La decisión que modificó el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los hermanos menores de edad del fallecido por ablación de órganos no vulnera derechos fundamentales. Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la decisión de segunda instancia que modificó el derecho indemnizatorio de los hermanos menores de edad del fallecido por la ablación de órganos sin el consentimiento de su núcleo familiar. La Corporación determinó que no se incurrió en algún defecto en la decisión objeto de tutela, por cuanto el reconocimiento de los perjuicios morales para los hermanos menores no se acredita únicamente con el parentesco, pues aquellos no tienen la capacidad de expresar su consentimiento sobre la donación de órganos del fallecido. La jurisprudencia en materia de daño y perjuicios morales sí establece parámetros vinculantes para los jueces administrativos. En la decisión acusada, el Tribunal tomó la decisión de disminuir a 20 SMMLV los perjuicios morales a los accionantes (padres) porque encontró que el perjuicio solo se acreditó respecto de la imposibilidad de ejercer el derecho de oposición a la donación por parte de ellos. Para el Tribunal no resultaba razonable que el monto de la indemnización fuera exactamente el mismo que concede el Consejo de Estado para casos de grave aflicción o muerte

El Consejo de Estado advirtió que, cuando están en juego los derechos laborales, debe primar el derecho sustancial sobre la ritualidad de los procesos judiciales, pues, de lo contrario, se estaría negando el derecho de acceso a la administración de justicia. La controversia se originó porque el establecimiento educativo en el que laboraban los accionantes, que era del orden nacional, pasó a ser parte del departamento de Norte de Santander, lo que implicaba que los funcionarios pasarían a integrar la nómina del ente territorial. Como la homologación de cargos no incluyó nivelaciones en los salarios, dos conductores de la entidad solicitaron reconocimiento de tal nivelación. Ante la negativa interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero tanto el operador judicial, como el Tribunal rechazaron la demanda porque consideraron que era necesario que se demandara una resolución que, en su criterio, constituía la materialización del proceso de homologación y de establecimiento de los salarios de la planta de personal. Los accionantes interpusieron una acción de tutela, y se les ampararon sus derechos ordenando al Tribunal emitir una nueva decisión. La decisión de dar por terminado el proceso por falta de proposición jurídica completa constituye un apego a las ritualidades procesales en detrimento del derecho sustancial, de aplicación inmediata, de acceso a la administración de justicia de los accionantes

La Sección recordó que, en materia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el defecto por violación directa de la Constitución tiene como fundamento el propio reconocimiento de su valor normativo y contiene mandatos que son de aplicación directa por parte de las autoridades. En dicho fallo decide impugnación de una acción de tutela presentada contra sentencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho proferida el 3 de julio de 2019 por el Tribunal, en el cual se resuelve un recurso de apelación, confirmando el fallo de primera instancia pero por motivos distintos. La actora pretendía la declaratoria de existencia de un contrato realidad con el ISS, a partir de la nulidad de actos fictos negativos. Al resolverse la apelación ante el Tribunal accionado, confirmó dicha sentencia, pero a partir de la declaratoria de inepta demanda, por considerar que la actora no demandó la resolución a través de la cual el ISS rechaza las solicitudes de 109 trabajadores al indicar que en el proceso liquidatorio de la entidad no se incluiría el pago de las acreencias solicitadas. Señala la Sala que, el Tribunal desconoció lo solicitado por la demandante pues el objeto de su demanda no era el relativo al proceso de liquidación de la entidad, sino que buscaba la declaratoria de "una relación laboral ejecutada en forma personal, con subordinación y dependencia, con el reconocimiento de un salario y con el cumplimiento de estrictos horarios de trabajo

El Consejo de Estado denegó las pretensiones de una acción de tutela por medio de la cual el excomandante del Ejército, general (r) Nicacio Martínez, buscaba que se dejara sin efectos una sanción por desacato a un fallo de tutela. En cumplimiento de esta acción el Ejército había adquirido la obligación de desacuartelar a un soldado, expedir su respectiva libreta militar y autorizar que se le practicara una cirugía de rodilla. Tras el desarrollo de un incidente de desacato porque supuestamente no se habían cumplido los procedimientos necesarios para prestar los servicios de salud, al general (r) se le impuso la sanción por desacato. Inconforme con la sanción el oficial (r) interpuso una acción de tutela alegando que el cumplimiento del fallo de tutela no era responsabilidad de la Comandancia del Ejército sino de la Dirección de Sanidad de esa institución y agregó que esa dependencia ya había demostrado que estaba cumpliendo con las órdenes que se le impartieron para la prestación de los servicios médicos. Se concluyó que, al ser ratificada la sanción por desacato, no se le desconocieron los derechos fundamentales al militar (r), pues ante el Tribunal quedó en evidencia el incumplimiento a la acción de tutela, en la medida en que no se habían efectuado todos los exámenes necesarios para la práctica de la cirugía de rodilla, razón por la cual no era procedente el levantamiento de la multa

Existen dos normas que regulan la misma materia competencia para conocer en primera instancia las demandas de acción de grupo y para efectos de determinar cuál es la ley aplicable, debe acudirse al artículo 2 de la Ley 153 de 1887, que señala que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. Por consiguiente, en las acciones de grupo promovidas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, deben aplicarse las normas de competencia allí previstas. Mediante providencia el Consejo de Estado declaró la falta de competencia funcional para resolver el recurso de queja interpuesto contra el auto del 12 de enero de 2018, pues, a su juicio, la primera instancia del proceso de acción de grupo correspondía a los jueces administrativos de Sincelejo y no al Tribunal Administrativo de Sucre. La Sala encuentra que, en la providencia del 10 de octubre de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo, por falta de aplicación del artículo 152 numeral 16 de la Ley 1437 de 2011. Dicha norma debía ser tenida en cuenta en el estudio realizado en la providencia cuestionada, pues modifica las normas de competencia previstas en la Ley 472 de 1998, en lo referente a las acciones de grupo a cargo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, no puede perderse de vista que la demanda fue interpuesta en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, con posterioridad al 2 de julio de 2012. Incluso, la decisión cuestionada va en contravía de las decisiones adoptadas por el propio Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que en otros casos sí ha aplicado las normas de competencia previstas en el artículo 152 numeral 16

