¿La sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá vulnera el derecho al debido proceso del accionante al incurrir en defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria porque en el proceso penal no se demostró su participación en los delitos por los que fue condenado, por lo que la responsabilidad penal se fundamentó exclusivamente en suposiciones e inferencias erróneas, derivadas de su condición de empresario dedicado a la explotación de palma? La Sala considera improcedente esta solicitud, cuando menos por tres tipos de razones: (i) la extinción de la pena y de la acción penal impiden adoptar remedios procesales en cuanto a la decisión adoptada; (ii) el caso planteado no se ajusta a los supuestos en que la Corte ha protegido los derechos fundamentales de los familiares del accionante fallecido; y (iii) las circunstancias que se alegan para sustentar la presunta vulneración de los derechos fundamentales no corresponden con la materia debatida en el presente caso y, en caso de evidenciarse, deben protegerse por vías judiciales diferentes. En cuanto al primer aspecto, debe insistirse en que la muerte del condenado extingue la pena. Asimismo, tampoco puede reabrirse el proceso penal debido a que el proceso penal también se ha extinguido por la misma razón. Ante esas circunstancias, cualquier orden de protección en sede constitucional sería inejecutable. Respecto de lo segundo, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de proteger los derechos fundamentales de los familiares de la persona fallecida ha sido circunscrita por la jurisprudencia constitucional respecto a las víctimas del delito, no de sus perpetradores - [Resumen automatizado: 2. El ciudadano Zúñiga Caballero considera que la sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá vulnera su derecho al debido proceso, al incurrir en defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria, censura que también es predicable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al inadmitir el recurso de casación interpuesto contra el fallo mencionado. || Ahora bien, frente a las causales específicas de procedibilidad, esta Corporación ha emitido diferentes fallos[14] en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el juez de tutela pueda identificar aquellos escenarios en los que el amparo constitucional resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de la acción de tutela.[15] Producto de una labor de sistematización, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que se puede configurar una vía de hecho cuando se presenta alguna de las siguientes causales:] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, derechos, corte, sala, decisión, penal, judicial, fundamentales, actor, objeto, proceso, judiciales, constitucional]

