¿Otorgar a la Fiscalía General de la Nación la facultad de ordenar a la policía judicial la captura de un individuo durante una diligencia de allanamiento, conculca un principio, valor y derecho como es la libertad, y desborda las facultades que le son otorgadas en la Constitución? Los motivos existentes para que en aplicación del artículo 219 de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía ordene una captura en los supuestos allí establecidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. \El principio de legalidad de la privación de la libertad y su materialización tratándose de medidas de aseguramiento privativas de ese derecho constitucional\ Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 219 : Exequible - [Resumen automatizado: Con todo, plantearon que la norma impugnada se ajusta a la Constitución, como quiera que si bien el artículo 219 de la Ley 906 de 2004 permite realizar u ordenar la captura durante una diligencia de registro o allanamiento, también establece que cuando su finalidad única sea la captura, solo podrá ordenarse por delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual debe analizarse sistemáticamente con las demás normas concordantes contenidas en el Código de Procedimiento Penal. || Acorde con lo hasta aquí consignado, más recientemente la Corte efectuó un análisis sobre los presupuestos y fines constitucionales y legales para la imposición de medidas de aseguramiento en el proceso penal contenidas en la Ley 906 de 2004[24], recordando que el artículo 250 superior[25] que consagra las funciones de la Fiscalía General de la Nación, señala en el numeral 1° que al ente investigador[26] le corresponde solicitar al juez de control de garantías la adopción de las medidas necesarias (privativas de la libertad o de otros derechos y libertades) que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de los elementos materiales y la evidencia física, al igual que la protección de la comunidad y especialmente de las víctimas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, captura, juez, fiscalía, orden, libertad, general, garantías, derecho, nación, judicial, fallo, norma, penal, corte, medida]; Art. 219 : Exequible

¿Vulnera el principio de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad, permitirle a la policía judicial allanar y registrar un domicilio sin orden de autoridad judicial competente, cuando medie el consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento? A juicio de la Corte, no resulta irrazonable ni desproporcionado que cuando la autorización para la realización del allanamiento provenga directamente del propietario o morador del domicilio objeto de registro que pueda verse afectado con su realización, no se exija la orden escrita de la Fiscalía. Si quien se ve afectado con la diligencia autoriza de manera libre y expresa su realización, se supera la sospecha de arbitrariedad que tendría un allanamiento efectuado sin orden escrita y contra la voluntad del morador. No obstante lo anterior, dado que la excepción planteada sólo lo es frente a la exigencia de una orden escrita de autoridad judicial, pero no frente al requisito del control judicial posterior que establece el numeral 2o. del artículo 250 de la Carta, el allanamiento excepcional previsto en el numeral 1o. del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, debe someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso, si el consentimiento dado por el afectado para la diligencia de allanamiento, fue libre y expreso o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo. Ly 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Pena"; Art. 230, Num 1 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 184 y 445 (parciales) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Sin embargo, Como excepciones a este régimen general que exige una orden judicial previa, la Carta establece expresamente dos: (i) en el artículo 32 Superior, que permite el ingreso “de los agentes de la autoridad” al domicilio donde se refugia el delincuente sorprendido en flagrancia; y (ii) en el artículo 250, numeral 3, que autoriza a los fiscales a ordenar y practicar allanamientos, con control posterior por parte del juez de control de garantías. || [17] Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte declaró INEXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 230 de la ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que establecía como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento "4. || [17] Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte declaró INEXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 230 de la ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que establecía como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento "4.] - [Palabras claves automatizadas: domicilio, corte, registro, orden, judicial, ley, constitucional, artículo, en, debe, constitución, norma, juez, control, decreto]; Art. 230, Num 1 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 184 y 445 (parciales) : Fallo inhibitorio

Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana". ¿Al no indicarse que la orden de allanamiento y registro expedida por el fiscal debe señalar "con precisión" los bienes objeto de la misma, afecta la inviolabilidad de domicilio (Art. 14)?; ¿La prórroga de una orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, "a juicio del fiscal", atenta contra el derecho a la intimidad y la reserva judicial (Art. 15); ¿El establecimiento de un término máximo de 24 horas para llevar a cabo la audiencia del control de legalidad posterior al cumplimiento y no a la expedición de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet, desconoce el artículo 250 de la Constitución (Art. 16)? El derecho a la intimidad no es absoluto, por lo que puede limitarse dentro del proceso penal, siempre que se guarde la garantía de la reserva judicial para autorizar su restricción. Art. 14 y 16 (Modificatorios de los Arts. 222 y 237 de la Ley 906 de 2004) : Exequibles. Art. 15 (Modificatorio del Art. 235 de la Ley 906 de 2004): Condicionalmente exequible - [Resumen automatizado: La audiencia de control o revisión de legalidad posterior que se cumple por parte del Juez de Control de Garantías sobre la práctica de ciertas diligencias realizadas, bien durante la indagación previa o bien durante la etapa de investigación, por parte de la Fiscalía General de la Nación y los órganos de Policía Judicial sin previa autorización judicial para su realización, comprende las medidas de: (i) registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares; (ii) actuación de agentes encubiertos; (iii) entrega vigilada de objetos; (iv) búsqueda selectiva en base de datos y (v) práctica de exámenes de ADN, y tiene como propósito especifico llevar a cabo la revisión formal y sustancial del procedimiento utilizado en la práctica de las citadas diligencias, esto es, verificar que se hayan respetado los parámetros constitucionales y legales establecidos para su autorización y realización, e igualmente, que la medida de intervención no haya desconocido garantías fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: control, ley, orden, comunicaciones, debate, judicial, horas, fiscal, medidas, garantías, constitución, debe, intimidad, artículos, fundamentales]

