Providencia del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 89 de 2026

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental contra EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA […] con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a normas de protección ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar la certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la Corporación podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 [...]” (Destacado de la Sala).

en estado de abandono debido a la oposición de las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto.

Del mismo modo, insistió en que el DISTRITO estaba incumpliendo las obligaciones de la licencia ambiental, aun cuando el proyecto no estaba en construcción, pues era su deber ejecutarlas, lo que ocasionó procesos erosivos que ayudaron al arrastre de sedimentos en aguas de escorrentías hasta cuerpos de agua como el arroyo Rincón Tigre.

Asimismo, CORPOGUAJIRA rindió informe de seguimiento ambiental de fecha 31 de agosto de 2022, en el que se hizo referencia a la licencia ambiental otorgada para la construcción y operación del relleno sanitario de Riohacha y del cual se resalta lo siguiente:

“[…] Mediante Resolución No 1079 del 22 de junio de 2015 se otorgó Licencia Ambiental para la Construcción y Operación del Relleno Sanitario de Riohacha. El seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de este acto administrativo se relaciona en las tablas de la 1 a la 6 y el seguimiento al cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental, inherentes a la Licencia Ambiental, se relaciona en las tablas de la 7 a la 15.

La Licencia Ambiental del relleno fue dada en el 2015 pero por oposición, por acción de hecho y por tutela algunas de las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto no han permitido el desarrollo normal de las actividades de construcción del relleno sanitario.

Mediante informe de 03 de abril de 2017, radicado INT-961, el grupo de seguimiento ambiental de CORPOGUAJIRA presenta los resultados de la visita de seguimiento realizada al área licenciada, encontrando que las obras para la construcción del relleno sanitario se encuentran paralizadas, debido a que algunas comunidades indígenas aledañas, al no estar conforme con la construcción de esta obra no permitieron que el ejecutor desarrollara las actividades, mediante informe, recomienda a la Subdirección de Autoridad Ambiental realizar al Distrito de Riohacha un requerimiento de seguimiento Ambiental.

CORPOGUAJIRA realizó Requerimiento al Municipio de Riohacha, por medio de oficio radicado SAL-1987 de 12 de junio de 2017, (constancia de recibido por parte del Despacho de la Alcaldía de Riohacha de fecha 14 de junio de 2017, tal como consta en el expediente 737/17), con el fin de dar conocer al interesado las conclusiones que se desprendieron de la visita, otorgándole un término de cuarenta y cinco (45), para que cumpla las obligaciones que allí se describen e igualmente, ejerza su derecho de defensa y contradicción. El seguimiento del cumplimiento de este requerimiento se realiza en la tabla No. 16.

En el mes de julio de 2017 mediante radicado ENT-3791, el distrito de Riohacha solicitó a CORPOGUAJIRA prórroga de dos meses más del requerimiento SAL-1987 de 2017 referente al cumplimiento de las obligaciones contempladas en la resolución 1079 de 2015. Es preciso referir que en el expediente precitado no existe constancia que el Municipio de Riohacha, por medio de su representante legal o apoderado, haya ejercido su derecho de contradicción frente a las resultas del informe técnico de 03 de abril de 2017 antedicho, ni tampoco, haya cumplido las obligaciones que se impusieron mediante oficio de 12 de junio de 2017.

Continuando con la obligación de realizar seguimiento al proyecto, CORPOGUAJIRA realiza visita el día 06 de octubre de 2017 el área licenciada, dando como resultado el informe de seguimiento radicado INT-3569 de 10 de octubre de 2017; posteriormente, el día 11 de diciembre de 2018, el grupo de seguimiento ambiental de CORPOGUAJIRA, realizó visita al área licenciada, de la cual se desprende el informe técnico radicado INT-7080 de 28 de diciembre de 2018, el cual, sustentó la expedición del Auto No. 251 de 15 de marzo del 2019, por la cual se apertura un proceso sancionatorio en contra del Distrito de Riohacha.

Por último, CORPOGUAJIRA realiza informe de seguimiento ambiental radicado INT 943 del 13 de marzo del 2020 en el cual se recomienda a

la Subdirección de Autoridad Ambiental, solicitar al Distrito de Riohacha debe confirmar si el proyecto de construcción del Relleno Sanitario tiene continuidad, a fin de que tomen decisiones con respecto a la Licencia Ambiental, si es pertinente o no derogarla, pues al parecer el convenio suscrito para la construcción de la obra, así como su contrato de ejecución, se encuentran en proceso de liquidación.

Se reitera que, a la fecha, las obras para la construcción del relleno sanitario se encuentran paralizadas, debido a que algunas comunidades indígenas aledañas, al no estar conforme con la construcción de esta obra no permitieron que el ejecutor desarrollara sus actividades, lo que conllevó a la suspensión del contrato establecido para tal fin.

Revisando el expediente se observa que el Distrito de Riohacha no ha presentado a la fecha el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA. […]

1. CONCLUSIONES

Realizada la visita de seguimiento ambiental al Relleno Sanitario del Distrito de Riohacha, ubicado en la vereda Brasil, se concluye lo siguiente:

1. Se evidencia en el presente informe que hay incumplimiento por parte del Distrito de Riohacha de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No 1079 de 2015.
2. Se reitera que aun cuando hay muchas fichas del Plan de Manejo Ambiental que no se han podido aplicar, debido a que se paralizaron las obras del relleno sanitario, existen otras, que el Distrito de Riohacha, como beneficiario de la Licencia Ambiental, debe estar implementando, con lo cual se concluye que, la gestión ambiental hasta la fecha es deficiente.
3. Se reitera que el proyecto de construcción del relleno sanitario del distrito está paralizado, es decir no se ejecuta obra alguna y está en completo abandono; las actividades realizadas como el cerramiento en alambre de púas fue hurtado en su totalidad.
4. Se reitera que un proyecto en abandono, con obras iniciadas como la laguna de lixiviados, ambientalmente puede traer como consecuencias, procesos erosivos que coadyuvan a que se den las condiciones para propiciar el arrastre de sedimentos en aguas de escorrentías hasta cuerpos de agua presentes en la zona, como el Arroyo Rincón Tigre, afluente del Arroyo Guerrero.
5. La excavación realizada para la laguna se ha convertido en una especie de “jagüey” o reservorio de agua, el cual está siendo aprovechada por las comunidades indígenas como abrevadero de sus animales.
6. El Distrito de Riohacha no ha presentado a la fecha el primer informe de cumplimiento ambiental ICA.
7. No se vislumbra una alternativa viable para la continuidad de la construcción del relleno sanitario.
2. RECOMENDACIONES

Realizada la visita de Seguimiento Ambiental al Relleno Sanitario del Distrito de Riohacha, ubicado en la vereda Brasil, con el ánimo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente; así como a fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental aprobada mediante la Resolución No. 1079 del 22 de junio de 2015, Se recomienda que, desde la Subdirección de Autoridad Ambiental, conforme a la normatividad vigente, se tomen las medidas a que haya lugar considerando lo siguiente:

1. El Distrito de Riohacha presenta incumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y por el estado de abandono que hoy ostenta el proyecto Relleno sanitario de Riohacha.

Falta de voluntad política de la administración distrital de gestionar el

reinicio de obras […]” (Destacado de la Sala).

Visto lo anterior, para resolver el primer problema jurídico planteado, esto es, si con los hechos previamente narrados se afectó el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la Sala se referirá a la normativa que busca sustituir los botaderos de basura o sitios de disposición final transitorios (SDFT) por rellenos sanitarios.

En desarrollo de la Ley 142 y el Conpes 2750 de 1994, a partir del Decreto 1713 de 2002, se estableció que las entidades territoriales están en la obligación de clausurar y/o adecuar los sitios de disposición final transitoria (SDFT) que no cumplan con la normativa

de operación técnica vigente para rellenos sanitarios²⁵, así como implementar las medidas de restauración correspondientes, cuya orientación busca impulsar la transición de los botaderos de basura hacia el sistema de disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario.

En consecuencia, mediante la Resolución 1045 de 2003, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial otorgó un plazo de 2 años para que los SDFT cumplieran con esa obligación. Posteriormente, la Resolución 1390 de 27 de septiembre de 2005 amplió dicho término a 36 meses conforme a un plan de manejo ambiental (PMA) y un plan de cierre, clausura y restauración ambiental (PCCRA).

Nuevamente, la Resolución 1684 de 2008 previó la posibilidad de ampliar el plazo mencionado hasta el 29 de septiembre de 2009, siempre y cuando la o las celdas de disposición: i) tengan capacidad de recepción técnicamente adecuada; ii) cuenten con barreras de protección e impermeabilización con geomembrana o arcilla; iii) comprendan canales perimetrales para retener las escorrentías; iv) incorporen sistemas de drenaje, recolección y recirculación de

²⁵ Resolución 799 de 2021

lixiviados; v) tengan sistema de recolección, concentración y venteo de gases; vi) se efectúen actividades diarias de compactación y cobertura de los residuos; y vii) se esté cumpliendo con el plan de manejo ambiental. Además, la resolución advirtió que no se podrían realizar obras de ampliación de capacidad de las celdas.

En caso de que los prestadores del servicio incumplan los requisitos de dicho régimen de transición, se cerrarían las celdas transitorias y se efectuaría la restauración ambiental respectiva dentro del término de un año.

En consecuencia, mediante la Resolución núm. 1822 de 2009 se dispuso que las medidas de cierre, clausura y restauración ambiental de las celdas transitorias no podían superar un año a partir del 30 de septiembre, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos previamente mencionados.

Por su parte, la Resolución núm. 1529 de 2010 amplió el plazo hasta el 29 de septiembre de 2011, con los mismos requisitos, con el fin de reacomodar y cubrir la totalidad de residuos e iniciar la restauración paisajística; todo, en el marco de las condiciones

establecidas en los PMA, los cuales precisarán la cota requerida para culminar el llenado de la celda. Además, dicha norma indicó que, en ese plazo, el operador debía obtener licencia ambiental para el relleno sanitario que debía sustituir el SDFT o contratar el servicio con un relleno sanitario licenciado.

Asimismo, la Resolución núm. 1890 de 2011 especificó las siguientes cuatro alternativas para aquellos SDFT que han dado cumplimiento con la anterior normativa: i) continuar con la disposición hasta el máximo de la capacidad; ii) transformar el SDFT en relleno sanitario, previa licencia ambiental; iii) transformar el SDFT en celdas de contingencia previo a la implementación de un relleno sanitario; y

iv) licenciamiento para proyecto de relleno sanitario en zona contigua donde funcionó el SDFT cerrado, clausurado y restaurado ambientalmente. De otro lado, la norma señaló que, de no operar el servicio con un relleno sanitario, los costos de disposición final no podían ser trasladados a los usuarios.

De conformidad todo lo expuesto, la Sala considera que se encuentra probada la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, habida  cuenta que,  según  las  pruebas  del  expediente,

actualmente, el DISTRITO no dispone de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos, por el contrario, hay evidencia que CORPOGUAJIRA impuso una medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la entrada y disposición de residuos sólidos en las celdas transitorias del sitio de disposición final del ente territorial, dado que las celdas construidas no contaban con vida útil y tampoco existía autorización o viabilidad ambiental para que se erigieran unas nuevas, por lo que fue necesario que las basuras fueran trasladadas al relleno sanitario de uno de los municipios cercanos en el sur del departamento.