¿Es procedente la acción de tutela sub examine para obtener la información que busca aportar el accionante al proceso penal que se adelanta en su contra? La Sala resalta que, el proceso penal es el escenario idóneo para solicitar la información que requiere el accionante, habida cuenta de (i) su naturaleza, por cuanto se trata de las historias clínicas de los sujetos pasivos de las conductas punibles investigadas, así como de (ii) la finalidad que se persigue con la aducción de esta documentación al proceso penal, es decir, para garantizar sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en cada caso, se "debe evaluar si (…) [se] tiene algún otro mecanismo para solicitar la entrega de la información a la entidad demandada" . (Negrillas del texto). Lo anterior, por cuanto "no [se] puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia". En consecuencia, la tutela sub judice es improcedente, toda vez que el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario (los dispositivos y recursos propios del proceso penal que se adelanta en su contra) que, en el caso concreto, es eficaz para (i) proteger sus derechos fundamentales, (ii) solicitar la entrega de la documentación que requiere para su defensa, (iii) examinar la razonabilidad y proporcionalidad de su petición y (iv) controvertir la eventual negativa de la entidad accionada de entregar o aportar dicha documentación a la investigación penal - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Consideró que, (i) se configura una situación de cosa juzgada constitucional respecto de la petición formulada por el actor ante la Organización Nacional Indígena de Colombia (en adelante, Onic), al existir identidad de partes, de pretensiones y de objeto; (ii) no se presenta temeridad en el ejercicio de la acción de tutela, debido a la “situación de agobio y zozobra del señor Juan Carlos Galvis (…) sumada a la precariedad de conocimientos jurídicos” y (iii) se vulneró el derecho fundamental de petición del actor, por cuanto Sisma no respondió su solicitud de información. || Los días 7, 17 y 19 de diciembre de 2018, Juan Carlos Galvis señaló que Sisma aún no le ha proporcionado una respuesta de fondo a su solicitud de información, para lo cual allegó nuevamente copia de los derechos de petición presentados ante dicha Corporación y ante la Onic, así como los escritos de respuesta otorgados por estas entidades[10].] - [Palabras claves automatizadas: tutela, petición, información, dentro, defensa, ii, judicial, proceso, penal, solicitud, derecho, derechos, i, respuesta, fundamentales]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo, no subsidiario y procedente para determinar si fueron vulnerados o no los derechos fundamentales de una persona que alega no ser el autor de un delito por el cual fue condenado dentro de un proceso penal, por ser víctima del robo de su cedula de ciudadanía y debido a esto se generara una suplantación? En los casos de suplantación u homonimia, es aceptable jurídicamente que la acción de tutela pierda su carácter de subsidiariedad y se contemple como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales afectados, cuando, (i) se presenta una evidencia probatoria suficiente respecto de la suplantación de identidad, caso en el cual no se precisa del análisis minucioso por parte del juez de ejecución de penas de las pruebas disponibles, y de la práctica de unas nuevas, para decidir definitivamente la cuestión; (ii) reforzada con la valoración de la carga desproporcionada que implicaría para el afectado el desplazamiento de una ciudad a otra para enmendar el error en que incurrió el Estado en perjuicio del ciudadano - [Resumen automatizado: Con fundamento en lo anterior, el accionante solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales al buen nombre, al habeas data, a la honra y al trabajo y en consecuencia, revocar la sentencia proferida el 8 de junio de 2009, proferida en contra del señor Ericsson Ernesto Bohórquez Rojas, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bello, Antioquia y, en su lugar, continuar con la investigación del proceso por el cual fue condenado e investigar al sujeto que lo suplantó. || No obstante lo anterior, en la sentencia T-1218 de 2008[44], esta Corte, sin desconocer la jurisprudencia constitucional de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estableció que en los casos de "suplantación u homonimia, es aceptable jurídicamente que la acción de tutela pierda su carácter de subsidiariedad y se contemple como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales afectados."[45] Esto ocurre cuando, "(i) (...) se presenta una evidencia probatoria suficiente respecto de la suplantación de identidad, caso en el cual no se precisa del análisis minucioso por parte del juez de ejecución de penas de las pruebas disponibles, y de la práctica de unas nuevas, para decidir definitivamente la cuestión; (ii) reforzada con la valoración de la carga desproporcionada que implicaría para el afectado el desplazamiento  de una ciudad a otra para enmendar el error en que incurrió el Estado en perjuicio del ciudadano."] - [Palabras claves automatizadas: tutela, sentencia, acción, proceso, derechos, dentro, judicial, defecto, persona, corte, penal, suplantación, cédula, ciudadanía, rojas]

¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la actora, al dilatar injustificadamente un proceso penal promovido por ella? Negada. Mora judicial. La violación del derecho fundamental ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la hiperinflación procesal, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de tutela. Delito de estafa - [Resumen automatizado: La ciudadana Manuela de la Rosa González Vda. de Suarez instauró acción de tutela contra la Fiscalía 12 Local de Santa Marta, para que se ordenara a esta dependencia judicial adelantar un trámite penal, por las razones y con los fundamentos que se explican a continuación. || Considera la actora que la vulneración de los derechos invocados se origina en el hecho de que la Fiscalía 12 Local de Santa Marta no le ha dado impulso alguno a la investigación penal iniciada a raíz de su denuncia, dado que han transcurrido más de dos meses después de que se celebrara una fallida audiencia de conciliación, última actuación procesal dentro del trámite. || A la luz de los antecedentes descritos en el capítulo de Antecedentes, la Sala considera que el problema constitucional que ha de resolverse es si, atendidas las circunstancias específicas del caso, y el contexto laboral y de carga administrativa de la Fiscalía Doce Local de Santa Marta, hay o no violación al derecho que tienen todas las personas a un proceso sin dilaciones injustificadas, cuando en el trámite originado en una querella penal pasan más de tres meses después de la última actuación procesal, que en este caso fue una fracasada audiencia de conciliación, sin que se surtan trámites adicionales.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, santa, tutela, derecho, penal, conciliación, marta, procesal, acción, fiscalía, local, debido]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo contra la decisión del fiscal delegado de archivar la investigación penal, relacionada con el presunto abuso sexual a la menor, sin realizar una investigación de las consideraciones y pruebas aportadas, lo cual genera una violación y amenaza a los derechos fundamentales del accionante y del menor, si se tiene en cuenta que ninguna de las otras opciones procesales tienen la eficacia necesaria para asegurar la protección efectiva de tales derechos? ¿Contra la decisión de archivo son procedentes los recursos de reposición o apelación y-o la posibilidad de acudir ante el juez de control de garantías? El papel de la Fiscalía General de la Nación en el Sistema Penal Acusatorio y el alcance del archivo de la investigación, consagrado en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. El artículo 79 del C.P.P. no establece recursos en contra de esa determinación del funcionario judicial investigador, ni proceden expresamente los recursos ordinarios establecidos en la Ley 906 de 2004. La posibilidad de acudir al juez de control de garantías es una opción procesal viable, que si bien puede ejercerse por los interesados en los términos descritos, carece de una regulación específica en la Ley 906 de 2004 que asegure su efectividad en la protección plena del acceso a la justicia y los derechos de los niños amenazados presuntamente en este caso. El derecho a un recurso judicial efectivo incluye la obligación de investigar, identificar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. No cumplir con tales garantías, significa una denegación de justicia, proscrita por los tratados internacionales. Tutelar. La procedencia de la acción de tutela de la referencia - Los niños y las niñas como sujetos de especial protección constitucional y el principio del interés superior del menor - [Resumen automatizado: En el caso que ocupa a la Sala, si bien se alega por algunos de los accionantes la posibilidad de la madre de adelantar otras actuaciones en contra de la decisión de archivo tomada por el Fiscal Delegado 111, -vgr., recursos de reposición o apelación y/o la posibilidad de acudir ante el juez de control de garantías-, lo cierto es que ninguna de las opciones procesales que se aducen para el efecto, tiene la eficacia necesaria para asegurar la protección efectiva de los derechos de acceso a la justicia y garantía de los derechos de los niños, en los mismos términos previstos por el amparo constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, investigación, protección, fiscal, archivo, penal, decisión, derecho, acción, niños, justicia, corte, tutela, judicial]

¿La decisión judicial consistente en imponerle al demandante detención preventiva sin beneficio de la libertad provisional, a pesar que para el delito por el cual está siendo procesado, según el actor, no le procede medida de aseguramiento, hace procedente la acción de tutela? Se omite interposición o la sustentación de recursos en el proceso judicial. La independencia del juez. Subsidiariedad de la tutela. Negada - [Resumen automatizado: Como sustento de dicha afirmación, el señor Fernando Iregui manifestó que la medida impuesta a su hermano no resultaba razonable, proporcional y, menos aún, necesaria, al desatender: i) El principio de favorabilidad que rige en materia penal, según el cual las normas aplicables al caso son los artículos 307 y 313 de la ley 906 de 2004 que consagran la improcedencia de la detención preventiva cuando se trata de la investigación de delitos cuyo pena mínima prevista por el legislador es hasta de cuatro (4) años de prisión como sucede con el tipo penal denominado "actos sexuales contra menor de catorce (14) años"; ii) la regla de la ultima ratio que restringe el ejercicio del poder punitivo del Estado, entre otros aspectos, respecto a la privación de la libertad de las personas bajo su jurisdicción que, por ende, solo puede ser impuesta como medida extrema cuando las circunstancias así lo exijan en procura de salvaguardar la seguridad ciudadana; y iii) la condición social del accionante, quien se caracteriza por ser una persona trabajadora y estudiosa que mantiene muy buenas relaciones personales con sus familiares y allegados y que, en modo alguno, representa un peligro o amenaza para la comunidad.] - [Palabras claves automatizadas: acción, penal, ley, proceso, tutela, bogotá, fiscalía, judicial, libertad, medida, derecho, sala, en, corte, defensa]

