CONGRESISTA / PERDIDA DE LA INVESTIDURA / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA
Los artículos 184 y 237, ordinal 5o. de la Constitución Política, no dejan la menor duda sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso sobre pérdida de la investidura de los congresistas.
PERDIDA DE LA INVESTIDURA / PROCESO ORDINARIO
Salvo disposición legal en contrario, no puede haber conflicto jurídico sin juez o sin solución. Para evitar lo primero, las diferentes legislaciones consagran una regla general de competencia para los casos en que no se haya previsto un juez especial. Entre nosotros, lo es el Juez Civil del Circuito según el artículo 16 numeral 11 del C. de P.C. Y, para evitar lo segundo respecto a conflictos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, igualmente se establece que el procedimiento ordinario será el pertinente cuando no se haya establecido uno especial (Artículo 206 del C.C.A.).
CONGRESISTA - Incompatibilidades / PERDIDA DE LA INVESTIDURA / GESTION DE NEGOCIOS / FONDOS PUBLICOS / PERSONERIA JURIDICA - Inexistencia
"Gestionar", como lo dice el diccionario de la lengua española, es "Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera", que fue precisamente lo que el congresista demandado hizo con el señor Gómez Gaona. Se encuentra configurado el caso de la cuarta incompatibilidad establecida en el artículo 180 de la Constitución Política, según el cual los congresistas no pueden realizar gestiones con personas naturales que invierten fondos públicos, conducta que está sancionada con la pérdida de la investidura por mandato del numeral 1o del artículo 183 de ibídem. De tal forma, que ha tenido en cuenta la Sala que no se demostró, lo cual por lo demás era imposible que el demandado hubiera gestionado con el Instituto de Capacitación de Bachillerato INCABA, por la potísima razón de que ello supondría que tuviera personería jurídica, atributo este del cual carece. Porque como bien lo anota el ministerio público, la "personalidad" de los mencionados planteles educativos es la misma de su propietario, ante quien sí gestionó el demandado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: JOAQUÍN BARRETO RUIZ
Santafé de Bogotá, D.C., febrero veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Radicación número: AC-535
Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales solicitó al Consejo de Estado se decrete la pérdida de la investidura del representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes (fls. 262 a 266), con fundamento, en síntesis, en lo siguiente:
a) Al Instituto de Capacitación de Bachillerato "INCABA" se le asignaron partidas del presupuesto nacional de 1991 por valor de $285 millones, de los cuales $160 millones fueron incorporados por iniciativa del mencionado Representante a la Cámara.
b) El Tesorero de ese establecimiento educativo giró el 19 de diciembre de 1991 el cheque número 4300834 por $12 millones y el 15 de enero de 1992 el número 5233816 por $5 millones, ambos contra la cuenta corriente número 053 - 876243 - 06 del Banco Industrial Colombiano a la orden del señor Antonio Peña.
c) En la mencionada cuenta corriente fue consignado el cheque por valor de $79 millones girado por el Fondo de desarrollo comunal en favor del Instituto de capacitación de Bachillerato "INCABA", por concepto de auxilios de iniciativa parlamentaria, e igualmente a la misma cuenta fueron trasladados $55 millones procedentes de auxilios, consignados inicialmente en el Banco Popular, cuenta INCABA Auxilios Nacionales 06215188 - 06.
d) Los cheques girados a Antonio Peña fueron endosados mediante sendas firmas ilegibles y diferentes entre sí, no obstante tratarse de un mismo tenedor, señalándose en el primer caso como documento de identificación la cédula de ciudadanía número 19.957.103 y en el segundo la número 22.030.460 que no han sido adjudicadas, conforme lo hace constar la Registraduría Nacional del Estado Civil.
e) Posteriormente esos mismos cheques fueron endosados mediante una misma firma ilegible indicándose como cédula de ciudadanía la número 2.981.288, cuyo titular es Leovigildo Gutierrez Puentes, y consignados el primero en la cuenta corriente número 011 - 01507 - 0 del Banco Anglo Colombiano y el segundo en la cuenta de ahorros de valor constante 0067 - 0005381 - 9 de la Corporación de Ahorro y Vivienda DAVIVIENDA, las cuales pertenecen también a Leovigildo Gutierrez Puentes.
La solicitud, en lo pertinente, termina así:
"De lo anterior se infiere que el Representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes, adelantó gestiones ante el Instituto de Capacitación del Bachillerato "INCABA", para que se efectuara el giro, en favor del supuesto y al parecer inexistente primer beneficiario (Antonio Peña), y en últimas obtuvo los cheques que finalmente fueron consignados en sus cuentas bancarias personales.
Como quiera que el Instituto de Capacitación del bachillerato "INCABA", es una persona jurídica de derecho privado que, a título de auxilios, recibió donaciones del Estado y según los fines para los cuales fueron otorgados tales auxilios administraba dichos dineros públicos, es claro que el representante a la cámara Leovigildo Gutierrez Puentes, en su condición de congresista, no podía realizar ninguna clase de gestión ante la mencionada entidad INCABA, según los mandatos del numeral 4o. del artículo 180 de la Carta Política.
Según quedó establecido, la causal por la que se adelanta la presente acción es aquella consignada en el numeral 1o del artículo 183 de la Constitución Nacional, esto es porque el congresista Leovigildo Gutierrez Puentes ha podido incurrir en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al realizar gestiones con personas jurídicas de derecho privado que administran, manejan o invierten fondos públicos o reciben donaciones del Estado, contrariando así la prohibición consignada en el numeral 4o del artículo 180 de la misma Carta, cuestión que a su turno equivale a las causales que para pérdida de investidura reprodujo la ley 5a. de 1992 en los numerales 1 y 2 del artículo 296, razones por las cuales no hay lugar a obtener ni menos acompañar sentencia penal condenatoria mediante la cual se hubiere establecido que el respectivo congresista incurrió en indebida destinación de dineros públicos, requisito éste que exige la ley únicamente para los casos previstos en los ordinales 4 y 5 del citado artículo 296". (folios 264 y 265).
