El Estado debe garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, como elemento integral del tratamiento penitenciario dirigido a la resocialización. "[L]a Sala no desconoce que, en el momento más álgido de la pandemia, con picos de contagio y muertes por COVID-19, se le aseguró al actor el medio para proteger su derecho a la educación y preservar su vida e integridad personal, en tanto se le entregó un equipo portátil. Sin embargo, superada dicha fase, el penal interrumpió injustificadamente esta garantía sin que adoptara medidas sustitutivas o complementarias para asegurar que el accionante contase con el medio tecnológico necesario para culminar su proyecto de grado. Asimismo, se omitió el deber de prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de las medidas de emergencia y contención para afrontar la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo como el de la población privada de la libertad. […] Al restringirle al accionante la disponibilidad de los medios que requiere para cumplir con sus deberes educativos, las autoridades penitenciarias desatienden la razón de ser por la cual fueron instituidas: incentivar y dotar a las personas privadas de la libertad de las herramientas necesarias para reemprender un proyecto de vida digna […]. Esta labor […] tiene fundamento en la resocialización sustentada en la dignidad humana de la persona privada de la libertad y además en el deber legal de los establecimientos penitenciarios (artículo 10 de la Ley 65 de 1993) de contribuir con ese objetivo […] El retiro del portátil sin adoptar medidas sustitutivas […] constituye una infracción del derecho del accionante a contar con la oportunidad y disposición permanente de medios que le permitan realizar actividades educativas. Podría aducirse que un período de tres meses de interrupción no es significativo y no constituye un desconocimiento de la disposición permanente a cargo del establecimiento penitenciario, pues no es una restricción irrazonable del derecho a la educación del accionante. La Sala no comparte esta consideración. Por el contrario, […] dicho plazo representó una restricción considerable del proceso formativo que adelanta. Cabe recordar que el accionante se encuentra al final de su programa universitario a distancia y el único requisito faltante para obtener el título es culminar su trabajo de grado." - [Resumen automatizado: El 22 de octubre de 2021, la Magistrada Sustanciadora profirió auto de pruebas en el que indagó al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón acerca de: (i) la regulación general y del reglamento de régimen interno del establecimiento carcelario en materia de educación de las personas privadas de la libertad; (ii) el programa de resocialización y reintegración social adoptado así como las actividades, programas y proyectos a través de los cuales se ha implementado en el mencionado establecimiento carcelario, y (iii) las modificaciones que la garantía de este derecho tuvo en el marco de la pandemia de COVID-19. || ¿El INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón vulneraron los derechos fundamentales del accionante a la educación y a la resocialización de las personas privadas de la libertad al imponer barreras a su proceso educativo, a juicio del actor, representadas en la interrupción entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 del acceso a un equipo de cómputo y, posteriormente, al restringirle el acceso a internet, necesario para adelantar su trabajo de grado para obtener un título profesional?] - [Palabras claves automatizadas: educación, resocialización, libertad, derechos, actividades, acceso, trabajo, grado, establecimiento, personas, tutela, derecho, penitenciario]

De los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud de la población privada de la libertad. Las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la guardia y vigilancia del Estado, automáticamente se imponen a este último responsabilidades relacionadas con la seguridad dentro de las cárceles, así como obligaciones relativas a las condiciones materiales de existencia y de reclusión. Aunado a la protección a la vida y la dignidad humana, otra de las obligaciones que tiene el Estado con miras a garantizar las condiciones mínimas de existencia de las personas privadas de la libertad, es asegurar el disfrute de su derecho a la salud. Sobre el particular, la Corte ha considerado que el citado derecho es un elemento esencial para preservar otras garantías fundamentales, como ocurre con la integridad personal, de ahí que su amparo se convierta en un deber positivo de acción de las autoridades penitenciarias frente a las personas condenadas o sindicadas por un delito, en virtud de la relación de especial sujeción que existe entre ambas. Por último, en el ámbito de la satisfacción del derecho a la salud, en la Sentencia T-762 de 2015, se dispuso que la protección que se debe brindar por el Estado tiene que ser permanente y que la misma debe implicar la actuación coordinada de la secretaría de salud (municipal o departamental) del ente territorial con el establecimiento penitenciario. No observa la Sala un problema jurídico particular diferente a los ya contemplados por esta Corporación en la precitada Sentencia T-762 de 2015, en la que se profirió un fallo de naturaleza estructural y se adoptaron diferentes órdenes tendientes a la superación de la situación de hecho vivida en las cárceles del país - [Resumen automatizado: Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y antes de proceder con el examen del asunto sub-judice, este Tribunal se detendrá en el estudio de los siguientes asuntos: (i) el deber de protección de las autoridades penitenciarias respecto de los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud de las personas privadas de la libertad; y (ii) el Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria, en la medida en que, como se expuso con anterioridad, es necesario analizar si cabe la adopción de medidas de amparo, toda vez que la Corte, en la Sentencia T-762 de 2015[37], abordó el análisis de asuntos similares a los planteados en esta ocasión e impartió órdenes generales para remediar los problemas estructurales en los establecimientos carcelarios del país, y órdenes particulares para salvaguardar los derechos fundamentales de reclusos de 16 establecimientos penitenciarios y carcelarios, entre los que fue incluido el COPED Pedregal.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, tutela, salud, acción, personas, libertad, medidas, condiciones, órdenes, reclusión, corte, inpec, establecimientos, internos, debe]

¿Un Establecimiento Penitenciario vulneró los derechos fundamentales de los accionantes debido a que dicho centro carcelario: (i) no prestaba de forma oportuna el servicio de salud para tratar sus patologías; (ii) no garantizó su derecho a la libertad de expresión, en la medida en que fueron objeto de actos de discriminación y violencia por parte del personal de custodia, y de los demás internos por su condición sexual de mujeres transgénero; y (iii) afectó la unidad con sus núcleos familiares radicados en Bogotá al no trasladarlos? Aunque se determina una carencia actual de objeto por hecho superado la Corte señala que el Decreto 4151 de 2011, establece como un deber general a cargo del INPEC, el establecer directrices para la atención de la población privada de la libertad perteneciente a grupos minoritarios, por presentar condiciones de riesgo y exclusión social; y el referido Decreto, junto con la Resolución No. 006949 de 2016, establecen obligaciones a cargo de los centros de reclusión , tales como, propender por (i) la no discriminación de los internos por motivos de género u orientación sexual; (ii) la concertación de espacios especiales de protección para la población LGTBI; (iii) la prohibición de considerar como conductas sancionables los actos propios de la expresión de su identidad sexual; y (iv) poner en conocimiento del área de atención al ciudadano, o del director del establecimiento, así como de la Procuraduría o la Fiscalía, según corresponda, cualquier queja, reclamo o denuncia, que se haga por actos de discriminación motivo de la orientación o identidad sexual. De igual forma, esta Corte también ha entendido que aquellos casos en los que personas pertenecientes a la comunidad LGTBI acuden ante el juez constitucional para obtener el amparo de sus garantías fundamentales, cuando estas han sido transgredidas al interior de un centro penitenciario, gozan de una significativa importancia de constitucionalidad, por la doble connotación de vulnerabilidad en que se encuentran estos sujetos respecto de la mayoría de la sociedad, al encontrarse presos y hacer parte de un colectivo históricamente discriminado - [Resumen automatizado: El día veintinueve (29) de noviembre de 2017, los señores Maiker David Constante Orozco y Javier Enrique Pabón Pérez interpusieron acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario Colonia Agrícola de Acacías Meta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libre expresión y a la salud, así como la protección al principio de dignidad humana que consideran les fue vulnerado por las entidades accionadas. || Mediante oficios No. 130-CAMIS-A JUR-TUT-7422, de fecha veintiséis (26) de junio de 2018[41], suscrito por el Director (e) de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, y oficio No. 2018EE0052734 del doce (12) de julio de 2018[42], suscrito por la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC, se informó a esta Sala que el señor Javier Enrique Pabón Pérez se encuentra en libertad por pena cumplida desde el veinticuatro (24) de mayo de 2018, y que el señor Maiker David Constante Orozco fue trasladado al Complejo Metropolitano de Bogotá Cárcel La Picota, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 900155 del veintitrés (23) de enero de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: acción, penitenciario, ver, cuaderno, inpec, tutela, derechos, traslado, fecha, bogotá, accionantes, libertad, carcelario]