¿Contraría el derecho al debido proceso y al principio de favorabilidad penal la providencia del Fiscal que ordenó la captura del sindicado, por su aparente y recurrente inasistencia a las citaciones a indagatoria, dado que, según el actor, se fundaron en citaciones que se enviaron a otro domicilio diferente al suyo, desconociendo excusas médicas que justificaban la inasistencia dentro de los punibles de estafa y falsedad en documento público? Medida de aseguramiento. El principio de favorabilidad y el principio de favor libertatis. Se demostró que el actor no presentó, pudiendo hacerlo, la nulidad procesal que alega en este momento. Negada - [Resumen automatizado: "De igual manera el juez a-quo para confirmar o establecer la liquidación de los perjuicios contenidos en el escrito de incidente, haciendo uso de la facultad establecida en los artículos 179 y 180 del CPC, decreta un dictamen pericial y por actuar de forma inadvertida lo dictó de NOTIFÍQUESE, cuando era de CÚMPLASE, razón por la cual se le ha criticado la ligereza con que actuó en este caso y como si lo anterior fuera poco el dictamen pericial fue rendido con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 237 numeral 6 del CPC, dándose traslado a las partes para su correspondiente contradicción de conformidad con lo establecido en el artículo 238 ibídem y el aquí tutelante guardó silencio al respecto, es decir, no pidió complementación, aclaración, ni lo objetó por error grave" (Mayúsculas en el texto original). || "Y es eso, justamente, lo que se evidencia en el caso sometido al escrutinio de la Corte, pues el auto que profirió el Tribunal para confirmar la providencia del juez de primer grado que liquidó los perjuicios materiales en la suma de $15,820'621,597.oo y los morales en $15'000,000.oo - esta última fijada por el ad quem-, tuvo como respaldo central un medio probatorio en cuya producción no se observaron las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan la materia y, en general, las reglas que le dan contenido al debido proceso, circunstancia que provocó una grave lesión del derecho a la prueba de la entidad accionante" (Subraya por fuera del texto original).] - [Palabras claves automatizadas: sala, proceso, tutela, corte, acción, auto, sentencia, civil, perjuicios, perito, en, decisión, hecho, derecho, defensa]

¿Desconoció el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, la decisión del Tribunal que eleva la condena a 40 años de prisión al culpado por delito de secuestro extorsivo agravado en sentencia de consulta? Presupuesto de la inmediatez en la acción de tutela. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || en el proceso de revisión del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de fecha 14 de marzo de 2006, en la acción de tutela presentada por el señor Rubén Darío Montiel Cruz contra el Tribunal Nacional. || Para el actor, la decisión del Tribunal Nacional desconoció el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, razón por la cual considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. || El 6 de marzo de 2006, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, admitió esta demanda, decidió tener como pruebas las aportadas por el actor y ordenó remitir copia de las mismas a la autoridad demandada o a quien en este momento haga sus veces, para que se manifieste sobre los hechos. || Para el actor, la decisión tomada por el demandado el 30 de julio de 1996, vulneró su derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, ya que al ser consultada la providencia proferida por el juez regional, el Tribunal Nacional modificó la pena impuesta.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, corte, tribunal, actor, nacional, sentencia, puede, juez, sala, judiciales, en]

¿Al abogado condenado en proceso penal por delito de estafa y en disciplinario a la exclusión de la profesión, que alega ante el juez de tutela falta de la práctica de pruebas solicitadas y o valoración de otras, se le vulnera derecho al debido proceso, la defensa, la vida, la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al buen nombre y la honra? Improcedencia de la acción de tutela cuando se configura actuación temeraria del demandante. Identidad de los procesos, características comunes. Casos en que pese a la identidad de procesos no se configura temeridad. Configuración del uso temerario de la acción de tutela. sanción en caso de uso temerario de la acción de tutela. Negada - [Resumen automatizado: 9. En atención a lo anterior, el señor Roberto Jaramillo Cuartas interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín el día 30 de agosto del año 2000, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P), ya que estima que el proceso penal adelantado en su contra y las decisiones proferidas en este sentido por el Juzgado 14 Penal Municipal y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín, así como la decisión de primera instancia de la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura, dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, configuran una vía de hecho y por ello deben ser declarados nulos. || "En el anterior orden de ideas, teniéndose en cuenta que el fallo de tutela a que se ha hecho mención (la acción de amparo interpuesta por el actor en el año 2000) se declaró su improcedencia respecto de las entidades y funcionarios accionados, vale decir, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Fiscalía 52 Seccional de Medellín, y el juzgado 14 Penal Municipal de la misma ciudad, es dable dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591[16] de 1991 decidiéndose desfavorablemente la pretensión invocada por JARAMILLO CUARTAS, por lo cual se confirmará la sentencia impugnada en cuanto a la declaratoria de improcedencia con relación a los demandados mencionados antes, sin que haya lugar a la sanción descrita por la disposición mencionada pues el accionante ya fue excluido de la profesión de abogado" (Cuad.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, sala, procesos, corte, amparo, judicatura, consejo, sentencia, proceso, actor, identidad, penal]