Contestación de la solicitud. El demandado contestó la solicitud por intermedio de apoderado (fls. 275 a 283), afirmando que fue elegido Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Meta para el período constitucional que termina en 1994; dijo que es cierto que fue gestor del auxilio a INCABA por la suma de $160 millones y que también lo es que la entidad educativa beneficiaria de los auxilios los recibió con el visto bueno de la Procuraduría Delegada para Asuntos presupuestales que suscribió la solicitud ante el Consejo de Estado; que la solicitud atribuye al congresista, sin fundamento alguno, que éste adelantó gestiones ante el Instituto educativo para que se efectuara el giro de dos cheques por doce y cinco millones de pesos, lo cual no es cierto porque INCABA no emitió cheque alguno, ni entregó algún dinero que tenga que ver con el representante Gutiérrez Puentes; que tampoco el congresista "adelantó gestiones" en tal sentido; que aparte de haber sido uno de los "gestores" de los auxilios al mencionado Instituto el parlamentario no tuvo intervención alguna en las actividades o manejos internos de ese plantel educativo; después de transcribir uno de los fundamentos jurídicos de la solicitud se afirma que ninguna violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflictos de intereses le puede ser atribuido válidamente al representante Gutiérrez Puentes; pues las inhabilidades tocan con la elegibilidad o inelegibilidad del parlamentario, cuestión esta extraña al presente proceso; al referirse a las incompatibilidades transcribe apartes de la solicitud y afirma que la acusación se formula, sin que el representante Gutiérrez Puentes haya sido escuchado, bajo la presunción de culpabilidad, con manifiesta violación del artículo 29 de la Constitución Política; que el presente caso es otro capítulo del serio desacuerdo que actualmente se registra entre la Procuraduría y la Fiscalía con la rama legislativa, en que aquellas todo le reprochan a ésta; que si la Procuraduría Delegada hubiera querido obtener una información veraz y completa, habría pedido explicaciones al representante Gutiérrez Puentes, evitándose promover esta acción.
En un capítulo que denomina Replica a la demanda la contestación prosigue:
Que infiere mal la demandante cuando propone "que el Representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes, adelantó gestiones ante el Instituto de Capacitación del Bachillerato "INCABA", para que se efectuara el giro"; que yerra al suponer una maniobra mediante la utilización "del supuesto y al parecer inexistente primer beneficiario (Antonio Peña)." y que desacierta al considerar a dicho congresista incurso en la causal 4a de incompatibilidades establecidas en el artículo 180 de la Constitución Política; que la verdad es esta:
Que el representante a la Cámara Gutiérrez Puentes, quien ha sido elegido en esa condición desde 1974 hasta 1991, se encontró corto de recursos económicos para afrontar las últimas elecciones (27 de Octubre de 1991 y 8 de marzo de 1992), por la frecuencia de los comicios, incluidos los de Presidente y Asamblea Constitucional. Cuentas de cobro inaplazables le llegaron después de las elecciones de octubre, por los conceptos de publicidad, transporte y remuneración de empleados de las campañas; que ante esa difícil situación, pues el reintegro legal de los gastos electorales tardarían en llegar, llamó por el teléfono a su casa de habitación a don Emilio Delfín Gómez Gaona, para pedirle el favor personal de prestarle el dinero indispensable a fin de cubrir las deudas electorales pendientes, y alguna suma adicional para afrontar la muy próxima campaña de elección de diputados, alcaldes y consejales del 8 de marzo de 1992; que el señor Gómez convino en hacerle ese favor al demandado y éste envió a su chofer Antonio Peña (empleado de la Cámara a su servicio) a recoger los cheques correspondientes; que ignora el representante Gutiérrez Puentes por qué don Emilio Delfín Gómez Gaona emitió los cheques, por $12 millones a la vista y $5 millones posdatados, a nombre del comisionado peña y no a su nombre, pero que como era una equivocación irrelevante se abstuvo de pedir el cambio de esos títulos ; que no teniendo nada que ocultar, disimular o simular, el representante Gutiérrez Puentes colocó su firma y el número de su cédula al reverso de los cheques y los consignó en sus cuentas bancarias como cualquier otra operación comercial corriente; que si de no parecer se hubiera tratado, nada habría sido tan fácil al parlamentario como dejar que su chofer hiciera el cobro en el Banco, en su propio nombre, y le trajera el dinero; que en garantía del préstamo, el doctor Gutiérrez Puentes había enviado con Peña el cheque No. 2794650 del Banco Mercantil (Villavicencio), a favor de Delfín Gómez, sin fecha, por $17 millones; que dos abonos ha hecho a esta deuda, por once millones de pesos, anotados al reverso del título; que ninguna "gestión" adelantó el representante Gutiérrez Puentes "ante el Instituto de Capacitación del Bachillerato "INCABA" ni jamás ha intervenido en su manejo o funcionamiento y finalmente, que "esos son los Hechos, los verdaderos!".
Excepciones. Propuso el demandado la excepción de pleito pendiente, respecto de la cual se profirió la providencia desestimatoria de folios 311 a 314.
Terceros intervinientes. Durante el trámite del proceso se constituyeron, como parte coadyuvante el ciudadano Fernando Soler Rojas (fls. 354), y como impugnante, el ciudadano Héctor Arturo Moreno Morales (fls 401 a 405).
Alegatos. Dentro del término para alegar, el Ministerio Público, el demandado, el coadyuvante y el impugnante presentaron sus alegatos, así:
a) El Ministerio Público (fls 407 a 412), expresó, en lo pertinente, que los hechos fundamentales de la acción están demostrados en el proceso, advirtiendo que los planteles educativos favorecidos con los auxilios de iniciativa parlamentaria no tenían personería jurídica, según se desprendía de las certificaciones de folios 349 y 359 y de la declaración de su propietario el señor Emilio Delfín Gómez Gaona, razón por la cual la personalidad de aquellas es la misma de éste; que también estaba demostrado que el demandado gestionó y obtuvo un préstamo de dinero del mencionado Gómez Gaona, incurriendo así en la prohibición prevista en el ordinal 4o. del artículo 180 de la Constitución Política, lo que determina que sea procedente decretar la pérdida de la investidura de Representantes a la Cámara que ostenta el demandado.
b) El demandado (fls. 386 a 398) alegó en síntesis sobre los siguientes puntos:
"1o) La C.N. y la ley exigen la expedición de una ley que señale un procedimiento especial para el juzgamiento requerido para pérdida de investidura, procedimiento hoy inexistente, sin el cual no puede conocer ni fallar el Consejo de Estado.
