Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 785 de 2002 por la cual "se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" Inhibición por ineptitud de los cargos, según los cuales la Ley 785 de 2002 vulnera el principio de unidad de materia, no cumple con el requisito que el título de la ley corresponda con su contenido y no siguió el trámite de ley estatutaria. Inhibición por ineptitud del cargo, según el cual, el inciso 1 del artículo 5 de la Ley 785 de 2002 vulnera el derecho a la personalidad jurídica (Art. 14 de la CP) - [Resumen automatizado: La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional".] - [Palabras claves automatizadas: ley, derecho, bienes, constitución, administración, nacional, proceso, dirección, corte, art, sentencia]

¿Es inexequible en su integridad la Ley 785 de 2002 por haberse tramitado y aprobado como ley ordinaria y no como ley estatutaria? ¿ Resulta contraria dicha ley al principio de unidad de materia? Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 785 de 2002, "por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996". Fallo inhibitorio por vicios de forma; Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto C-1025-04 - [Resumen automatizado: La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional. || Con todo, no hay lugar a un pronunciamiento en el que se consideren esas situaciones pues, en primer lugar, el cargo por no habérsele dado al proyecto el trámite de ley estatutaria ha sido formulado de manera indebida; en segundo lugar, los otros cargos por vicios de fondo contra toda la Ley 785, como bien lo afirma el Procurador General de la Nación, han sido planteados por el actor sin cumplir las exigencias que la ley impone a quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad y, por último, respecto del artículo 5º existe cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ley, corte, demanda, nacional, bienes, administración, dirección, inconstitucionalidad, derecho, normas]; Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto C-1025-04

¿Al establecer el legislador que la Dirección Nacional de Estupefacientes, administre los bienes y recursos de las sociedades y unidades de explotación económica que sean objeto de medida cautelar dentro de los procesos por narcotráfico y extinción de dominio, se vulnera el derecho de propiedad por cuanto impone una medida confiscatoria; y si se viola el derecho de asociación, al no permitir al resto de los socios, libres de la medida cautelar seguir en la administración de tales bienes y recursos? Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 5º. de la ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" - [Resumen automatizado: En nada se afecta tampoco el derecho de propiedad sobre las acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, cuando el artículo 5 de la ley 785 de 2002, preceptúa que en tales casos y a partir de la medida cautelar correspondiente, las facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad, incluso para la disposición definitiva de las mismas, se sujeten a “la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,” como quiera que esa remisión legislativa no quebranta norma constitucional alguna, sino que al contrario constituye un límite, un cauce al actuar de la administración en este caso, que pone dique efectivo a la arbitrariedad.] - [Palabras claves automatizadas: dirección, derecho, bienes, proceso, administración, dominio, nacional, medidas, medida, disposición, acciones, cautelares, extinción, partes]