¿Es procedente aducir vía de hecho, a pesar de no haberse agotado el recurso de casación y de encontrarse a disposición del actor la acción de revisión, toda vez que el peticionario alega la vulneración del derecho al debido proceso porque no se agotaron los instrumentos necesarios para establecer su identidad y edad? El carácter subsidiario de la acción de tutela frente a la acción de revisión penal. Solamente cuando se compruebe y acredite con suficiencia la existencia de una situación completamente objetiva respecto de la cual se evidencie la desproporcionalidad tangible de la medida penal, procederá la tutela como mecanismo transitorio. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Jairo José Mesa Borja o Jaison Alexander Leal Fierro contra los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. || El recluso Jairo José Mesa Borja o Jaison Alexander Leal Fierro interpuso acción de tutela contra los despachos judiciales mencionados, por considerar que tales autoridades, al procesarlo penalmente, no tuvieron en cuenta su condición de menor de edad y, por tanto, el procedimiento adelantado en su contra no era el adecuado, configurándose de esta manera una vulneración a su derecho fundamental al debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, proceso, penal, corte, judicial, sala, revisión, actor, edad, derecho, si, san]

Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso penal - Hurto calificado. Vía de hecho. Solicitud de condenado a apelar fallo. Abogado defensor de oficio no sustenta el recurso. Recurso declarado desierto. Concedida. Rehace proceso - [Resumen automatizado: Por consiguiente, esta Sala revocará el fallo proferido por el Juzgado, dentro de la acción de tutela instaurada por el actor, contra el Juzgado Penal Municipal de Andes Antioquia y concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, con el fin de que se rehaga el proceso penal a partir de la notificación de la sentencia condenatoria, se nombre al actor un nuevo defensor de oficio, que esté en contacto con su defendido de tal manera que pueda materializar su deseo de apelar la sentencia proferida en su contra. || La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Por consiguiente, esta Sala revocará el fallo proferido por el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito de Andes, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Jhon Alejandro Escobar Gaviria, contra el Juzgado Penal Municipal de Andes Antioquia y concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, con el fin de que se rehaga el proceso penal a partir de la notificación de la sentencia condenatoria, se nombre al actor un nuevo defensor de oficio, que esté en contacto con su defendido de tal manera que pueda materializar su deseo de apelar la sentencia proferida en su contra.] - [Palabras claves automatizadas: defensor, sentencia, tutela, derecho, actor, pues, juez, acción, penal, proceso, defensa, abogado]

Tutela contra providencia judicial. Proceso penal - Delito de usura. Vía de hecho: Determinación del momento a partir del cual se contabiliza término de caducidad de la acción. Acceso a la administración de justicia Derechos de la víctima: Derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Concedida - [Resumen automatizado: La decisión es claramente contraria a los fundamentos legales del instituto procesal de la caducidad y lo es al punto que conduce al absurdo de tener que aceptar que la acción penal por el delito de usura había caducado dos años antes de que venciera el plazo para la exigibilidad y pago de la última letra de cambio, en la que se reconocían tanto capital como intereses usurarios. || 3. El 31 de agosto de 1998, Armenta González instauró querella contra Arango Ramírez por la comisión del delito de usura pues éste no sólo estaba cobrando intereses usurarios sino que los había capitalizado para cobrar también sobre ellos ese tipo de intereses. || 1. ¿En el delito de usura, la determinación del término de caducidad de la acción penal a partir de la creación y entrega de 36 letras de cambio, por concepto de capital e intereses, y no del ejercicio de la acción cambiaria para su cobro y pago y la cesación de procedimiento dispuesta con base en esa causa por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, vulneran los derechos fundamentales del querellante constituido en parte civil en ese proceso?] - [Palabras claves automatizadas: derechos, penal, acción, caducidad, usura, proceso, justicia, intereses, delito]