Entonces, la ausencia de un lugar adecuado para desechar los residuos sólidos por la finalización de la vida útil de las celdas que estaban destinadas para el efecto y la aparente imposibilidad para la construcción del relleno sanitario definitivo redunda en que actualmente el DISTRITO no cuenta con un lugar legalmente habilitado para disponer sus residuos.

Lo anterior, pone en evidencia que existe un riesgo latente de que el servicio público domiciliario de disposición y tratamiento de residuos sólidos  de  Riohacha  sea  suspendido  de  manera  definitiva,

circunstancia que sin lugar a duda implica una amenaza directa en contra del derecho colectivo al goce de un ambiente sano de la comunidad del DISTRITO, sus corregimientos y los municipios que se benefician del mismo.

En consecuencia, no le asiste razón al ente territorial cuando afirma en el recurso de apelación que no afectó el mencionado derecho colectivo, pues, en conjunto con INTERASEO S.A.S., reiteradamente ejecutó acciones que transgredieron las instrucciones y obligaciones establecidas por CORPOGUAJIRA, así como los requerimientos establecidos en el régimen de transición para constituir un relleno sanitario.

Puntualmente, el DISTRITO e INTERASEO S.A.S. son responsables de construir celdas adicionales en un botadero que no solo ha agotado su vida útil, sino que, además, su funcionamiento representa una seria amenaza para el ambiente, en tanto que, según los informes de CORPOGUAJIRA, genera “[…] malos olores y problemas estéticos, son criaderos de moscas, ratas y otros vectores de enfermedades y fuente de contaminación del aire o de corrientes superficiales o subterráneas de agua […]”.

En cuanto a la construcción de una nueva celda para el desecho de las basuras, CORPOGUAJIRA ha sido clara y reiterativa en indicar que el ente territorial no tiene autorización para su construcción, y tampoco probó que, efectivamente, la celda que construyó se hiciera con base en los parámetros señalados por la autoridad ambiental, razón por la que sus argumentos en este sentido tampoco están llamados a prosperar.

Ahora bien, con base en el informe elaborado el 25 de julio de 2022 por INTERASEO S.A.S. y la interventoría, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del DISTRITO comunicó al director general de CORPOGUAJIRA, en Oficio de 1o. de agosto del mismo año, las actividades a desarrollar en el SDFT. Sin embargo, dicho documento, lejos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del DISTRITO, revela que las irregularidades de los taludes y coronas, las depresiones, los empozamientos, los desniveles, las infiltraciones y la erosión, la falta de control de las escorrentías, la gasificación de las celdas, el vertimiento de los lixiviados, entre otros problemas de funcionamiento del SDFT, al día de hoy persisten.

La anterior situación es consecuencia del incumplimiento total de los objetivos y obligaciones definidos en el PMA aprobado en 2005. Además, las acciones propuestas en el informe de 25 de julio de 2022 tampoco cuentan con un cronograma claro, de manera que el desconocimiento del régimen de transición de los SDFT, al igual que los impactos ambientales ocasionados por su indebido funcionamiento, permanecerán indefinidamente.

En síntesis, el DISTRITO no cuenta con un adecuado sitio para la disposición de los residuos sólidos en su territorio y tampoco ha cumplido con las obligaciones ambientales a su cargo, pues no ha adelantado la reconformación de taludes y coronas de las celdas cerradas temporalmente, no ha implementado las acciones necesarias para su clausura, insiste en seguir utilizándolas y abrir unas nuevas, no ha iniciado el plan de restauración ambiental y mucho menos ha adoptado medidas de mitigación de impactos.

Bajo ese entendido, la Sala reitera que se encuentra probada la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia en lo que a este aspecto se refiere. Sin embargo, se modificará el numeral

primero de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de indicar que el DISTRITO no solamente es responsable de la vulneración de los derechos colectivos, sino que también lo es INTERASEO S.A.S., conforme se evidenció en precedencia, y CORPOGUAJIRA, como se explicará a continuación.

En efecto, a juicio de la Sala, la referida problemática también fue propiciada por CORPOGUAJIRA, pues está demostrado que el botadero de basura a cielo abierto o sitio de disposición final transitorio (SDFT) de Riohacha viene operando desde aproximadamente 1998; es decir hace más de 27 años.

En efecto, CORPOGUAJIRA, mediante la Resolución 1867 de 2016, reconoció que la administración municipal estaba ejecutando “la ampliación de una celda en el tercer paso de cierre y adecuación de un área en la parte posterior del lote”. Asimismo, verificó “la organización de otra área disponible de 500 metros cuadrados en el sector sur-oeste, paralela a la zona A, en la cual se encuentran en un 51% de su excavación”. Estas labores de ampliación de capacidad de las celdas del SDFT estaban expresamente prohibidas desde la Resolución 1684 de 2008.

Pese a ello, CORPOGUAJIRA nuevamente aprobó la modificación del PMA y la actualización del plan de cierre, clausura y restauración ambiental (PCCRA) para otorgar “permiso para ampliar la celda transitoria”. Aunque la autoridad ambiental invocó la alternativa 1 para fundamentar su decisión, lo cierto es que la Resolución 1890 de 2011 no autorizó ampliación de la capacidad del SDFT, pues ello desconoce el propósito del régimen de transición de los residuos sólidos.

En el mismo acto administrativo afirmó que, de no contar con un relleno sanitario, el ente territorial debía proceder con la alternativa 2; es decir, transformar el SDFT en relleno sanitario. Sin embargo, ese proceso no contó con licencia ambiental previa ni el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en el Decreto 838 de 2005²⁶, pues, de manera anticipada y sin alguna consideración técnica, CORPOGUAJIRA aceptó la excavación que realizó el DISTRITO en abierto desconocimiento de los regímenes aplicables

26 “Artículo 2°. Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente decreto tiene por objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios”.

en materia de residuos sólidos, y en materia de permisos, licencias y autorizaciones.