¿Las autoridades accionadas vulneran los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad en un establecimiento de reclusión porque estas no tienen baterías sanitarias en sus celdas, viven en hacinamiento, ausencia de espacios para mujeres enfermas y, más aún, en estado de embarazo, lactancia, o con niños pequeños a cargo, y acceso inconstante al suministro de agua potable? Derechos fundamentales de mujeres privadas de la libertad en establecimientos carcelarios. La Sala de Revisión analizó la responsabilidad que le cabe a cada entidad del Estado en la vulneración de derechos fundamentales sufrida por las internas del EPMSC de Buga, en el marco de sus respectivas competencias legales. Constató, además de que el marco fáctico denunciado implica la violación de aquellos derechos, que en este caso las instituciones penitenciarias y carcelarias han omitido el cumplimiento cabal de sus deberes y han actuado de manera desarticulada. A esto se suma un déficit diagnóstico y de información sobre la situación de dicho Pabellón de Mujeres, a pesar del esfuerzo probatorio realizado por la Sala. Se evidencia que la política pública en materia penitenciaria y carcelaria, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, exige una incorporación razonable de la perspectiva de género, y ello es especialmente importante en materia de infraestructura y servicios públicos - [Resumen automatizado: i) Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- "no recibir más personal femenino que se pretenda recluir en el Penal de Mediana Seguridad de Guadalajara de Buga", hasta tanto la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, el mismo INPEC y el Ministerio de Justicia "realice (sic) las gestiones pertinentes para adoptar medidas idóneas que garanticen que se cumplan (sic) con la protección de los derechos fundamentales y a la dignidad humana de las mujeres reclusas, en el sentido de (sic), adecuar el pabellón de mujeres del penal hasta el punto en que solo se alojen dos (2) mujeres por cada celda y que cuenten con un baño por celda". || El caso que le corresponde resolver a la Sala tiene una particularidad, que consiste en que la acción de tutela no ha sido interpuesta por las internas cuyos derechos fundamentales estarían siendo vulnerados, sino por representantes del Ministerio Público, esto es, dos Procuradores Judiciales Penales con sede en Buga, que han sido designados por el Procurador General de la Nación para que, en el marco de sus competencias legales, actúen ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de dicho municipio, por medio de una Agencia Especial.] - [Palabras claves automatizadas: mujeres, derechos, buga, corte, fundamentales, tutela, carcelario, materia, reclusión, necesidades, sala, infraestructura, penitenciario, acción]

Derechos de la población privada de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Túquerres, La Unión, Ipiales, Tumaco y Pasto, debido a las condiciones de reclusión a las que se encuentran sometidas. La Corte ordena medidas frente a los siguientes temas: a) A largo plazo: hacinamiento, actividades tendientes a la resocialización o redención de la pena, no distinción de las personas condenadas respecto de las sindicadas; b) mediano plazo: servicios públicos de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y garantía del derecho al agua, acceso al servicio de telecomunicaciones, garantía del derecho a la visita íntima; c) Medidas urgentes: infraestructura y de dotación mínima para el descanso, salud y agua potable - [Resumen automatizado: Por lo anterior, y como parte del plan de atención prioritaria, se ordenará al INPEC, a la USPEC, y a los Directores de cada uno de los centros de reclusión objeto de este fallo que, en el término máximo de dos (2) meses, si ello todavía resulta necesario, inicien las gestiones administrativas y presupuestales necesarias, en el ámbito de sus competencias, para asegurar la prestación en condiciones de eficiencia, continuidad, calidad y regularidad de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Mediana Seguridad de Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión. || Quinto.- En caso de que el cumplimiento de las órdenes adoptadas en las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 sea todavía insuficiente y no garantice las condiciones mínimas de dignidad de las personas privadas de la libertad, asunto que se tendrá que determinar por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en un plazo máximo de tres (3) meses contado desde la realización de la visita o de la entrega del documento explicativo al que se refiere el numeral anterior, se deberá adoptar un plan de atención prioritaria, cuya principal responsabilidad en el ámbito de sus competencias recaerá en el INPEC, la USPEC, las Alcaldías y los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Mediana Seguridad de Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, con el fin de garantizar los derechos de los reclusos a unas condiciones de subsistencia dignas y humanas.] - [Palabras claves automatizadas: inpec, salud, derechos, libertad, penitenciario, medidas, ministerio, establecimientos, condiciones, reclusión, personas, servicios, órdenes, prestación]

¿Vulneran las autoridades penitenciarias los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud de personas privadas de la libertad al no garantizarle el acceso al agua en forma permanente y suficiente para hidratarse y suplir otras necesidades primarias, y al no dotar el penal con suficientes servicios hidrosanitarios? Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Suministro de agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una obligación. Para la Sala, las autoridades accionadas desconocieron derechos fundamentales no sólo al establecer horarios para el suministro de agua sin que ello resulte suficiente para satisfacer las necesidades de consumo y aseo diario, sino por no contar dentro del pabellón con los suficientes elementos hidrosanitarios - [Resumen automatizado: Con fundamento en la situación fáctica reseñada corresponde resolver el siguiente problema jurídico ¿vulneran las autoridades penitenciarias (Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-) los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud de personas privadas de la libertad al no garantizarle el acceso al agua en forma permanente y suficiente para hidratarse y suplir otras necesidades primarias, y al no dotar el penal con suficientes servicios hidrosanitarios? || El caso objeto de estudio plantea un debate que reviste especial relevancia constitucional, en tanto involucra el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad respecto de las cuales, la Constitución Política consagra una protección especial que en hechos concretos se traduce en un tratamiento reforzado dada su condición de especial sujeción e indefensión frente al Estado que debe garantizarse a través de la acción de tutela frente a lo cual este procederá como mecanismo definitivo al perfilarse como el idóneo para dar solución a los derechos fundamentales de los reclusos.] - [Palabras claves automatizadas: agua, derechos, condiciones, derecho, personas, suministro, protección, sentencia, acción, fundamentales, debe, internos, tutela, libertad, dignidad, necesidades]

¿El Instituto Carcelario y Penitenciario (INPEC) vulneró el derecho fundamental de una menor de edad y de sus hermanos a la unidad familiar, cuando ordenó el traslado de centro penitenciario de su progenitora, en una ciudad distante del sitio de residencia de su familia? es posible concluir que en algunos casos la unidad familiar puede sufrir una restricción cuando el interno es trasladado a un centro penitenciario alejado del lugar de residencia de sus familiares. No obstante, ante esas situaciones, las autoridades carcelarias deberán fundamentar su decisión en los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad para evitar desarticular la institución familiar. A su vez, deberán tener en cuenta si la familia está integrada por menores de edad cuyos derechos son prevalentes conforme al principio del interés superior de los niños y niñas. El INPEC tiene la facultad discrecional de decidir sobre los traslados de los internos. No obstante, dicha facultad no es absoluta dado que debe atender a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad para evitar desarticular la institución familiar. Al respecto, la Corte observa que la decisión de la mencionada entidad no estuvo debidamente justificada y no es compatible con los derechos fundamentales de los menores de edad - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, y el Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio, en segunda instancia, dentro de la acción de tutela promovida por Luis Carlos Jaramillo Murillo en representación de su hija menor de edad Mía de los Ángeles Jaramillo Jiménez contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). || 5. Por otra parte, el actor advierte que la vida e integridad de la señora Marbely Sofía corre peligro en la cárcel Picaleña de Ibagué, pues su ex compañero sentimental y padre de los menores de edad Smith Alejandro Parra Jiménez y Dulce Sofía Parra Jiménez, se encuentra recluido en ese centro penitenciario y es una persona de “alta peligrosidad”, quien en repetidas ocasiones ha amenazado su núcleo familiar, tanto así que en el año 2015 el Fiscal de turno de la Unidad de Reacción inmediata de Villavicencio solicitó al Comandante de la Policía de dicha ciudad, la adopción de una medida de protección, a fin de evitar afectaciones en la vida e integridad del accionante y su familia[6].] - [Palabras claves automatizadas: familiar, tutela, edad, menores, derechos, acción, traslado, unidad, derecho, villavicencio, familia, corte, cárcel]

¿El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí vulneró el derecho a la dignidad humana y la no discriminación de las visitantes al negar en el ingreso al centro de reclusión de unas mujeres con sus extensiones de cabello? Si bien es cierto que las acciones desplegadas por el establecimiento carcelario contribuyen con la seguridad del penal, frente a las visitas, existe la posibilidad probada de implementar nuevos métodos no invasivos que eliminen de plano las barreras impuestas a quienes pretendan ingresar con elementos inherentes a su personalidad a las cárceles y distintos establecimientos de seguridad del Estado. Considera esta Sala, que tanto el INPEC como el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, producto de su experiencia, pudieron adoptar otro tipo de medidas con el fin de garantizar la seguridad del penal, sin la necesidad de vulnerar los derechos fundamentales tanto del recluso como de sus visitantes. Y a su vez reconoce la disposición por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario por adoptar medidas acordes con los preceptos constitucionales de nuestro ordenamiento - [Resumen automatizado: El 29 de febrero de 2016 el Juzgado 9.° Civil del Circuito de Oralidad de Cali admitió la acción de tutela y vinculó al Director General y al Director Regional General del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), así como a las señoras Yudy Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riascos y Elba Lucy Mesa Díaz, porque podrían tener incidencia en la vulneración de los derechos fundamentales pretendidos, igualmente se verían afectados con la decisión final que se tome en dicho asunto. || A partir del vínculo que nace entre el estado y las personas privadas de la libertad, definido por esta Corporación como de "especial relación de sujeción", se justifica la capacidad de limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los reclusos, todo esto sin desconocer criterios lógicos y provechosos, que conllevan al cumplimiento de una serie de lineamientos, tal y como quedó consignado en sentencia T-049 de 2016. || Por otra parte, como se había analizado en los antecedentes, si bien es cierto que la negativa al ingreso de las señoras Yudi Pilar Caicedo Cortés, Claudia Lizeth Torres Riscos y Elba Lucy Mesa Díaz con sus respectivas extensiones de cabello, se encontraba sustentada en los reglamentos generales e internos del instituto nacional penitenciario y el establecimiento carcelario, importa destacar la disposición del INPEC por estructuras normativas acordes con las disposiciones constitucionales actuales, esto reflejado en la expedición de la Resolución 004130 del 23 de agosto de 2016, más puntualmente con base en los artículos 50 y 51 que establecieron:] - [Palabras claves automatizadas: derechos, fundamentales, visitas, carcelario, penitenciario, ingreso, desarrollo, discriminación, derecho, personas, en, libertad, humana, seguridad, dignidad, corte, acción, condiciones, establecimiento]

¿Existe una afectación del derecho a la integridad cultural de los demandantes, ante la falta de un pabellón exclusivo en el EPAMSCASPY para comuneros condenados por la jurisdicción especial indígena? Los indígenas tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo cual no quiere decir que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo importante es que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que pertenecen. La Corte Constitucional ordenó al INPEC que identifique a nivel nacional a los individuos pertenecientes a comunidades indígenas que se encuentran recluidos en las cárceles del país cumpliendo penas impuestas por las autoridades indígenas, y que, suscriba convenios de cooperación con las autoridades de los resguardos en los cuales se encuentran censados estos individuos. En dichos convenios deben quedar definidas las obligaciones que les corresponden a las autoridades indígenas en relación con la resocialización étnicamente diferenciada de dichos individuos - [Resumen automatizado: En aquellos eventos en los cuales la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta por la jurisdicción especial indígena deba llevarse a cabo en un establecimiento carcelario del sistema ordinario, él mismo debe velar porque no se afecte la integridad cultural del individuo con la participación y el acompañamiento de las autoridades tradicionales, quienes tienen el deber constitucional de asumir una serie de obligaciones dirigidas a preservar la integridad cultural de sus comunidades, y de sus miembros, manteniendo y promoviendo sus propias costumbres, tradiciones y prácticas, incluso más allá de los límites de sus respectivos territorios. || 5. Vistos los anteriores problemas jurídicos planteados y para mantener un orden expositivo adecuado, la Corte hará referencia a los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza; (ii) la posición jurisprudencial existente en relación con el derecho de petición de las personas privadas de la libertad; (iii) la carencia actual de objeto por hecho superado; (iv) la jurisprudencia constitucional en torno a la reclusión étnica y culturalmente diferenciada para los indígenas condenados por la jurisdicción especial indígena que se encuentran privados de la libertad en cárceles del sistema nacional.] - [Palabras claves automatizadas: autoridades, indígenas, tutela, derecho, acción, reclusión, petición, pena, corte, especial, libertad, parte, indígena, respuesta, derechos]

¿El establecimiento carcelario La Modelo vulneró los derechos fundamentales del accionante así como al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, y de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, al omitir adoptar medidas con el fin de evitar que fuera discriminado por la población LGBTI y las autoridades de ese centro de reclusión? La Corte reconoce que una persona con orientación sexual diversa pertenece a un grupo históricamente discriminado y vulnerable, de los documentos aportados por el accionante y de la práctica de pruebas en sede de revisión, la Sala no observa que por parte de las autoridades penitenciarias de La Modelo se hubiesen presentado actos de discriminación en contra del accionante por su orientación sexual. Ahora bien, en lo que respecta a la posible discriminación por motivos de su identidad indígena, el propio demandante aclaró durante el trámite de revisión que no se sentía discriminado en La Modelo por dicha condición.tampoco encuentra probado esta Sala que por parte de la comunidad LGTBI de la cárcel La Modelo se presentaran actos de discriminación en contra del accionante. Claramente, lo que se aprecia como sucedido son problemas de convivencia entre ellos, originados en un asunto de venta de drogas. con respecto a la adopción de medidas por parte del centro carcelario con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ha de recordarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el Estado es quien tiene la obligación de impedir que otros reclusos (obligación de protección) así como el personal penitenciario (obligación de respeto) amenacen la vida del interno . Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos - [Resumen automatizado: Luego, mediante Auto del 15 de febrero de 2016 fue modificado el lugar de realización de la inspección judicial[25], debido a que la Organización Pares en Acción Reacción contra la Exclusión Social (PARCES ONG), informó a esta Corporación sobre el traslado del peticionario Raúl de la Cárcel La Modelo de Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de esa misma ciudad (en adelante se hará referencia a este último establecimiento como 'La Picota'). || 8. Mediante Auto del 16 de marzo de 2016[33], la Sala Quinta vinculó al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota), para que se (i) pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la presentación del amparo por parte del señor Raúl, (ii) remitiera un informe en el que especificara: a) el pabellón o patio en el que se encuentra recluido y, si éste alberga a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; ii) con cuántas personas comparte celda el accionante, y si éstas pertenecen a la comunidad LGBTI; y b) de manera general, para que indicara cuáles son las políticas de dicho establecimiento carcelario en materia de derechos de los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBTI y a la población indígena.] - [Palabras claves automatizadas: personas, tutela, acción, derechos, carcelario, bogotá, mediante, población, establecimiento, parte, corte, comunidad, fundamentales, general]