Proceso penal. Sentencia condenatoria y orden de captura. Negativa del juez a efectuar modificación de sentencia teniendo conocimientos de las pruebas que demuestran suplantación en el proceso, argumenta existencia de la acción de revisión. "... no puede ser obligado a iniciar una acción de revisión, con miras a que el Estado pueda enmendar los errores cometidos dentro de la investigación y definición de la causa criminal que lo condenó por una conducta que no cometió, porque el nombrado es titular del derecho inalienable a la libertad, y la acción de tutela fue establecida para restablecerlo, en forma inmediata..." Decreta nulidad del proceso. El restablecimiento inmediato de sus derechos fundamentales no se consigue con la acción de revisión - [Resumen automatizado: Primero.- CONDENAR a ARBEY ESPINOSA ORTIZ, nacido el 7 de noviembre de 1963 en Tuluá (Valle), identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.795.022 de Tuluá, hijo de PABLO ESPINOSA y AURA ELENA ORTIZ, alfabeta, taxista residente en la calle 71B No. 26 O-21 del barrio El Pondaje de esta ciudad, y a HUGO ERAZO BOLAÑOS (..), A LA PENA PRINCIPAL DE VEINTIOCHO MESES DE PRISIÓN, por haber sido hallados coautores responsables de los delitos de HURTO CALIFICADO AGRAVADO y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL, ilícitos acontecidos en la modalidad concursal y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidas en este proceso. || e) Mediante providencia 0124 del 25 de septiembre de 2002, el Juzgado Quince Penal de Santiago de Cali decidió no modificar la sentencia que condenó a Arbey Espinosa Ortiz y Hugo Erazo Bolaños a 28 meses de prisión por el delito de Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de armas de defensa personal, “porque cuando el juzgador emita una sentencia que responda y respete las disposiciones legales y constitucionales, esta adquiere con su ejecutoria el carácter de obligatoriedad dándole aplicación al principio ya enunciado de la seguridad jurídica, cumpliendo de esta manera su verdadero rol dentro del entorno social” se destaca-.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, penal, cali, revisión, acción, actor, hechos, juez, no, persona, orden, fiscalía, sala, derechos, enero]

Procedencia de la tutela contra las decisiones de querellas policivas. Amonestación en privado - No hay norma que obligue a detallar los sucesos y pruebas en que se fundamenta la medida ni a que conste la firma de los testigos. Amonestar en privado al que en vía pública riña o amenace a otros- Corredores internos de edificio no pueden considerarse vía pública. No se puede deducir que al no ser domicilio (art. 75 Código de Policía) sea vía pública. Concedida - [Resumen automatizado: 2. Indica que tal medida fue tomada de manera arbitraria con base en unos supuestos hechos de agresión verbal a la señora Luz Ángela Roa Rincón, toda vez que no se probaron como ciertos los sucesos expuestos por la querellante y, además, así se hubieran configurado, no se encuadrarían dentro de la norma que indicó el Comandante como soporte jurídico de la sanción. || Indica el Comandante de la Estación 1ª de Usaquén, Departamento de Policía Tisquesusa, que los hechos de agresión verbal expuestos por la querellante sí se encontraban probados al momento de realizar la amonestación en privado, toda vez que además del dicho de la señora Luz Ángela Roa Rincón se tuvo en cuenta el testimonio del señor Héctor Achury - plomero que por error cerró el registro del agua de la casa del señor Ramírez, hecho que generó el altercado- según el cual los hechos se habían presentado tal y como había expuesto la señora Roa. Es decir, que el accionante había insultado a la señora y que de no ser porque ella detuvo a su hijo, él y el señor Ramírez se hubieran agredido físicamente.] - [Palabras claves automatizadas: vía, policía, privado, hecho, norma, dentro, policiva, querellante, proceso, pública, código, debe, amonestación]