Nuevamente, dos años después, mediante la Resolución 1616 de 2018, CORPOGUAJIRA autorizó la construcción de una celda de 60 m de ancho por 110 m de largo y 2.5 m de profundidad con la clara finalidad de ampliar la capacidad de recepción de residuos del SDFT. Pese a que el PCCRA del DISTRITO fue aprobado en diciembre de 2005, solo hasta 2022 impuso medida preventiva de suspensión de las actividades de disposición de residuos, en consideración a que las celdas construidas no cuentan con vida útil.

También advirtió que el DISTRITO no podía construir nuevas celdas, pues solo después de 17 años de operación transitoria, encontró que la disposición de residuos estaba “superando la capacidad de los diseños”, por lo que se debe “evitar la contaminación de una actividad y situación que se encuentra tentando contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje natural y la salud humana”.

Precisó que el DISTRITO: no implementó barreras vivas amortiguadoras; los residuos no cuentan con recubrimiento y están al aire libre; no tiene plan de vectores; no inició la restauración ambiental; el sistema de manejo de lixiviados está averiado, por lo que estos se desbordan e impactan negativamente el suelo y el sistema hídrico superficial y subterráneo de la zona; no realizó reconformación geomorfológica; se están alterando los componentes paisajísticos del sector, entre otras irregularidades.

Pese a ello y a que el SDFT no se acogió al régimen de transición, ya no cuenta con más capacidad de recepción y el DISTRITO no dispone de una solución definitiva, CORPOGUAJIRA afirmó que “la medida preventiva […] podrá levantarse una vez se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron”.

Por todo lo anterior, se echa de menos el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, especialmente cuando en la Resolución 2231 de 2022, CORPOGUAJIRA advirtió que “el Distrito construyó dos celdas adicionales sin previa autorización”, y que el “Distrito de Riohacha no cuenta con vida útil en las celdas del sitio de disposición de residuos de la ciudad, no

obstante, sigue recibiendo y disponiendo”. Además, en abierto desconocimiento de la medida preventiva, mediante Oficio de noviembre de 2022 se verificó intervenciones en el SDFT de perfilación de taludes, entre otras.

Pues bien, se concluye que la falta de un cierre definitivo del SDFT y la persistencia de sus condiciones operativas inadecuadas entre 2005 y 2022, denota el incumplimiento de las competencias de CORPOGUAJIRA de i) ejercer de manera regular acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental durante ese lapso; ii) imponer y ejecutar oportunamente medidas de policía y sancionatorias por violaciones de las disposiciones ambientales; iii) exigir la reparación de los daños ambientales; y iv) coordinar con el DISTRITO la realización de proyectos y obras de infraestructura para defender, proteger, descontaminar y recuperar el ambiente y los recursos naturales renovables.

En consecuencia, no garantizó que el DISTRITO realizara la reconversión de su SDFT a la tecnología de relleno sanitario en un tiempo razonable, por lo cual los impactos ambientales se han venido agravando y persisten hasta el día de hoy.

Por consiguiente, se modificará la sentencia apelada en el sentido de ordenar a CORPOGUAJIRA, si no lo ha hecho, inicie y lleve a su término los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con las infracciones ambientales²⁷ detectadas en dicho SDFT, en atención a los lineamientos establecidos en el régimen de transición para la reconversión de los sistemas de disposición de residuos sólidos a la tecnología de rellenos sanitarios, y demás disposiciones aplicables. Tales procedimientos observarán las garantías y lineamientos procesales establecidos en la Constitución y la ley.

De igual modo, de ser el caso, deberá exigir el cumplimiento de las medidas de restauración y compensación de los impactos ambientales ocasionados a los ecosistemas de la zona afectada.

Ahora, en lo que respecta a la construcción del nuevo relleno como causante de la amenaza y vulneración del derecho colectivo en estudio, la Sala destaca el hecho de que CORPOGUAJIRA y el DISTRITO celebraron, desde el año 2007, un convenio interadministrativo para el diseño y construcción del nuevo relleno

27 Ley 1333 de 2021, artículos 1, 4, 5, 31, 40, entre otros.

sanitario de la ciudad, sin que a la fecha de esta sentencia haya sido posible que la obra se culminara a satisfacción.

En efecto, se demostró que CORPOGUAJIRA, mediante la Resolución 1079 de 2015, otorgó licencia ambiental para el proyecto de construcción y operación del relleno sanitario del municipio de Riohacha. Sin embargo, conforme a la Resolución 1529 expedida por el Ministerio de Ambiente el 6 de agosto de 2010, este requisito debió ser atendido por el operador en septiembre de 2011, pues resultaba indispensable para una adecuada transición del SDFT a la tecnología de relleno sanitario.

A julio de 2017, es decir, dos años después de haber otorgado la licencia, CORPOGUAJIRA verificó que el DISTRITO no estaba cumpliendo con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, aduciendo que “las obras se encontraban paralizadas”, por lo que realizó visita de seguimiento ambiental en diciembre de 2018, donde verificó, entre otras cosas, que: i) no elaboró programa de salud y medio ambiente; ii) no propuso medidas compensatorias; iii) no presentó información ambiental relacionada con la ejecución del proyecto; y iv) en el predio se estaban presentando procesos

erosivos en los taludes, cuyos sedimentos se estarían depositando en los cuerpos de agua de los que se abastecen las poblaciones aledañas.

Posteriormente, en agosto de 2022, CORPOGUAJIRA realizó informe de seguimiento y aseguró que el proyecto no se había ejecutado porque las comunidades indígenas manifestaron su oposición, y que se debía evaluar mantener o no la licencia ambiental otorgada “pues al parecer el convenio suscrito para la construcción de la obra, así como su contrato de ejecución, se encuentran en proceso de liquidación”.