¿La reclusión de personas afectadas con medidas privativas de la libertad en los centros de detención transitoria de las Unidades de Reacción Inmediata y de las Estaciones de Policía, en número superior a la cantidad de cupos para los cuales están diseñados y por un periodo superior a treinta y seis (36) horas desconoce su derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes?Para la Sala, las entidades accionadas desconocieron el deber de respeto a la dignidad humana e infligieron una violación manifiesta del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas recluidas en las salas de retenidos y pasillos de las URI de Bogotá, en carpas ubicadas en parques, remolques y automotores parqueados cerca a éstas. Lo anterior, por cuanto fueron confinados a lugares carentes de todos los elementos mínimos que deben existir para garantizar una reclusión en condiciones dignas y porque los mismos no cumplen con garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente, por la reclusión indiscriminada de hombres y mujeres, condenados y procesados compartiendo pequeños espacios no aptos para ser utilizados como establecimientos de reclusión. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la población privada transitoriamente de la libertad en los centros de detención de la URI y Estaciones de Policía de Bogotá - [Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 15 de Julio de 2015 y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 26 de Agosto de 2015, dentro de la acción de tutela interpuesta por José Manuel Díaz Soto, Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, contra la Policía Metropolitana de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC- ; la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, CAPRECOM EICE, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las Unidades de Reacción Inmediata de Engativá y de Kennedy. || El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en sentencia del 15 de julio de 2015[1] concedió la tutela de los derechos fundamentales a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, al reconocimiento de la dignidad humana, a la salud y a la alimentación adecuada, solicitada por el Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo a favor de Johan Reyes Pinto, Jairo Orrego Vélez y Edinson Espinosa Monroy, detenidos en la URI de Engativá, y Misael Cantor, Stiven Rentería Ababidía, Karol Vanessa Quintero Vargas, y José Ferney Medina, internos en la URI de Kennedy, y demás personas recluidas en las Unidades de Reacción Inmediata URI y Estaciones de Policía de Bogotá.] - [Palabras claves automatizadas: personas, bogotá, inpec, libertad, salud, policía, condiciones, detención, establecimientos, reclusión, derechos]

¿Vulnera el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de una persona privada de la libertad, la decisión de un establecimiento penitenciario y carcelario de prohibir la entrada de un televisor y un ventilador a cada una de las celdas de los reclusos, con fundamento en que dichos electrodomésticos son elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de régimen interno del establecimiento? en la sentencia T-765-15 se fijó como parámetro que los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país deben contar con una infraestructura que permita a los internos disponer de un espacio suficiente y una ventilación y calefacción adecuadas, dependiendo de las condiciones climáticas del lugar donde se encuentren ubicados. La determinación sobre la suficiencia de ese espacio dependerá del tamaño de las celdas y del número de personas que habitan en cada una de ellas, de tal forma que, por lo menos, conste de aberturas que constituyan el 10% de la superficie del área de la celda. En todo caso, tales circunstancias deberán ser analizadas en cada caso, y dependiendo de cada tipo de establecimiento y su infraestructura. La Corte estima que en este caso la prohibición del ingreso de un televisor en cada celda del establecimiento penitenciario accionado no vulnera el derecho a la vida en condiciones dignas de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese lugar: a los reclusos se les permite acceder a la información externa nacional e internacional a través de la instalación de un televisor en un área común, con lo cual se garantiza de manera efectiva su derecho a la información y a la comunicación.Por otro lado, resulta innecesario contar con un televisor en cada una de las celdas si se tiene en cuenta que durante el día estas deben permanecer cerradas y en la noche el lugar debe estar el absoluto silencio. Además, de acuerdo con la información suministrada por el Director del penal accionado, dadas las condiciones de seguridad, planes de defensa e infraestructura de ese establecimiento, es necesario prohibir el ingreso de esa clase de electrodomésticos al interior de las celdas - [Resumen automatizado: (a) Vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para que se pronunciara a través de un informe general sobre las afirmaciones hechas por los accionantes, especificando principalmente qué opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar una subsistencia digna en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar. || ¿Vulnera el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de una persona privada de la libertad, la decisión de un establecimiento penitenciario y carcelario de prohibir la entrada de un televisor y un ventilador a cada una de las celdas de los reclusos, con fundamento en que dichos electrodomésticos son elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de régimen interno del establecimiento? || Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte estima que en este caso la prohibición del ingreso de un televisor en cada celda del establecimiento penitenciario accionado no vulnera el derecho a la vida en condiciones dignas de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese lugar:] - [Palabras claves automatizadas: internos, libertad, derechos, condiciones, establecimiento, privadas, carcelario, derecho, personas, penitenciario, reglamento, interno, fundamentales, ingreso]

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al suministrar un kit de aseo en la cantidad, calidad y periodicidad insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, argumentando que dicho kit de aseo se encuentra conforme a lo establecido en el Memorando 0251 de 2014? si bien la dotación asignada a cada interno responde a una realidad presupuestal, hoy en día fijada en el Memorando 0251 de 2004, la jurisprudencia constitucional, ha reconocido que una vez establecidas las cantidades de útiles de aseo personal a suministrar y la periodicidad del mismo, el INPEC y los establecimientos penitenciarios y carcelarios vulneran los derechos fundamentales de quienes han sido privados de la libertad en centros de reclusión, al establecer en sus reglamentos internos una cantidad y periodicidad inferior a la prevista en el Memorando 0251 de 2004, o cuando la cantidad suministrada y frecuencia en la entrega, efectivamente no corresponde al mínimo previamente consagrado. No obstante, no puede dejarse de lado que en virtud de la relación de especial sujeción y los deberes especiales en cabeza del Estado, este último, tiene la obligación de suministrar los elementos de aseo personal necesarios para garantizarle a los reclusos unas condiciones de vida digna, por lo que en el evento en que la cantidad o periodicidad de la entrega resulte insuficiente, tendrá que aumentar el número de artículos a suministrar o aumentar la frecuencia con la que lo hace, atendiendo a las posibilidades administrativas y presupuestales - [Resumen automatizado: En esta oportunidad, un grupo de internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías, interpusieron acción de tutela en contra del INPEC y de aquel centro de reclusión, por considerar que estas entidades han venido vulnerando sus derechos fundamentales al no proporcionarles los elementos de aseo personal en la cantidad y periodicidad necesaria para mantener unas condiciones de vida digna. || Por su parte, el suministro de útiles de aseo a cargo del Estado en favor de quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, ha sido objeto de pronunciamiento de esta Corte, en la medida en que, en múltiples oportunidades reclusos de diferentes centros carcelarios del país han considerado vulnerados sus derechos fundamentales por parte del INPEC o de la misma entidad carcelaria, al no suministrar el número de elementos de aseo personal suficiente para un periodo de tiempo determinado, vulnerando su derecho al mínimo vital y a la dignidad humana.] - [Palabras claves automatizadas: aseo, personal, derechos, cantidad, penitenciario, dignidad, condiciones, libertad, internos, derecho, corte, tutela, humana, sala, carcelario, suministro, inpec, reclusión]

