¿Se vulneran los derechos fundamentales al buen nombre, habeas data, igualdad, mínimo vital y trabajo al incluir el certificado de antecedentes judiciales la leyenda "ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA"? Si, el derecho de habeas data constituye una garantía, tanto de las personas naturales como jurídicas, de conocer, actualizar y rectificar la información que de ellas reposa en los archivos físicos y en formato digital de entidades públicas y privadas. Del mismo modo, hace alusión a la obligación de respetar la libertad y demás prerrogativas constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y tráfico de datos. Del anterior panorama probatorio, refulge con claridad para la Sala que la anotación reflejada en el certificado de antecedentes penales generado tras consultar la plataforma virtual destinada para tal fin, una vez se consigna la cédula de ciudadanía del accionante, permite que terceros con intereses particulares lleguen a la conclusión, bajo su entendimiento, que la persona permanece vinculada a la actuación judicial respecto de la cual ejecutó la pena impuesta o que aún tiene pendiente un asunto con la administración de justicia

¿Se vulneran los derechos al habeas data y al debido proceso del accionante, al mantener vigente la orden de captura proferida en su contra librada desde hace más de 3 años? De conformidad con el precepto 298 de ejusdem, modificado por la Ley 1153 de 2011, la orden de captura tendrá una vigencia máxima de un año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario a petición del fiscal correspondiente, quien estará obligado a comunicarla al organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva, quien podrá divulgar a través de los medios de comunicación. Ahora bien, esa disposición no induce a ningún tipo de interpretación distinta a aquélla que permite concluir que esa limitación tiene un término o duración expresa e inequívoca de 1 año, lo que sin necesidad de mayor elucubración, también otorga la inferencia sobre el carácter legal del inicio y el fenecimiento de su vigencia. Por lo anterior, surge nítido que por existir un plazo especifico frente a la duración de esta limitante, la orden de cancelación viene dada por la misma ley, sin que sea pertinente exigir a las autoridades encargadas de viabilizar la captura, resolución diferente, para que desaparezca o se proceda en ese sentido