Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 36115 de 2017

En este orden de ideas, se tiene que la señora María Dominga Palacios Palacios y el señor Jarinson Palacios Mena no demostraron en debida forma su calidad de hermanos de la víctima directa, conforme a las disposiciones jurídicas que para su caso regulaban la materia, toda vez que les correspondía acreditar la imposibilidad de acceder a la prueba principal, que era el registro civil de nacimiento, bien a través de la certificación expedida por el notario o, en caso de no existir, por el alcalde municipal de Paimadó, circunstancia que no aconteció en el proceso.

Ahora bien, a través de los testimonios de Luz Mereyda Palacios, Cristina Palacios Palacios y Miguel Ángel Palacios Cossi, se reconoce a esos demandantes por la muerte del soldado Palacios Palacios como terceros damnificados, por lo que así serán tenidos en este proceso.

3.7. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque

La Sala encuentra legitimados en la causa por activa, a través de registros civiles de nacimiento que demuestran el parentesco con el soldado Jaime Eliécer Pineda Araque, a: (i) María Mercedes Araque Albarracín (madre); ii) Astrid Michel Pineda Sana (hija); iii) Ángela Patricia Alvarado Araque, Luís Antonio Alvarado Araque, Tania Fernanda Alvarado Araque, Yenny Andrea Alvarado Araque, Wilson Ricardo Alvarado Araque (hermanos.

En relación con la señora Flor Marina Sana González, debía acreditar, a través de un medio probatorio válido, la convivencia con el señor Jaime Eliécer Pineda Araque; sin embargo, no se demostró dicha situación.

4.- Consideraciones previas

4.1. Del Bloque de Constitucionalidad y del conflicto armado interno

No puede la Sala desaprovechar este espacio conceptual, previo al estudio del caso concreto, para destacar de manera general la fuerza vinculante de los instrumentos normativos, internos y externos, que obligan a la protección de los derechos inherentes a todo ser humano, tal y como desde el primer artículo de la Carta Política, lo que se traduce en una obligación ineludible para las autoridades de la República, en atención al mandato ínsito en el artículo 2º de ese mismo texto superior.

En efecto, con la entrada en vigencia de la constitución de 1991, Colombia se inscribió dentro de un programa personalista, demócrata y social, en el que prima la dignidad humana sobre cualquier otro valor superior y, de paso, se adhiere a la sistemática internacional que propugna por esos mismos fines.

Ahora bien, las normas del Derecho Internacional Humanitario, si bien no postulan una definición formal de conflicto armado, sí incorporan, en algunas de sus disposiciones, exigencias encaminadas a que el conflicto armado tenga ciertas características para que el Derecho Internacional Humanitario pueda ser aplicado; ello es lo que acontece con el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, con el artículo 1º del Protocolo II de 1977 y con el artículo 8.2.f. del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Existe además el propósito de humanizar la guerra, que obliga a respetar el Derecho Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado, a través de la búsqueda del respeto de los derechos humanos mínimos e inderogables en tales contextos y apunta a moderar la intensidad de las hostilidades, a minimizar sus efectos en la población civil y en sus bienes, a procurar un trato humanitario para los combatientes, heridos o prisioneros y a civilizar el conflicto, de manera que pueda abrirse paso la posibilidad de reconciliación entre los bandos combatientes, a través de la concreción de principios como el de respeto a la población civil, el deber de cuidado a los heridos, la obligación de trato digno a las personas detenidas y la exigencia de protección a los bienes indispensables para la supervivencia.

En referencia específica al conflicto armado interno colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló:

"El gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el respeto de las reglas básicas del derecho humanitario es indispensable para 'humaniza' el conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre las partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz––.

Además, son factores objetivos y no subjetivos los que determinan el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, y a tal efecto basta con que concurran los presupuestos previstos en los instrumentos pertinentes de Derecho Internacional Humanitari; adicionalmente, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, “en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de un conflicto armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades, independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la calificación de las partes en el conflicto––. En relación con el mismo extremo, afirmó la Corte Constitucional que, “para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicado''–.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, al cual son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. Esta calificación es fundamental, en la medida que da lugar a ciertas obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las fuerzas armadas y los grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar tanto las normas del Derecho Internacional Humanitario, como sus principios fundamentales.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento jurídico necesario para que se imponga a las partes que en él intervienen el deber de respetar y de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar.

Así, por las circunstancias en que ocurrió la muerte de los soldados cuyas familias demandan, y por las condiciones en las que este tipo de eventos se viene produciendo en el Estado colombiano en el marco del conflicto armado interno, es dable entenderlo como un caso constitutivo de una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como más adelante se demostrará.

4.2. La garantía de los derechos de los soldados en el marco del conflicto armado interno.

La Sala advierte que los hechos ocurridos en el municipio de El Dorado, Meta, son producto o resultado del conflicto armado intern que el país viene sufriendo desde hace décadas, lo que hace exigible al Estado un deber de protección de los ciudadanos o población civil y de los propios miembros de la fuerza pública, especialmente respecto de aquellos que ostentan la calidad de soldados.

Dicho deber de protección, que está en cabeza del Estado, se hace exigible categóricamente si se quiere corresponder con el respeto de las reglas de Derecho Internacional Humanitario, en especial, con lo establecido en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, el cual reza:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

“Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o cualquier otro criterio análogo.

“A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

“a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” (subrayado fuera de texto).

En ese sentido, invocar el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 tiene por objeto la afirmación del principio de humanidad, que es inherente al respeto de la dignidad.

Es precisamente la salvaguardia del derecho a la vida y a la integridad personal un mandato del Estado, que tiene su sustento no sólo en nuestra Carta Política, sino que encuentra fundamento en el Derecho Internacional Humanitario, al disponer que “el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida se aplica también durante las hostilidades, lo que comprende las situaciones de conflicto armado interno, como aquel en que se encontraba el país para el momento de los hechos.

Necesariamente, esa situación de conflicto armado interno exige al Estado un mayor rigor en el cumplimiento de su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos, pues no sólo se debe responder a las garantías constitucionales y supraconstitucionales, sino que también debe corresponderse con el debido reconocimiento del valor intrínseco del ser humano, sin importar su condición o posición, porque se procura la tutela efectiva de su dignidad, y no se puede simplemente asumir la pérdida de vidas humanas o las lesiones de los miembros de las fuerzas armadas como un riesgo asumible por parte de nuestra sociedad para tratar de solucionar la problemática violenta de los grupos armados insurgentes.

Además, merece especial mención el deber de prevención por parte del Estado, el cual abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciale       , que actuando puedan producir violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado se haya correspondido con su ineludible obligación positiva. Dicha obligación comprende el deber de atender el conflicto armado interno aplicando medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención, especialmente respecto del despliegue de su propia fuerza militar y de los miembros que la componen.

No obstante, no se trata de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantí         .

Adicionalmente, los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la Convención Americana de Derechos Humanos y de conformidad con el artículo 27.2 forman parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentr     .

Las obligaciones asumidas por los Estados Miembros, en relación con la protección del derecho a la vida en la implementación de la política pública sobre seguridad ciudadana, pueden incumplirse especialmente en dos tipos de situaciones: (i) cuando el Estado no adopta las medidas de protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas que habitan en su territorio; y (ii) cuando sus fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal fuera de los parámetros internacionalmente reconocidos (en el caso de la explosión de la casa bomba, cabe encuadrar en el primer supuesto).

Para que tenga lugar el incumplimiento de la primera situación es necesario que las autoridades hubieran tenido conocimiento o se encontraran en la obligación de saber de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no hubieren tomado las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitarlo.