¿Un establecimiento carcelario vulneró los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de las accionantes, al no contar con un espacio al aire libre en el pabellón de mujeres, donde las internas puedan fumar y hacer ejercicio físico? reconoce la Corte Constitucional que si bien es cierto el uso del cigarrillo es perjudicial para la salud, y que restringir el consumo de este ayuda a la política pública adelantada por el Estado, también lo es, que el consumo o no del tabaco, corresponde a una decisión que solo atañe a la persona. Recordemos, que toda persona, independientemente de su condición, y mientras no transgreda los límites originados de los derechos de los demás, del orden público y, como en esta oportunidad, de su estado de sujeción, es libre de tomar sus propia decisiones. En este sentido, no puede el Gobierno mediante sus autoridades restringir derechos o acciones reconocidos al ser humano, sin tener un fundamento jurídico constitucional y haber hecho un estudio de la medida a tomar, conforme a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad - [Resumen automatizado: Con fundamento en las normas citadas, explicó, que en el pabellón de mujeres esta prohibido fumar porque no cuenta con una zona al aire libre, (como se puede observar en las fotos anexas).[3] Situación que no sucede en el área donde se encuentran los hombres, toda vez que los patios asignados a estos, tienen una estructura de 4 muros sin techo, apta para el consumo de cigarrillo, sin que de ello se derive una vulneración al derecho a la igualdad como lo alegan las accionantes, ya que se trata de un problema imputado a la infraestructura y a la falta de presupuesto, que tan sólo alcanza para solucionar o cubrir las necesidades prioritarias como lo son la adecuación de las celdas, la compra de colchonetas y la alimentación. || Bajo este contexto, encuentra esta Sala de Revisión que en el asunto de la referencia, concurren dos (2) situaciones reales que comparten un mismo supuesto fáctico, que pueden estar vulnerando los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de las accionantes, al no tener en el pabellón de mujeres una zona al aire libre, adecuada, para que estas personas privadas de libertad puedan fumar y hacer ejercicio físico.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, libre, derecho, personas, pasto, personalidad, libertad, aire, mujeres, penitenciario, desarrollo, consumo, fundamentales, igualdad]

¿Se vulneran los derechos fundamentales de las reclusas de una cárcel a quienes les fue restringida la visita íntima a una frecuencia de una (1) vez al mes, mientras que a los hombres se les mantuvo con una periodicidad de cuatro (4) veces al mes? Para la Sala tal medida claramente denota múltiples afectaciones constitucionales e implica una afrenta al derecho a la igualdad de las reclusas demandantes, el cual es transgredido materialmente como quiera que la visita conyugal de los hombres, a diferencia de la de las mujeres, no está reglamentada a la espera de que tengan más unidades de guardia para ejercer el control y dar cumplimiento al artículo 29 del Acuerdo 011 de 1995, no es de recibo que por una falencia en el sistema penitenciario, como la comentada, se opte por controlar a la mujer y no al hombre.Importante resulta resaltar, que ningún proceso efectivo de resocialización de reclusos puede partir de criterios claramente discriminadores, ni de la admisión de la restricción de los derechos sexuales sin sólido fundamento, pues aunque en este caso se trata de garantías limitadas, no es posible corregir a alguien a partir de la violencia y de la transgresión de sus prerrogativas mínimas, por más que la medida, aparentemente, demuestre resultados como la preservación del orden y la tranquilidad dentro del penal, según lo que en este caso se adujo - [Resumen automatizado: El 8 de agosto de 2014, la señora Cristal Solennia Córdoba Taborda y quince (15) reclusas más presentaron acción de tutela, al considerar que el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó Cárcel Anayancy les había vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, al haber modificado la frecuencia de la visita íntima a una vez al mes, mientras que a los hombres se les mantuvo con una periodicidad semanal. || Respecto de la limitación afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido que la misma obedece a dos razones, la primera, relacionada con los recursos de toda índole para realizar las visitas conyugales, entiéndase con ello la necesidad de contar con instalaciones físicas adecuadas y en condiciones de higiene, entre otras, y, la segunda, por las restricciones propias que implica el régimen carcelario y disciplinario que rige en el interior del establecimiento que indefectiblemente cortapisa su libertad, siempre y cuando, tales medidas se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.] - [Palabras claves automatizadas: visita, derechos, íntima, visitas, establecimiento, personas, condiciones, quibdó, interno, igualdad, mujeres, internos, mujer, derecho]

¿Se vulneran los derechos fundamentales de los demandantes que pertenecen a una comunidad indígena al no dar respuesta a las peticiones que han elevado, relacionadas con la asignación de un patio exclusivo para ellos, pues en el que se encuentran comparten espacio con internos condenados por la jurisdicción ordinaria? Para la Corte, cuando la pena privativa de la libertad impuesta por la jurisdicción especial indígena debe cumplirse en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario los indígenas sí tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, sin que esto signifique que deban estar en recintos exclusivos, sino que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que pertenecen - [Resumen automatizado: El Director del EPAMSCASPY, explicó que en la actualidad el pabellón número uno de dicho establecimiento está destinado a albergar internos de la jurisdicción especial indígena condenados por sus respectivas autoridades ancestrales, lo cual obedece a las órdenes de sus respectivos Gobernadores, toda vez que en la actualidad los cabildos no cuentan con un sitio adecuado para mantener recluidos a sus comuneros. || 2. Los peticionarios consideran que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY) y el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, la integridad física, a la diversidad étnica, y de petición, como quiera que presentaron varias peticiones ante esas entidades, sin obtener respuesta, mediante las cuales solicitan un patio exclusivo en el establecimiento carcelario, donde se garanticen sus “usos y costumbres”, pues en el que se encuentran conviven con internos condenados por la jurisdicción ordinaria, donde constantemente son discriminados y se han presentado agresiones físicas en su contra. || 3. Ahora bien, durante el trámite de revisión se identificaron otros problemas jurídicos relacionados con la forma como debe ejecutarse la pena privativa de la libertad impuesta por las autoridades tradicionales a los indígenas, pero que éstos deben cumplir en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, indígenas, autoridades, jurisdicción, pena, comunidad, libertad, corte, derecho, sala, especial, debe, puede]

¿Los derechos de petición, información y al debido proceso han sido conculcados por la Dirección y el Cónsul de Derechos Humanos de Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad al impedirle al actor un acceso efectivo al reglamento interno del centro de reclusión? Concede - Si dentro del ejercicio del derecho de petición se pretende el acceso a determinada información o documentación que no esté sujeta a reserva constitucional o legal alguna, y la autoridad requerida impide arribar a ella mediante la expedición de copias a costa del interesado, o su simple consulta, afecta el principio de publicidad y conlleva el desconocimiento de derechos autónomos como la información y-o el acceso a documentos públicos, susceptibles de ser amparados en sede de tutela. \No existe prueba al menos sumaria, de que la Dirección o el Cónsul de Derechos Humanos del centro de reclusión accionado hayan prestado o permitido el acceso efectivo al reglamento interno pretendido, lo que hace incierta la real satisfacción del derecho fundamental a la información y al acceso a un documento que no tiene reserva alguna. De tal manera, si bien está demostrado que el establecimiento carcelario accionado no conculcó el derecho de petición alegado, es claro que impedir u omitir el acceso al documento pretendido, sí desconoce directamente otras garantías autónomas como la información y el acceso a un documento público, pues impide que el accionante pueda conocer el contenido del mismo, a cuyo cumplimiento se encuentra sujeto - [Resumen automatizado: Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los derechos de petición, información y/o al debido proceso invocados, han sido conculcados por la Dirección y el Cónsul de Derechos Humanos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, EPAMS, de Girón, al impedirle al actor un acceso efectivo al reglamento interno del centro de reclusión. || En el presente asunto el señor Ramón Elí Claro Carreño considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición, información y debido proceso por parte de la Dirección y el Cónsul de Derechos Humanos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, EPAMS, de Girón, Santander, al impedirle el acceso efectivo al reglamento interno de ese centro de reclusión, pese a la petición elevada en agosto 26 de 2013 donde solicitó “leer el régimen interno” (f. || En su lugar, se tutelarán los mencionados derechos y se ordenará a al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, EPAMS, de Girón, Santander, que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este fallo, permita el acceso efectivo de Ramón Elí Claro Carreño al reglamento interno de ese centro de reclusión.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, petición, reglamento, respuesta, acceso, interno, derechos, información, centro, corte, si]

