El legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al regular en los artículos 166.5, 170.4, 179.4 y 188B.3 del Código Penal -agravantes de los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, trata de personas y trata de migrantes-, al no incluir los mismos grados de parentesco civil que el que estableció para los grados de parentesco por consanguinidad. Declaró el condicionamiento en las citadas normas - [Resumen automatizado: 4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. || 4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. || Declarar EXEQUIBLE la expresión “primero civil” contenida en el numeral 5 del artículo 166 del Código Penal, en el entendido de que también comprende a los parientes civiles hasta el segundo grado inclusive. || Declarar EXEQUIBLE la expresión “primero civil” contenida en el numeral 4 del artículo 170 del Código Penal, modificado por el artículo 28 de la Ley 1257 de 2008, en el entendido de que también comprende a los parientes civiles hasta el cuarto grado inclusive.] - [Palabras claves automatizadas: parientes, grado, civiles, cometa, conducta, civil, artículos, segundo, sesenta, víctima, penal, primero, código, persona]

La Corte mantiene la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y en espacios públicos, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades locales competentes. También es constitucional la restricción de porte de sustancias sicoactivas, incluso la dosis mínima, en dichos sitios, siempre y cuando no esté relacionado con el consumo propio o la dosis medicada. \ ORDENA al Gobierno nacional que, si no lo ha hecho, dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión, expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Demanda sobre apartes de los numerales 13 y 14 del artículo 140 y numerales 13 y 14 del parágrafo 2 del mismo artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, adicionados por la Ley 2000 de 2019 - [Resumen automatizado: Corte Constitucional || Comunicado de Prensa No. 13 del 26 y 27 de abril de 2023 || LA CORTE MANTIENE LA RESTRICCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUSO LA DOSIS MÍNIMA, EN PARQUES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONFORME A LA REGULACIÓN QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES. || EL GOBIERNO NACIONAL DEBERÁ PROFERIR UN PROTOCOLO DE APLICACIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. || TAMBIÉN ES CONSTITUCIONAL LA RESTRICCIÓN DE PORTE DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS, INCLUSO LA DOSIS MÍNIMA, EN DICHOS SITIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ RELACIONADO CON EL CONSUMO PROPIO O LA DOSIS MEDICADA. || Sentencia C-127-23 (27 de abril) || M.P. JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ || Expediente: D-14771AC || 1.Norma revisada || “LEY 1801 DE 20162 || (julio 29) || Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. || EL CONGRESO DE COLOMBIA || 2 Publicado en el Diario Oficial No. 49.949 el 29 de julio de 2016.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, no, julio, expediente, seguridad, corte, por, sentencia, convivencia, constitucional, nacional, la, código, revisada, autoridades, fundamentales, mayo, el, expide, gobierno]

INEXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, "[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz", en virtud del cual se les confiere competencia para conocer acciones de tutela contra la JEP a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SecRVR- y a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SecARVR- del Tribunal para la Paz; habida cuenta que tanto la normativa constitucional como estatutaria atribuyen de forma clara, explícita y directa dicha competencia a la Sección de Revisión y a la Sección de Apelación, en primera y segunda instancia respectivamente \ Advirtió la Corte que, dada la excepcionalidad, temporalidad y especialidad de la Jurisdicción Especial para La Paz, entre otras características, cabe la acción de tutela contra todas las acciones y omisiones que afecten derechos fundamentales individuales, las cuales se tramitarán, en todos los casos, conforme a las reglas de competencia establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017 y de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, sin importar contra qué tipo de acciones u omisiones se dirigen, excepto en el caso de las sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, emitidas en los términos de los artículos 59 de la Ley 1922 de 2018 y 25 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, las cuales se someten a los controles de constitucionalidad propios de este tipo de decisiones, dado su carácter general, impersonal y abstracto. - [Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 1922 DE 2018 Y RATIFICÓ LA COMPETENCIA PRIVATIVA DE LA SECCIONES DE REVISIÓN Y DE APELACIÓN PARA CONOCER ACCIONES DE TUTELA CONTRA LA JEP || 1. La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, en virtud del cual se les confiere competencia para conocer acciones de tutela contra la JEP a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad SecRVR y a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad SecARVR del Tribunal para la Paz. || Como consecuencia de la decisión de inexequibilidad y luego de la notificación de esta providencia, las secciones de primera instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad deberán remitir los procesos de tutela, en el estado en que se encuentren y según se trate de procesos de primera o segunda instancia, a las secciones de Revisión y Apelación del Tribunal para la Paz.] - [Palabras claves automatizadas: paz, tutela, ley, sección, responsabilidad, apelación, acciones, acción, verdad, tribunal, reconocimiento, jep, revisión, competencia, conocer]