2o) El procedimiento ordinario previsto en el C.C.A. es inaplicable para juzgar los casos de pérdida de investidura.
3o) En su defecto, el Consejo de Estado no puede dictar sentencia sin dar previo cumplimiento a las exigencias previstas en el art. 298 de la ley 5a de 1992.
4o) La Procuraduría desconoció el derecho de defensa al no darle oportunidad al Representante Gutiérrez de hacer sus descargos.
5o) A la Procuraduría le faltó seriedad en la formulación de los cargos, variándolos en las dos oportunidades que los formuló al Consejo de Estado, y basada en simples sospechas, como si la impulsara algún ánimo persecutorio.
6o) El cargo de incompatibilidad que se le atribuye al Representante Gutiérrez está totalmente desvirtuado, porque jamás realizó gestión alguna ante persona privada que haya recibido donaciones del Estado.
7o) El préstamo de dinero es una actividad lícita, así se trate de un mutuo gratuito y sin plazo definido.
8o) El préstamo en cuestión estuvo garantizado por el deudor en forma legal, y viene siendo cancelado oportunamente. Este hecho desvirtúa la incompatibilidad imputada.
9o) Finalmente, el presente proceso deberá suspenderse por razón de haberse presentado el fenómeno de la prejudicialidad propuesto en las consideraciones del presente alegato.
Por todo ello solicito atentamente que el Consejo de Estado se declare inhibido para fallar. Que en su defecto, le dé aplicación al art. 298 de la ley 5a de 1992, y al sentenciar absuelva al representante doctor Leovigildo Gutiérrez Puentes". (folios 397 y 398).
c) El ciudadano coadyuvante (fls 380 a 385), se refirió al instituto de la pérdida de la investidura, a la sentencia proferida por la Corporación en el caso del demandado Alberto Escrucería, a las partidas giradas a título de "auxilios" y a las relaciones entre Emilio Delfín Gómez Gaona y el demandado, para concluir que la acción promovida debe prosperar.
d) El ciudadano impugnante solicitó negar las súplicas de la demanda, o declarar la nulidad de todo lo actuado, o dar aplicación a la prejudicialidad penal suspendiendo el proceso e inhibiéndose de fallar, con fundamento en que:
Quien dijo desempeñar el cargo de Procuradora Delegada para Asuntos Presupuestales, no ha acreditado en debida forma tal calidad y ni siquiera le hizo la presentación personal "al libelo introductorio de demanda", no se ha identificado , ni ha acreditado ser "abogada titulada" máxime si se trata de representar al Ministerio Público; que la demanda no reúne los requisitos de algunos artículos del C. de P.C.; que existe irregularidad respecto del folio 255A porque habiendo sido recibido el 27 de enero, antes de presentarse ya había sido repartido el asunto al Magistrado Ponente el 20 de enero y a la Procuraduría Séptima Delegada; en el punto tercero del folio 402 relata el impugnador el contenido del auto que concedió término para corregir la solicitud, el cual fue notificado al Procurador Doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, quien no se presentó demanda alguna, ni dio poder, ni comisionó para este caso específico, lo que general nulidad; en el punto cuarto se afirma:
"Al revisar el expediente se observa que se trata es de un préstamo personal, entre personas naturales, no de INCABA al Congresista, y confunde este asunto como si se tratara de una entidad de derecho privado y un parlamentario cuyas situaciones de hecho y de derecho son totalmente diferentes, tanto en el tiempo y antes de que se expidiera Ley alguna, esto es del año 1991 y la Ley es de 1992". (folio 402).
Y continúa: que al seguirse un procedimiento ordinario cuando la Ley 5a. de 1992 dice que es un procedimiento judicial especial, se estaría generando nulidad de conformidad con el numeral 4 del artículo 140 del C. de P.C. y se observa que se han coartado el derecho de defensa y el debido proceso y las formas propias de cada juicio (artículo 29 de la Constitución Política); que en el expediente existe constancia de que la comisión de ética de la Cámara de representantes adelanta una investigación a fin de establecer si existe mérito o no para proceder de conformidad al trámite pertinente de pérdida de investidura y, que mientras no se produzca la decisión de la Cámara, es inane e improcedente emitir un pronunciamiento de fondo por la Sala Plena del Consejo de Estado; que de otra parte la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso 8064 por los mismos hechos y "por el mismo asunto", debiéndose aplicar la prejudicialidad penal; que las excepciones y nulidad propuestas no fueron tramitadas en cuaderno separado y las primeras sin el traslado ordenado en el artículo 135 del C. de P.C., lo cual viola el procedimiento que es de orden público; da a entender que el auto admisorio de la solicitud de la Procuraduría debió ser proferido por la Sala Plena y no por el Magistrado ponente, pues algunos Magistrados se han abstenido de darle trámite en casos similares como el del Senador José Ramón Navarro Mojica; que está demostrando que la conducta del demandado es clara, transparente y diamantina, pues se trata de un "préstamo mutuo" entre aquel "como persona natural" con otro ciudadano, no con entidad alguna; que la misma procuraduría delegada autorizó el trámite y pago de auxilios que el Ministerio de Gobierno ordenó pagar al Instituto de capacitación de Bachillerato; que así como la Corte Suprema de Justicia no encontró mérito en el caso del Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, menos en este asunto donde no se ha decidido la competencia y que mientras no haya un sentencia condenatoria en contra del congresista no le es dable tramitar proceso alguno "menos, aquí donde la transacción comercial es entre Emilio Delfín Gómez Gaona y el señor Antonio peña quien le endosó el cheque".
Suspensión del proceso. Por autos de folios 415 a 417 y 454 se denegaron las peticiones de la parte demandada sobre suspensión del proceso.
Cumplido el trámite, procede resolver lo pertinente previas las siguientes.
CONSIDERACIONES :
Competencia. Lo primero que debe verificar la Sala es su competencia y la regularidad del proceso adelantado por el procedimiento ordinario, ante lo planteado por las partes demandadas a folios 350,386 a 398, 418 y 426 y por el impugnante a folio 402, en el sentido de que el Consejo de Estado no puede asumir la competencia de este asunto mientras no pueda aplicar el procedimiento especial que exigen la Constitución Política y el artículo 304 de la ley 5a de 1992.