Asimismo, el Estado puede estar incurso en la violación de los derechos fundamentales de los soldados “(…) cuando envía soldados menores de edad a zonas donde se pueden estar presentando combates o cuando envía a los soldados mayores de edad, sin la preparación militar, técnica y psicológica suficiente, a zonas especialmente conocidas por la presencia de grupos guerrilleros; o cuando pese a la situación alteración del orden público no se prevén los recursos físicos, técnicos o estratégicos o de apoyo necesarios para evitar y repeler la acción de los grupos armados al margen de la ley.

4.3. De la prueba trasladada

Respecto de los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o haya sido practicada con audiencia de esta, de lo contrario, no puede ser valorada en el proceso al que se traslada.

En este caso, obra la copia auténtica del proceso penal radicado bajo el No. 63.989, adelantado por los hechos del 29 de enero de 2002, en el municipio de El Dorado, Met, prueba que fue solicitada por las parte y decretada por el Tribunal mediante auto del 29 de enero de 200.

Dicha prueba debe ser considerada dentro de este proceso en la medida en que, si bien la Sección se ha pronunciado en repetidas oportunidades respecto de que no serán de recibo aquellas que no cumplen con la previsión contenida en el artículo 185 del C.P.C., existen criterios lógicos que permiten morigerar el rigor de la exigencia procesal, en el sentido de que la prueba tuvo que haber sido conocida en el proceso primigenio, del cual se traslada, por quien la resiste o en contra de quien se opone en el nuevo proceso y, precisamente, uno de ellos es el hecho de que se trate de un asunto en el que se discute la trasgresión de uno o varios derechos humanos .

Sin duda, esta Corporación ha reconocido que el juez administrativo es el juez de la convencionalidad, en alusión a que está obligado a dar materialidad a los principios rectores que ciñen el sistema interamericano de justicia, sobre la premisa incuestionable de que la violación de los derechos humanos debe tener una respuesta efectiva, precisa y material por parte del juez de los daños, que, por supuesto, es la única respuesta posible frente al imperativo que representan en bloque tanto los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como los artículos 2, 5, 29 y 229 de la Constitución Política.

Con apego en esta base normativa humanista, que privilegia el acceso a la Administración de justicia y la garantía de la tutela judicial efectiva, resulta lógico dar vigor a la prueba trasladada que se aportó dentro del proceso, en la medida en que, además de la teleología que se impone, dada la naturaleza del caso, la parte contra quien se opone no se opuso a ella, lo que, de paso, asegura la vigencia del principio de la buena fe (artículo 83 de la Carta Política) y, naturalmente, el del debido proceso constitucional (artículo 29 ).

5. Estudio del Caso

5.1. El material probatorio recaudado

- Orden de operaciones Nº. 02/00 “Corcel Negroen la que se especifica que la misión encomendada a los soldados consistía en conducir operaciones ofensivas y de contraguerrilla en el área general del municipio de El Dorado contra los guerrilleros de la cuadrilla 26 de las FARC, para capturarlos y/o aprehenderlos.

- Informe de los hechos “Operación Corcel Negro” suscrito por el Comandante de la Brigada Móvil Nº 3, en el cual se indicó:

“(…) Una vez efectuado el apoyo Beta y acorde con lo informado por el señor Capitán Duarte Cdte. de la CP.C, subió al área donde se encontraba la ametralladora, un área plana de unos 70 mts. x 20 mts., donde se encontraba una casa de 14 mts. X 7 mts. aproximadamente (…) continuando la compañía cazador, siendo registrada la vivienda por la primera escuadra, encontrando víveres dentro de ella y continuando a buscar la parte alta delante de la casa donde fueron las misiones Beta, para registrar ese sector.

“El señor CT. DUCURA subió hasta la casa, y le dijo al CT. DUARTE que siguiera el cerro para asegurarlo e iniciar los registros sobre el sector donde se realizó el apoyo de bombardeo Beta, realizándose de esa manera.

“Una vez la compañía 'C' subió a la parte alta, la contraguerrilla del señor CT DUCUARA, envió una escuadra delante de la casa, sobre el eje de avance de la compañía 'C' acorde a lo informado por el CP GARCÍA CAPOTE ARLES, la primera escuadra sobre pasó la casa mientras el canino anti explosivos Joe le daba la vuelta a la casa, la segunda escuadra pasó por el lado derecho y la tercera por el lado izquierdo, en ese momento la compañía 'D' estaba llegando al área plana del sector de la casa cuando explotó destruyéndola completamente a las 15:00 horas aproximadamente. (Negrillas y subrayas de la Sala)

- Informes de necropsi en los que se realiza una descripción interna y externa del cuerpo de cada uno de los soldados que fallecieron, base sobre la cual se conjetura lo siguiente de manera general para cada uno de ellos:

“CONCLUSIONES: Hombre adulto joven quien fallece por politraumatismo severo secundario a onda explosiva.

-  Informativos administrativos por muert. En estos documentos se consigna concretamente que la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque se dio como resultado de la explosión de una carga explosiva instalada por las FARC en una vivienda abandonada, así se indicó en cada uno de los informativos:

“El día 29 15:00-ENE-02 en la vereda la Cumbre jurisdicción del municipio de El Dorado, departamento del Meta, en desarrollo de la operación Corcel Negro y en cumplimiento de la ORDOP Nº.002 emitida por el Comando de la Brigada Móvil Nº3., tropas del BCG-53 orgánicas de las compañías Atenas y Demoledor, efectuaban desplazamiento táctico hacia la Vereda LA CUMBRE (…), entraron en combate armado con bandoleros de la Cuadrilla 26 de la ONT-FARC, dada la intensidad de los mismo se hizo necesario solicitar apoyo aéreo, continuándose con la persecución sosteniendo contactos durante la operación, llegándose a un punto de coordenadas 03º40'26”-73º56'12”, lugar donde se halló una casa, en cuyos alrededores se detectó un campo minado que fue demarcado. Continuando la operación de restablecimiento del orden público, se efectuó una maniobra en virtud de la cual una de las escuadras sobrepasó el punto de la casa, en tanto que las otras escuadras continuaban el avance por el mismo eje sobrepasando el inmueble con el fin de asegurar las partes predominantes del terreno. En el momento en que la compañía DEMOLEDOR llegaba al sector de la casa en la parte plana para dar continuidad a la maniobra, fue activada una carga explosiva de gran velocidad la cual habían instalado los terroristas de la cuadrilla 26 de las ONT FARC en los interiores del inmueble, pereciendo en el acto el soldado (…)”

- Testimonio rendido por el personal encargado de dirigir la unidad “C” del Ejército Nacional:

