¿Vulneran las autoridades judiciales los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de una persona privada de la libertad, al negar la solicitud de copias gratuitas de la totalidad de la actuación de su proceso penal, bajo el argumento de que el pago por el interesado constituye una carga procesal proporcionada y no existe obligación legal de expedirlas sin costo? La Sala advierte que una persona privada de la libertad, sin capacidad económica para cubrir el valor de expensas judiciales a su cargo, podría llegar a verse afectada en sus derechos fundamentales a la defensa material y al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad. Tal sería el caso del procesado que debido a la carencia de recursos para sufragar el costo de las copias del expediente, no pudiera, a causa de esta situación, ejercer su derecho a actuar de forma directa en el trámite y llevar adelante un específico procedimiento en procura de sus intereses como, por ejemplo, el contrainterrogatorio a un testigo, el ofrecimiento de su propio testimonio en el juicio oral o la aceptación informada de los cargos imputados. En los anteriores supuestos se generaría una vulneración al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la carga pecuniaria no correspondería a los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad y justicia. Así mismo, se ocasionaría una violación al debido proceso en razón de que se restringiría de manera irrazonable su derecho a la defensa material. Por ende, en dichas hipótesis surgiría el derecho del sujeto a la exención del pago de las copias del expediente al interesado, en aras de garantizar la eficacia de sus derechos fundamentales. Para decidir el caso concreto, la Sala deberá verificar si el señor XX: i) requiere la documentación solicitada con el propósito de ejercer una facultad concreta y determinada dentro del proceso penal, y (ii) no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo que se deriva de la expensa ordinaria asociada a acceder a la documentación solicitada. Niega tras haber concluido que el actor no requiere la documentación solicitada para ejercer adecuadamente una facultad dentro del proceso penal - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || Ahora bien, se cumple también el requisito de subsidiariedad, pues no existe otro mecanismo de defensa judicial, mediante el cual el accionante pueda lograr la protección de las garantías fundamentales que considera vulneradas por la entidad accionada, en particular, los derechos de petición y de acceso a la administración de justicia, los cuales, en el marco de los hechos analizados, no tienen previsto dentro del proceso penal un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela. || [35] Sobre el derecho fundamental de petición pueden observarse, entre otras, las sentencias T-012 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-377 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1160A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-191 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-173 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T-332 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, proceso, justicia, defensa, corte, administración, petición, tutela, copias, sentencia, penal, judicial, acceso, solicitud]

¿Una Fiscalía Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales del actor al negarle la solicitud de copias de todas las pruebas obrantes en el expediente, bajo el argumento principal que, el imputado al no ser sujeto procesal, no tenía la facultad para acceder a tal requerimiento sino hasta el momento en que fuera vinculado mediante la diligencia de indagatoria o la declaratoria de persona ausente? ¿La acción de tutela procede contra la mencionada providencia judicial? Improcedente. Protección del derecho de defensa del imputado consistente en conocer todas las piezas procesales que han sido recaudadas hasta antes de la diligencia de indagatoria o declaratoria de persona ausente en el proceso penal. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. - [Resumen automatizado: Resulta necesario definir (i) si la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales del accionante al negarle la solicitud de copias de todas las pruebas obrantes en el expediente, bajo el argumento principal que, el imputado al no ser sujeto procesal, no tenía la facultad para acceder a tal requerimiento sino hasta el momento en que fuera vinculado mediante la diligencia de indagatoria o la declaratoria de persona ausente, (ii) si la acción de tutela procede contra la mencionada providencia judicial. || 28.- Una vez negada la solicitud anterior, el día 7 de marzo de 2008, el apoderado del accionante, sin considerar la existencia de otros mecanismos de de defensa judicial a fin de lograr la protección de los derechos de su apoderado, presentó acción de tutela en contra de la decisión emitida por la Fiscal Cuarta Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de conseguir el aplazamiento de la diligencia de indagatoria fijada para el 13 de marzo del mismo año, así como la expedición de copias de todas la pruebas obrantes en el expediente.] - [Palabras claves automatizadas: defensa, proceso, derecho, derechos, sala, tutela, penal, corte, judicial, imputado, acción, puede, investigación, indagatoria, sentencia]

Debido proceso. Proceso penal. Negativa para tener acceso a expediente al investigado hasta tanto no haya rendido indagatoria o sea vinculado mediante declaratoria de persona ausente, es decir, hasta que formalmente se le considere como sujeto procesal. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Lo verdaderamente importante es definir si esa conducta está amparada o no por el ordenamiento jurídico, para lo cual la Corte hará referencia a dos temas concretos, (i) la investigación previa en el proceso penal y (ii) los derechos de los intervinientes durante esta fase procesal, sobre los cuales existe una copiosa jurisprudencia constitucional que resulta de especial relevancia para resolver el interrogante planteado.[3] || Manuel José Cepeda, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de varias normas del CPP, entre ellas el artículo relacionado con la reserva de las diligencias durante la investigación previa[10], la Corte reivindicó la importancia de la reserva pero advirtió que en todo caso el imputado debe conocer las acusaciones en su contra, componente derivado de sus derechos de defensa, del debido proceso, de la no auto incriminación y del principio de la buena fe.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, imputado, investigación, derechos, corte, defensa, derecho, previa, expediente, penal, bogotá]

Debido proceso. Derecho de defensa. Acceso a expediente de imputado que no ha adquirido la calidad de sujeto procesal - Este acceso ya no es sólo posible una vez el imputado haya adquirido la calidad de sujeto procesal. Concedida. Facultad del Fiscal de ordenar la conducción del imputado - Acción ajustada a la Ley. Negada - [Resumen automatizado: En aquella oportunidad consideró la Fiscalía “que mientras el señor MADRIGAL no se encontrara legalmente vinculado al Proceso, ni él ni su Defensor tendrían acceso al expediente, que una vez el imputado fuera vinculado mediante indagatoria para su defensa debía contar con la asistencia de su abogado, art.127 C.P.P., pero que la sola presentación del PODER contentivo del mandato sin la vinculación del presunto Sindicado, no faculta al Abogado para ejercer el derecho de contradicción.” Solicitó entonces que se nieguen todas las peticiones del accionante con fundamento en estas consideraciones: || Respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación al memorial que contiene la solicitud de expedición de copias y acceso al sumario, presentado por el profesional del derecho, Luis Gonzaga Velez, apoderado del señor Jorge Iván Madrigal Franco, quien fue citado a diligencia de indagatoria para el día 4 de febrero del presenta año, en la investigación por las conductas punibles de falsedad en documento privado y hurto, donde es denunciante la señora Soley Yepes Rojas. || En sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil tres (2003), el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, decidió negar la tutela solicitada por el doctor Luis Gonzaga Velez, apoderado convencional del señor Jorge Iván Madrigal Franco, en lo referente a los supuestos derechos constitucionales fundamentales a una defensa material o técnica, el acceso a la administración de justicia y libertad individual.] - [Palabras claves automatizadas: expediente, derecho, indagatoria, defensa, proceso, acceso, investigación, abogado, imputado, derechos, corte, procesal]