El artículo 92 de la Ley 617 de 2000 no se aplica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en relación con los gastos de personal iniciales que deban apropiarse con recursos del presupuesto general de la Nación, para hacer posible su efectiva conformación y el inicio de sus funciones judiciales, porque: (i) dicho órgano no está previsto actualmente como una "entidad" o "sección" en el presupuesto general de la Nación, y (ii) aunque se estableciera como una "sección" del presupuesto general, al tratarse de un órgano nuevo el límite a que se refiere el artículo 92 no podría aplicarse a los gastos de personal que se financien con recursos presupuestales durante su primer año fiscal de funcionamiento. No es necesario modificar ni exceptuar, para la JEP el límite al crecimiento de los gastos de personal previsto en el artículo 92 de la Ley 617, para que se determine la estructura organizacional detallada y la planta de personal en ejercicio de las facultades que el Acto Legislativo Nº 1 de 2017 confirió, en esta materia, a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia de la JEP

¿Qué mecanismo excepcional es jurídicamente válido para habilitar un título de gasto que permita dar viabilidad a una adición presupuestal en el rubro de funcionamiento de gastos de personal, con el objetivo de aumentar la planta de personal del INPEC, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y T-151 de 2015 (sic, es T-195 de 2015), mediante las cuales se declara un Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario? La Sala plantea todas estas alternativas a la consideración y evaluación del Gobierno Nacional, con la finalidad de superar el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario\ La gravedad de la violación al derecho a la salud no está dada únicamente porque las personas recluidas en las cárceles y penitenciarias no puedan acceder a los servicios de salud, ni siquiera a aquellos que se requieren con necesidad. Quizá la más grave violación al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad es que se deteriore y logre afectar el grado de salud con el cual contaba la persona al ingresar al establecimiento de reclusión. Las condiciones en que se encuentran los establecimientos de reclusión, en especial, a propósito del fenómeno de hacinamiento, implica que a una persona que es condenada no sólo se le impondrá el castigo de privarla de su libertad, sino que, además, se le privará del nivel de salud del cual gozaba

Competencia de los inspectores de policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 2332 de 6 de septiembre de 2017, C.P. Dr. Oscar Darío Amaya Navas. Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 y en consideración a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 206 de dicha norma, se suprimió la competencia de los inspectores de policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. El parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, al derogar tácita y parcialmente el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, eliminó la competencia de los inspectores de policía para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces. De acuerdo con los artículos 107 y 624 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, solamente los despachos comisorios en los cuales se haya dado inicio a la diligencia judicial antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, pueden continuar siendo ejecutados o cumplidos por los inspectores de policía. Por el contrario, los despachos comisorios en curso o pendientes de resolver en los cuales no se dio inicio a la diligencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, no pueden ser diligenciados por los inspectores de policía, y en consecuencia, deben devolverse al comitente