“(…) El día 29 de enero de dos mil dos empezamos a subir a la vereda Los Alpes, la compañía 'C' iba por un lado, la compañía 'D' por otro lado y la 'E' por otro lado haciendo un barrido en la zona, como a las ocho de la mañana de ese día 29 de empezaron a sonar unos disparos, ya que una compañía tuvo contacto, esta compañía era la 'C', ellos estaban retirados de nosotros como a unos 150 metros de distancia. Llegamos a un camino de herradura, subimos por ese camino hasta otro camino y cuando íbamos subiendo encontramos a los dos primeros hombres de la compañía 'C', ahí hicimos alto y nos dieron la orden de esperar, tomamos posición y la guerrilla disparaba con una ametralladora, desde un cerro que había como a unos ochocientos metros, en ese sector había varias montañas separadas por los cañones que forma la naturaleza y en uno de ellos era que estaba la guerrilla. El compañero que tenía la M-60 hizo unas ráfagas al lugar de donde nos estaban disparando. De ahí seguimos avanzando y llegamos a la escuela de los Alpes, la compañía 'C' y 'A' estaban a la parte de delante de nosotros en 'contacto', cerca de la escuela había un campamento de guerrilleros, aproximadamente a unos cien (100) metros, seguimos por el camino y al llegar a unos cien metros antes de una casa hicimos un alto, (…) de ahí dieron la orden de avanzar otra vez, llegamos hasta la parte de arriba a un campamento de la guerrilla y dejamos nuestros equipos ahí, había una casa como a unos cincuenta metros (50), subimos por el camino y encontramos un punto minado e hicimos la oreja saliendo del camino, encontramos los soldados heridos en el camino, (…) los aviones se fueron y ordenaron requisar el área a ver qué encontrábamos, la compañía 'C' adelante, la 'A' de segunda y la 'D' de tercera. (…) Cuando yo subí a la casa a unos diez metros de la casa, la miré pero no le di importancia, cuando yo di el giro como para seguir avanzando por detrás de la casa, en ese momento no sentí ninguna explosión, solo sentí que la onda me levantaba (…).

- Testimonio del Cabo Primero del Ejército Nacional, Germán Bolívar Cañón, quien indicó:

“Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2002, serían las 4:30 de la tarde, estábamos en una operación llamada corcel negro donde estábamos persiguiendo a los bandidos de la cuadrilla 26 de las FARC, ese día entramos en combate a las ocho de la mañana en la vereda La Cumbre, jurisdicción del Meta parte predominante muy alta donde tocaba seguir por lo pronunciado del terreno se tuvo combates hasta las cuatro de la tarde, y visto que no podíamos seguir más, se mandó pedir apoyo del helicóptero; llegaron los aviones, bombardearon y refugiaron todo el sitio predominante que tocaba seguir, después de eso dieron la orden de avanzar porque llevábamos los bandidos heridos y había rastro de sangre en el camino, se llegó al punto donde se encontraba la casa, de madera de unos 50 metros de larga por unos 20 metros de ancha, (…) me quedé de seguridad de la casa a unos cien metros mientras los otros miembros de la patrulla revisaban, registraron la casa y dieron la orden de seguir, yo me pegué a la patrulla y seguí por un lado de la casa, avancé unos ciento cincuenta metros hacia arriba subiendo (Sic) cuando escuché una explosión y algo que golpeó mi pie (….

- Testimonio del soldado profesional Nelson Albeiro Tapias Flores:

“(…) Nosotros salimos el día 29 de enero del presente año a las cinco y media de la mañana hacia La Cumbre, nos encontrábamos en la vereda La Cumbre, íbamos saliendo de la escuela de la vereda La Cumbre y nos principiaron a hostigar del alto de la escuela la guerrilla, adelante del grupo donde yo estaba iba la compañía 'C', detrás del grupo donde yo estaba iba la compañía 'D', principiamos a subir al objetivo donde nos estaban disparando hacia la escuela, la compañía 'C' siguió subiendo y nosotros el grupo perteneciente al Aniquilador los apoyábamos, nos tiraban granadas y morteros e hirieron dos soldados de la compañía 'C' y pasamos por un camino minado en un cerrito donde cambuchaba la guerrilla y de ahí seguimos hasta llegar al objetivo y luego bombardearon el cerro y ahí seguimos hasta llegar a la casa la cual se encontraba en el alto, había víveres y una mesa llena de carne, la compañía entró y no pasó nada, o sea, la compañía `C`, y nosotros los Aniquiladores entramos posteriormente a la casa cuando escuché la explosión yo me encontraba en una alberca tomando agua. (…) PREGUNTADO: Manifieste si tenían información de que en la casa donde sucedieron los hechos existía armamento, explosivos o algún otro elemento utilizado por la guerrilla para combatir contra ustedes. CONTESTO: Nosotros no teníamos conocimiento, llevábamos un perro pero no detectó los explosivos, este animal es entrenado para detectar explosivos pero no encontró nada.

- Testimonio del Capitán del Ejército, Edison Ducuara Angarita:

“(…) posteriormente la compañía se encuentra una casa, aclaro, la compañía 'C' que era la que iba en punta, supuestamente ellos revisaron el sector, yo alcanzo con mi contraguerrilla que iba en ese momento a la compañía `C`, llegando al sector de la casa, yo llamo al comandante de batallón mi mayor SÁNCHEZ ALDANA y le digo que hay mucha gente pegada a la casa, ya que la compañía (ilegible) también se había pegado, él me ordena QUE DESPEJE EL ÁREA de la casa, la compañía `C` avanzaba hacia la parte de arriba, yo le doy la orden a los comandantes de escuadra de mi contraguerrilla que se retiren del sector de la casa, cruza la primera escuadra de la contraguerrilla que yo conducía y estando aproximadamente a unos veinte metros con dirección al eje de avance a la compañía 'C' cuando me veo extendido en el piso herido, no me di cuenta cuándo fue la explosión, después nos sacaron en helicóptero (….

Declaració rendida por el soldado Ducuara Angarita ante la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal que fuera trasladado a esta jurisdicción:

“(…) PREGUNTADO: ¿Qué personas registraron esa vivienda? CONTESTÓ: La encargada de hacer los registros era la compañía CAZADOR que iba adelante yo iba de apoyo e incluso le presté el perro para que inspeccionaran el sector y no encontraron nada, cuando nosotros pasamos la casa ya había sido registrada”.

-  Informe de conclusiones, resultados y fallas de la investigación de los hechos por parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejércit:

“ASPECTOS POR MEJORAR

No se efectuó un análisis detallado del terreno

No se previeron las medidas de seguridad en el momento de encontrar la vivienda

 No se previó un sector aislado de los hechos para el desembarco helicoportado

Se deduce que existió concentración de la unidad alrededor de la casa

“ENSEÑANZAS

La unidad fue objeto de tiro de mortero sobre el camino

Emplearon el camino para el desplazamiento

Existe la posibilidad de que el enemigo esté combinando la ubicación de los explosivos y su tiempo de activación

El enemigo puso en práctica las técnicas recibidas de instructores extranjeros.

5.2. El daño

De conformidad con los hechos probados, la Sala considera que se encuentra acreditado el daño consistente en la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque, según los registros civiles de defunción que reposan en el expedient.

5.3. Título de Imputación. Falla del servicio

Sobre este punto, y con el fin de tomar una postura sobre el régimen aplicable al caso objeto de estudio, es preciso hacer referencia a la jurisprudencia de la Corporación, especialmente de la Sección Tercera, que de tiempo atrás ha sostenido que la falla del servicio constituye en el sistema jurídico colombiano el título jurídico de imputación por excelencia, con miras a desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda en el sentido de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractua–––.

Bajo estas previsiones, el título de imputación jurídica que debe guiar, en este caso en particular, el análisis jurídico que se intenta no es otro que el de la “falla del servicio” pues, como se explicará, aparece la prueba del comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada respecto del deber a su cargo de brindar protección y seguridad a los agentes que participaron en la operación “Corcel Negro”, el 29 de enero de 2002, en el municipio El Dorado, Meta.

De otra parte, la Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que la Corporación ha sostenido que frente a los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado no resulta comprometida la responsabilidad de la Administración, en la medida en que tales daños se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, también lo es que la Sala ha sostenido que la reparación de esos daños, en ocasiones, sí resulta procedente, como lo es cuando se hubieren producido por falla del servicio, tal como ocurrió en este caso, de manera que no puede predicarse la configuración, frente a las víctimas directas del daño, de un riesgo inherente al servicio público prestad.

