecer a la audiencia, a quien se le debe conceder un plazo razonable para justificar su inasistencia y para que, a su vez, la autoridad de policía valore la excusa aducida, se pronuncie sobre la misma y conceda una nueva oportunidad para su comparecencia a efecto de ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción. Por tanto la Corte declaró exequible el aparte demandado, en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar pruebas siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia. \ No encontró la Corte vulneración de los derechos constitucionales de toda persona a no ser obligada a autoincriminarse. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y convivencia"; Art. 223 Par. 1º. : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: 7. En concordancia con lo anterior, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿ Para un proceso policivo verbal de tipo abreviado, por infracción a las normas de convivencia, el legislador puede establecer que la no comparecencia injustificada del presunto infractor desencadene una presunción de veracidad sobre los hechos constitutivos de la contravención, en un marco constitucional que reconoce como derechos fundamentales de las personas el de no declarar contra sí mismas y el de ser consideradas inocentes mientras no se demuestre su responsabilidad (CP arts. || Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases y oportunidades: a) la autoridad debe darles al quejoso y al presunto infractor una oportunidad para exponer sus argumentos y pruebas, b) debe invitarlos a conciliar sus diferencias, c) si solicitan la práctica de pruebas, y la autoridad las considera viables o necesarias, las decretará y practicará en los cinco días siguientes, lo cual también puede hacer de oficio, y en cualquier caso la audiencia se reanuda al día siguiente al vencimiento del término para la práctica de pruebas;[5] d) terminada la etapa probatoria, la autoridad debe tomar la decisión respectiva, y fundarla en las normas y hechos conducentes demostrados; e) la decisión se notifica por estrados; f) contra la decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, en este último caso si la resolución es de primera pero no si es de única instancia (ídem arts.] - [Palabras claves automatizadas: presunción, derecho, corte, proceso, policía, audiencia, si, hechos, puede, norma]; Art. 223 Par. 1º. : CONDICIONALMENTE exequible

La inconstitucionalidad del artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, mediante la Sentencia C-223 de 2017, por la vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio, acarrea de forma necesaria la inconstitucionalidad de la expresión "ingreso a inmueble con orden escrita", prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia". Estarse a lo resuelto sobre los demás artículos estudiados (149, 155, 162 y 163) - [Resumen automatizado: 2. En lo relativo al ingreso a inmueble sin orden judicial, la interviniente señala que el contenido material de las causales para su procedencia estaba ya contenido en las homólogas causales previstas en el artículo 83 del Decreto Ley 1335 de 1979, cuya constitucional fue analizada en la Sentencia C-176 de 2008, por los mismos cargos que se proponen en esta oportunidad, de manera que, en su opinión, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. || Así mismo, sostiene que los argumentos de la demanda confunden el sentido y finalidad de medidas propias de las actividades de policía, como el ingreso a inmueble sin orden escrita, no para privar de la libertad sino por razones de protección a bienes o personas en virtud del principio de solidaridad social, con diligencias que se desarrollan en el marco del proceso penal, como los allanamientos realizados en busca de elementos materiales probatorios y con fines incriminatorios, todo lo cual hace que los cargos carezcan de especificidad, pertinencia y suficiencia.] - [Palabras claves automatizadas: corte, inmueble, juzgada, ley, orden, escrita, ingreso, policía, cosa, constitucional]

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 de 2017, que declaró INEXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" - [Resumen automatizado: Antes de refutar las acusaciones de la accionante (i) resalta que el nuevo Código de Policía pretende la armonización de este tipo de regulación con el ordenamiento constitucional[10], en un marco de prevención frente a aquellos comportamientos contrarios a la convivencia en el espacio público, o en el privado que trasciende al primero[11]; (ii) indica que la disposición demandada debe inscribirse en un marco más general tendiente a lograr una protección integral a los habitantes de calle, cuyos postulados básicos tienen origen en la Ley 1641 de 2013[12]; en esos términos, tal como lo ha hecho en otras oportunidades la Corte, solicita que se adelante una integración normativa que permita encontrar un entendimiento adecuado y sistemático del parágrafo 3º del artículo 41 demandado. || En esta oportunidad, la Sala Plena encuentra acreditada la configuración de cosa juzgada formal y absoluta en razón a que el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" fue declarado inexequible dentro del trámite constitucional radicado D-11670, MP Aquiles Arrieta Gómez, C-281 de 2017.] - [Palabras claves automatizadas: traslado, policía, corte, juzgada, cosa, constitucional, ley, sentencia, norma, parágrafo, nacional, objeto, habitantes, protección, disposición]

INEXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", que al consagrar una excepción a la posibilidad del infractor, propietario, tenedor o poseedor de imputar responsabilidad patrimonial por acción u omisión al Estado o a sus agentes, derivada de la inhabilitación total de los bienes empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen, permanezcan, operen en áreas protegidas y de especial importancia ecológica, quebranta el artículo 90 de la Constitución, pues con ella el Legislador limita la cláusula general de responsabilidad y los derechos ciudadanos derivados de ella -a la eventual reparación, a la igualdad de cargas, al respeto a la propiedad y al acceso a la administración de justicia\ Elementos para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado - Concepto de daño antijurídico - Que le sea imputable al Estado (imputabilidad) - Producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad)\ Límites a la libertad de configuración legislativa frente a la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 Superior - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Aquiles Arrieta Gómez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván Humberto Escrucería Mayolo y José Antonio Cepeda Amarís, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Por el contrario, en desarrollo del principio del efecto útil del derecho, esta Corte debe determinar que el alcance y contenido del inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016, es el previsto por la interpretación restrictiva, que estipula un efecto jurídico diferenciado del régimen de responsabilidad actualmente aplicado, al establecer una excepción a la posibilidad del propietario, tenedor o poseedor de imputar cualquier responsabilidad patrimonial cuando, por acción u omisión al Estado o a sus agentes, se produzca un daño antijurídico derivado del uso de la facultad de inutilizar bienes consagrada en el artículo 191 del Código de Policía.] - [Palabras claves automatizadas: responsabilidad, daño, corte, patrimonial, inciso, estado, bienes, constitución, norma, constitucional, daños]

La decisión del legislador de consagrar el "efecto devolutivo", como modo en el que se concede el recurso de apelación (CNPC, art. 222, parágrafo 1), cuando se impone la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, en desarrollo del proceso verbal inmediato de policía, no vulnera el derecho al debido proceso, en lo referente a la garantía a impugnar el fallo condenatorio dispuesta en el artículo 29 del Texto Superior\ Del proceso verbal inmediato de policía, autoridades competentes para adelantarlo, trámite y otros aspectos relevantes de procedimiento\ Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 222, Par. 1o. (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Siguiendo esta argumentación, se concluye que el efecto devolutivo para que el inspector de policía se pronuncie sobre la apelación de la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, no es contraria al debido proceso y, en concreto, al derecho a impugnar la sentencia condenatoria, por las siguientes razones: (i) porque no se trata de una respuesta novedosa del derecho de policía, pues dicho efecto viene siendo aplicado en la ciudad de Bogotá, desde la expedición del Acuerdo Distrital 079 de 2003[20], el cual fue avalado en sede de tutela por la Corte Suprema de Justicia[21]; (ii) porque el carácter autónomo del derecho de policía permite diferenciar su regulación frente a lo que ocurre en el ámbito penal, en el que el recurso de apelación procede en el efecto suspensivo, en aras de proteger la libertad personal; circunstancia distinta a lo que se presenta con el CNPC, en donde la necesidad de rescatar valores como el respeto y la convivencia mutua hacen necesario que la medida opere plenamente, sin perjuicio de su revisión por el superior jerárquico; (iii) porque los comportamientos que dan lugar a la medida correctiva de suspensión temporal de actividad demandan una acción policiva inmediata, dentro del carácter preventivo que tienen las normas de policía; (iv) porque el recurso de apelación patentiza sólo una parte del debido proceso, para lo cual debe agotarse previamente un conjunto de pasos que excluyen la posibilidad de que exista un actuar arbitrario, incluyendo la etapa de la medicación policial; y (v) finalmente, porque el legislador actuó dentro del marco de la potestad de configuración normativa que le permite delinear el alcance de la doble instancia, siempre que, como ocurre en el caso bajo examen, lo haga en términos de razonabilidad y proporcionalidad.] - [Palabras claves automatizadas: medida, policía, recurso, proceso, efecto, actividad, apelación, corte, temporal, económica, derecho, convivencia, medidas]; Art. 222, Par. 1o. (parcial) : Exequible