¿Violan las autoridades acusadas por los diferentes accionantes los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en razón a las deplorables condiciones de reclusión, ocasionadas, en especial, por el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones, a pesar de que tal situación de los centros penitenciarios y carcelarios es un asunto estructural que no le compete específicamente a ninguna de las autoridades acusadas? la Sala decidió declarar que el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional. Con base en dicha declaratoria, hizo las siguientes precisiones: Un Estado social y democrático de derecho, bajo ninguna circunstancia puede imponer barreras u obstáculos infranqueables o considerables al acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad. Que no garantizar el derecho al agua a personas privadas de la libertad, para su aseo, implica una grave violación a este derecho y a la dignidad humana, en conexidad con otros derechos, como la salud, la alimentación, la integridad, a un ambiente sano e incluso la vida. Si se trata de restricciones claramente irrazonables y desproporcionadas, constituirán, además, una trato cruel, inhumano y degradante. Que los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas adecuadas y necesarias para asegurar la efectiva reinserción social de aquellas personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socioeconómica, que se encuentren privadas de la libertad, independientemente de si son condenadas o sindicadas. Que en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente, como el que atraviesa actualmente el sistema penitenciario y carcelario, las personas no adquieren un derecho constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se diseñen e implementen políticas criminales y carcelarias favorables a la libertad y, sostenibles en el tiempo. Que sólo en aquellos casos en los que excepcionalmente se cuente con una evidencia clara y contundente de que un establecimiento amenaza grave e inminentemente la dignidad humana y los derechos de las personas y; que no es posible reparar o evitar esta situación de ninguna manera, se podrá considerar la extrema decisión de decretar su cierre y Que en aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de hacinamiento grave y evidente y; hasta tanto no se disponga una medida que asegure una protección igual o mayor por parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias competentes, se deberá aplicar una regla de equilibrio decreciente - [Resumen automatizado: La Corte advirtió, además, que se trataba de una situación general de hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario del 45.3%.[30] Si bien se sabía que era un fenómeno que no se presentaba con la misma intensidad en todos los casos, si era amplio y generalizado.[31] Los datos de hacinamiento eran graves tanto para los órganos de control, como para los entes del Ejecutivo que en sus informes reconocían una situación igual o peor en centro de reclusión que no habían sido objeto de revisión por los órganos de control.[32] Los agudos problemas con relación a las temperaturas que se deben enfrentar en condiciones de hacinamiento en los climas cálidos, que también son alegados en algunos de los casos de tutela que se revisan actualmente, fueron destacados por la jurisprudencia constitucional así: “[…] es importante tener en cuenta la apreciación del INPEC acerca de que el problema de hacinamiento es más agudo en el caso de los establecimientos que tienen una población superior a 50 internos y están ubicados en zonas cálidas, a causa de las deficientes condiciones de ventilación y de la insuficiente infraestructura de servicios públicos.”] - [Palabras claves automatizadas: derechos, personas, sentencia, derecho, libertad, internos, tutela, salud, medidas, política, inpec, corte, situación, condiciones, debe, penitenciario]

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante por mantenerlo privado de la libertad en un centro penitenciario, sin atender a las necesidades y atenciones especiales que requiere por ser una persona que padece de una discapacidad cognitiva? Concede - El derecho a la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad es un derecho fundamental , el cual debe ser garantizado de manera oportuna, integral y eficiente. Por lo demás, esta protección comprende tres ámbitos: "i) el deber del Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno, ii) el deber del Estado de garantizar la integridad física del recluso al interior del establecimiento carcelario, y iii) el deber del Estado de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación, al interior del establecimiento carcelario. (…)que dada la doble condición de sujetos de especial protección que tienen las personas con discapacidad recluidas en centros penitenciarios, se exige del INPEC y en general de las autoridades competentes del Estado, la adopción de una política pública que reconozca la necesidad de adoptar medidas especiales para su tratamiento. (…)en el caso de las personas que son imputables pero que tengan algún tipo de discapacidad mental, no existe un programa claro para el cumplimiento de su pena y si es del caso el tratamiento mientras se encuentre detenido, exceptuando los casos en los que ya fue privada de la libertad y sufre de una "enajenación mental", tal como se indica en el citado artículo 107 del Código Penitenciario y Carcelario. Esto implica que, en el transcurso de la acción penal, no se contempla el trato diferenciado al que tiene derecho esta población - [Resumen automatizado: ¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos al debido proceso, a la salud y a la dignidad humana del señor Parada Castañeda por mantenerlo privado de la libertad en un centro penitenciario, sin atender a las necesidades y atenciones especiales que requiere por ser una persona que padece de una discapacidad cognitiva? || Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, la Sala (i) hará una breve referencia a los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)se pronunciará sobre el alcance de los derechos al debido proceso y a la defensa técnica; (iii) examinará los derechos de las personas privadas de la libertad de acuerdo con la jurisprudencia constitucional; y (iv) finalmente, procederá al análisis del caso concreto. || Finalmente, la Sala entrará a resolver si procede la acción de tutela en contra de las autoridades administrativas y judiciales demandadas, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la vida digna del señor Parada Castañeda, por el hecho de mantenerlo privado de la libertad en un centro penitenciario, sin atender a las necesidades y atenciones especiales que requiere por ser una persona con discapacidad mental.] - [Palabras claves automatizadas: discapacidad, derechos, derecho, acción, tutela, defensa, libertad, sentencia, proceso, salud, personas, mental, fundamentales, inpec]

¿Vulnera la entidad accionada los derechos del accionante a la vida y a la integridad física, al no trasladarlo de la Cárcel a un Batallón, a pesar de ser miembro de la Fuerza Pública y de que el Juez de conocimiento del proceso penal que se sigue en su contra lo ordenó para garantizar su seguridad?. Concedida. Responsabilidad del Estado en la protección a la vida de los internos en centros de reclusión. La facultad discrecional del INPEC para trasladar a los internos a otros centros de reclusión no es absoluta. Reclusión de los miembros de la fuerza pública en establecimientos especiales. La Corte ha reiterado que resulta irrelevante, al momento de analizar el traslado de un integrante de la Fuerza Pública hacia un centro de reclusión especial, si los delitos por los que se le investiga o fue condenado se cometieron o no en razón del servicio, pues sólo debe verificarse si la persona ostenta la calidad de miembro de la Fuerza Pública - [Resumen automatizado: Por medio de auto del trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), la magistrada ponente decretó la práctica de las siguientes pruebas: (i) se solicitó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar remitir una copia del auto del 4 de mayo de 2011 mediante el cual ordenó al INPEC el traslado del actor a las instalaciones del Batallón de Servicio No. 10 Cacique Upar y la remisión de un informe sobre los hechos que dieron lugar al inicio del proceso penal, así como la fecha desde la que el peticionario se encontraba recluido en la Cárcel de Valledupar, (ii) se solicitó al Director de la Cárcel de Valledupar un informe sobre las medidas de protección brindadas al señor Barraza, así como una relación de los incidentes relacionados con la seguridad del actor, en caso de que se hubieran presentado, y (iii) se solicitó a la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia indicar si el accionante presta o ha prestado sus servicios como soldado profesional y en qué fecha ingresó a la institución.] - [Palabras claves automatizadas: vida, derecho, inpec, valledupar, reclusión, traslado, derechos, centros, tutela, corte, autoridades, jurisprudencia, la, nacional]