5.4. El caso concreto

Partiendo entonces de esta idea fundamental, que es la línea dogmática que inspira el instituto que se revisa en este caso en particular -la falla- cuando se trata de la responsabilidad de la entidad demandada respecto del deber a su cargo de brindar protección y seguridad a los agentes, se puede afirmar que en el sub lite existe la demostración probatoria suficiente de ese presupuesto necesario de la responsabilidad que se persigue, hipótesis que se sustenta en las siguientes líneas.

5.4.1. De la falla del servicio imputable al Ejército Nacional

Revisado el material probatorio obrante en el expediente, concretamente la orden de operaciones Nº. 02/00 “Corcel Negro, observa la Sala que la misión encomendada a los soldados consistía en conducir operaciones ofensivas y de contraguerrilla en el área general del municipio de El Dorado contra los guerrilleros de la cuadrilla 26 de las FARC, para capturarlos y/o aprehenderlos.

En desarrollo de la operación, se advierte que algunos de los soldados, durante el desarrollo de la operación Corcel Negro, ingresaron a una vivienda con el fin de registrarla, puesto que desde sus alrededores se estaba produciendo un ataque a la unidad del Ejército Nacional encargada de la operación “Corcel Negro”.

Así se desprende de la declaración rendida por el soldado Ducuara Angarit ante la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal que fuera trasladado a esta jurisdicción:

“(…) PREGUNTADO: ¿Qué personas registraron esa vivienda? CONTESTÓ: La encargada de hacer los registros era la compañía CAZADOR que iba adelante yo iba de apoyo e incluso le presté el perro para que inspeccionaran el sector y no encontraron nada, cuando nosotros pasamos la casa ya había sido registrada”.

Fue allegado en el mismo sentido el informe de hechos de la operación “Corcel Negro” suscrito por el Comandante de la Brigada Móvil Nº. 3, en el cual se indicó:

“(…) veinte metros antes de la casa se encontró un área minada la cual fue demarcada, continuando la compañía Cazador, siendo registrada la vivienda por la primera escuadra, encontrando víveres dentro de ella y continuando a buscar la parte alta delante de la casa donde fueron las misiones Beta, para registrar el sector.

“El señor CT. Ducura subió hasta la casa, y le dije al CT. DUARTE que siguiera al cerro para asegurarlo e iniciar los registros sobre el sector donde se realizó el apoyo de bombardeo Beta, realizándose de esa manera.

“Una vez la compañía 'C' subió la parte alta, la contraguerrilla del señor CT. DUCUARA, envió una escuadra delante de la casa, sobre el eje de avance de la compañía 'C' acorde a lo informado por el CP. GARCÍA CAPOTE ARLES, la primera escuadra sobrepasó la casa mientras el canino anti explosivos Joe daba la vuelta a la casa, la segunda escuadra pasó por el lado derecho y la tercera por el lado izquierdo, en ese momento la compañía 'D' estaba llegando al área plana del sector de la casa cuando explotó destruyéndola completamente a las 15:00 horas aproximadamente.

Ahora bien, la orden de operaciones allegada dentro de las pruebas trasladadas, menciona una serie de indicaciones de coordinación, entre las cuales se destaca la prohibición del ingreso a casas, escuelas, trochas y caminos y, en caso de apoyo aéreo por evacuaciones o misiones de apoyo de fuego, la unidad debía disponer de la seguridad perimétrica necesaria para garantizar el desarrollo con éxito de la operació.

Adicionalmente, la Jefe de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército, en respuesta otorgada al requerimiento del Tribunal Administrativo del Meta mediante oficio Nº. 10557, manifestó:

“Sobre si se requiere de orden judicial para ingresar a un inmueble rural:

“La doctrina militar consagra que el acto legal que establece el registro a viviendas, es el allanamiento y que únicamente en caso de flagrancia se puede adelantar el registro sin orden escrita y sin presencia judicial. Dicha disposición se encuentra acorde con lo determinado en la Constitución Política de Colombia, artículo 28 y del Código de Procedimiento Penal, artículos 293, 294, 295 y 296.

Además, el reglamento de operaciones en combate irregular, que fue aportado por el Ejército Nacional como medio de prueba, describe la forma en la que debe efectuarse el registro de viviendas, así:

“Registro de viviendas: se presenta durante el registro de caseríos o durante el registro de áreas. Puede ser llevado a cabo en forma selectiva, en caso de existir inteligencia o indiscriminadamente, cuando ello no sea así. En todos los casos las medidas de seguridad deben ser extremadas, asignado el personal necesario por vivienda; si el número a registrar es considerable, se puede ubicar unidad de seguridad ocupando un punto crítico y con otra unidad, proceder al registro. Cuando se prevé resistencia, se registran objetivos específicos para las armas de acompañamiento. El acto legal que establece el registro de viviendas, es el allanamiento. Por otra parte, únicamente en caso de flagrancia, se puede adelantar el registro sin orden escrita y sin presencia judicial.

Sin embrago, de conformidad con lo establecido en el informe de los hechos de ese día, emitido por el Ejército Nacional, se incurrió en aspectos que violaron estos protocolos de seguridad establecidos en la orden de operaciones, en los manuales de Policía Milita y en el reglamento de operaciones en combate irregula. Precisamente el Estado lo aceptó en el informe de conclusiones, resultados y fallas de la investigación de los hechos por parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejércit, así:

“ASPECTOS POR MEJORAR

No se efectuó un análisis detallado del terreno

No se previeron las medidas de seguridad en el momento de encontrar la vivienda

No se previó un sector aislado de los hechos para el desembarco helicoportado

Se deduce que existió concentración de la unidad alrededor de la casa

“ENSEÑANZAS

La unidad fue objeto de tiro de mortero sobre el camino

Emplearon el camino para el desplazamiento

Existe la posibilidad de que el enemigo esté combinando la ubicación de los explosivos y su tiempo de activación

El enemigo puso en práctica las técnicas recibidas de instructores extranjeros (Subrayas nuestras).

Como se indicó, no hubo un análisis detallado del terreno y no se previeron las medidas de seguridad al momento de encontrar la vivienda, pues, nótese que de los testimonios rendidos por los soldados que participaron en la operación, no queda claro que se tuviera conocimiento previo de la existencia de una vivienda, pues muchos de ellos manifiestaron que la casa se la encontraron en el momento del ascenso en busca de la zona desde donde la guerrilla les estaba disparando, así se refleja en el informe de la operación:

“ (…) entraron en combate armado con bandoleros de la Cuadrilla 26 de la ONT-FARC, dada la intensidad de los mismo se hizo necesario solicitar apoyo aéreo, continuándose con la persecución sosteniendo contactos durante la operación, llegándose a un punto de coordenadas 03º40'26”-73º56'12”, lugar donde se halló una casa, en cuyos alrededores se detectó un campo minado que fue demarcado” (subrayas de la Sala).