La Corte resolvió: 1) ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-014 de 2023, respecto a los cargos formulados contra la Ley 2197 de 2022, respecto al inciso 2 del artículo 4, la expresión "sesenta (60) años" contenida en el artículo 5, el artículo 13, la expresión "fue o ha sido imputado por delitos violentos" contenida en el numeral 8 del artículo 21, los cuales fueron declarados inexequibles; así como respecto a la exequibilidad condicionada de las expresiones "ha suscrito preacuerdos" y "aceptado cargos", contenidas en el numeral 8 del artículo 21, en el entendido de que el juez de conocimiento haya aprobado el preacuerdo o la aceptación de cargos. 2) INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo formulado en contra de la norma enunciada en la expresión: "en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico", contenida en el numeral 8 del artículo 21 de la Ley 2197 de 2022, por ineptitud sustantiva de la demanda. 3) DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, los incisos 1 y 3 y el parágrafo del artículo 4 de la Ley 2197 de 2022 - [Resumen automatizado: 3. En consecuencia, en el marco constitucional descrito y teniendo en consideración que la disposición no autoriza un proceso de sometimiento cultural, la mayoría de la Sala consideró que no se había desconocido el proceso de consulta previa para la aprobación del artículo 4° de la Ley 2197 de 2022, por cuanto se trata de una disposición de carácter general que también aplica en favor de ciertos extranjeros y que, en todo caso, en relación con las comunidades étnicas implica valorar el principio de favorabilidad, desarrollado en la Sentencia C-290 de 2017. || Además había que tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional, cuando se ha referido a la inimputabilidad por diversidad cultural, lo ha hecho en relación con los pueblos étnicos.6 De ahí que, a juicio del magistrado Ibáñez Najar, era evidente que las normas demandadas, indefectiblemente, tienen incidencia directa en esa comunidades y en su cultura, pues en ellas se prevé, para las personas que tienen una cultura diversa, un proceso de adaptación a la cultura mayoritaria, en la medida en que dispone su educación obligatoria en elementos de esta última.] - [Palabras claves automatizadas: consulta, ley, magistrado, cultura, pueblos, previa, medidas, mayoritaria, comunidades, derecho, normas, medida, debe]

La Corte condiciona el parágrafo 5 del Art. 155 -traslado por protección- de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, modificado por la ley 2197 de 2022, bajo el entendido de que: i) en el informe escrito exigido por el parágrafo 5º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, además de señalar los nombres, datos de identificación de la persona objeto del traslado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se materializa el mismo, se deberá incluir la causal invocada para el traslado y las razones por las cuales se considera que los hechos que dieron lugar a la medida caben dentro de la causal; y (ii) la persona sujeta al traslado, quien también deberá ser informada, podrá solicitar la cesación del procedimiento al superior jerárquico que haya recibido el informe\ Condicionamientos que se habían hecho al texto original y no fueron tenidos en cuenta en la redacción del texto modificado por la Ley 2197 de 2022\ Fallo con efectos retroactivos - [Resumen automatizado: Cuando la vida e integridad de una persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación policial como mecanismo para la solución del desacuerdo, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección en los siguientes casos: || En la demanda se cuestionó que esta norma, al no reproducir los condicionamientos hechos en la Sentencia C-281 de 2017, que declaró exequibilidad condicionada del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, antes de que fuera reformado, es incompatible con el principio de cosa juzgada constitucional (art. || Luego de este análisis, se prosiguió por estudiar la Sentencia C-281 de 2017 y, particularmente, el fundamento y el alcance de los condicionamientos que en ella se hicieron para declarar la exequibilidad de la norma prevista en el texto original del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016. || En este análisis constató que la norma demandada no reproduce dos de los tres condicionamientos hechos en la Sentencia C-281 de 2017, razón por la cual desconoce el principio de cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ley, norma, traslado, persona, deberá, protección, decisión, informe, efectos, corte, sentencia, hechos, nacional, policía, personal]