Sin embargo, olvida que los convenios a los que hace mención fueron suscritos por CORPOGUAJIRA, y que los celebró únicamente para recibir una consultoría de diseño, pues para la socialización y legalización del relleno sanitario (etapa que comprendía consulta previa, diagnóstico ambiental de alternativas y estudio de impacto ambiental) no apartó recursos.

Además, pasa por alto que, conforme a la cláusula 10 del Convenio 060, CORPOGUAJIRA estaba obligada a velar por su adecuada y

oportuna ejecución, y a desempeñar funciones de supervisión y seguimiento a través de un interventor. En consecuencia, es evidente que nunca se iban a suscribir acuerdos del proceso de consulta previa, pues el proyecto no contaba con fundamentos serios para su desarrollo.

A juicio de la Sala, su falta de ejecución no obedece a la oposición de las comunidades indígenas ni a que se haya cerrado el expediente contractual de los convenios administrativos, pues, por todo lo observado, CORPOGUAJIRA nunca tuvo la voluntad real de contribuir a la construcción de un proyecto de relleno sanitario para Riohacha.

Por consiguiente, la problemática que atenta contra el derecho colectivo al goce de un ambiente sano también le es atribuible a la Corporación, motivo por el cual en ese sentido se modificará el ordinal primero de la sentencia de primera instancia.

Del cumplimiento de la orden judicial de construcción del relleno sanitario

El DISTRITO asegura que no es posible acatar la orden contenida en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia, habida cuenta que el convenio núm. 060 de 2007²⁸ era objeto de controversia entre las partes que lo suscribieron, motivo por el que no es posible liquidar el convenio interadministrativo núm. 051 de 2007²⁹ para celebrar uno nuevo.

Al respecto, la Sala advierte que en el expediente reposa la Resolución núm. 2358 de 3 de octubre de 2024 “Por medio de la cual se ordena el cierre de un expediente contractual y se dictan otras disposiciones”, expedida por CORPOGUAJIRA, de la cual se resalta lo siguiente:

“[…] Que CORPOGUAJIRA y la UNIAGRARIA suscribieron el Convenio 060 el 12 de julio de 2007, cuyo fortalecimiento de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos de Corpoguajira y la ejecución de proyectos de inversión a través de obras y acciones desarrolladas en los municipios de Hato Nuevo, Fonseca, La Jagua del Pilar, Riohacha, Maicao, Distracción, de acuerdo a lo señalado en los anexos 01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10 los cuales hacen parte integral del por valor de $7.999.327.547. Aporte UNIAGRARIA por $100,000,000. Plazo Inicial de (12 Meses), el cual fue iniciado el 10 de agosto de 2007.

28 Cuyo objeto era “aunar esfuerzos humanos, técnicos, científicos, financieros, jurídicos, para el apoyo y fortalecimiento de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos de CORPOGUAJIRA, y la ejecución de proyectos de inversión clave a través de obras y acciones desarrolladas en los municipios de Hatonuevo, Fonseca, La Jagua del Pilar, Riohacha, Distracción y Dibulla de acuerdo a lo señado en los anexos No 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 los cuales forman parte integral del presente convenio”.

29 El cual tenía por objeto “aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Riohacha La Guajira en el componente de diseño y construcción del nuevo relleno sanitario de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el anexo del presente convenio.

Que la Corporación, el 27 de diciembre de 2007, celebró el CONVENIO ADICIONAL No 1. EN TIEMPO Y RECURSOS AL CONVENIO DE ASOCIACION No 0060 DEL 2007 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA  REGIONAL  DE  LA  GUAJIRA  Y  LA  FUNDACION

UNIVERSITARIA DE AGRARIA DE COLOMBIA, argumentado en los apartes de la minuta, adicional en recursos y tiempo, discriminados así:

$2.187.435.250 y cuatro (4) Meses más en el plazo Inicial.

Que la Corporación, mediante Adicional No. 2 de fecha 10 de diciembre de 2008, añadió tres (3) meses al plazo del convenio No. 0060 de 2007.

Que entre La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA y el MUNICIPIO DE RIOHACHA, se

celebró el Convenio No. 0051 de 2007, cuyo objeto es (sic) ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS y FINANCIEROS PARA LOGRAR IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS   SÓLIDOS   DEL   DISTRITO   DE   RIOHACHA

CORPOGUAJIRA, que se destinará para IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL COMPONENTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, llamado el RELLENO SANITARIO.

Que se suscribió acta de suspensión del contrato el 10 de febrero del 2009, sustentado en la no entrega por parte del Distrito de Riohacha, del lote donde se iba a implementar el relleno sanitario.

Que se reinició el convenio 0060 de 2007, a través de acta de fecha 28 de diciembre de 2009, en la que se considera que existe un lote que cumple las condiciones generales requeridas y se reinicia el convenio para permitir la ejecución de los estudios y diseños como fase inicial que conlleve al ajuste de termino y cantidades de obra que permita la construcción del Relleno Sanitario.

Que se suscribió adicional No.3 en tiempo por nueve (9) meses más, para un plazo total de ejecución de VEINTIOCHO MESES (28) meses, estipulando que la fecha de terminación del Convenio será el 29 de octubre de 2010.

Que se suscribió acta el 13 de octubre de 2010, acordando la suspensión de la ejecución del Convenio No. 060 de 2007 Que se suscribió acta de reinicio el 20 de febrero de 2014.

Que se suscribió acta adicional en plazo No. 4, en fecha 28 de febrero de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que el 12 de diciembre del 2014 se suscribió acta adicional en plazo No 5, ampliando el plazo de ejecución en cinco (5) meses, teniendo como nueva fecha de terminación el 31 de mayo de 2015.

Que mediante adicional No. 06 de fecha 29 de mayo del 2015, se prorrogó el plazo de ejecución en seis (6) meses, fijando como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2015.

Que mediante adicional No. 07 de fecha 27 de noviembre del 2015, se prorrogó el plazo de ejecución en seis (6) meses, fijando como fecha de terminación el 31 de mayo del 2016.

