Control de constitucionalidad al Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales. Esta decisión obedece a que (i) existe cosa juzgada constitucional sobre el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, en virtud de la Sentencia C-080 de 2018; y (ii) el texto del Proyecto de Ley no fue modificado, por lo que las objeciones no tuvieron la virtualidad de producir efectos jurídicos, razón por la cual carece de objeto abordar el examen de los problemas jurídicos advertidos por la Corte en el Auto 123 de 2019. No es entonces necesario hacer un estudio de fondo. En consecuencia, de ninguna manera se está convalidando el trámite legislativo surtido con posterioridad a la expedición de la Sentencia. La Corte ordenará dar continuidad al trámite constitucional, cumpliendo el objetivo de "agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto" (art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2016). En cuanto en el trámite y decisión de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley no se presentaron discrepancias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que hubieren podido dar lugar al archivo parcial del proyecto y, por el contrario, fueron rechazadas en ambas Cámaras, se entiende que el texto previamente revisado no sufrió alteraciones, la Corte lo remitirá al Presidente de la República para que continúe el trámite de su sanción y promulgación, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado numeral quincuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia C-080 de 2018 y del inciso segundo del artículo 167 de la Constitución

La Corte Constitucional decidió declararse inhibida para ejercer el control automático de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones formuladas por el Presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero. La Corte, en consecuencia, es competente para ejercer control automático y único de constitucionalidad respecto del trámite legislativo que se adelanta como consecuencia de la formulación de objeciones por parte del Presidente de la República, como lo solicitan el Procurador General de la Nación y el presidente de la Cámara de Representantes, pero sólo dentro del proceso de control de constitucionalidad de las modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial, que tuviere el proyecto de ley luego de agotado el mencionado trámite legislativo y, en todo caso, antes de su sanción y promulgación por parte del Presidente de la República. Por tal razón, el presidente del Congreso, al concluir el trámite de las objeciones formuladas por el Presidente de la República o el plazo para decidir sobre el particular, lo que ocurra primero, remitirá a esta Corporación el proyecto que resultare de dicho procedimiento, incluso en el evento de que el mismo fuere archivado total o parcialmente