La Corte condiciona el exhibicionismo, como comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, en el entendido que aplica cuando se trate de la exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencia sexuales. Y declara INEXEQUIBLE la expresión "que genere molestia a la comunidad", al determinar que son ambiguas, vagas o abiertas e indeterminadas, por lo cual desconocen el principio de legalidad como parte del derecho al debido proceso. Expresiones contenidas en el literal b del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" - [Resumen automatizado: CORTE CONSTITUCIONAL CONDICIONÓ EL CONCEPTO DE EXHIBICIONISMO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA RESTRICCIÓN APLICA CUANDO SE TRATE DE ÓRGANOS GENITALES PARA GENERAR ACOSO O VIOLENCIA SEXUAL, Y A SU VEZ DECLARÓ INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “QUE CAUSE MOLESTIA A LA COMUNIDAD POR INDETERMINADA” POR SER AMBIGUA, VAGA E INDETERMINADA || Declarar la EXEQUIBILIDAD condicionada de la expresión “o de exhibicionismo” contenida en el literal b) del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que la restricción aplica cuando se trate de la exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencia sexuales. || Por su parte, la Corporación Judicial consideró que la expresión “que cause molestia” es igualmente vaga, imprecisa o tan amplia como indeterminada, lo cual vulnera de forma evidente el principio de legalidad estricta, en tanto que remite a escenarios en los cuales no son claros y concretos los supuestos de hecho que pueden llegar a generar o causar tal “molestia” frente a un concepto también amplio e indeterminado de “a la comunidad”, todo lo cual resultaría ser subjetivamente reprochado y posteriormente sancionado por el operador jurídico sin sujeción a la restricciones que impone la Constitución en garantía del ejercicio de los derechos y demás libertades públicas.] - [Palabras claves automatizadas: expresión, legalidad, comunidad, policía, actos, ley, b, corte, principio, autoridades, estricta, aplicación, contenida, tan]

Inepta demanda contra los artículos 108 ("muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas"), 118 ("parto o aborto preterintencional"), 122 ("aborto"), 123 ("aborto sin consentimiento") y 125 ("lesiones al feto") de la Ley 599 de 2000,"por la cual se expide el Código Penal" - [Resumen automatizado: Por su parte, en torno al artículo 122 del Código Penal, el magistrado consideró que la Corte tendría que haber aceptado que no existía cosa juzgada constitucional de las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 en relación con los cargos de la demanda objeto de examen en este proceso. || Así, en lo relativo al análisis de fondo sobre el artículo 122 del Código Penal, la Corte tendría que haber ponderado la protección de los derechos de la mujer en los términos en que lo hace la disposición con fundamento en los condicionamientos previstos en la Sentencia C-055 y advertir que por el carácter de ser sintiente del nasciturus era necesario condicionar la aplicación de la disposición para garantizar la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de conformidad con la jurisprudencia que protege los derechos de los seres sintientes. || Finalmente, el magistrado Ibáñez Najar acompañó a la mayoría en el sentido que la Corte debía inhibirse para conocer de los cargos formulados en la demanda en contra de los artículos 118 y 125 del Código Penal, por cuanto, ni siquiera con un enfoque pro actione, se superan las exigencias de carga argumentativa previstas en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: código, corte, penal, demanda, penas, decisión, respecto, mujer, constitucional, derechos, protección, artículos, sentencia, cargos, cosa]

Excluir los bienes "no sociales" del conjunto de bienes rurales de extinción de dominio destinados a nutrir el Fondo de Tierras conforme a lo previsto en el punto 1.1.1. del Acuerdo de Paz, y alterar el orden de prelación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al otorgarle a la Agencia Nacional para la Reincorporación (ANRN) una destinación prevalente, resulta contrario a los artículos 22 y 83 constitucionales y, en general, a la obligación constitucional de cumplir de buena fe los compromisos del acuerdo de paz, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2017 \ INEXEQUIBLES las expresiones "no sociales" y "o por la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización" del inciso segundo, así como el parágrafo 4º del artículo 50 de la Ley 2197 de 2022 (modificatorio de Art. 91 de la Ley 1708 de 2014) "por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones".\ La Sala reconoció la necesidad de adelantar acciones integrales respecto a la reincorporación de los excombatientes, incluyendo el acceso a tierras. Sin embargo, la ruta que establezca el legislador para alcanzar este objetivo no puede hacerse desconociendo los compromisos adquiridos de cara a la URT y a la ANT, pues ello resulta contrario a la buena fe y al parámetro jurisprudencial de progresividad en lo que se refiere a las normas de implementación del Acuerdo Final de Paz \ Inepta demanda contra los artículos 33A y 263 (parcial) de la Ley 599 de 2000, modificados por los artículos 4 y 12 de la Ley 2197 de 2022 - [Resumen automatizado: La Corte encontró que las expresiones “no sociales” y “o por la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización” del inciso segundo, así como el parágrafo 4º del artículo 50 de la Ley 2197 de 2022, resultan contrarios a los artículos 22 y 83 constitucionales y, en general, a la obligación constitucional de cumplir de buena fe los compromisos del acuerdo de paz, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2017. || Sin embargo, la ruta que establezca el legislador para alcanzar este objetivo no puede hacerse desconociendo los compromisos adquiridos de cara a la URT y a la ANT, pues ello resulta contrario a la buena fe y al parámetro jurisprudencial de progresividad en lo que se refiere a las normas de implementación del Acuerdo Final de Paz. Por lo anterior, declaró inexequible la expresión “o por la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización”, del inciso segundo del artículo 50 de la Ley 2197 de 2022, así como el parágrafo 4º del mismo artículo.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, cumplimiento, corte, inciso, segundo, artículos, nacional, norma, ley, código, sala, implementación, medidas, dominio, parágrafo]

La exigencia legal de haber descontado el 70% de la pena, para que una persona condenada por los jueces penales del circuito especializado, accedan al permiso de hasta 72 horas, establecida en el numeral 5o. del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario" modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, no vulnera el principio de igualdad. \ Se constató que las normas referidas por las intervinientes tienen un contenido y alcance diferentes, al tiempo que no reproducen el contenido demandado. En este sentido, la Corte observó que estas disposiciones regulan supuestos de hecho sustancialmente disímiles a lo previsto en la norma acusada, pues se refieren, en su orden, a la concesión de permisos excepcionales para salir del establecimiento de reclusión, la sustitución de la detención preventiva y la sustitución de la ejecución de la pena - [Resumen automatizado: En atención a ello la Sala debía definir si la norma demandada, al exigir a las personas condenadas por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado haber cumplido al menos el 70 % de la pena para poder acceder al beneficio administrativo de permiso por hasta 72 horas, a diferencia de lo exigido a las demás personas condenadas por delitos de competencia de otros jueces, a quienes se les exige haber cumplido con un tercio de la pena, vulneraba o no el principio de igualdad. || Correspondió a la Sala examinar si el numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, desconoce el derecho a la igualdad de las personas condenadas por los delitos cuya competencia recae en los jueces penales del circuito especializado, al establecer el cumplimiento del setenta por ciento de la pena impuesta como requisito para acceder al permiso de hasta setenta y dos horas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, norma, personas, pena, sala, igualdad, delitos, resocialización, horas, jueces, competencia, mayor, acceder, en, beneficio]

Exequibles los artículos 333, 336 y 336A de la Ley 599 de 2000 -Código Penal- adicionados por la Ley 2111 de 2021, en relación con los cargos: i) Arts. 333 y 336 - Contravenir el principio de estricta legalidad o tipicidad, ante la inclusión de verbos rectores y expresiones que impiden determinar la configuración de la conducta ilícita; ii) Art. 336 y 336A - vulnerar el principio de proporcionalidad en materia penal, al desconocer el carácter subsidiario del derecho penal y al otorgar de manera indirecta un tratamiento discriminatorio sobre la población campesina\ Exequible el inciso del Art. 302 de la Ley 906 de 2004 adicionado por el Art. 6 de la Ley 2111 de 2021, en cuanto la excepción frente al cómputo de las 36 horas con las que cuentan las autoridades para poner a un capturado a disposición de los jueces de control de garantías, no desconoce la regla contenida en el artículo 28 de la Constitución\ Tipos penales abiertos y en blanco \ Principio de proporcionalidad en materia penal \ Campesinado como sujeto de especial protección constitucional \ la libertad personal, sus limitaciones y garantías, cómputo de las 36 horas según la regla prevista en el artículo 28 de la Constitución - [Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ LA EXEQUIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1° PARCIAL Y 6° DE LA LEY 1121 DE 2021 DE LA LEY 2111 DE 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI “DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE” DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”, EN RAZÓN EXCLUSIVAMENTE DE LOS CARGOS ANALIZADOS. || 3.5 Con relación al segundo de los cargos planteados, la Corte concluyó que los tipos penales contenidos en los artículos 336 y 336A no son en sí mismos inconstitucionales, pues, idóneamente tienen por objeto proteger estructuras medio ambientales de la invasión, de la permanencia así sea de manera temporal y del uso indebido de los recursos naturales en áreas de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parques regionales, parques nacionales naturales, áreas o ecosistemas de interés estratégico y áreas protegidas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, naturales, medio, recursos, importancia, corte, áreas, especial, penal, artículos, xi, así, penales, relación, manera]