Que mediante adicional No. 08 de fecha 20 de mayo del 2016, se prorrogó el plazo de ejecución en seis (6) meses, fijando como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2016.

Que mediante adicional No. 09 de fecha 23 de noviembre del 2016, se prorrogó el plazo de ejecución en ocho (8) meses, fijando como fecha de terminación el 30 de julio de 2017.

Que mediante adicional No. 10 de fecha 26 de julio del 2017, se prorrogó el plazo de ejecución en cuatro (4) meses, fijando como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2017.

Que en mesa de trabajo llevada a cabo el día primero (1°) de Septiembre de 2017, en las Instalaciones de CORPOGUAJIRA, con participación de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA, delegados de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA y delegados de la Alcaldía Distrital de Riohacha, se concluyó que el Convenio 060 de 2007 se debería suspender dada la complicada situación de seguridad ocasionada por la oposición a la construcción del Relleno Sanitario por parte de algunas comunidades indígenas que obligan a la suspensión de las obras hasta el 4 de diciembre del 2017.

Que el 4 de diciembre del 2017, aún no se superaron los motivos que originaron la suspensión, razón por la cual se prorrogó la suspensión por dos (2) meses.

Que se reinició el convenio 0060 de 2007, a través del acta de reinicio de fecha 05 de febrero de 2018, con fecha de terminación del plazo el 29 de abril del 2018. […]

Que el convenio 0060 de 2007, se encuentra ejecutado en aproximadamente el 59,42%, correspondiente a la suma de $ 5,993.056.694.00, habiendo realizado en su totalidad los componentes de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Adicional 9, estando pendientes por ejecutar los componentes del anexo 7 y los anexos 8 y 10, de los cuales tiene recibido el 50% del valor (Aportes Corpoguajira) por concepto de Anticipo. […]

CONSTANCIAS Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

[…] TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 060 DE 2007 […]

Que, en consecuencia, la fecha para efectuar la liquidación del Convenio de Asociación No. 060 de 2007, expiró el 29 de octubre de 2020, según las orientaciones emanadas de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente CCE y lo conceptuado por el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil […]

Que, como consecuencia de lo anterior, ante la imposibilidad legal de adelantar procedimiento administrativo o judicial alguno para reconocimiento y pago, o cobro de obligaciones contractuales del consensual falto de liquidación, le corresponde a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CORPOGUAJIRA, en virtud de la obligación legal establecida en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, proceder a realizar el cierre del expediente contractual para dejar las constancias sobre los aspectos más relevantes del mismo, y poner punto final a la actuación contractual correspondiente, sin perjuicio de la acción disciplinaria que pudiera caber por aparente omisión, en contra de los presuntos responsables […]

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR el cierre y archivo del expediente contractual del Convenio 060 del 12 de julio del 2007, suscrito entre La Corporación Autónoma Regional de La Guajira COPORGUAJIRA y UNIAGRARIA, técnicos científicos financieros jurídicos para el apoyo fortalecimiento de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos de Corpoguajira y la ejecución de proyectos de inversión a través de obras y acciones desarrolladas en los municipios de Hato

Nuevo, Fonseca, La Jagua del Pilar, Riohacha, Maicao, Distracción, de acuerdo a lo señalado en los anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 los cuales hacen parte integral del presente convenio”.

SEGUNDO: ORDENESE compulsar copia del presente acto administrativo a la Oficina de Control Disciplinario Interno de CORPOGUAJIRA para que, en el ámbito de sus competencias, determine las responsabilidades a que haya lugar, así como a la oficina de gestión financiera, para lo de su competencia […]” (Destacado de la Sala).

Así las cosas, para la Sala resulta claro que le asiste razón al DISTRITO cuando afirma que no se podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal tercero de la sentencia del Tribunal, pues como se advierte de la mencionada Resolución, para el mes de octubre de 2024 el Convenio núm. 060 de 2007 estaba ejecutado en un 59.42%, estando pendiente por cumplir con los componentes de los anexos 7, 8 y 10 del mismo.

Asimismo, se acreditó que la fecha para la liquidación del convenio expiró el 29 de octubre de 2020, conforme lo dispuesto en la ley, razón por la que CORPOGUAJIRA ordenó el cierre del expediente contractual en aras de terminar con cualquier actuación contractual.

En consecuencia, la Sala deberá modificar la orden impartida, pues, actualmente, no es posible que, en el término de 24 meses después de la notificación de la ejecutoria del fallo se inicie y culmine la

construcción y operación del relleno sanitario en el predio denominado “sin Dios no hay nada”, conforme lo dispuesto en la Resolución núm. 1079 de 2015, pues el expediente contractual correspondiente al convenio núm. 060 de 2007, suscrito entre CORPOGUAJIRA y la UNIAGRARIA fue cerrado por parte de la Corporación ante la falta de ejecución de la mencionada obra y tras haberse superado los términos legalmente dispuestos para la liquidación del mismo sin que se hubiese culminado a satisfacción su objeto.

Así las cosas, la Sala estima que como se encuentra acreditada la vulneración de los derechos colectivos invocados, la construcción del relleno sanitario deberá realizarse conforme los lineamientos técnicos legalmente establecidos en el predio denominado “sin Dios no hay nada”, habida cuenta que este fue donado por INTERASEO S.A.S. al ente territorial, pero con la condición de que fuera destinado de forma exclusiva para la mencionada obra, razón por la que no existe justificación para que el DISTRITO realice una inversión adicional para la adquisición de un predio nuevo.

En consecuencia, para que se garantice la construcción del relleno en el menor tiempo posible, la Sala ordenará que el DISTRITO e INTERASEO S.A.S. o la empresa que se encuentre operando el servicio de aseo, en el término de 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, adelanten las acciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para que se estructure un nuevo proyecto que permita el diseño, construcción y operación del relleno sanitario de Riohacha en el predio denominado “sin Dios no hay nada”.

Asimismo, se dispondrá que el DISTRITO e INTERASEO S.A.S. o la empresa que se encuentre operando el servicio de aseo, efectúen los trámites a que haya lugar para que se modifique, complemente, adicione o conceda una nueva licencia ambiental que corresponda con el nuevo proyecto de relleno sanitario que dichas entidades estructuren.

Además, de acuerdo con la responsabilidad que le asiste a CORPOGUAJIRA frente a la transgresión del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, se le ordenará que contribuya con el referido proyecto otorgando el apoyo técnico necesario en cada una

de las etapas, y adelantando de forma diligente los trámites a que haya lugar para la elaboración, aprobación, seguimiento, revisión y ajuste oportuno del estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental y los demás instrumentos de planificación, gestión y control que le sean exigibles al nuevo proyecto³⁰.

Asimismo, en el marco del principio de articulación de la función administrativa aplicado al Sistema Nacional Ambiental (SINA), CORPOGUAJIRA podrá suscribir nuevos acuerdos de cooperación y cofinanciación orientados a complementar la capacidad de gestión del DISTRITO para garantizar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano a través de la materialización del proyecto de relleno sanitario, de conformidad con su presupuesto y el plan de acción institucional vigente.

De la consulta previa

A la Sala le corresponde establecer si le asiste razón al DISTRITO cuando afirma que las comunidades indígenas aledañas al terreno en que se construiría el terreno no suscribieron las actas de la consulta

30 Ley 99 de 1993, artículos 23; y 31, numerales 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 24, 26, entre otros.

previa, razón por la que no es posible darle cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal ya que se oponen al proyecto.

Al respecto, se trae a colación la sentencia T – 039 de 2024, en la que la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“[...] Convenio 169 de la OIT amplía el alcance del derecho a la consulta previa, cuando en su artículo 6º consagra el deber de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Esta misma disposición establece como reglas generales: (i) el deber de consultar a los pueblos indígenas y tribales previa la adopción de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles de manera directa; (ii) la definición de los medios para asegurar su participación en instituciones vinculadas con el diseño e implementación de políticas y programas que les conciernan; (iii) la destinación y provisión de recursos necesarios para el cumplimiento de esos propósitos; (iv) el imperativo de realizar las consultas de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

82. A partir de la sentencia SU-039 de 1997, donde se amparó el derecho del pueblo U'wa a ser consultado antes de autorizar la realización de actividades de exploración de hidrocarburos en su territorio, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa opera no sólo tratándose de proyectos de explotación de recursos naturales en territorios de grupos étnicos, sino también en relación con aquellas medidas legislativas y administrativas, así como frente a la ejecución de proyectos, obras o actividades de diversa índole, susceptibles de afectarles de manera directa. [...]

84. Naturaleza, finalidad y principios orientadores de la consulta previa. Sobre la naturaleza y finalidad de la consulta previa, la Corte ha precisado que se trata de un derecho fundamental que protege a los pueblos indígenas y tribales. Lo anterior implica que:

“(i) [E]l objetivo de la consulta previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo intercultural el consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii) por medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto; (vii) la consulta debe ser informada, esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes”. [...]” (Destacado de la Sala).

Conforme lo expuesto, resulta claro que si bien existe el deber de adelantar la consulta previa con comunidades indígenas en aquellos casos en que un proyecto afecta de manera directa sus derechos, como en el caso que aquí nos ocupa, lo cierto es que este diálogo intercultural no le otorga derecho de veto a las comunidades ni al Estado el deber de imponerse, de manera que, la consulta debe ser flexible y adaptarse a las necesidades, para lo cual, se requiere la voluntad de llegar a un acuerdo de todas las partes involucradas.

Por lo tanto, el argumento del apelante según el cual pese a que las comunidades aledañas al proyecto participaron en la consulta previa no suscribieron los acuerdos, motivo por el que actualmente se

oponen a la construcción del relleno, no está llamado a prosperar debido a que, se reitera, esta figura no implica la imposición de posiciones por parte de los indígenas ni del Estado, sino que su propósito es alcanzar acuerdos que permitan la ejecución de las obras y el mayor bienestar para las comunidades.

En consecuencia, como en el presente caso resulta necesario elaborar un nuevo proyecto para la construcción del relleno sanitario, la Sala considera que la consulta previa también debe ser realizada nuevamente por parte del DISTRITO e INTERASEO S.A.S., pues tendrá que dialogarse sobre las nuevas condiciones y los impactos ambientales que este pueda ocasionarles, para lo cual, deberán tener en cuenta las directrices que al respecto haya establecido la Corte Constitucional.

De tal manera, se ordenará al DISTRITO y a INTERASEO S.A.S.

E.S.P. o la empresa que se encuentre operando el servicio de aseo que, a la par con el inicio de la estructuración del proyecto de diseño y construcción del relleno sanitario, adelante nuevamente el proceso de consulta previa con las comunidades del área de influencia del proyecto, el cual se localizará en el predio “sin Dios no

hay nada”, por lo que es del caso revocar el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

Finalmente, la Sala modificará el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia estará presidido por la magistrada ponente del Tribunal, y se confirmará en lo demás el fallo de primera instancia.

En conclusión, de conformidad con lo expuesto, la parte resolutiva de esta sentencia quedará en los siguientes términos: i) revocará el numeral sexto³¹; ii) modificará los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y noveno³²; y iii) confirmará en lo demás el fallo apelado.