Además, como se advierte en la investigación de los hechos ocurridos el 29 de enero de 2002, por parte de la Oficina Jurídica del Comando del Ejércit, y de la declaración rendida por el soldado Edison Ducuara Angarit, existió concentración de la unidad alrededor de la casa que explotó, contrariando las instrucciones asignadas para el desarrollo de la operación “Corcel Negro”, cuando además se tenía conocimiento de que la zona en la cual se iba a desarrollar dicha operación se encontraba dentro de las catalogadas como zona de afectación de orden público desde el año 199, así lo indicó el Capitán:

“(…) posteriormente la compañía se encuentra una casa, aclaro, la compañía 'C' que era la que iba en punta, supuestamente ellos revisaron el sector, yo alcanzo con mi contraguerrilla que iba en ese momento a la compañía `C`, llegando al sector de la casa, yo llamo al comandante de batallón mi mayor SÁNCHEZ ALDANA y le digo que hay mucha gente pegada a la casa, ya que la compañía (ilegible) también se había pegado, él me ordena QUE DESPEJE EL ÁREA de la casa, la compañía `C` avanzaba hacia la parte de arriba, yo le doy la orden a los comandantes de escuadra de mi contraguerrilla que se retiren del sector de la casa, cruza la primera escuadra de la contraguerrilla que yo conducía y estando aproximadamente a unos veinte metros con dirección al eje de avance a la compañía 'C' cuando me veo extendido en el piso herido, no me di cuenta cuándo fue la explosión, después nos sacaron en helicóptero (…).(negrillas y subrayas de la Sala).

Adicionalmente, no advierte la Sala pruebas que permitan afirmar con certeza que el ingreso a la vivienda se presentó con ocasión de la figura de la flagrancia, la cual permite el registro de la vivienda sin una orden judicial, tal y como lo explicó la Jefe de la Oficina Jurídica del Comando del Ejército, pues nótese que si bien se puede determinar de los testimonios rendidos por los soldados que desde la cima de la montaña estaban siendo atacados por guerrilleros, el ingreso a la vivienda no se hizo con el fin de perseguir a miembros de este grupo armado.

En relación con la flagrancia, la Corte Constitucional ha dicho:

“Sobre la figura de la flagrancia, ha dicho la jurisprudencia de esta Corte que corresponde a 'una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades [o de los particulares], cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de tenerse su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría actuar con la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido suspendida merced a la penetración oportuna de la autoridad al lugar en donde se desarrollaba(…)'. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha dicho que la expresión flagrancia viene de 'flagrar' que significa arder, resplandecer, y que en el campo del derecho penal, se toma en sentido metafórico, como  el hecho que todavía arde o resplandece, es decir que aún es actual. No obstante, también se ha precisado que este requisito ofrece una cierta graduación temporal, limitada por una determinada inmediatez a la comisión del delito. En ese sentido se ha dicho que habrá flagrancia en tres supuestos diferentes: el primero, al que se le ha denominado 'flagrancia en sentido estricto', cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito; el segundo supuesto, el de la 'cuasiflagrancia' cuando la persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho; por último la 'flagrancia inferida' hipótesis en la que la persona no ha sido observada en el momento de cometer el delito, ni tampoco ha sido perseguida después de realizarlo, sino que es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparece o se infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él.

Sin embargo, esta situación no fue descrita por los soldados, quienes narraron que el ingreso a la vivienda se hizo por la orden de “ver qué encontraban”; pero, ninguno de ellos indica que se estuviera persiguiendo a un guerrillero o que en la casa se encontrara oculto alguno de ellos, así lo evidencian los testimonios hasta aquí transcritos, incluso algunos soldados no le dieron importancia al hallazgo de la casa, veamos:

“ (…) había una casa como a unos cincuenta metros (50), subimos por el camino y encontramos un punto minado e hicimos la oreja saliendo del camino, encontramos los soldados heridos en el camino, (…) los aviones se fueron y ordenaron requisar el área a ver qué encontrábamos, la compañía 'C' adelante, la 'A' de segunda y la 'D' de tercera. (…) Cuando yo subí a la casa a unos diez metros de la casa, la miré pero no le di importancia, cuando yo di el giro como para seguir avanzando por detrás de la casa, en ese momento no sentí ninguna explosión, solo sentí que la onda me levantaba (…) (Negrillas y subrayas de la Sala).

Por lo acreditado en el expediente, la Sala encuentra que al Estado le es imputable, atribuible directamente el resultado, sin perjuicio de que la causa directa haya sido producida por el hecho de un tercero por cuanto no se adoptaron todas las medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos Humanos de las que fueron objeto los soldados y; porque fue el Estado el que incrementó la situación objetiva de riesgo (comprendida por la conducción de una operación militar que incumplió con los deberes de protección de sus miembros, llevándose a cabo en una zona de afectación de orden público de posibilidades de defensa y protección limitada, como se aceptó), sin que hubiera desplegado el deber de protección suficiente al que estaba obligado por expresos mandatos constitucionales, como lo reconoce el Ejército Nacional en el informe presentado con posterioridad a la operación en la que murieron Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque.

Como conclusión, quedó probado que el Estado incrementó la situación de riesgo en atención a los siguientes factores: i) la falta de un análisis detallado del terreno en el cual se iba a desarrolla la operación “Corcel Negro”; ii) falta de previsión de medidas de seguridad en el momento de encontrar la vivienda que explotó; iii) el haber permitido la concentración de las tropas alrededor de la casa.

5.4.2. De la violación del Derecho Internacional Humanitario

Como un análisis adicional, destaca la Sala que el ataque armado perpetrado por las FARC en el municipio El Dorado, Meta, el 29 de enero de 2002, habida consideración de que se produjo en el contexto de un conflicto armado interno y que, por tanto, como acontece con todas las hostilidades que tienen lugar entre las partes contendientes –en el caso de marras, el grupo subversivo en mención y el Ejército Nacional– en este tipo de escenarios, debe entenderse gobernado por los principios y demás contenidos normativos propios del Derecho Internacional Humanitario. Ese ataque –se reafirma– no puede ser considerado, per se, un acto terrorist, toda vez que se dirigió contra personas que se encontraban participando directamente en las hostilidades –los soldados participantes en la operación “Corcel Negro”–.

Además, algunos elementos demostrativos de los arrimados al expediente, particularmente los testimonios de los soldados que sobrevivieron al ataque armado, ponen de presente que, acto seguido a la explosión, los miembros de las FARC que intervinieron en el asalto dispararon contra los soldados que resultaron heridos con el fin de “rematarlos”, así se desprende de las declaraciones:

“(…) yo era de la primera escuadra, yo había pasado la casa que explotó, yo me le pegué a la compañía C y me dieron la orden de no seguir porque me adelantaba mucho, del sitio a donde yo estaba había un caminito de la casa hacia abajo, entonces yo me fui, encontré unas letrinas de los bandidos y en esos momentos explota la casa, cayéndome árboles, tierra y madera de la casa cuando salí del sitio ya no vi la casa, ya no estaba, en ese momento hubo disparos y gritaban los soldados que nos iban era a rematar los guerrilleros que nos hostigaron después de la explosión, yo corrí hacia abajo y ya subía la compañía D y nos devolvimos y encontramos los primeros heridos y empezamos a reorganizarnos y a buscar la gente”.

Pues bien, en criterio de la Sala semejante forma de proceder por parte tanto de los subversivos que participaron en el asalto, como de los mandos de la organización guerrillera que habrían impartido las aludidas instrucciones, en caso de haberse producido como se relata en los medios de prueba a los cuales se ha hecho referencia, podrían constituir evidentes y groseras transgresiones a una de las prohibiciones incluidas en el "núcleo duro" del Derecho Internacional Humanitario, cual es la prohibición de cometer homicidios en contra de personas protegidas –y los militares que habían ya dejado de participar directamente en las hostilidades, por haber resultado heridos con la explosión de la casa bomba –es decir, personas protegidas–, pese a lo cual los integrantes de las FARC les habrían quitado la vida–.

De conformidad con las pruebas, se encuentra que es imputable la responsabilidad patrimonial a la entidad demandada, pese a que en los hechos haya intervenido un tercero (grupo subversivo) puesto que no fue ésta la causa determinante o capaz de producir el daño, esto es, la muerte de los soldados.