La cuestión envuelve dos aspectos diferentes, la competencia y el procedimiento.
Acerca de la primera, los artículos 184 y 237, ordinal 5 de la Constitución Política, no dejan la menor duda sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso sobre pérdida de la investidura de los congresistas.
Y después de la vigencia de la ley 5a de 1992 que en su artículo 304 dispuso que dicha pérdida se declararía judicialmente, tampoco existe duda que es el Consejo de Estado en pleno (art. 298.3), investido de atribuciones judiciales, el competente para decretarla. Y solamente lo es la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que está profiriendo esta providencia, pues a términos del artículo 236 de la Constitución, que exige separar las funciones jurisdiccionales de la Corporación de las demás que le asignen la misma Constitución y la ley, no puede pensarse válidamente que dicho Consejo de Estado en pleno para proferir una decisión judicial deba estar integrado además con la Sala de Consulta y Servicio Civil, como se plantea en la providencia de folios 422 a 425 acompañada al proceso por la parte demandada.
En torno al tema del procedimiento, advierte la Sala que él toca uno de los postulados esenciales de toda comunidad civilizada, como que no pueda concebirse ésta si alguno de sus conflictos jurídicos no tiene solución.
En efecto, bien sabido es que, salvo disposición legal en contrario, no puede haber conflicto jurídico sin juez o sin solución. Para evitar lo primero, las diferentes legislaciones, consagran una regla general de competencia para los casos en que no se haya previsto un juez especial. Entre nosotros, lo es el Juez Civil del Circuito según el art. 16, numeral 11 del C. de P.C.
Y, para evitar lo segundo respecto a conflictos de conocimientos de la jurisdicción contencioso administrativa, igualmente se establece que el procedimiento ordinario será el pertinente cuando no se haya establecido uno especial (art. 206 del C.C.A.).
Con iguales alcances se expidió el artículo 48 de la ley 153 de 1887 que consagra la responsabilidad por denegación de justicia cuando el Juez rehusare juzgar pretextando silencio, ariososcuridad o insuficiencia de la ley.
Entonces, no adoptar el procedimiento ordinario para decidir la pérdida de la investidura de los congresistas frente a la inexistencia de un procedimiento judicial especial, es impedir que tenga solución el conflicto jurídico planteado, aunque tenga un juez competente para dirimirlo señalado por demás, en forma reiterada por la Carta en sus artículos 184 y 237, numeral 5. Con ello, además se desvirtuaría la prevalencia del derecho sustancial ordenada en el artículo 228 de la Constitución Política, contenido en normas tales como los artículos 110, 179, 180 y 183 de la Constitución Política, atinentes al Instituto de la pérdida de la investidura y sus causales, 184 y 277 numeral 6 e inciso final, ibídem, que regulan lo concerniente a esta acción y sus titulares, y los artículos 184 y 237 - 5, de la misma Carta y la ley 5a. de 1992, en cuanto señalan el juez competente.
Sólo falta la expedición de la ley especial que establezca las normas procesales, formales o instrumentales para el trámite del respectivo proceso; de donde es fácil concluir que de aceptarse las postura jurídica que reclaman el demandado y el impugnante, no estaría prevaleciendo el derecho sustancial, sino una expectativa de normatividad procesal sobre aquel, con lesión de las aludidas normas constitucionales.
Pero, muchísimo menos puede esta Corporación abstenerse de adoptar el procedimiento ordinario porque con él no pueda darse cumplimiento al término de los 20 días establecido en el artículo 180 de la Constitución Política, debido a que la celeridad procesal implícita en ese término, no es condición del debido proceso y por el contrario, potencialmente lo desvirtuaría.
En efecto, "debido proceso" no es simplemente el que establezca la ley, sino aquel que garantice la imparcialidad del juez, su independencia y su autonomía, así como el derecho de defensa que comprende la posibilidad de controvertir las pruebas presentadas en contra del demandado, la de aportar las propias y de ser oído y asistido por un abogado, escogido por él o en su defecto nombrado de oficio, respetando el derecho de recurrir las decisiones interlocutorias. La actuación debe adelantarse sin dilaciones injustificadas observando los términos procesales con diligencia y la plenitud de sus formalidades, con prevalencia del derecho sustancial.
Ahora bien, para la Sala difícilmente un proceso judicial que deba durar 20 días, puede garantizar la totalidad de los derechos enunciados, cuando se presentan circunstancias especiales tales como la recusación de uno o mas integrantes de la Sala en cuyo trámite deban practicarse pruebas, actuación que consumiría la mayor parte de ese término, o cuando para garantizar el derecho de defensa, debe establecerse la autenticidad de documentos tachados de falsos.
A todo lo anterior, agrega la Sala, que diferir el trámite del conflicto jurídico planteado hasta cuando pueda aplicarse la ley especial de procedimiento que se llegare a expedir, también contravendría el precepto de la Constitución Política que ordena que la actuación judicial sea permanente, sin que hasta ahora se conozca normas que establezca la excepción a dicha permanencia para casos como el presente.
De conformidad con lo dicho, es evidente que la actuación no está afectada de nulidad a términos del numeral 4 del artículo 140 del C. de P.C., por la potísima razón de que el procedimiento judicial especial anunciado en la ley 5a. de 1992, todavía no ha sido establecido y, la causal de nulidad referida, supone lo contrario.
Exigencias del artículo 298 de la ley 5a de 1992. La pérdida de la investidura puede ser solicitada por cualquier ciudadano, la Mesa Directiva de la respectiva Cámara del Congreso y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las previsiones de los artículos 184 y numeral 6 e inciso final del 277 de la Constitución Política.
Entonces, debe entenderse que las exigencias del artículo 298 de la ley 5a de 1992 atinentes a las "causales de pronunciamiento congresional", tienen aplicación cuando sea la Mesa Directiva de la respectiva Cámara la que deba formular la solicitud, pues el derecho conferido a la ciudadanía y la competencia atribuida a la Procuraduría, no pueden ser objeto de la reglamentación a que se refiere dicho artículo 298.