Sobre la demanda a varios artículos de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", la Corte declaró INEXEQUIBLES el parágrafo 3º del artículo 41 y el parágrafo 1º del artículo 155; CONDICIONÓ la exequibilidad del Par. 3º del Art. 39, del inciso 4º. del Art. 53, del inciso 4º. del Art. 56, y apartes del Art. 155; y declaró exequibles apartes de los arts. 53, 55, 103, 149, 155 y 205 - [Resumen automatizado: 4. A cerca de la expresión "con 48 horas de anticipación" contenida en el inciso tercero del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, se declaró su exequibilidad y se argumentó que ha sido admitido por la corte la existencia de un aviso previo con el objetivo de "informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias", este requisito de las 48 horas debe ser evaluado exclusivamente frente a este propósito, además la restricción se encuentra establecida de manera inequívoca en la ley y no da lugar a dificultades interpretativas, no es discriminatoria, pues no busca afectar a un grupo determinado, sino que se aplica de manera igualitaria a todos los posibles manifestantes, los cuales deben informar a las autoridades en un término no mayor a 48 horas, que la reunión se va a llevar a cabo y finalmente, la medida supera un juicio intermedio de razonabilidad, (i) El fin perseguido no solo es legítimo sino constitucionalmente importante, pues lo que las autoridades buscan con la antelación de 48 horas es realizar una debida planificación para facilitar y proteger de forma prioritaria el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.] - [Palabras claves automatizadas: protección, ley, traslado, policía, reunión, persona, parágrafo, medida, norma, derechos, nacional, autoridad, derecho, convivencia, atención]

En relación con la carga de la prueba en materia ambiental y de salud pública, la Corte determinó que la presunción de dolo y culpa que se analiza, que resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Esto quiere decir que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad, sin embargo con relación, a la expresión "a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente", la Corporación dispuso declarar su inexequibilidad toda vez que al disponer que al investigado le corresponderá demostrar que el hecho no existió o no le es imputable fácticamente, establece en él toda la carga probatoria sobre la ausencia de responsabilidad, es decir, estableció una presunción de responsabilidad contraria al artículo 29 de la Constitución, al relevar a la autoridad administrativa de la carga de la prueba de la realización del comportamiento y de su imputabilidad fáctica. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 220 : parcialmente INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional en el presente caso es el siguiente: ¿Desconoce la presunción de inocencia, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, la presunción de dolo y culpa que, en los procesos únicos de policía por afectaciones al ambiente, al patrimonio ecológico y a la salud pública, introduce la Ley 1801 de 2016 y al determinar que, en estos casos, le corresponderá al infractor demostrar que no está incurso en el comportamiento endilgado? || Para responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la constitucionalidad de la norma demandada, la Corte pone de relieve, de acuerdo con la jurisprudencia en la materia: (i) el carácter no absoluto del derecho a la presunción de inocencia, lo que ha permitido, bajo ciertas condiciones, la aceptación de (ii) presunciones de dolo y culpa, como formas constitucionales de responsabilidad subjetiva. || Para la Sala, al tratarse de una norma que no incluye una presunción de responsabilidad, construida a partir de la lógica y la experiencia, razonable y proporcionada a los beneficios que pretende, el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 es declarado exequible, salvo la expresión “a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente” que, como quedó explicado (Supra numeral 34), es expulsada del ordenamiento jurídico por contrariar el artículo 29 de la Constitución Política, al relevar a la autoridad administrativa de la carga de la prueba de la realización del comportamiento y de su imputabilidad fáctica.] - [Palabras claves automatizadas: presunción, corte, dolo, culpa, prueba, sentencia, norma, ambiente, constitucional, responsabilidad, inocencia, medio, pública, ley]; Art. 220 : parcialmente INEXEQUIBLE