³¹ El numeral sexto de la parte resolutiva del fallo apelado dispone: “INSTAR a los actores del proceso consultivo con ocasión del proyecto de construcción y operación del relleno sanitario, en el predio seleccionado por el ente territorial, denominado "SIN DIOS NO HAY NADA", ubicado en la vereda Brasil, en la zona suburbana, Km 11 de la vía Riohacha al Sur de La Guajira, que suscribieron las actas donde reposan los acuerdos, para que retomen las etapas del mismo a fin de lograr su cierre, sin que en todo caso tal como lo dispone la sentencia de unificación SU-217-2017, esto genere a las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del predio donde se debe construir el relleno sanitario, derecho a vetar el proyecto, de conformidad con las razones expuestas”.

³² Los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y noveno de la parte resolutiva del fallo apelado disponen: “PRIMERO: DECLARAR que el Distrito de Riohacha vulnera por omisión los derechos colectivos

a) el goce de un ambiente sano, c) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. g) la seguridad y salubridad públicas; h) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; j) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de la ciudadanía de Riohacha, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: …ORDENAR al Distrito de Riohacha, que en un término que no podrá sobrepasar de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, desarrolle lo dispuesto en la Resolución No. 1616 de julio 26 de 2018 de conformidad con las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Distrito de Riohacha, que en un término que no podrá sobrepasar veinticuatro

(24) meses contado a partir de la ejecutoria de este fallo ejecute acciones tendientes a iniciar y culminar la construcción y operación del relleno sanitario en el predio seleccionado por el ente territorial, denominado "SIN DIOS NO HAY NADA", ubicado en la vereda Brasil, en la zona suburbana, Km 11 de la vía Riohacha al Sur de La Guajira, acorde con las pautas contenidas en la licencia ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA mediante la Resolución No. 1079 de junio 22 de 2015, de conformidad con las razones expuestas.

CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA – y a la empresa INTERASEO S.A E.S.P y/o la empresa encargada de la prestación del servicio de aseo en el Distrito para que, en ejercicio de sus competencias, continúen ejecutando permanentemente las actuaciones que les corresponden en cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia ambiental y contractual respectivamente, para que en el Distrito de Riohacha se logre el objetivo perseguido con la presente acción popular, que es la construcción y operación del relleno sanitario en el predio seleccionado por el ente territorial, denominado "SIN DIOS NO HAY NADA", ubicado en la vereda Brasil, en la zona suburbana, Km 11 de la vía Riohacha al Sur de La Guajira de cara a las condiciones técnicas señaladas en la licencia ambiental contenida en la resolución No. 1079 de junio 22 de 2015, de conformidad con las razones expuestas.

…

NOVENO: CONFORMAR el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia con la Magistrada Ponente de la presente providencia, el actor popular, un delegado del Distrito de Riohacha, Corpoguajira e Interaseo S.A. E.S.P y/o la empresa encargada de la prestación del servicio de aseo contratada para tal fin y un delegado de la Defensoría del Pueblo […]”

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto y noveno de la sentencia de 23 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, los cuales quedarán así:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por cuenta de las acciones y omisiones atribuidas al DISTRITO DE RIOHACHA, a INTERASEO S.A.S. E.S.P. y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-, conforme a la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR al DISTRITO DE RIOHACHA y a INTERASEO

S.A. E.S.P. –o la empresa que se encuentre operando el servicio público de aseo– que, en el término de 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, adelanten las acciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para que se estructure un nuevo proyecto que permita el diseño, construcción y operación del relleno sanitario de Riohacha en el predio denominado “sin Dios no hay nada”.

A la par con el inicio de la estructuración del proyecto de diseño y construcción del relleno sanitario, el DISTRITO DE RIOHACHA e INTERASEO S.A.S. E.S.P. –o la empresa que se encuentre operando el servicio público de aseo–, deberán adelantar un nuevo proceso de consulta previa con las comunidades del área de influencia del proyecto.

TERCERO: ORDENAR al DISTRITO DE RIOHACHA y a INTERASEO

S.A.S. E.S.P. –o la empresa que se encuentre operando el servicio público de aseo– que, en un término no mayor a 3 meses contados a partir de la estructuración del proyecto de diseño y construcción del relleno sanitario, inicien ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL  DE  LA  GUAJIRA  -CORPOGUAJIRA-,  los  trámites

administrativos a que haya lugar para que se modifique, complemente,

adicione o conceda una nueva licencia ambiental que corresponda con el nuevo proyecto.

CUARTO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA- que, en el marco de sus competencias, contribuya con el desarrollo del proyecto de diseño y construcción de un relleno sanitario para Riohacha, otorgando el apoyo técnico necesario en cada una de sus etapas, y adelantando de forma diligente los trámites a que haya lugar para la elaboración, aprobación, seguimiento, revisión y ajuste oportuno del estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental y los demás instrumentos de planificación, gestión y control ambiental que le sean exigibles al proyecto.

En el marco del principio de articulación de la función administrativa aplicado al Sistema Nacional Ambiental (SINA), la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA podrá

suscribir nuevos acuerdos de cooperación y cofinanciación orientados a complementar la capacidad de gestión del DISTRITO DE RIOHACHA para garantizar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano a través de la materialización del proyecto de relleno sanitario, de conformidad con el plan de acción institucional vigente y el presupuesto disponible.

Adicionalmente, si no lo ha hecho, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA deberá iniciar y llevar a su término los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, de conformidad con las infracciones ambientales detectadas en el sitio de disposición final transitorio -SDFT- de Riohacha. Tales procedimientos observarán las garantías y lineamientos procesales establecidos en la Constitución y la ley.

De igual modo, deberá exigir el cumplimiento de las medidas de restauración y compensación de los impactos ambientales ocasionados a los ecosistemas de la zona afectada por el SDFT de Riohacha.

[…]

NOVENO: CONFORMAR el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia con la Magistrada Ponente de la presente providencia, quien lo presidirá, el actor popular, un delegado del Distrito de Riohacha, Corpoguajira e Interaseo S.A.S.

E.S.P y/o la empresa encargada de la prestación del servicio de aseo contratada para tal fin y un delegado de la Defensoría del Pueblo”.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES  NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.