Como consecuencia, se extracta que ese 29 de enero de 2002, los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque fallecieron como consecuencia de la explosión de una vivienda en desarrollo de la operación “Corcel Negro” del Ejército Nacional por la falta de un análisis detallado del terreno, la falta de previsión de las medidas de seguridad al momento de encontrar la vivienda y de establecer un sector aislado para el desembarco helicoportado y, finalmente, por la concentración de la unidad alrededor de la casa, por lo que se encuentra así acreditado el nexo de causalidad entre el daño y la falla del servicio por parte del Ejército Nacional.

Por todo, no queda más que concluir que no le asistía razón al Tribunal de primera instancia, al proferir un fallo desestimatorio de las pretensiones elevadas por los demandantes, por cuanto lo procedente era emitir una decisión plena de reproche administrativo, en punto a que se probaron con éxito los elementos aplicables al caso: el daño antijurídico – la falla- y su nexo causal, lo que posibilita entonces la reparación que es el punto de la pretensión procesal.

6. Liquidación de perjuicios

6.1. Morales

La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, mediante sentencias de 28 de agosto de 201, sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en general, los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

Para la reparación del daño moral en caso de muerte, también la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación ha diseñado cinco nivele de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros permanentes. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva y, finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

La Sala reitera que es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter inmaterial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en cada proceso.

Ahora bien, en atención al gran número de demandantes, y a los diferentes grados de relación afectiva existentes entre ellos, la liquidación se efectuará por cada uno de los grupos familiares, así:

6.1.1. Del grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés

6.1.2. Del grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca

6.1.3. Del grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera

6.1.4. Del grupo familiar del soldado Pacho Francisco Rodríguez Rueda

6.1.5. Del grupo familiar del soldado Benjamín Rubio

6.1.6. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque

6.1.7. Del grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios

6.2. Daño inmaterial por afectación relevante a los derechos convencional y constitucionalmente amparados

Como se anotó previamente, referente a una reparación integral del daño por cuanto se vulneraron los derechos humanos de las víctimas, la Sala, en este caso, reconocerá el daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, tipología autónoma de perjuicios que fue aceptada por la Sección de conformidad con el documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25 de septiembre de 2013, en el que se recopiló la línea jurisprudencia–– y se establecieron criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

En dicho documento se definió el reconocimiento del daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, en los siguientes términos:  

“(…) Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). (…)”.

De igual forma, la Sala pone de presente la importancia de la Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la torna jurídicamente vinculante en el ordenamiento intern.

Por tanto, la fundamentación del juicio de reproche, como la determinación de los daños y perjuicios que consecuencialmente deben aparecer como el baremo del restablecimiento de los derechos conculcados, pasan contemporáneamente por una determinación normativa que precisamente se erige sobre la base de un sistema de protección de los derechos humanos trasnacional, multicultural y confluyente en la idea imperativa de protección del ser human.

Al contrastar esta preceptiva que acaba de revisarse con las circunstancias que rodearon el hecho dañoso en este contencioso, evidentemente se aprecia que este es un evento en el que se lesionaron de manera grave los derechos primarios de las víctimas directas y de quienes se han legitimado en este proceso como víctimas indirectas, en la medida en que los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque murieron violentamente por la falla en el servicio del Ejército Nacional durante la operación “Corcel Negro”, situación que afectó gravemente a los demandantes como se demostró con los testimonios rendidos dentro del proceso, quienes deben continuar sus vidas sin miembros importantes de cada uno de los grupos familiares.

Para contextualizar el efecto reparador al que alude la Sala, debe asimilarse la idea de que el bloque de constitucionalidad es un instrumento que permite incorporar al texto de la Constitución mandatos que se encuentran en otro tipo de fuentes igualmente vinculantes desde el plano normativo y, en todo caso, aceptables por el ordenamiento jurídico colombiano, que es lo que comporta el término contemporáneo de Constitución Abiert. Sin duda, según la jurisprudencia constituciona, hace parte del bloque constitucional en sentido estricto, además del preámbulo, el articulado constitucional, los tratados ratificados por Colombia, los tratados de derecho humanitario y los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia; además, la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas protectoras de los derechos humanos.

Esa formulación axiomática determina, sin duda alguna, que ya no es posible pasar inadvertidas las recomendaciones y la doctrina elaboradas por esos órganos de justicia internacional de cara a la materialización de los derechos humanos, por lo que resulta ajustada la preceptiva que ha orientado en los últimos años la jurisprudencia emanada de esta misma Sección, más allá del rigorismo anclado en la ley procesal, especialmente cuando se trata de flexibilizar el principio de congruencia que es la formulación que permite entender por qué en esta oportunidad se está efectuando este análisis.

En el sub examine, quien debía ejercer la función de seguridad y protección de los soldados, no lo hizo, con la gravísima consecuencia de haberlos enviado a una operación sin el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con los antecedentes que se tenían, como lo era el enfrentamiento en una zona de afectación de orden público y de difícil acceso.

Sin duda alguna, es precisamente la salvaguardia del derecho a la vida y a la integridad personal un mandato positivo (objetivo) del Estado, que tiene su sustento no solo en nuestra Carta Política, sino que encuentra fundamento (invocando la cláusula del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución) en el derecho internacional humanitario.

Acerca de la especial protección que se debe al derecho fundamental a la vida, la jurisprudencia emitida por esta Corporació ha indicado:  

“(…) Ahora bien, merece especial mención que el deber de prevención por parte del Estado, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciale       , que actuando puedan producir violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado se haya correspondido con su ineludible obligación positiva.

“No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentr     . Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida.

“La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicció     .

“Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares  .

Como consecuencia, en el caso en estudio está demostrada la vulneración al derecho humano primigenio y base axiomática del sistema jurídico – la vida-, por parte del Ejército Nacional, circunstancia que obliga a reprochar con mayor vigor el daño antijurídico provocado, que no fue otro que la muerte violenta, por las falla en las que se incurrió en el desarrollo de la operación “Corcel Negro”, de soldados pertenecientes a la entidad.

En suma, la Sala considera que en este caso se deben tomar unas medidas referentes a efectuar la reparación integral del daño irrogado a los demandantes, quienes sufren por la ausencia de sus hijos, hermanos, nietos y padres, por cuanto no tendría sentido asimilar el reproche agravado por la vulneración de los intereses constitucionales y convencionales protegidos y no trascender en el campo indemnizatorio.

En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar i) la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el canal institucional, y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos cometidos en esta operación militar; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realización de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se haya producido en los hechos del 29 de enero de 2002 durante la operación “Corcel Negro”, como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a cabo el ataque, y; v) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los altos mandos militares para la época de los hechos, en atención a la vulneración de los derechos humanos de los aquí víctimas.

6.3. Daño material

6.3.1. Lucro cesante consolidado

En la demanda se solicitó por la parte demandante el reconocimiento del lucro cesante consolidado y futuro, para algunos miembros de cada grupo familiar, atendiendo a la edad de cada uno de los fallecidos al momento de los hechos, el estado civil, la profesión, los ingresos y su vida probable, así:

6.3.1.1. Del grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés

Se solicitó en favor de la señora Mercedes Valdés Meneses, madre del fallecido, la suma de ochenta ($80'000.000.oo) millones de pesos, correspondiente a las sumas dejadas de percibir con la muerte de su hijo.

Revisado el expediente y para efectos de la liquidación del perjuicio, advierte la Sala que el soldado Javier Muñoz Valdés para el momento de su muerte contaba con 37 años de eda.

