El Consejo de Estado determinó que el municipio de La Celia también debe cumplir las órdenes judiciales que se le impusieron a Risaralda, al Ministerio de Justicia y a las autoridades carcelarias para poner fin al hacinamiento que se vive en las penitenciarías de este departamento. La demanda la interpuso la Defensoría Regional de Risaralda, con el fin de que el juez popular ordenara medidas de su competencia para construir un centro de reclusión para personas cobijadas con medida de aseguramiento preventivo, ya que la población no cuenta con uno. El Consejo de Estado no determinó que fuera estrictamente necesaria la construcción de una penitenciaría en esta población, le ordenó al municipio contribuir al cumplimiento del fallo ya reseñado, que obliga al departamento y a las autoridades carcelarias tomar medidas contra el hacinamiento carcelario. Así las cosas, ante la evidencia sobre el alto porcentaje de personas detenidas preventivamente en las cárceles de Pereira y Santa Rosa de Cabal con respecto a los condenados, que La Celia no cuenta con un penal para cumplir medidas de detención preventiva y que no se acreditó gestión del municipio al respecto, la alta corte concluyó que el ente territorial sí está desconociendo los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

Por decisión del Consejo de Estado, el municipio de Belén de Umbría debe ser incluido en la lista de entidades responsables de la superación de los problemas de hacinamiento en el reclusorio de mujeres de Pereira, 'Cárcel la Badea'. Se determinó que ese ente territorial también es responsable de la violación de los derechos colectivos en ese establecimiento carcelario. La decisión obedece a una nueva acción popular que interpuso el defensor del Pueblo Regional de Risaralda, debido a la falta de un establecimiento de reclusión para las personas sometidas a detención preventiva en Belén de Umbría. Sostuvo que, al no contar con una cárcel de esa naturaleza en el municipio, se estaba contribuyendo al hacinamiento que se vive en los tres penales del departamento. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal y ordenó proteger los derechos colectivos invocados. Aclaró que, a pesar de la falta de una cárcel para detenidos preventivamente en Belén de Umbría, en cumplimiento de los deberes legales del municipio para con esta población carcelaria, se tiene contratado el servicio con el Inpec para que las reclusas detenidas preventivamente sean remitidas a las cárceles de Anserma (Caldas) y 'La Badea' de Pereira

Reglamentación de visitas a centros carcelarios debe respetar el concepto y las formas de unidad familiar reconocidas por la jurisprudencia constitucional. [L]a jurisprudencia nacional [C. Constitucional, T-014 de 2016] ha venido desarrollando una categoría de sujetos denominada "los hijos de crianza" desde un sentido más amplio de comprensión acerca del concepto de familia. Según tal postura, la familia, como unidad fundamental de la sociedad, no puede reducirse a un vínculo sanguíneo o civil… [E]sta Sala modulará los efectos de esta providencia, en el sentido de que las facultades discrecionales que el legislador otorga a los Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios para disponer las medidas necesarias en la salvaguarda en integridad de los reclusos a su cargo deberán ceder ante el interés los menores de edad que ostenten la calidad de hijos de los reclusos o guarden relación familiar estrecha con éste. Lo anterior, cuando de visitas familiares se trate; ello en concordancia con el concepto y formas de unidad familiar reconocidas por la Honorable Corte Constitucional. Para el efecto, se ordena al INPEC en virtud de los establecido en el Reglamento de Régimen Interno, y a los procedimientos para el ingreso a los Establecimientos de visitantes de internos menores de edad, abstenerse de dictar medidas que limiten la relación familiar de los internos con sus hijos [cualquiera que fuere su forma de vinculación] y todos aquellos menores que mantengan con el recluso una relación familiar que deba ser salvaguardada por ser de aquellas necesarias para el respeto de la unidad familiar y la resocialización como fin último de la pena privativa de la libertad

La forma de comunicación de los internos en los establecimientos carcelarios se hace a través de medios y equipos especiales con los cuales se busca garantizar la seguridad y la prevención de delitos al interior de los respectivos establecimientos. Con este propósito, el INPEC puede suscribir contratos que tengan por objeto la prestación del servicio de telefonía en los cuales se contemple la implementación de redes, programas, software y aparatos que cumplan con las condiciones especiales para garantizar la seguridad al interior del respectivo establecimiento, por lo que las llamadas podrán ser controladas, monitoreadas e inclusive bloqueadas por las autoridades carcelarias con el fin de garantizar la seguridad. Se infiere que el servicio de telefonía al interior de las cárceles es un servicio especial que se presta de acuerdo con las circunstancias particulares de los reclusos. Es por ello que las comunicaciones tanto verbales como escritas están sujetas a limitaciones y controles encaminados a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones del orden

¿Puede establecerse al interior de un establecimiento carcelario la participación de los reclusos dentro de Consejo de Disciplina pero sin que tengan la posibilidad de votar sobre las decisiones que los afecten? No, concluye la Sala que el aparte del artículo 15 demandado, que otorgó una participación a los reclusos dentro del Consejo de Disciplina, con la posibilidad exclusiva de manifestar sus opiniones y la salvedad de que no tendrían derecho a voto, contraría el espíritu normativo contenido en el artículo 118 de la Ley 65 de 1993, pues de su texto no se colige que el Legislador quisiera imponer restricción alguna en este aspecto. Además, se opone a la finalidad pretendida en los artículos 1º y 40 de la Constitución Política, pues, conforme lo expresó la Agencia del Ministerio Público, la participación en la toma de decisiones constituye un elemento determinante en el derecho de participar, frente a los aspectos que puedan afectar a un determinado grupo social, como en este caso lo es la población reclusa. Por tal motivo, la Sala declarará la nulidad de la expresión "quien participará con voz pero sin voto" contenida en el artículo 15 de la Resolución núm. 2047 de 27 de diciembre de 2004, expedida por la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita