Comisión de la Verdad: informe final y liquidación. "Teniendo en cuenta que el Decreto 588 de 2017 omitió fijar el término en el que habrá de realizarse la socialización del informe final, tarea sustancial cuya competencia fue asignada por el ordenamiento a la Comisión, es menester que el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, especifique los términos en que dicha competencia debe ser ejecutada… [Presupuestalmente] es procedente… gestionar y recibir recursos que permitan el funcionamiento de la Comisión con posterioridad al 28 de noviembre de 2021: i) hasta el término dispuesto para las actividades de socialización del Informe Final, de conformidad con el decreto ejecutivo que se expida, y ii) para el proceso liquidatorio cuando concluyan las mencionadas actividades y el plazo para ellas dispuesto… Una vez agotado su mandato, la Comisión debe ser liquidada [por analogía] en los términos del Decreto Ley 254 de 2000, con las modificaciones introducidas por la Ley 1105 de 2006, y con observancia de las competencias de la misma Comisión sobre disposición y protocolos de los archivos…, [dentro del plazo fijado] en el acto mediante el cual el Gobierno ordene la liquidación…, [prorrogable] por acto administrativo debidamente motivado… [En dicho acto, el Gobierno] deberá proveer lo concerniente a: i) la designación del liquidador por parte del Presidente de la República, ii) la designación del revisor fiscal en el proceso de liquidación, iii) la prohibición de vincular nuevos servidores públicos, iv) la realización de inventarios y avalúos de los activos y pasivos de la entidad, v) la prohibición expresa al representante legal de la entidad de realizar cualquier tipo de acto que no esté dirigido a la liquidación de la entidad, vi) la destinación de bienes y rentas, vii) la situación de los servidores públicos… [En relación con] la destinación de los bienes…, compete a la Comisión adoptar medidas para el archivo de la información recolectada dentro del marco de sus funciones, y determinar las instrucciones necesarias para asegurar su preservación, al término de su mandato. También definirá la entidad que será depositaria de sus archivos, y que los custodiará. En lo atinente a los bienes que provengan de donaciones privadas, si el donante [dispuso sobre su destinación después del cierre de labores], deberán respetarse sus estipulaciones"

El artículo 92 de la Ley 617 de 2000 no se aplica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en relación con los gastos de personal iniciales que deban apropiarse con recursos del presupuesto general de la Nación, para hacer posible su efectiva conformación y el inicio de sus funciones judiciales, porque: (i) dicho órgano no está previsto actualmente como una "entidad" o "sección" en el presupuesto general de la Nación, y (ii) aunque se estableciera como una "sección" del presupuesto general, al tratarse de un órgano nuevo el límite a que se refiere el artículo 92 no podría aplicarse a los gastos de personal que se financien con recursos presupuestales durante su primer año fiscal de funcionamiento. No es necesario modificar ni exceptuar, para la JEP el límite al crecimiento de los gastos de personal previsto en el artículo 92 de la Ley 617, para que se determine la estructura organizacional detallada y la planta de personal en ejercicio de las facultades que el Acto Legislativo Nº 1 de 2017 confirió, en esta materia, a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia de la JEP

¿Qué mecanismo excepcional es jurídicamente válido para habilitar un título de gasto que permita dar viabilidad a una adición presupuestal en el rubro de funcionamiento de gastos de personal, con el objetivo de aumentar la planta de personal del INPEC, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y T-151 de 2015 (sic, es T-195 de 2015), mediante las cuales se declara un Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario? La Sala plantea todas estas alternativas a la consideración y evaluación del Gobierno Nacional, con la finalidad de superar el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario\ La gravedad de la violación al derecho a la salud no está dada únicamente porque las personas recluidas en las cárceles y penitenciarias no puedan acceder a los servicios de salud, ni siquiera a aquellos que se requieren con necesidad. Quizá la más grave violación al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad es que se deteriore y logre afectar el grado de salud con el cual contaba la persona al ingresar al establecimiento de reclusión. Las condiciones en que se encuentran los establecimientos de reclusión, en especial, a propósito del fenómeno de hacinamiento, implica que a una persona que es condenada no sólo se le impondrá el castigo de privarla de su libertad, sino que, además, se le privará del nivel de salud del cual gozaba

Competencia de los inspectores de policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 2332 de 6 de septiembre de 2017, C.P. Dr. Oscar Darío Amaya Navas. Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 y en consideración a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 206 de dicha norma, se suprimió la competencia de los inspectores de policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. El parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, al derogar tácita y parcialmente el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, eliminó la competencia de los inspectores de policía para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. De acuerdo con los artículos 107 y 624 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, solamente los despachos comisorios en los cuales se haya dado inicio a la diligencia judicial antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, pueden continuar siendo ejecutados o cumplidos por los inspectores de policía. Por el contrario, los despachos comisorios en curso o pendientes de resolver en los cuales no se dio inicio a la diligencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, no pueden ser diligenciados por los inspectores de policía, y en consecuencia, deben devolverse al comitente

(2017) Existe la obligación de la Fiscalía General de la Nación de pagar los tributos y obligaciones generados respecto de los bienes cuya administración corresponde al Fondo Especial para la Administración de Bienes - FEAB por haber sido objeto de medidas cautelares con fines de comiso; ya que no existe norma expresa en la Ley 1615 de 2013 que exonere del pago de los impuestos, obligaciones o intereses remuneratorios o moratorios a los bienes sujetos a medidas cautelares con fines de comiso o sobre los que se ha decretado el comiso de forma definitiva. Tampoco existe disposición alguna que autorice suspender el proceso de cobro coactivo que tenga como objeto dichos bienes. La Fiscalía está obligada a pagar las obligaciones e impuestos relacionados con el bien adjudicado, que se hayan causado a partir del momento en que ostenta el derecho de dominio sobre el bien. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1615 de 2013 y a que la calidad de propietario lo hace sujeto pasivo de impuestos y obligaciones, tal como ocurre, con el impuesto predial, de vehículos, o la Ley de Propiedad Horizontal. En un proceso de cobro coactivo con embargo no puede suspenderse como consecuencia del decreto de una medida cautelar con fines de comiso, pues no existe en la Ley 1516 de 2013 ni en las normas que regulan el referido proceso disposición alguna que permita la suspensión con fundamento en dicha causal

De acuerdo al artículo 7º del Decreto 2897 de 2011, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, le corresponde tramitar las solicitudes de repatriación o traslado de ciudadanos extranjeros que han sido condenados en Colombia y son nacionales de países con los cuales no se ha celebrado un tratado internacional sobre la materia. Asimismo, el Ministro de Justicia, en su calidad de jefe de la administración de esta entidad, le corresponde estudiar y decidir dichas solicitudes. La competencia del mencionado Ministerio para decidir las referidas peticiones encuentra sustento en los artículos 1. 1. 1. 1 del Decreto 1069 de 2015 y 2º, 6º y 7º del Decreto 2897 de 2011. Para la determinación de la decisión a tomar por el Ministerio debe aplicarse, vía analogía y en lo que resulte pertinente, lo dispuesto por las Leyes 250 de 1995, 285 de 1996, 291 de 1996, 404 de 1997 y 597 de 2000. La decisión del Ministerio de conceder o negar la repatriación debe ser adoptada por el Ministro a través de una resolución, que es el acto administrativo que de acuerdo a la doctrina, deben expedir las autoridades administrativas diferentes al Presidente de la República cuando ejercen sus funciones

2017 La destrucción de remanentes de muestras tomadas a sustancias relacionadas con estupefacientes se encuentra sometida a los requisitos señalados en el artículo 262 de la Ley 906 de 2004, y no a los establecidos en el artículo 82 de la Ley 30 de 1986. Por lo tanto, es la autoridad judicial competente, y no el Consejo Nacional de Estupefacientes, quien tiene la facultad para decidir sobre dicha destrucción. La expresión "en cualquier otro momento" del artículo 262 de la Ley 906 de 2004, no puede interpretarse de forma literal, sino que debe hacerse de forma sistemática con la Constitución Política. De esta suerte, una interpretación acorde con el orden constitucional frente a la oportunidad que tiene la autoridad judicial para decidir acerca de la disposición del remanente del elemento material probatorio, es aquella que entiende que la destrucción de este es posible únicamente cuando no se afecten los derechos al debido proceso y a la defensa, así como tampoco el ejercicio de las funciones de investigación y acusación a cargo de la Fiscalía