¿El permitir el registro o allanamiento con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado, sin orden escrita de la Fiscalía, desconoce los artículos 28 y 250-2 de la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos.? Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 230, Num. 4 : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El demandante considera que la norma acusada, vulnera el artículo 28 de la Constitución, por cuanto permite que la policía judicial luego de capturar a una persona lleve a cabo allanamientos y registros sin orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, lo cual es contrario a lo preceptuado en la norma constitucional, en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. || En efecto, la disposición impugnada no se refiere a los casos en que se puede practicar un registro domiciliario para aprehender a la persona sorprendida en flagrancia o afectada con orden de detención, que luego de la persecución se refugia en su domicilio, sino que aquí se establece un procedimiento contrario, en el cual la Policía Judicial, sin orden escrita de la Fiscalía, del juez de control de garantías o de otra de las autoridades judiciales aludidas en precedencia, quedaría autorizada para llevar a cabo un registro con posterioridad a la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado, sin que para el efecto se requiera nada más.] - [Palabras claves automatizadas: judicial, orden, domicilio, registro, fiscalía, libertad, autoridad, norma, constitución, derechos, competente, general, ley]; Art. 230, Num. 4 : INEXEQUIBLE

Demanda contra la ley 906 de 2004. ¿Al solicitar la norma demandada el embargo y secuestro de bienes en el proceso penal únicamente a favor de los menores de edad e incapacitados, discriminó a este grupo de personas? Art. 92 - Exequible. ¿Resulta desproporcionada y arbitraria la prohibición de enajenar contenida en el artículo 97, respecto de los derechos del imputado? Art. 97 - Exequible. ¿Impide al imputado ejercer su derecho de defensa, el ejercicio de la defensa técnica por un abogado previsto en el artículo 118? Art. 118 - Exequible; ¿Al disponer el artículo demandado la designación del defensor del imputado desde la formulación de la imputación o desde la primera audiencia a la que fuere citado, viola el derecho a la defensa del imputado? Art. 119 - Exequible por el cargo formulado. ¿Es constitucionalmente válido admitir la eficacia, sólo para fines de impugnación, de elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada en diligencias de registros y allanamientos declarados inválidos por el juez de control de garantías? Art. 232 : INEXEQUIBLE parcialmente - [Resumen automatizado: Contrario a lo expresado por el Fiscal General de la Nación, en ningún caso, ni cuando se trata de impugnación de decisiones judiciales, ni de impugnación de testimonios, ni de defensa de los derechos de las víctimas, pueden ser consideradas válida pruebas, materiales probatorios o evidencias físicas que son nulas por violación del debido proceso, pues la regla constitucional de exclusión de la prueba ilícita directa y derivada es contundente y sólo admitiría excepciones suficientemente justificadas en el texto superior. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,] - [Palabras claves automatizadas: proceso, derecho, penal, derechos, defensa, corte, víctimas, si, prueba, acusada, norma, ley, constitución, puede]

¿Constituye una vulneración del debido proceso, la exigencia de que los informes que rinda una persona ante el órgano de policía judicial puedan convertirse en testimonio sin la debida contradicción de la prueba, como quiera que solo el fiscal puede presenciar el testimonio para decretar un allanamiento? ¿La reserva sobre los datos del informante cuya declaración sustenta una orden de allanamiento y registro, incluso para efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías, desconoce las competencias constitucionales de dicho juez? ¿La causal establecida en el numeral 16) del artículo 324 para aplicar el principio de oportunidad desconoce el principio de legalidad?. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 221 ( parcial ) y 324 ( parcial ) de la Ley 906 de 2004. Art. 221 (parcial) - Condicionalmente exequible (parcial); Art. 324, num. 16 - INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El principio de oportunidad presenta las siguientes características ( i ) es una figura de aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; ( ii ) las causales de aplicación del principio de oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e inequívoca; ( iii ) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; y, ( iv ) su ejercicio estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. || Aunque los cargos de inconstitucionalidad de la demanda se dirigen exclusivamente contra las expresiones “Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad” y “De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías”, ambas del segundo inciso del artículo 221 de la Ley 906 de 2004, considera la Corte que el ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración, de manera aislada, los enunciados invocados en este caso por el demandante sino que es preciso situarlo en un contexto determinado, el cual será objeto del respectivo control de constitucionalidad.] - [Palabras claves automatizadas: principio, penal, juez, fiscal, control, oportunidad, garantías, declaración, ejercicio, acción, aplicación, ley, si]; Art. 324, num. 16 - INEXEQUIBLE