Ahora bien, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido una regla inferencial a favor de la parte demandante, cuando se trata del lucro cesante que proviene por la falta de manutención de los hijos según la cual, el hijo contribuirá con la manutención de sus padres hasta que cumpla 25 años, tope que se ha entendido en Colombia para que forme su propio hogar.

Dicha regla admite su inflexión en eventos en los que la vocación se pueda inferir más allá de esa edad, por ejemplo cuando es el único hijo que provee la ayuda, se demuestra además que los padres se encontraban en manifiestas imposibilidad de solventar sus necesidades congruas, que se vive bajo el mismo techo, y aun cuando ya se tenga un hogar propio, siempre y cuando esa disposición quede sentada probatoriament.

Ahora, los testimonios de Segundo Eliécer Valencia, Jesús Antonio Ortega Ledesma y Lucía Vásquez Losad, no dan cuenta de ninguna de las excepciones a la presunción planteada, como quiera que, si bien el soldado Javier Muñoz Valdés prestaba ayuda económicamente en el hogar de su madre, lo hacía de manera esporádica, no vivían bajo el mismo techo, ni se acreditó la dependencia económica requerida, motivo por el cual será negado el prejuicio.

6.3.1.2. Del grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca

Se solicitó en la demanda, el reconocimiento de doscientos cincuenta millones de pesos ($250'000.000.oo) en favor de la señora Leonor Méndez Rincón como compañera permanente del soldado Pablo José Cuy Fonseca; sin embargo, como se dijera al principio de esta sentencia, no se acreditó su calidad de tal en este proceso a través de ningún medio probatorio, motivo suficiente para denegar la pretensión.

6.3.1.3. Del grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera

Como pretensión por los perjuicios materiales ocasionados a los señores Evelio Reyes Cañón y María Anunciación Herrera, se solicitó en la demanda la suma de sesenta millones de pesos ($60'000.000.oo).

Verificado el registro civil de nacimiento del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera, la Sala determina que se trata de un joven que al momento de la muerte contaba con 19 año; sin embargo, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido una regla inferencial a favor de la parte demandante, cuando se trata del lucro cesante que proviene por la falta de manutención de los hijos, según la cual, el hijo contribuirá con la manutención de sus padres hasta que cumpla 25 años, tope que se ha entendido en Colombia para que forme su propio hogar.

Dicha regla admite su inflexión en eventos en los que la vocación se pueda inferir más allá de esa edad, por ejemplo cuando es el único hijo que provee la ayuda, se demuestra además que los padres se encontraban en manifiestas imposibilidad de solventar sus necesidades congruas, que se vive bajo el mismo techo, y aun cuando ya se tenga un hogar propio, siempre y cuando esa disposición quede sentada probatoriament, situación que no se probó en este caso, por lo que sólo se accederá a su reconocimiento hasta la fecha en la que el joven Reyes Herrera hubiera cumplido los 25 años.

Para efectos indemnizatorios, se calculará como período indemnizable del lucro cesante consolidado el comprendido entre la fecha de los hechos (29 de enero de 2002) hasta la fecha en la que la víctima habría cumplido 25 años (15 de julio de 2007), esto es, 65.53 meses.

El ingreso base para la liquidación será la suma de $426.426.oo, salario que devengaba la víctima al momento de los hecho; sin embargo, como este último salario es menor al vigente para la fecha de la sentencia, será actualizado por la Sala, aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

Ra = Rh X índice final / Índice inicial

(Ra) es igual a la renta histórica ($426.426.oo) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la muerte, esto es:

                       Ipc (F)

Ra = Rh    ____________

                        Ipc (i)

Ra = 426.426 __134.76_  = $854.373,59

                           67.26

A la suma anterior ($854.373,59) se le sumará un 25% ($213.593,40), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1.067.966,99 y a este valor se le restará un 50% ($533.983,49), que se presume que la víctima destinaba para su propia manutención y por ser soltero; así, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $533.983,49.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemática – actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra x (1+ i)ⁿ - 1    

     i (1+ i)ⁿ

Donde Ra es el ingreso base ($533.983,49), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (29 de enero de 2002) hasta el 15 de julio de 2007, fecha en que la víctima habría cumplido 25 años de edad, para un total de 65,53 meses:

         (1.004867) ^65,53 -1

S   = 553.983,49-------------------------- = $42'638.335,29

       i  (1.004867) ^65,53

Respecto del lucro cesante futuro, la Sala se abstendrá de efectuar algún tipo de reconocimiento, en la medida en que, para la fecha de esta sentencia, la víctima ya había alcanzado la edad de 25 años.

Así, por concepto de lucro cesante, para los demandantes Evelio Reyes Cañón y María Anunciación Herrera, en su condición de padres de la víctima, les corresponderá la suma de cuarenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos con veintinueve centavos ($42'638.335,29), valor que se dividirá entre los dos, correspondiéndole a cada uno la suma de veintiún millones trescientos diecinueve mil ciento sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($21'319.167,65).

6.3.1.4. Del grupo familiar del soldado Benjamín Rubio

Se solicitó en favor de la señora Rosa Nieves Rubio Chávez, madre del soldado Benjamín Rubio, la suma de sesenta millones de pesos ($60'000.000.oo) por concepto de perjuicios materiales.

Al constatar el registro civil de nacimiento del soldado Benjamín Rubio advierte la Sala que se trataba de un joven que al momento de su muerte contaba con 20 años de edad y, de conformidad con los testimonios obrantes a folios 1283 y 1292 del cuaderno Nº. 2, pudo establecerse que ayudaba a su madre económicamente con el salario que devengaba.

Ahora bien, debe advertir la Sala que de los testimonios referidos se acredita la ayuda del joven Benjamín Rubio como agricultor, no como soldado profesional del Ejército Nacional, pues los testigos informan que para el momento de su muerte se encontraba realizando un curso de instrucción previo a su ingreso como soldado profesional de la Institución; sin embargo, aparece en el expediente prestacional la acreditación como soldado profesional, devengando un salario de cuatrocientos treinta y dos mil pesos ($432.000.oo mensuales, por lo que la cuantificación del perjuicio se hará con base en ese salario.

Adicionalmente, la Sala dará aplicación a la presunción según la cual un hijo tiene vocación de ayuda para con sus padres hasta los 25 año y, como no se logró acreditar que la mamá dependiera exclusivamente de los ingresos que percibía de su hijo, la indemnización debe calcularse sólo hasta cuando la víctima habría cumplido dicha edad.

6.3.1.4.1. Liquidación lucro cesante pasado o consolidado

Para efectos indemnizatorios, se calculará como período indemnizable del lucro cesante consolidado el comprendido entre la fecha de los hechos (29 de enero de 2002) hasta la fecha en la que la víctima habría cumplido 25 años (24 de octubre de 2007), esto es 68.8 meses.