Presunta violación del derecho de defensa por parte de la Procuraduría.
Alega el demandado que la Procuraduría desconoció su derecho a la defensa al no darle oportunidad de hacer sus descargos. Al respecto observa la Sala que si la pérdida de la investidura de un Congresista se decreta en sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado, previa solicitud de alguno de los titulares de la acción y, concretamente en la hipótesis de que sea la Procuraduría al ejercer la competencia de "Interponer las acciones que se consideren necesarias" a que se refiere el inciso final del artículo 277 de la Constitución, no se ve la razón para que dicha agencia estatal, antes de presentar la solicitud, deba formularle cargos al congresista en forma tal que este pueda defenderse ante ella. En tales condiciones el derecho de defensa se debe ejercer ante el juez que conoce de la acción.
Falta de seriedad en la solicitud de la Procuraduría. Desde luego, la solicitud inicial (fl. 254) no es un modelo digno de imitarse, por la forma perfunctoria como fue elaborada, pero sus errores fueron corregidos, como cualquier accionante lo puede hacer ante esta jurisdicción, dentro del término que otorga la ley.
El tema de fondo. está demostrado y no se discute, que el demandado fue elegido Representante a la Cámara para el período que terminará el 20 de julio de 1994 (fls. 238 y 400).
Igualmente se acreditó con el certificado de folio 220, que al señor Emilio Delfín Gómez Gaona, "representante legal" del Instituto de Capacitación de Bachillerato INCABA, Instituto de Capacitación INCABA y Centro Comercial Avenida 19 se le pagó la suma de $290 millones por concepto de auxilios parlamentarios de la vigencia fiscal de 1991, de los cuales reintegró $5 millones por razones allí expresadas.
Obran en el expediente 15 de resoluciones expedidas por el Ministerio de Gobierno por medio de las cuales se ordena el pago de diferentes sumas de dinero, con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Comunal, Sección 1002 Programa 2101 y los correspondientes presupuestos de gastos de cada una de esas partidas que presentó el mencionado "Representante legal Tesorero" señor Emilio Delfín Gómez Gaona (fls. 181 a 219).
Alrededor de los planteles educativos mencionados su "representante legal" el señor Gómez Gaona, en su declaración (fls. 335 a 339) dio a entender que carecían de personería jurídica porque ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de Educación la expedían; además no obra en el expediente prueba alguna que acredite la personería jurídica, sino una certificación de la Secretaría de educación de Bogotá en el sentido de que el propietario de aquellos planteles es el mencionado Gómez Gaona (fl 344), carácter éste que él mismo dice tener (folios 336) cuando expresa que "como lo mencioné anteriormente al ser representante legal manifiesto que soy el dueño de los Establecimientos Educativos..." y mas adelante precisa que "El Instituto de Capacitación Incaba lo adquirí en compra en agosto de 1986...".
De lo anterior se deduce claramente que no fue persona jurídica alguna la destinataria de los auxilios parlamentarios aludidos, sino la persona natural propietaria de los planteles educativos.
De otro lado se tiene que el programa 2101 correspondiente a la Sección 1002 y al Fondo de desarrollo comunal del Ministerio de Gobierno de la Ley 46 de 1990 sobre presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1991, pertenece al rubro de inversión de ese presupuesto, de lo cual se infiere que la persona natural que recibió los auxilios parlamentarios debía invertirlos conforme a los presupuestos que ella misma presentó en orden a legalizar su entrega.
Se acreditó igualmente:
a) Que la cuenta corriente número 05387624306 del banco Industrial Colombiano tiene como titular al señor Emilio Delfín Gómez Gaona (fls. 3 a 30 del cuaderno número 3).
b) Que cuando su titular consignó allí un cheque por valor de $79 millones de los mencionados auxilios, el saldo estaba en rojo en cuantía de 507 mil y pico (fls. 11 cuaderno número 3 y 128 del cuaderno principal) y
c) Que sin efectuarse otra consignación en dicha cuenta, se cobró el cheque de $12 millones girado a Antonio Peña, que fue consignado en al cuenta del congresista.
Ahora bien, de la contestación que el demandado dio a la solicitud de la Procuraduría dentro del término de fijación en lista y de la declaración del señor Emilio Delfín Gómez Gaona (fls. 335 a 339), se establece sin lugar a duda que el primero realizó gestiones con el segundo, tendientes a conseguir la suma de $17 millones que necesitaba para pagar gastos de campañas políticas, en vista de que las partidas del presupuesto nacional con ese fin se demorarían, lo cual efectivamente logró.
"Gestionar" como lo dice el diccionario de la lengua española es "Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera", que fue precisamente lo que el congresista demandado hizo con el señor Gómez Gaona.
La verificación de tales gestiones que configuran la segunda hipótesis establecida en el numeral 4 del artículo 180 de la Carta, revela a la Sala de estudiar si además, o en su lugar, se configuró un contrato de mutuo entre ambos, y las consecuencias de su presunto cumplimiento por el demandado, entre otras razones, porque aquella conclusión es determinante y suficiente para decidir este conflicto.
Entonces, se encuentra configurado el caso de la cuarta incompatibilidad establecida en el artículo 180 de la Constitución Política, según el cual los congresistas no pueden realizar gestiones con personas naturales que invierten fondos públicos, conducta que está sancionada con la pérdida de la investidura por mandato del numeral 1o del artículo 183 ibídem.
No varía la anterior conclusión, el hecho de que la Procuraduría haya afirmado que las gestiones se adelantaron con una persona jurídica y no con una persona natural, como a la postre se estableció, pues la prohibición se predica indistintamente respecto a las gestiones que se adelantan con unas u otras. Dicen así el artículo 180 de la Carta:
"Los congresistas no podrán:
........................................................................................................
4. - celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúan la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones". (Subraya la Sala).
De tal forma, que ha tenido en cuenta la Sala que no se demostró - lo cual por lo demás era imposible que el demandado hubiera gestionado con el Instituto de capacitación de bachillerato INCABA, por la potísima razón de que ello supondría que tuviera personería jurídica, atributo este del cual carece. Porque como bien lo anota el Ministerio Público, la "personalidad" de los mencionados planteles educativos es la misma de su propietario, ante quien sí gestionó el demandado.