La Corte falla sobre varias disposiciones de la Ley 2197 de 2022, "por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones". i) Declara INEXEQUIBLES las siguientes disposiciones: Medidas en caso de declaratoria de inimputabilidad (Art. 4, Inc. 2 -C.P 33A-) \ Aumento del máximo de la pena de prisión a sesenta (60) años (Art. 5 -C.P 60-) \ la expresión "minusvalía" de la Ley 599 de 2000\ tipo penal de avasallamiento de bien inmueble (Art. 13 -C.P 264A-) \ "fue o ha sido imputada por delitos violentos", como circunstancia para determinar el peligro para la comunidad a efectos de imponer medidas de aseguramiento (Art. 21 Num. 8 -C.P.P 310-) \ Permitir que la Industria Militar y el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos -DCCAE- establezcan la forma de adquirir, portar, comercializar, importar y exportar armas (Art. 30) y, avalar que personas nacionales o extranjeras puedan desarrollar cualquiera de estas actividades en relación con las armas no letales (Art. 25 Pars. 1 y 2). \ ii) Condiciona las expresiones "ha suscrito preacuerdos" y "aceptado cargos", como circunstancias para determinar el peligro para la comunidad a efectos de imponer medidas de aseguramiento (Art. 21 Num. 8 -C.P.P 310-) \ iii) declara la exequibilidad de la circunstancia de agravación para el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten (Art. 16 Num. 1 -C.P 353B-) y el tipo penal de obstrucción a la función pública (Art. 20 -C.P 429D) - [Resumen automatizado: Como resultado de la aplicación de este test, concluyó que el referido tipo penal no superaba el estándar de necesidad, habida cuenta de que, por una parte, el Código Penal prevé otros tipos penales que sancionan algunas de las conductas tipificadas en el artículo 13 o relacionadas y, por otra parte, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla acciones para proteger los bienes inmuebles. || Séptimo, por una parte, la expresión “fue o ha sido imputada por delitos violentos,” contenida en el numeral 8º del artículo 21 (circunstancias para determinar el peligro para la comunidad a efectos de imponer medidas de aseguramiento) de la Ley 2197 de 2022 viola el derecho a la presunción de inocencia. || En efecto, las relaciones con bienes inmuebles, como son la tenencia, la posesión o la propiedad, son reconocidas y protegidas por el derecho; de ahí que esta norma realizaba el resguardo penal del patrimonio económico, que se relaciona directamente con los derechos y libertades económicas que hacen parte del “modelo de economía social de mercado”1 de la Constitución Política de 1991.] - [Palabras claves automatizadas: ley, personas, derecho, bien, derechos, inmueble, parte, sala, norma, expresión, penal, si, puede, pena, conducta, pacífica]

Cosa juzgada en relación con el artículo 1º (parcial) de la Ley 2111 de 2021 "Por medio de la cual se sustituye el título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones", específicamente en lo que respecta a los artículos 337 y 337A", declarado INEXEQUIBLE por la C-411-22 - [Resumen automatizado: Dichas entidades territoriales, esenciales para la existencia y equilibrio de la RMBC, son articuladoras de las decisiones por adoptar y de los esfuerzos en pro del desarrollo de la región; (ii) no se configura como un poder de veto, dado que el aval de dichas entidades es una expresión del objeto mismo de la Región; (iii) la propia Constitución establece de forma explícita mayorías especiales en las que se requiere el voto afirmativo de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, por lo que, la decisión del Legislador no es contraria al criterio del Constituyente. || A su juicio, tal como fue aprobada la disposición acusada ella desconoce el artículo 325 de la Constitución Política en cuanto faculta a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca para vetar decisiones del Consejo Regional en las que concurre la voluntad de la mayoría absoluta de la RMBC. || En opinión del magistrado Ibáñez Najar, no es cierto que la regla de consenso mancomunado prevista en el numeral 3º del parágrafo 1º del artículo 22 de la Ley orgánica 2199 de 2022 debilite el poder de la Alcaldía Mayor de Bogotá o la Gobernación de Cundinamarca para vetar una decisión de la mayoría.] - [Palabras claves automatizadas: región, bogotá, ordenamiento, metropolitana, cundinamarca, decisión, decisiones, entidades, constitución, mayoría, municipios, territorial]

Fallo inhibitorio sobre los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1123 de 2007, por ineptitud sustantiva de la demanda, en relación con los cargos de vulneración del principio de legalidad porque, en criterio del demandante, las faltas disciplinarias no determinaban ni identificaban la sanción que se debe imponer por incurrir en cada una de ellas. En particular, no establecían el castigo ni señalaban los criterios para su tasación. Cosa juzgada en relación con el Art. 40. - [Resumen automatizado: Constituyen faltas de lealtad con el cliente: a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado; b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable; c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto; d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos; e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común; En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos; f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito; g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales; h) Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profesional, i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.] - [Palabras claves automatizadas: abogado, profesional, faltas, disposiciones, artículos, justicia, obtener, ejercicio, corte, demanda, profesión, normas, auxiliares, ley, cualquier, profesionales, constituyen, gestión, cargo]