Fiscal General de la Nación - Periodo Institucional - Ni la Constitución ni la ley fijaron la fecha de inicio del periodo institucional del Fiscal General de la Nación, pero ello no indica que la misma no sea clara y fácilmente determinable - Falta absoluta de Fiscal General de la Nación

Los Magistrados de Justicia y Paz conforman una Sala Especializada denominada Sala de Justicia y Paz en el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial. Tales Magistrados ejercen las competencias especiales señaladas en la Ley 975 de 2005, conforme a la asignación y distribución territorial de las mismas. Las Salas de Justicia y Paz hacen parte del Tribunal Superior respectivo y sus Magistrados son miembros de la Sala Plena del mismo.

(2006) ¿Cómo aplica la prescripción de la acción de cobro y la posibilidad de hacer rebajas o condonación de intereses en relación con el cobro de tasas retributivas y transferencias ambientales? ¿Es aplicable la prescripción de la acción de cobro en tratándose de deudas fiscales provenientes de transferencias ambientales? ¿Es posible hacer rebajas o exoneraciones de intereses a las entidades públicas, entidades de régimen jurídico particular como las empresas prestadoras de servicios públicos y empresas del sector productivo, ante la realización de acuerdos de pago en lo que tiene que ver con tasas retributivas y transferencias ambientales? Transferencias ambientales - Término de prescripción. Cobro coactivo. Intereses. Condonación. Tasas retributivas - Cobro coactivo. Tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales. Servicio público de alcantarillado. Entidades territoriales - Acuerdo de pago con autoridades ambientales. Transferencias ambientales. Jurisdicción coactiva - Competencia para cobro de tasas retributivas. Delito de peculado por aplicación oficial diferente

¿Los funcionarios públicos desplazados por la violencia y desaparecidos tienen derecho al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales? ¿Puede la entidad proveer los cargos de los empleados desaparecidos o desplazados? Desplazamiento forzado. Funcionarios públicos desaparecidos - Pago de salario. Funcionarios públicos desplazados - Pago de salario. Funcionarios públicos secuestrados - Pago de salario. Empleados de carrera - Protección. Servidor público - Vacancia temporal. Delito de desaparición forzada de personas

(2006) ¿Corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad o a sus delegados, dar cumplimiento a la expulsión de extranjeros cuando la misma haya sido decretada como pena accesoria? ¿Cuál es el término de prescripción de la pena accesoria de expulsión del territorio nacional? Pena accesoria de expulsión del territorio nacional - Término de prescripción. Departamento Administrativo de Seguridad - Competencia en expulsión de extranjeros

(2006) ¿Debe entenderse, a la luz de la ley 526 de 1999, la frase "autoridades competentes", como todas aquellas autoridades que soliciten la información, o bien todas aquellas autoridades, que en razón de sus funciones relacionadas con el lavado de activos, estén legitimadas para acceder a la información que reposa en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), teniendo en cuenta el carácter reservado de la información? Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF -Carácter reservado de la información. Autoridades solicitantes de información. Delito de lavado de activos. Superintendencia Bancaria. Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. Superintendencia de Valores. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fiscalía General de la Nación

(2005) ¿La persona que dentro de la justicia penal militar se ha desempeñado como juez de instrucción podría ocupar el cargo de fiscal ante el Tribunal Superior Militar? Tribunal Superior Militar - Fiscal delegado. Justicia Penal Militar - Juez de instrucción

(1999) Si un extranjero se encuentra detenido con fines de extradición y en su contra se viene adelantando el trámite judicial para extraditarlo no puede la autoridad administrativa competente ordenar la deportación o expulsión. Extradición de extranjero. Deportación de extranjero. Expulsión de extranjer

(1999) Si habiéndose solicitado la extradición de un extranjero, con fundamento en un tratado vigente, para resolver se dispone su detención o captura, ella tiene exclusivo carácter cautelar, mientras se resuelve la petición. Extradición de extranjero. Deportación de extranjero. Expulsión de extranjero