El ingreso base para la liquidación será la suma de $540.963,43, es decir, el salario que devengaba la víctima al momento de los hechos ($432.000.oo) actualizado a la fecha, aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

Ra = Rh X índice final / Índice inicial

(Ra) es igual a la renta histórica ($432.000.oo) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la muerte, esto es:

                       Ipc (F)

Ra = Rh    ____________

                        Ipc (i)

Ra = 432.000 __134.76_  = $856.741,48

                           67.26

A la suma anterior ($856.741,48) se le sumará un 25% ($216.385,37), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1'081.926,85 y a este valor se le restará un 50% ($540.963,43), que se presume que la víctima destinaba para su propia manutención; así, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $540.963,43.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemática – actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra x (1+ i)ⁿ - 1    

     i (1+ i)ⁿ

Donde Ra es el ingreso base ($540.963,43), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (29 de enero de 2002) hasta el 24 de octubre de 2007, fecha en que la víctima habría cumplido 25 años de edad, para un total de 68.8 meses:

         (1.004867) ^68,8 -1

S   = 540.963,43-------------------------- = $41'636.222,96

       i  (1.004867) ^68,8

Así, por concepto de lucro cesante, para la demandante Rosa Nieves Rubio Chávez, en su condición de madre de la víctima, le corresponderá la suma de cuarenta y un millones seiscientos treinta y seis mil doscientos veintidós pesos con noventa y seis centavos ($41'636.222,96).

6.3.1.4.2. Liquidación lucro cesante futuro

Respecto del lucro cesante futuro, la Sala se abstendrá de efectuar algún tipo de reconocimiento, en la medida en que, para la fecha de esta sentencia, la víctima ya había alcanzado la edad de 25 años.

6.3.1.5. Del grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios

Solicitan los demandantes el reconocimiento de cincuenta millones de pesos ($50'000.000.oo) en favor de los padres de la víctima; Al constatar el registro civil de nacimiento del soldado Cleyser Palacios Palacios advierte la Sala que se trataba de un joven que al momento de su muerte contaba con 2 años de edad por lo que la Sala dará aplicación a la presunción según la cual un hijo tiene vocación de ayuda para con sus padres hasta los 25 año y, como no se logró acreditar que los padres dependiera exclusivamente de los ingresos que compartía su hijo, no se accederá a este reconocimiento.

6.3.1.6. Del grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque

Finalmente, se solicita en favor de la señora Flor Milena Sana González y la menor Astrid Michel Pineda Sana la suma de doscientos cuarenta millones de pesos ($240'000.000.oo); ahora bien, revisado el expediente, reitera la Sala que no obra ningún tipo de prueba que acredite la legitimación en la causa de la señora Flor Milena Sana González como compañera permanente motivo por el cual no se accederá a su pretensión.

Ahora, respecto de Astrid Michel Pineda Sana, hija del soldado Jaime Eliécer Pineda Araqu, se dará aplicación al precedente jurisprudencial según el cual la manutención de los hijos se presume hasta los 25 años de eda.

6.3.1.6.1. Liquidación lucro cesante pasado o consolidado en favor de la joven Astrid Michel Pineda Sana

De conformidad con los datos anotados en el registro civil de nacimiento correspondiente a Astrid Michel Pineda Sana, se tiene claro que en el momento de ocurrencia de los hechos -29 de enero de 2002-, contaba con 5 años de edad, y como quiera que la ayuda recibida de su padre, por mandato legal, se entiende iría hasta cumplir 25 años, edad que para la fecha de esta sentencia no se ha cumplido, la indemnización consolidada debe efectuarse desde el momento mismo en ocurrió el deceso de su padre y hasta el 17 de enero de 2017, fecha en la que se emite esta sentencia, esto es, 179,6 meses.

El ingreso base para la liquidación será la suma de $635.639,54, es decir, el salario que devengaba la víctima al momento de los hechos ($507.605.oo actualizado a la fecha, aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

Ra = Rh X índice final / Índice inicial

(Ra) es igual a la renta histórica ($507.605.oo) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo la muerte, esto es:

                       Ipc (F)

Ra = Rh    ____________

                        Ipc (i)

Ra = 507.605 __134.76_  = $1'017.023,26

                             67.26

A la suma anterior ($1'017.023,26) se le sumará un 25% ($254.255,82), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1'271.279,08 y a este valor se le restará un 50% ($635.639,54), que se presume que la víctima destinaba para su propia manutención; así, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $635.639,54.

         (1.004867) ^179.6 -1

S   = 635.639,54-------------------------- = $181'755.102,41

       i  (1.004867) ^179.6

De suerte que por el componente de lucro cesante pasado, le corresponde a Astrid Michel Pineda Sana una reparación económica de noventa millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y un pesos con veintiún centavos ($90'877.551,21) pues el valor total se divide en dos, como quiera que se pidió una suma total para ella y su madre, de quien no se logró acreditar su legitimación con la víctima directa.

6.3.1.6.12 Liquidación lucro cesante futuro en favor de la joven Astrid Michel Pineda Sana

El lucro cesante futuro se calculará desde la fecha de emisión de esta sentencia, hasta que la joven cumpla 25 años de edad, fecha en la que termina la presunción de manutención de los hijos por parte de los padres, esto es, hasta el 6 de marzo de 2022, para un total de 61,6 meses.

                            n

S = Ra       (1+i)    -1

                         1

           (1.004867) ^61,6 -1

S   = 635.639,54-------------------------- = $33'760.582,56

       i  (1.004867) ^61,6

De suerte que por el componente de lucro cesante futuro, le corresponde a Astrid Michel Pineda Sana una reparación económica de dieciséis millones ochocientos ochenta mil doscientos noventa y un pesos con veintiocho centavos ($16'880.291,28) pues el valor total se divide en dos, como quiera que se pidió una suma total para ella y su madre, de quien no se logró acreditar su legitimación con la víctima.

Para un total de ciento siete millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos con cuarenta y nueve centavos ($107'757.842,49) por concepto de perjuicios materiales en favor de Astrid Michel Pineda Sana.

7. Costas

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el veintinueve (29) de julio de 2008 por el Tribunal Administrativo del Meta.

SEGUNDO: Como consecuencia, DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- patrimonialmente responsable por la muerte de los soldados Javier Muñoz Valdés, Pablo José Cuy Fonseca, Carlos Evelio Reyes Herrera, Pacho Francisco Rodríguez Rueda, Benjamín Rubio, Cleyser Palacios Palacios y Jaime Eliécer Pineda Araque, el 29 de enero de 2002, en el municipio de El Dorado, Meta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales e inmateriales, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia, las sumas que se indican a continuación:

Para el grupo familiar del soldado Javier Muñoz Valdés

Para el grupo familiar del soldado Pablo José Cuy Fonseca

Para el grupo familiar del soldado Carlos Evelio Reyes Herrera

Para el grupo familiar del soldado Pacho Francisco Rodríguez Rueda

Para el grupo familiar del soldado Benjamín Rubio

Para el grupo familiar del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque

Para el grupo familiar del soldado Cleyser Palacios Palacios

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a título de daño material, en favor de los siguientes demandantes, las sumas que a continuación se indican:

A favor de Evelio Reyes Cañón y María Anunciación Herrera, en su condición de padres de la víctima, la suma DE VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS con sesenta y cinco centavos ($21'319.167,65) para cada uno, por concepto de lucro cesante consolidado.

A favor de la señora Rosa Nieves Rubio Chávez, en su condición de madre del soldado Benjamín Rubio, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($41'636.222,96) por concepto de lucro cesante consolidado.

A favor de Astrid Michel Pineda Sana, en calidad de hija del soldado Jaime Eliécer Pineda Araque, la suma de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($107'757.842,49) por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la vulneración de los intereses constitucionales y convencionales protegidos y ordenar i) la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el canal institucional, y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos cometidos en esta operación militar; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realización de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se haya producido en los hechos del 29 de enero de 2002 durante la operación “Corcel Negro”, como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a cabo el ataque, y; v) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los altos mandos militares para la época de los hechos, en atención a la vulneración de los derechos humanos de los aquí víctimas

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

NOVENO: EXPEDIR al abogado Miguel Piñeros Rey, apoderado de la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA