Exequible el Decreto Legislativo 804 de 2020 "por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

INEXEQUIBLE la expresión "La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- compensará de manera automática los saldos adeudados por esta figura en caso de liquidación de Entidades Promotoras de Salud -EPS-" contenida en el Par. 3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020, -por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica-, toda vez que la institución de la compensación no puede ser utilizada para saldar obligaciones que no están relacionadas con la atención de la emergencia del COVID-19, más aún cuando las EPS en liquidación no pueden desarrollar su objeto social más allá de los actos necesarios para lograr su liquidación\ Exequibles los demás textos\ Reviviscencia de artículo derogado (no inexequible), artículo 50 -FONSEAT- de la Ley 1438 de 2011

CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE la expresión "La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa" contenida en el artículo 2 del Decreto Legislativo 563 de 2020 -por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica-, en el entendido de que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa. Exequible el resto del decreto

INEXEQUIBLE la expresión "y caducidad", prevista en el parágrafo de su artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, "por el cual se adoptan medidas para las garantías de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". Exequible los demás textos del decreto\ La exclusión de la suspensión del término de caducidad en materia penal, desconoce los derechos de las víctimas a la reparación

Fallo inhibitorio sobre el artículo 193 de la Ley 906 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda, sobre el cargo de inconstitucionalidad por omisión del legislador fundada en la ausencia o la no participación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal. No obstante, el actor no tuvo en cuenta que esta regla emana del artículo 107 de la Ley 906 de 2004 y del papel del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema penal acusatorio, a partir de la reforma introducida a la Constitución por el Acto Legislativo 01 de 2002 respecto de quienes forman parte de la relación jurídico procesal

Fallo inhibitorio sobre el artículo 193 de la Ley 906 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda, sobre el cargo de inconstitucionalidad por omisión del legislador fundada en la ausencia o la no participación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal. No obstante, el actor no tuvo en cuenta que esta regla emana del artículo 107 de la Ley 906 de 2004 y del papel del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema penal acusatorio, a partir de la reforma introducida a la Constitución por el Acto Legislativo 01 de 2002 respecto de quienes forman parte de la relación jurídico procesal

Cosa juzgada en relación con el numeral 4 del Art. 313 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal - adicionado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2007, "por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado"

Cosa juzgada en relación con el numeral 4 del Art. 313 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal - adicionado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2007, "por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado"

Cosa juzgada en relación con el numeral 4 del Art. 313 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal - adicionado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2007, "por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado"

La Corte estudió la demanda sobre varios artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la que se plantea la vulneración de la Constitución en relación con los derechos de las personas por el uso de video vigilancia, sobre los cuales declaró:\ la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 237, en el entendido de que el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y-o almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad, en los términos del numeral 157 de esta providencia.\ la EXEQUIBILIDAD del Art. 32 y del Inc. 1 y Par. 2 del Art. 146\ y, se inhibe de fallar sobre el Num. 8º del Art. 95 y el Art. 139

La Corte se inhibe de fallar sobre el artículo 122 -Aborto- de la Ley 599 de 2000 -Código Penal- "tal como fue interpretado en la Sentencia C-355 de 2006", señalando que "reprocha la despenalización de los procedimientos abortivos provocados por personal médico en hospitales legales".\ La Corte concluyó que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar la constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que en casos en los que se discute la existencia de cosa juzgada, al existir una decisión previa en relación con el texto normativo demandado, el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad1. Así, la demanda debería haberse ocupado de demostrar que a pesar de que se haya dado un pronunciamiento previo, se configuró alguno de los supuestos que, de acuerdo con la jurisprudencia, debilitan los efectos de la cosa juzgada. \ Inepta demanda en relación con los cargos presentados

La Corte se inhibe de fallar sobre el artículo 122 -Aborto- de la Ley 599 de 2000 -Código Penal- "tal como fue interpretado en la Sentencia C-355 de 2006", señalando que "reprocha la despenalización de los procedimientos abortivos provocados por personal médico en hospitales legales".\ La Corte concluyó que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar la constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que en casos en los que se discute la existencia de cosa juzgada, al existir una decisión previa en relación con el texto normativo demandado, el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad1. Así, la demanda debería haberse ocupado de demostrar que a pesar de que se haya dado un pronunciamiento previo, se configuró alguno de los supuestos que, de acuerdo con la jurisprudencia, debilitan los efectos de la cosa juzgada. \ Inepta demanda en relación con los cargos presentados

INEXEQUIBLE el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997 -modificado por el artículo 3º de la Ley 1941de 2018 "Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014"-, que establecía que la declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera "examinar la posibilidad de decidir" si adelantaba diálogos de paz con grupos armados\ Desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de orden público del presidente de la República. \L a Corte consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos armados organizados.\ Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica\ Jerarquía del derecho internacional humanitario en nuestro sistema jurídico

Fallo inhibitorio sobre la expresión "o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta" contenida en el numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016\ L a Corte prosiguió por determinar que la demanda asume de manera objetiva que la norma demandada prevé que portar sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta es una conducta contraria a la convivencia, en tanto y en cuanto pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Sin embargo, al considerar que el porte de tales objetos se califica así en cualquier ámbito o lugar, se aleja del contenido objetivo de la norma demandada y asume una lectura subjetiva de la misma, que no se deriva de lo que en ella se enuncia. En efecto, el ámbito de la norma demandada no es todo el territorio nacional, ni siquiera todos los lugares abiertos al público, sino sólo algunos de ellos, que están debidamente delimitados

Inexequible la expresión "relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno" contenida en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 "por medio de la cual se adoptan reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz", que al limitar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz desconoció la reserva de ley estatutaria. Para la Corte el resto del parágrafo reitera las previsiones superiores

La Corte decidió condicionar el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, "por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 11006 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014" (Adic. Art. 6 de la Ley 418 de 1997), en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las ZEII para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación. Igualmente, en el sentido de que las actuaciones de las autoridades públicas previstas en la disposición deben guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto

Fallo inhibitorio sobre el artículo 136 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda

Fallo inhibitorio sobre el artículo 136 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda

Inepta demanda contra el parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", que autoriza el registro físico de personas y bienes por parte de la Policía, su procedimiento y las consecuencias de resistirse, en relación con los cargos contra los derechos a la intimidad y al debido proceso