Por violación a la reserva de ley estatutaria la Corte declara INEXEQUIBLE la regulación del derecho de la reunión y manifestación pública pacífica contenida en los artículosl 47 a 75, contenidos en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia". Otorga un plazo al Congreso de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales, expida la normatividad respectiva, no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019 \ Así mismo declaró INEXEQUIBLE el artículo 162 que faculta a los alcaldes para dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios y de sitios abiertos al público por autoridades de policía, encontrando que los supuestos en los que la habilitación resultaba aplicables eran muy generales y que no satisfacían los criterios de excepcionalidad, siendo por lo mismo violatorias del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio contenida en el artículo 28 de la Constitución y de la reserva judicial allí dispuesta. S. V - [Resumen automatizado: Ello quiere decir que el Legislador colombiano debe, como mínimo, establecer pautas que: (i) permitan un dialogo entre los organizadores de la marcha y la autoridad, (ii) que tal dialogo construya una planificación de la protesta y evite el choque de intereses, (iii) que al existir un choque, exista una gestión negociada del conflicto que se resuelva con favorabilidad al derecho de reunión, (iv) una vez se supere la planeación y se pase a materializar la marcha, será deber de la autoridad mantener altos niveles de tolerancia social hacia la expresión de las ideas difundidas en la marcha, (v) que dentro del proceso de comunicación entre la autoridad y los organizadores se dejen reglas claras sobre que comportamientos son tolerables y cuales están prohibidos legislativamente, sin que ello consista en instrucciones o pautas institucionales para realizar la manifestación, (vi) si se incumplen tales límites, la autoridad debe recurrir como última ratio a las detenciones preventivas, se prohíben las detenciones fundadas en el derecho legítimo que tienen las personas a la desobediencia civil, más sí son constitucionales aquellas detenciones fundadas en razonamientos preventivos para la comisión de delitos; (vii) igualmente, está facultada la policía para usar, como último recurso la fuerza no letal, solo si existe un agotamiento previo de las etapas de dialogo y comunicación, pudiendo ser selectiva la policía con aquellos manifestantes que promuevan actos contrarios a lo permitido por el legislador, (ix) es permitida la vigilancia selectiva peligrosista- de participantes en las marchas, solo si el estado tiene motivos constitucional y legalmente fundados desvirtuando la presunción de inocencia- para intervenir a aquellos que este considere "potencialmente disruptivos" o peligrosos.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, derechos, ley, reunión, reserva, sentencia, domicilio, corte, constitución, constitucional, artículos, libertad]

La autorización prevista en los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 a la Policía Nacional para penetrar en los domicilios, sin mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad, no vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo si se constató la ausencia de una norma de rango legal que determine la jurisdicción competente para realizar el control posterior al ingreso a un inmueble sin orden escrita previa a solicitud de la persona interesada (control rogado), los términos y condiciones para solicitarlo y llevarlo a cabo, el procedimiento que deberá cumplir el juez y los poderes de los que dispondrá, se exhortó al Congreso de la República para que, en el término de dos legislaturas, adopte la ley que regulará todos los aspectos relativos al control judicial posterior de los accesos a inmuebles, por parte de autoridades administrativas, sin orden judicial previa, pero se previno que, en el caso de que no se expida la correspondiente ley, dicho control podrá ser solicitado, al cumplimiento del plazo anterior, ante los jueces de control de garantías, únicas autoridades judiciales que en la actualidad realizan mutatis mutandi, un control posterior del acceso al domicilio sin orden judicial previa. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 163 (parcial) : Exequible. Par. 1º. : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Las ciudadanas Sandra Milena Serrano Cuarte y Yamile Albarracín Gallo, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, por considerar que al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí consagradas, se desconocerían los artículos 28 de la Constitución Política, relativo al a reserva judicial en la materia; el artículo 32 de la Constitución, el que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate de capturar a una persona en estado de flagrancia; y el artículo 250 de la Constitución, que exige de la Fiscalía, el cumplimiento de deberes previos, y en algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías, para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los registros y los allanamientos.] - [Palabras claves automatizadas: domicilio, judicial, control, derecho, corte, orden, juez, constitucional, inviolabilidad, sentencia, constitucionalidad, derechos, policía]; Art. 163 (parcial) : Exequible. Par. 1º. : CONDICIONALMENTE exequible

Son constitucionales las sanciones por ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, sin embargo para la Corte cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo\ Armonización entre derecho al espacio público y derecho al trabajo de los vendedores informales\ Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 140 Num. 4 y Pars. 2 (parcial) y 3 : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: En esta oportunidad la Corte debe determinar si el numeral 4 y los parágrafos 2 (numeral 4) y 3 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia que establecen la prohibición de ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes y prevén sanciones pecuniarias para quien incurra en las conductas tipificadas, como también el decomiso o la destrucción de los bienes cuando se verifique que el comportamiento ha ocurrido en dos o más ocasiones; desconocen los derechos constitucionales, así como la jurisprudencia constitucional existente sobre los vendedores informales al exponerse como una medida catalogada por el accionante como desproporcionada que, además, no incluye acciones afirmativas para este sector de la población, infringiendo los principios del Estado social de derecho, la dignidad humana, la efectividad de los derechos, la participación y el orden justo, la protección especial de los sujetos vulnerables, el trabajo, el debido proceso, la confianza legítima y ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (arts.] - [Palabras claves automatizadas: público, espacio, informales, derecho, medidas, derechos, trabajo, corte, policía, principio, constitucional, personas, autoridades]; Art. 140 Num. 4 y Pars. 2 (parcial) y 3 : CONDICIONALMENTE exequibles