La suspensión del proceso ya fue resuelta en su oportunidad por el Magistrado Ponente, la que de haber prosperado impediría pronunciar en este momento la presente sentencia, por lo cual no es procedente que la Sala se refiera al tema.
Sólo le resta a la Sala referirse a lo alegado por el impugnante, respecto de los temas a los que no se ha hecho consideración alguna anteriormente.
a) La Sala considera que quien presentó la solicitud fue la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales en razón de que ella viene suscrita en papelería y con el sello de esa dependencia y no por la persona natural que desempeña ese cargo.
De otro lado, el cargo del Procurador Delegado es de creación constitucional, a quien el artículo 118 de la Carta le confiere, entre otras funciones, el ejercicio del Ministerio Público. A lo anterior se agrega que aunque la actuación ante las autoridades públicas estén amparadas por el postulado de la buena fe a la luz de lo preceptuado por el artículo 83 de la Constitución, ello no era óbice para que la parte demandada o el impugnante, pudiera tratar de demostrar lo contrario, en relación con las calidades de quien suscribió la solicitud.
b) Los artículos 75, 76, 77, y "s.s." del C. de P. C. no son aplicables en esta jurisdicción.
c) La Secretaría incorporó al expediente equivocadamente el documento que obra a folio 255A, pues, en realidad ese documento debió ser agregado antes de la notificación que obra a folio 260 y después del auto de folios 258 y 259, el cual además, fue proferido teniendo en cuenta únicamente la solicitud de folio 254.
Advierte la Sala, además que dicha falla es insustancial.
d) Aunque la providencia que concedió plazo para corregir la solicitud fue notificada personalmente al Procurador General de la Nación y este no confirió poder, ni presentó la solicitud, ni comisionó para este caso, tales circunstancias no configuran causal de nulidad alguna, porque ya se vio que el Ministerio Público puede ser ejercido igualmente por los procuradores delegados (artículos 118 y 277 de la Constitución Política).
e) El punto cuarto según el cual "se trata es de un préstamo personal, entre personas naturales, no de INCABA al Congresista", ya fue objeto de análisis y se encuentra refutado con lo expresado anteriormente.
f) Es cierto que las excepciones y las nulidades propuestas no se resolvieron en cuaderno separado, pero dicha situación es intrascendente, pues no está consagrada como causal de nulidad.
g) La circunstancia de que algunos Magistrados de la Corporación, se hubieran abstenido de tramitar solicitudes de pérdida de la investidura de congresistas, no es razón suficiente para que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fuera la encargada de admitir la solicitud presentada por la Procuraduría.
h) Aquí no se está discutiendo si los auxilios del presupuesto nacional que recibió el señor Gómez Gaona son válidos o no, como para que pueda tener alguna incidencia el que la Procuraduría haya vigilado su trámite, si en realidad ello aconteció.
i) Finalmente, el asunto que resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto del ex - alcalde de Bogotá, Doctor Caicedo Ferrer, no tienen relación con el caso sub - exámine, en el que no se estudia si la conducta del demandado está o no sancionada por el Código Penal.
En suma, con la competencia que le confiere la Constitución y la ley a esta Sala, siendo válido el proceso ordinario bajo el cual se tramitó la solicitud de la Procuraduría y, encontrándose demostrada la causal primera de pérdida de la investidura por violación del régimen de incompatibilidades, la referida solicitud debe prosperar.
Como es posible que el señor Emilio Delfín Gómez Gaona haya transgredido disposiciones penales, se ordenará compulsar copia de lo pertinente para que se investigue su conducta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Decretase la pérdida de la investidura de Congresista, del Representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes, identificado con la C.C. No. 2.981.228 de Cáqueza.
Compúlsense copias de lo pertinente con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue la conducta del señor Emilio Delfín Gómez Gaona.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Gobierno, al Registrador Nacional del Estado Civil y al Presidente de la Cámara de Representantes. Archívese.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 22 de febrero de 1994.
Amado Gutiérrez Velásquez, Presidente; Magistrados, Miguel González Rodríguez, Vicepresidente, Jaime Abella Zárate, Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Joaquín Barreto Ruiz, Carlos Betancur Jaramillo, Guillermo Chahín Lizcano, Miren De La Lombana de Magyaroff, Salvó el Voto; Clara Forero de Castro, Delio Gómez Leyva, Luis Eduardo Jaramillo Mejía, Alvaro Lecompte Luna, Juan de Dios Montes Hernández, Aclaró Voto; Carlos Arturo Orjuela Góngora, Dolly Pedraza de Arenas, Libardo Rodríguez Rodríguez, Yesid Rojas Serrano, Consuelo Sarria Olcos, Daniel Suárez Hernández, Julio César Uribe Acosta, con Salvamento de Voto; Miguel Viana Patiño, Diego Younes Moreno.
Nubia González Cerón, Secretaria.
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Trámite / SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA / PROCEDIMIENTO ESPECIAL - Inexistencia / (Salvamento de Voto)
En primer término el artículo 183 de la C.N. atribuye la competencia para dictar el Decreto de pérdida de investidura al Consejo de Estado. Esta competencia, por estar prevista como especial a términos del art. 237 - 5 de la C.N., le corresponde a la Corporación en pleno, es decir, integrada por los miembros de todas sus Salas y Secciones. En consonancia con lo anterior, el artículo 304 de la Ley 5a. de 1992 atribuyó la competencia en mención al Consejo en pleno. En tales condiciones en el presente caso debía conocer del negocio la Sala Plena del Consejo de Estado. A más de lo anterior, se observa también , que la C.N. establece que el Decreto de pérdida de la investidura deberá producirse dentro de un término no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano (art.183). Esta disposición aparece repetida en el mencionado art. 304 de la Ley 5a. de 1992. Pero, se observa, no hay procedimiento ordinario o especial que permita tomar una decisión sobre el particular en el término previsto por la Constitución y la Ley. Por su parte, la Ley 5a. de 1992 en el mismo artículo citado en prevé que "La Ley fijará el procedimiento judicial especial correspondiente a la acción pública de pérdida de la investidura, en lo que al Consejo de Estado se refiere". Es claro que mientras no exista el procedimiento penal el procedimiento penal especial no es posible tramitar la solicitud, por cuanto no se ha establecido la forma de cumplir lo ordenado por la C.N.
Consejo de Estado. - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera.
Salvamento de Voto: Doctora Miren De La Lombana de Magyaroff.
Referencia: Expediente No. AC - 535. Actor : Procuraduría General de la Nación.
Con el mayor respeto me permito apartarme de la decisión mayoritaria que antecede, por las siguientes razones:
En primer término, el art. 183 de la C.N. atribuye la competencia para dictar el Decreto de pérdida de investidura al Consejo de Estado.
Esta competencia, por estar prevista como especial a términos del art. 237 - 5 de la C.N., le corresponde a la Corporación en pleno, es decir integrada por los miembros de todas sus Salas y Secciones.
En consonancia con lo anterior, el artículo 304 de la Ley 5a. de 1992 atribuyó la competencia en mención al Consejo en pleno.
En tales condiciones en el presente caso debía conocer del negocio la Sala Plena del Consejo de Estado.
A más de lo anterior, se observa también, que la C.N. establece que el Decreto de pérdida de investidura deberá producirse dentro de un término no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano (art. 183).
Esta disposición aparece repetida en el mencionado art. 304 de la Ley 5a. de 1992.
Pero, se observa, no hay procedimiento ordinario o especial que permita tomar una decisión sobre el particular en el término previsto por la Constitución y la ley.
Por su parte, la Ley 5a. de 1992 en el mismo artículo citado prevé que "La ley fijará el procedimiento judicial especial correspondiente a la acción pública de pérdida de la investidura, en lo que al Consejo de Estado se refiere".
En tales condiciones es claro que mientras no exista el procedimiento especial no es posible tramitar la solicitud, por cuanto no se ha establecido la forma de cumplir lo ordenado por la C.N.
En tales condiciones considero que la Sala Contenciosa no tenía competencia para decidir el negocio, ni disponía de un procedimiento que garantizara el cumplimiento del término previsto en la Constitución Nacional.
De los señores consejeros,
Miren De La Lombana de Magyaroff
Fecha Ut Supra.
CONGRESISTA - Inhabilidades / PERDIDA DE LA INVESTIDURA / EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD / VALORES CONSTITU - CIONALES / (Salvamento de Voto)
El fallo en todo su inverso, le rinde culto a la normatividad constitucional, pero no al Derecho Constitucional, y afirmo esto, porque la carta de 1991 consagra, a lo largo de su articulado, un sistema de positivación mixto, en el cual se recogen Valores Superiores del Orden Jurídico Político Constitucional, para vivenciar lo cual basta leer el preámbulo de la misma, donde se preceptúa que para fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, se buscará La Justicia, La Igualdad, La Libertad y La Paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo. El universo que tiene la normatividad que se recoge en los artículos 179 a 187 de la Constitución resulta, en parte sustancial, Inconstitucional, con lo cual me adhiero a la perspectiva jurídica que enseña que es posible encontrar normas constitucionales que violen la Constitución. Los valores Justicia, Igualdad y Libertad no resultan acaso violados por el artículo 179 de la Constitución que en su numeral 4o., preceptúa que de por vida no pueden volver a ser congresistas "Quienes Hayan Perdido la Investidura...? El derecho no es norma y no es la ley que se interpreta sino la conducta humana, en su interferencia, intersubjetiva. Si el pueblo selecciona, a su talante, sus representantes, ese hecho merece la mayor consideración. El fallo que ordena la pérdida de la investidura no debe ser el fruto de un proceso fácil, montado sobre prueba oficiosa, y aplicación mecánica de la norma.
Consejo de Estado. - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera. - Santafé de Bogotá, D.C., marzo tres (3) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Salvamento de Voto: Doctor Julio César Uribe Acosta.
Referencia: Expediente No. AC - 535. Actor: Procuraduría General de la Nación.
Con toda la consideración que me merece la decisión mayoritaria de la Sala, registro a continuación las razones por las cuales no la hago mía.
El fallo, en todo su universo, le rinde culto a la normatividad constitucional. pero no al Derecho Constitucional y afirmo esto, porque la Carta de 1991 consagra, a lo largo de su articulado, un sistema de positivación mixto, en el cual se recogen Valores Superiores del Orden Juridico Politico Constitucional, para vivenciar lo cual basta leer el preámbulo de la misma, donde se preceptúa que para fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, se buscará la Justicia, la Igualdad, la Libertad y la Paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.
Al lado de los Valores, la ley de leyes consagra Principios Constitucionales a través de los cuales se delimita el marco político, social y económico que determinan la forma de ejercicios de los Derechos Fundamentales, lo mismo que los postulados que deben orientar los poderes públicos (artículos 1o. a 10o. de la Constitución Nacional).
Prosiguiendo con el estudio de la escala normativa. Viene luego Clausulas generales, que nos sitúan en el campo de un Grupo de Derechos Fundamentales, que se han positivado como tales en la Carta, cuyo real alcance se remite a la expedición de una ley orgánica (artículos 21, 24, 26, 28, 36, 37, 39, 42, 48, 49 y 50) para no citar sino algunos.
Hay también en la Constitución, Normas Especificas o Casuisticas a través de las cuales se proclaman una serie de derechos, sin hacer referencia a su Posterior Desarrollo Legislativo, de lo cual se infiere que su sola positivación constitucional configura su real alcance y significación (artículos 14, 22 etc.).
Finalmente, encuentro en el citado estatuto Normas de Tutela que buscan garantizar los Derechos Fundamentales (artículo 86).
A la luz de la anterior jerarquía normativa encuentro que el universo que tiene la normatividad que se recoge en los artículos 179 a 187 de la Constitución resulta, en parte sustancial Inconstitucional, con lo cual me adhiero a la perspectiva jurídica que enseña que es posible encontrar normas constitucionales que violen la Constitución. Entre los doctrinantes se destaca el pensamiento del profesor Antonio E. Peréz Luño, quien enseña:
"Partiendo de una teoría general de la Constitución la normatividad de los valores y los principios se prueba por la existencia de las denominadas "Normas Constitucionales Inconstitucionales", (Verfassungswidrige Verfassungsnormen, en la terminología de la doctrina alemana). Con lo cual se intenta subrayar la Primacia hermeneutica de los Valores, hasta el punto de determinar la Inconstitucionalidad de las propias normas Constitucionales que contradigan su sentido..." (Los Derechos Fundamentales, Tercera Edición, Tecnos, página 62) ( Destacado nuestro).