¿ La decisión del Establecimiento Carcelario de negar el acceso a la información relacionada con la construcción de un comedor donde por años había funcionado un biblioteca en el patio cuarto, bajo el argumento de que se trata de información sujeta a reserva, vulnera los derechos de petición y acceso a la información pública del accionante, en el sentido que el contenido de la respuesta no es suficiente para garantizar el derecho de petición del demandante?. Concedida. El derecho de acceso a la información e informaciones reservadas. Cuando no se invoca una reserva legal o constitucional para negar el acceso a los documentos públicos la acción de tutela puede ser el mecanismo procedente en lugar de aquel mecanismo judicial previsto en la Ley 57 de 1985 - [Resumen automatizado: la seguridad nacional...", tal y como lo indicó la parte recurrente en la sustentación a la impugnación, pues allí se maneja información relacionada con personas privadas de la libertad, ya sea indiciados o condenados por diversos tipos penales, por lo que cualquier inquietud, solo será proporcionada a las autoridades creadas por la Constitución para procurar y controlar a quienes se encargan de la custodia de la población reclusa." (folio 81, cuaderno 1) y agregó que "Cabe advertir que el derecho de petición que use el señor JUAN CARLOS CONTRERAS le está siendo violado por parte del accionado fue resuelto de manera oportuna, y si bien no con resultados favorables a los intereses que éste persigue, ello no significa una transgresión a tal derecho de petición, pues este se vulnera, cuando no se da una respuesta o la misma es retardada, más no cuando no se accede a lo que en éste se persigue." (folio 82, cuaderno 1) || 2. El señor Juan Carlos Contreras elevó derecho de petición ante el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Medellín- Bellavista, para obtener información en relación a los motivos por los cuales en el patio cuarto de dicho establecimiento se había clausurado el lugar donde por años había funcionado una biblioteca.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, información, petición, acceso, respuesta, pública, constitucional, carcelario, documentos, administración, puede, reserva]

¿El INPEC y el establecimiento penitenciario carcelario accionado vulneraron los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la salud de los internos e internas del establecimiento, al no satisfacer las exigencias hechas por la Secretaria Departamental de Salud respecto de las condiciones higiénico sanitarias del penal? Concedida. La relación especial de sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. El régimen de restricciones de los derechos fundamentales de los reclusos. La obligación del estado de garantizar ciertas condiciones materiales de existencia a la población reclusa. Las condiciones de higiene y salubridad también hacen parte de estas condiciones materiales de existencia que deben ser garantizadas progresivamente por el Estado al estar relacionadas de forma evidente con los derechos fundamentales a la dignidad, a la vida, a la integridad personal y a la salud. El Estado está obligado a proporcionar a la población reclusa la alimentación adecuada, lo cual no está sujeto a progresividad alguna - [Resumen automatizado: “PRIMERO.- ORDENAR que por Secretaría General se solicite a la Secretaría Departamental de Salud del Cesar que, en el término de quince (15) días calendario contados a partir de la notificación del presente Auto, realice una visita al Establecimiento Penitenciario Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar con el fin de constatar si se han acatado, y en que medida, las recomendaciones hechas con ocasión de la visita del seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009) respecto de las condiciones higiénico sanitarias del penal, especialmente en las áreas de preparación de alimentos y de sanidad y en lo relativo al manejo de los residuos. || 2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si los demandados amenazan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida y a la salud de los internos e internas del EPCAMS de Valledupar al no satisfacer las exigencias hechas por la Secretaria Departamental de Salud de Valledupar respecto de las condiciones higiénico sanitarias del penal a raíz de la visita realizada el seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009).] - [Palabras claves automatizadas: derechos, valledupar, condiciones, secretaría, área, alimentos, residuos, fundamentales, salud, tutela, cuaderno, visita]

¿Fueron los derechos al debido proceso, a la intimidad y al buen nombre vulnerados por el director u otro funcionario de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá o por el Consejo de Disciplina, al considerar que la accionante incurrió en una falta grave, sancionándola con 30 días de aislamiento y es la acción de tutela él mecanismo procedente para salvaguardar tales derechos?. Hecho superado. La Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela, por regla general, tiene un carácter eminentemente preventivo y no indemnizatorio, como quiera que se encamina a evitar que se concrete el peligro o la violación que conculque un derecho fundamental, mediante la protección inmediata - [Resumen automatizado: Recuérdese que la acción de tutela fue instaurada en febrero 11 de 2009, según el acta individual de reparto, que correspondió al Juzgado, el cual mediante auto de febrero 12 siguiente ordenó remitirla a los juzgados penales municipales, por ser la demandada una “autoridad del orden distrital” De tal manera, la actuación fue avocada el día 20 del mismo mes y año por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que profirió sentencia única de instancia en marzo 5 de 2009, esto es, un día después de haber culminado el aislamiento al cual fue sometida la actora, resultando así factible declarar la carencia actual de objeto, dada la sustracción de materia y lo inane de proferir órdenes en el presente asunto. || en la revisión del fallo proferido por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Carolina Díaz Gil, contra el Director y los Jefes de las Oficinas Jurídica y de Asuntos Disciplinarios de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de esa ciudad.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, proceso, gil, acción, tutela, director, objeto, consejo, carencia, sanción, corte, derechos, aislamiento, si]

¿En las sentencias proferidas por las autoridades accionadas, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las entidades accionantes, en razón a que en el curso del trámite de acción de cumplimiento, promovido por ASEINPEC contra el INPEC, incurrieron en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental? Concedida. Sobresueldo a los empleados de los establecimientos de reclusión. Improcedencia de la acción de cumplimiento. Defecto sustantivo y procedimental - [Resumen automatizado: 1.4 El INPEC señaló que la Sala Décima del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto en la decisión adoptada no consideró que al ser declarado inexequible el artículo 85 de la Ley 32 de 1986 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, "existe inexequibilidad sobreviniente de la norma, en lo que respecta al artículo 19 de la Ley 65 de 1993, toda vez que se reproduce en cierta forma en el literal a) el contenido del artículo 85 de la Ley 32 de 1986, por cuanto ambas permiten establecer un sobresueldo para los empleados del establecimiento de reclusión en el que se reciban presos departamentales o municipales, contenido que fue declarado inexequible, porque rebasó la disposición del Decreto 259/38 de lo que se desprende que hay cosa juzgada constitucional material y por tanto debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 19 (...).] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, ley, proceso, medellín, acción, sala, inpec, convenio, orden, derecho, tutela, si, normas, administrativo]

¿Las autoridades carcelarias violan a los internos evangelistas, el derecho a ejercer su religión en condiciones de igualdad frente a quienes practican el culto católico, por el hecho de restringir el ingreso de sus pastores y por las instalaciones destinadas para la realización del mismo? Concedida. Dado que el Estado colombiano es definido constitucionalmente como laico, los tratamientos diferentes y arbitrarios entre los ciudadanos practicantes de una u otra fe, resultan ser inadmisibles, por cuanto atentan contra la neutralidad que deben mantener la autoridades públicas en el tema; tanto más y en cuanto tales diferencias pretenden ampararse en simples términos cuantitativos - [Resumen automatizado: “Para la celebración del culto religioso se dispone de una capilla u otro sitio del establecimiento como es el área de visitas para eventos especiales y de un aula alterna a cada pabellón, los días de permiso ingresan los representantes de cada religiones (sic) y se dividen por los diferentes pabellones de cada establecimiento, realizando su culto, donde cada pastor cuenta con una hora para realizar cada actividad, respetando el culto siguiente, se aclara que el permiso y la hora es para todas las iglesias sin prioridad. || En este orden de ideas, la Corte analizará (i) las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad; (ii) el derecho fundamental a practicar un culto religioso en condiciones de igualdad en el contexto de un Estado laico; (iii) el papel que está llamado a cumplir el juez constitucional en relación con la regulación interna de las cárceles y penitenciarías, y (iv) resolverá el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, culto, internos, religión, personas, derechos, cada, realizar, en, siguiente, relaciones, cultos, derecho, visitas]