Tutela contra providencias judiciales. Debido proceso. Vinculación a otro proceso penal como persona ausente estando recluido en centro penitenciario. Concedida - Falta de agotamiento de la búsqueda del procesado - [Resumen automatizado: La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || Considera el actor que las actuaciones adelantadas por el Juzgado demandado, vulneran su derecho de defensa y el debido proceso, pues pese a que se encontraba recluido desde mayo de 2002, fue vinculado como persona ausente, y aún cuando remitió un escrito solicitando que se le recibiera su indagatoria, se adelantó todo el proceso penal sin contar con su presencia, ni la de un abogado. || Mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, revocó el fallo impugnado, denegando la acción de tutela presentada por el actor al considerar que existen otros mecanismos de defensa judicial, dentro del trámite del proceso penal en donde el demandante puede solicita la nulidad de las actuaciones. || Segundo: ORDENASE a la Fiscalía 21 Delegada ante los Jueces Penales Municipales y al Juzgado 7 Penal Municipal de Bucaramanga, que en el proceso penal adelantado, en contra del señor Ramírez González, en caso de que no se hubiere hecho, se decrete en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, la nulidad de las actuaciones a partir de la declaratoria de persona ausente, reponiendo las diligencias con la observancia plena de las garantías legales y constitucionales.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, penal, ausente, tutela, acción, persona, fiscalía, bucaramanga, actor, juzgado, mismo, derecho]

Caso Diomedez Díaz. Tutela contra providencias judiciales, por: Vía de hecho: falta de motivación de las decisiones; Negada. Debido proceso: falta de aplicación del principio de favorabilidad; Negada Recurso extraordinario de casación - elementos. Motivaciones: Discrepancia vs arbitrariedad. Normatividad aplicativa sobre homicido culposo - [Resumen automatizado: Se observa por la Corte ante todo, que en la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en el proceso penal al cual se refiere esta acción de tutela, existen dos sentencias claramente diferenciadas y separadas, a saber: la de casación, mediante la cual se resolvieron negativamente a lo pretendido en ella las demandas de casación presentadas, así como se decidió casar de oficio la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá; y la sentencia de reemplazo de la que fue casada, en virtud de la cual se confirmó el fallo que en primera instancia dictó el Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá y en el cual se impuso como responsable del delito de homicidio preterintencional, una condena a la pena principal de doce años seis meses de prisión, más las penas accesorias conforme a la ley.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, suprema, corte, sala, justicia, casación, penal, pena, fallo, tribunal, ley]

¿Viola los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra o al debido proceso que un medio de comunicación use equivocadamente un lenguaje técnico o use un lenguaje coloquial al informar, con apoyo en evidencias suministradas por autoridades públicas, sobre hechos delictivos en cuya investigación se involucra a personas identificadas con nombre y apellido? No, siempre y cuando dicho uso del lenguaje no implique la atribución de responsabilidad de las personas sobre quienes se informa ni una acusación formulada por el propio medio cuando la justicia continúa investigando lo sucedido - [Resumen automatizado: No viola los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra o al debido proceso que un medio de comunicación use equivocadamente un lenguaje técnico o use un lenguaje coloquial como “ser cogido con la mano en la masa” al informar, con apoyo en evidencias suministradas por autoridades públicas, sobre hechos delictivos en cuya investigación se involucra a personas identificadas con nombre y apellido, siempre y cuando dicho uso del lenguaje no implique la atribución de responsabilidad de las personas sobre quienes se informa ni una acusación formulada por el propio medio cuando la justicia continúa investigando lo sucedido.] - [Palabras claves automatizadas: información, comunicación, medios, corte, uso, libertad, lenguaje, medio, derechos, prensa, nombre]

