¿La sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá vulnera el derecho al debido proceso del accionante al incurrir en defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria porque en el proceso penal no se demostró su participación en los delitos por los que fue condenado, por lo que la responsabilidad penal se fundamentó exclusivamente en suposiciones e inferencias erróneas, derivadas de su condición de empresario dedicado a la explotación de palma? La Sala considera improcedente esta solicitud, cuando menos por tres tipos de razones: (i) la extinción de la pena y de la acción penal impiden adoptar remedios procesales en cuanto a la decisión adoptada; (ii) el caso planteado no se ajusta a los supuestos en que la Corte ha protegido los derechos fundamentales de los familiares del accionante fallecido; y (iii) las circunstancias que se alegan para sustentar la presunta vulneración de los derechos fundamentales no corresponden con la materia debatida en el presente caso y, en caso de evidenciarse, deben protegerse por vías judiciales diferentes. En cuanto al primer aspecto, debe insistirse en que la muerte del condenado extingue la pena. Asimismo, tampoco puede reabrirse el proceso penal debido a que el proceso penal también se ha extinguido por la misma razón. Ante esas circunstancias, cualquier orden de protección en sede constitucional sería inejecutable. Respecto de lo segundo, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de proteger los derechos fundamentales de los familiares de la persona fallecida ha sido circunscrita por la jurisprudencia constitucional respecto a las víctimas del delito, no de sus perpetradores

¿Es procedente la acción de tutela sub examine para obtener la información que busca aportar el accionante al proceso penal que se adelanta en su contra? La Sala resalta que, el proceso penal es el escenario idóneo para solicitar la información que requiere el accionante, habida cuenta de (i) su naturaleza, por cuanto se trata de las historias clínicas de los sujetos pasivos de las conductas punibles investigadas, así como de (ii) la finalidad que se persigue con la aducción de esta documentación al proceso penal, es decir, para garantizar sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en cada caso, se "debe evaluar si (…) [se] tiene algún otro mecanismo para solicitar la entrega de la información a la entidad demandada" . (Negrillas del texto). Lo anterior, por cuanto "no [se] puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia". En consecuencia, la tutela sub judice es improcedente, toda vez que el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario (los dispositivos y recursos propios del proceso penal que se adelanta en su contra) que, en el caso concreto, es eficaz para (i) proteger sus derechos fundamentales, (ii) solicitar la entrega de la documentación que requiere para su defensa, (iii) examinar la razonabilidad y proporcionalidad de su petición y (iv) controvertir la eventual negativa de la entidad accionada de entregar o aportar dicha documentación a la investigación penal