¿El Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Alta y Mediana Seguridad vulneró los derechos a la igualdad, a la presunción de inocencia y a la vida e integridad de la accionante, al no separar a las internas detenidas de las condenadas? Concedida. El artículo 63 de la Ley 65 de 1993 obliga a la separación entre los condenados y las personas que aún no tienen esa condición, sin establecer diferencias de género o de otra índole. la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia - [Resumen automatizado: -Fundamento de la decisión: (i) el accionante cuenta con otros medios de defensa para realizar sus pretensiones a saber: la acción de cumplimiento ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa por medio de la cual podrá pedir el cumplimiento del artículo 63 de la Ley 65 de 1993, y (ii) no existe amenaza alguna a los derechos de las internas; (iii) las reclusas gozan de atención a su salud, y la protección a su integridad física se garantiza con la constante vigilancia por miembros del cuerpo de custodia y, (iv) el simple hecho de converger sindicadas y condenadas, no significa que estén recibiendo un tratamiento jurídico igual. || El juez de primera instancia señaló que la acción de tutela no procede, toda vez que el accionante cuenta con otros medios de defensa para realizar sus pretensiones, a saber la acción de cumplimiento ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo por medio de la cual podrá pedir el cumplimiento del artículo 63 de la Ley 65 de 1993, el cual señala que los sindicados deben estar separados de los condenados, y no existe a su parecer amenaza alguna a los derechos de las internas de la torre 9 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.] - [Palabras claves automatizadas: condenadas, internas, condenados, derechos, corte, personal, inpec, valledupar, derecho, igualdad, situación, acción, tutela, mismo]

El Establecimiento Penitenciario, viola sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad y de petición, al no asegurar que las personas que se encuentran recluidas allí, estén organizadas y separadas de acuerdo a su fase de tratamiento, al no permitirles lavar adecuadamente sus prendas de vestir y al no tramitar debidamente los beneficios administrativos? Reiteración de jurisprudencia, Protección constitucional especial de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Concede el amparo. - [Resumen automatizado: “(…) sólo uno de los internos ha elevado petición solicitando el beneficio de de las 72 horas de permiso, solicitud a la cual ya se le está dando el trámite establecido legalmente, así mismo todos los reclusos están ubicados en el pabellón número seis del centro carcelario el cual está destinado a los internos que como ellos han sido clasificados en fase de media seguridad, el suministro de agua es constante y suficiente para las necesidades de la población reclusa, y la seguridad allí es brindada por un cuerpo de custodia que presta diariamente vigilancia con dos unidades de guardia que tienen control visual sobre cada patio del penal y también por medio de dos cámaras de video y su respectivo sistema computarizado, en donde se gravan diaria y constantemente las actividades de la población reclusa.” || Segundo.- Ordenar, por medio de Secretaría General, al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, que adopte las medias necesarias para que, si aún no lo ha hecho, en el término de quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, garantice a los accionantes y a los demás internos del centro penitenciario, su derecho 'a ser separados por categorías, atendiendo a (…) [la] naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental (…) [y] a su fase de tratamiento (…)' de acuerdo con lo dispuesto por la ley (Ley 65 de 1993, artículo 65).] - [Palabras claves automatizadas: internos, seguridad, accionantes, corte, personas, derechos, condiciones, agua, personal, libertad, derecho, sentencia, dignidad, cada, tutela, sala]

¿Es procedente la acción de tutela en el evento en que las reclusas de una entidad carcelaria denuncien dilaciones en el trámite de las solicitudes de libertad condicional, permisos, cómputos de cumplimiento de la pena cumplida, torturas, traslados arbitrarios y un mal servicio de defensoría? La protección de los derechos de petición y al debido proceso de los reclusos en el trámite de sus solicitudes. Parámetros a los que deben ajustarse el régimen disciplinario de los centros de reclusión. Traslados de los reclusos. Concedida - [Resumen automatizado: Una vez recibidas y analizadas las pruebas decretadas en el auto antes citado, por medio de auto del 23 de febrero de 2006, esta Corporación resolvió adoptar las siguientes medidas: (i) Poner en conocimiento de la tutela a los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales para que manifestaran lo que estimaran conveniente; (ii) ordenar a la Procuraduría enviar un informe a la Corporación sobre las actividades adelantadas para el seguimiento de las denuncias formuladas por las reclusas de la entidad demandada, las medidas adoptadas para garantizar sus derechos fundamentales, y sobre la importancia de las actividades recreativas y deportivas para de la resocialización de los reclusos; (iii) ordenar al INPEC el envío de las hojas de vida de otras internas y la elaboración de un informe sobre la protección del derecho a la recreación y el deporte de las personas privadas de la libertad en la normativa vigente, la política pública al respecto, así como las obligaciones de los establecimientos penitenciarios en la materia.] - [Palabras claves automatizadas: internas, reclusión, libertad, derecho, manizales, dirección, procuraduría, pena, en, derechos, inpec, jurídica, sala, debe, parte, solicitudes, centro, trabajo]

¿El Director de Penitenciaría y su Junta Evaluadora de Trabajo y Estudio, al suspenderle al actor el permiso para trabajar en el mantenimiento y cuidado de las zonas verdes del penal y sustituirlo por horas de estudio, le vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio? Reinserción social y autodeterminación del infractor de la ley penal. Deber de las autoridades carcelarias, frente a las actividades previstas como mecanismos de reinserción social. Deber de respetar el derecho de los internos para autodeterminar su existencia dentro y fuera del establecimiento carcelario, sin perjuicio de las restricciones esenciales relativas a la pérdida de libertad, el orden y la disciplina carcelaria. Concedida - [Resumen automatizado: Se hace evidente entonces que el acceso de las personas condenadas a penas privativas de la libertad a actividades de resocialización tiene un doble carácter, de una parte, se concibe como un mecanismo diseñado por el Estado para hacer realidad los fines de la pena sin desconocer la dignidad humana de los reclusos como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones y, de otra, se presenta como un derecho subjetivo que las personas privadas de la libertad pueden ejercer o dejar de hacerlo, con miras a aliviar su situación, tanto así que el artículo 79 de la Ley 65 de 1993 dispone que el trabajo “no tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria” y el artículo 83 determina que “el interno podrá acudir a la enseñanza o a la instrucción para la redención de la pena”.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, actividades, autoridades, pena, trabajo, penal, personas, derecho, social, dignidad, director, respeto, humana]

Un ciudadano interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio, contra el Ministerio de Justicia y el INPEC, por cuanto estima que estas entidades le vulneran sus derechos humanos al no tomar medidas para solucionar la situación de hacinamiento en la que se encuentran los reclusos del centro carcelario donde se encuentra privado de su libertad. Contraloría General de la República - Informes sobre aspectos penitenciarios. Control fiscal al Inpec - [Resumen automatizado: 1. El ciudadano Manuel José Duque Arcila interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio, contra el Ministerio de Justicia y el INPEC, por cuanto estima que estas entidades le vulneran sus derechos humanos al no tomar medidas para solucionar la situación de hacinamiento en la que se encuentran los reclusos del centro carcelario donde se encuentra privado de su libertad. || "Todas estas circunstancias, que como se evidencia tienen diversas fuentes pero que repercuten para cualquier efecto, en quien la padece que en este caso, no es nadie diferente a los internos, han sido las causas generadoras de una situación conocida ampliamente ante la opinión nacional y que se hiciera evidente en los últimos meses, hechos por los cuales fueron varias las cárceles, que en señal de protesta y descontento se amotinaron, al menos para lograr con ello la atención de los diversos organismos del Estado".] - [Palabras claves automatizadas: internos, condiciones, carcelaria, situación, personas, derechos, cárcel, inpec, vida, seguridad, construcción, ministerio]