¿Es pertinente la acción de tutela para ordenar la nulidad de todo lo actuado dentro de proceso penal, desde la vinculación del actor al proceso como persona ausente, por configurarse vía de hecho ? Se configura vía de hecho, el que teniéndose plenamente identificado al sindicado, las autoridades no desplegaron la más mínima actividad tendiente a localizarlo, si se observa que en ningún momento se dirigió comunicación alguna a la casa de habitación del actor figurando todos los datos del domicilio en el directorio telefónico? Era suficiente que el actor hubiera huido de la bodega mencionada cuando se realizó el allanamiento de la misma, para decretarlo persona ausente? ¿La existencia de la acción de revisión es argumento suficiente para no conceder la Tutela?. Concedida - [Resumen automatizado: Empero, antes de proceder a ese examen debe destacar la Sala que esos requisitos son exigibles aún en el actual esquema procedimental penal, porque si bien es cierto que esta Corte consideró en la Sentencia C-100 de 2003, mediante la cual analizó la constitucionalidad del artículo 344 del actual Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que "la condición de persona ausente no se erige en una posición desventajosa frente a las garantías procesales de orden constitucional y legal que el ordenamiento ha dispensado al inculpado", también lo es que en esa sentencia se reiteró expresamente la Sentencia C-488 de 1996, es decir, la providencia por medio de la cual fueron fijados dichos requisitos.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, derecho, ausente, sala, persona, sentencia, defensa, acción, mismo, corte, penal, revisión, tutela]

Tutela contra providencia judicial. Delito de testaferrato en calidad de cómplice. Término de caducidad de la acción - Interpretación de las normas. Petición encaminada a que el juez de tutela ordene que suspendan los efectos de la sentencia hasta cuando la Corte Suprema de Justicia decida sobre el recurso extraordinario de casación. Negada - [Resumen automatizado: 6.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado, por considerar que las autoridades judiciales que han intervenido en este caso profirieron sus decisiones atendiendo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin que se vislumbre la presencia de actuaciones arbitrarias o caprichosas que puedan acarrear vulneración a los derechos fundamentales del accionante. || 27.- De las circunstancias descritas aparece demostrado que las conductas de la Fiscalía General de la Nación, del Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo departamento, no corresponden a actos contrarios a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ni son el resultado de la actividad dolosa o arbitraria de los funcionarios judiciales; se trata de decisiones jurídica y razonablemente expuestas, merced a las cuales el señor ROGELIO ANIBAL CASTRO RODRIGUEZ fue condenado como cómplice del delito de testaferrato y debido a su renuencia para comparecer al proceso fue declarado persona ausente, le fue negado el beneficio de la ejecución condicional de la pena y en su contra se libró una orden de captura que las autoridades están en la obligación legal de hacer efectiva.] - [Palabras claves automatizadas: corte, sala, acción, judicial, jurídico, cundinamarca, constitucional, decisión, tutela, libertad, proceso, justicia, tribunal, judiciales, hecho, penal, derechos]

Tutela contra providencia judicial. Proceso penal. Venta de predio con poder falso, estafa. Negada: Existencia de otros medios de defensa judicial - [Resumen automatizado: 4.- FRANCISCO RAUL OLIVEROS NIETO y NELSY OLIVEROS CASTRO, ejercieron acción de tutela contra la Fiscalía 23 Seccional de El Banco -Magdalena-, por considerar que el titular de este Despacho incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, violando el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, pues, según los accionantes, no fueron oídos por la autoridad pública antes de adoptar las decisiones mediante las cuales fueron compelidos a entregar la finca La Herradura, cuando ellos la habían comprado de buena fe por una suma cercana a los ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000.oo). || 10.- Mediante auto del 23 de julio de 2003, la Sala Séptima de Revisión ordenó que la Secretaría de la Corte Constitucional debería obtener de la Fiscalía 23 Seccional de El Banco Magdalena -, copia íntegra del expediente relacionado con el proceso penal que se adelanta contra Sinforiano de Jesús Mafla Tabares, Francisco Luis Alvarez Arango, Francisco Raúl Oliveros Nieto, Nelsy Oliveros Castro, Jorge Jiménez y otros, por los delitos de estafa y falsedad material en documento público.] - [Palabras claves automatizadas: judicial, fiscalía, derechos, corte, sala, tutela, banco, proceso, constitucional, penal, mediante, accionantes, hecho, seccional]