En este momento del discurso, me pregunto: Los Valores Justicia, Igualdad y Libertad no resultan acaso violados por el artículo 179 de la Constitución que en su numeral 4o. preceptúa que de por vida no puede volver a ser congresista "Quienes Hayan PErdido la Investidura..."? Acaso eternizar el castigo no equivale a eternizar el mal, como lo enseñaba el teólogo evangélico Rothe en 1869? ¿Un ordenamiento positivo Justo podrá consagrar una sanción de por vida? Un ordenamiento Justo podrá disponer que no se puede ser congresista, porque en un momento dado de la existencia se profirió, en contra del parlamentario, una condena a pena privativa de la libertad?
El valor Igualdad acaso no se compromete cuando se dispone en forma muy general que no podrá ser congresista el que desempeñe cargo privado? Acaso no será menester estudiar y definir a la luz de la lógica de lo razonable, si el ejercicio de ese encargo compromete seriamente la labor del parlamentario? Será que éste no puede ser el administrador del edificio en que vive, o el Presidente de la Junta del Colegio, donde estudian sus hijos?
El proceso orientado a decretar la pérdida de la investidura no puede convertirse en una cacería de brujas. Tampoco se puede manejar la ilusión de que montado sentencia de condena sobre contratos con una cuantía de Mil Pesos ($500.000,oo), se va a moralizar el País. El derecho no es norma y no es ley la que se interpreta sino la conducta humana, en su interferencia intersubjetiva. Ello demanda del juez gran ponderación y esfuerzos superiores para no fallar bajo los efectos de los Prejuicios Subliminales.
Me preocupa que en los procesos orientados a que se decrete la pérdida de la investidura prevalezca la escuela de la exégesis, el dogmatismo, la creencia muy generalizada de que el derecho es norma y nada más que norma. Manejando esta perspectiva jurídica se pueden cometer muchas injusticias. Esta verdad jurídica lleva al jurista Karl Larenz, a enseñar:
"En el curso del siglo XIX, la dogmática degeneró en un conceptualismo estrecho, que constituyó un serio obstáculo para la evolución de la jurisprudencia y del mundo del comercio jurídico. Ello hizo nacer reacciones de diferente signo contra el "positivismo jurídico" y el "positivismo legal" términos con los cuales la mayor parte de las veces entendemos sólo una observación de la ley y de la dogmática orientada hacía la ley y una subvaloración de los elementos creativos, singularmente de la jurisprudencia, del sentimiento jurídico, de la intuición de lo que Essser ha llamado una profundización en las posibilidades de la evidencia que existen en la valorización predogmática". (Derecho Justo, editorial Civitas, página 25).
La preocupación que confieso nace del respeto que merece la democracia representativa. Si el pueblo selecciona, a su talante, sus representantes, ese hecho me merece la mayor consideración. El fallo que ordena la pérdida de la investidura no debe ser el fruto de un proceso fácil, montado sobre prueba oficiosa, y aplicación mecánica de la norma. En un país enfermo de envidia y manejado en muchas de sus áreas ciudadanas por el "rumor" o el "chisme", se impone el máximo de prudencia jurídica. Si se entiende por régimen democrático - como lo enseña Norberto Bobbio - "...el conjunto de reglas de procedimiento para la información de decisiones colectivas, en las cuales está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados", se debe tener mucha cautela al decidir romper el marco inicial que el pueblo se dio para la toma de tales decisiones. Haciendo nuestras las palabras del citado maestro y filósofo, nos resistimos a contribuir en casos como el presente, a destruir nuestra democracia, "...siempre frágil, siempre vulnerable, corrompible y a menudo corrompida, para hacerla perfecta". No nos seduce la acción de aquellos que..." tomando la imagen Hobbesiana, se comportan como las hijas de Pelias que despedazaron a su viejo padre para resucitarlo..." (El Futuro de la Democracia. Plaza y Janes, páginas 15 y s.s.).
Con toda consideración.
Julio César Uribe Acosta
CONGRESISTA / PERDIDA DE LA INVESTIDURA / INDEBIDA DESTI - NACION DE DINEROS PUBLICOS / (Aclaración de Voto)
Comparto la decisión de la Sala y la apoyo en el sentido que debe decretarse la pérdida de investidura del Congresista Representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes, pero claro que no debió ser por la causal invocada y motivada en la providencia, o sea la del ordinal 1o. del artículo 183 de la C.N. por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino por la prevista en el ordinal 4o. del mismo artículo, esto es, por indebida destinación de dineros públicos, pues considero que el congresista coparticipó con el representante legal del Instituto de Capacitación "INCABA" señor Emilio Delfín Gómez Gaona en la destinación indebida de dineros públicos recibidos por ese establecimiento educativo, por concepto de auxilios parlamentarios de la vigencia fiscal de 1991. Esta conducta está debidamente probada y debió ser la causal analizada por la Sala para tomar la decisión.
Consejo de Estado. - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera.
Aclaración de Voto: Doctor Juan de Dios Montes Hernández.
Referencia: Expediente No. AC - 535. Actor: Procuraduría General de la Nación.
Comparto la decisión de la Sala y la apoyo en el sentido que debe decretarse la pérdida de Investidura del Congresista Representante a la Cámara Leovigildo Gutierrez Puentes pero aclaro que no debió ser por la causal invocada y motivada en la providencia, o sea la del original 1o del artículo 183 de la C.N. por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino por la prevista en el ordinal 4o. del mismo artículo, esto es, por indebida destinación de dineros públicos, pues considero que el Congresista coparticipó con el Representante Legal del Instituto de Capacitación "INCABA" señor Emilio Delfín Gómez Gaona en la destinación indebida de dineros públicos recibidos por ese establecimiento educativo, por concepto de Auxilios Parlamentarios de la vigencia Fiscal de 1991. Esta conducta está debidamente probada y debió ser la causal analizada por la Sala para tomar la decisión.
Atentamente,
Juan de Dios Montes Hernández.
Fecha: Ut Supra.