Se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión por nulidad originada en la sentencia formulado contra la decisión inhibitoria proferida por la Sección Tercera tras estimarse que la autoridad cuya decisión se cuestiona no se enfocó en la fecha del daño antijurídico demandado (destrucción total de la finca y hurto del ganado), de cara a la conducta imputada al Min. de Defensa (Ejército Nacional), que le hubieran permitido proferir una decisión de fondo, sin que fuese viable contabilizar la caducidad de esta acción en la forma en que se hizo, pues tanto en los hechos como en las pretensiones de la reparación directa se imputan dos hechos contundentes que se materializan en forma posterior a la ocupación que se tuvo como referente para soportar el fallo censurado. La Sala considera pertinente aclarar que los fallos inhibitorios no reciben una proscripción per se, pues cuando tramitado el proceso, el operador advierte la carencia de un presupuesto procesal de la acción, aunque resulte penoso haber consentido el discurrir de un proceso que no obtendrá decisión de fondo, ello no puede cohonestar o justificar el saneamiento o permisión de un craso defecto y, con ello, justificar el proferimiento de una decisión de fondo que resulta espuria y contra derecho, dada la carencia de ese presupuesto material de la acción, como en efecto, acontece con la operatividad de la caducidad, pero en caso de considerarse innecesaria se viabiliza la censura de la decisión por el mecanismo del recurso extraordinario de revisión

No se vulneran derechos fundamentales cuando se omite adelantar el trámite administrativo para solicitar la inclusión en un vuelo humanitario de repatriación. La Sala debe decidir si el a quo acertó al denegar la inclusión del señor (J.J) en un vuelo humanitario de emergencia entre Lima y Bogotá. La Sala advierte que el señor no realizó ninguna de las gestiones ni asumió ninguno de los compromisos previstos en el protocolo de regreso al país (Resolución 1032 de 2020). A juicio de la Sala, se trata de un procedimiento idóneo y eficaz, puesto que caracteriza las situaciones individuales de cada uno de los solicitantes y elabora listados para efecto de tramitar y programar los vuelos humanitarios. Asimismo, la Sala considera necesario resaltar la necesidad de respetar el procedimiento administrativo previsto para los vuelos humanitarios, por cuanto de este modo se garantiza el derecho a la igualdad de todas aquellas personas que requieren ejercer el derecho al regreso. Asumir un tratamiento preferencial frente al actor, derivaría en que se desconozca el derecho a la igualdad de las personas que sí se han sometido al trámite administrativo. Así las cosas, encuentra la Sala que, el a quo acertó al abstenerse de ordenar fuera incluido en un vuelo humanitario

Se afecta el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad que, en medio de la pandemia del COVID 19, no reciben los elementos de protección para evitar el contagio en los centros de reclusión. No existe evidencia alguna del suministro de elementos de protección como gel antibacterial, tapabocas, jabón y agua para la buena condición de salud de los reclusos, o siquiera, los reportes de las contrataciones suscritas para la compra y suministro de dichos insumos para atender la emergencia, en uso de las facultades conferidas por la Resolución 1274 de 25 de marzo de 2020. La Sala no desconoce las difíciles circunstancias que enfrentan las cárceles del país por el hacinamiento declarado, no obstante la autoridad penitenciaria nacional ha regulado el tratamiento que debe darse al COVID-19 al interior de las cárceles, de manera que, ante la ausencia de pruebas por parte de la autoridad competente de darles cumplimiento y ante la afirmación de los reclusos, justamente, frente al incumplimiento de los protocolos de aislamiento y seguridad, por la gravedad del asunto, en este caso se encuentra acreditada la amenaza inminente para el derecho fundamental a la salud. En el presente caso, queda pues demostrada la amenaza del derecho fundamental toda vez que, como se vio, existe un riesgo en la salud de estos. Se accede al amparo del derecho fundamental a la salud de los accionantes

El accionante interpuso acción de tutela solicitando agilizar autorización para un vuelo humanitario desde Houston a Bogotá. En criterio de la Sala, las entidades estatales demandadas (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Embajada de Colombia en USA, Consulado de Colombia en Houston, entre otros) actuaron dentro del marco de sus competencias, en cumplimiento a los lineamientos legales Decreto 439 de 2020, fundamentando su decisión de no autorizar lo solicitado, al encontrar que el vuelo que pretendía la aerolínea United Airlines, no era de los que pudiera considerarse humanitario dada la oferta comercial que hicieron en su momento de los tiquetes aéreos. Quien realmente vulneró los derechos del actor fue la aerolínea ya que con su actuar de pretender una oferta de vuelos para trasladar personas distintas a los 37 connacionales, incluido el actor, y buscar ser autorizado como vuelo humanitario, es una conducta que no podían pasar por alto las entidades, trayendo como consecuencia que el vuelo no se operara y que el actor, tuviera que quedarse más tiempo a la espera en Houston, carga que no tenía el deber de soportar. Los vuelos humanitarios en estas especiales circunstancias de la pandemia deben partir del agotamiento de un trámite en los términos del Decreto 439 de 2020, la Resolución 1032 de 2020 y demás disposiciones sobre el particular. La Sala confirmó el amparo, pero únicamente en relación con las obligaciones de ejecución a cargo de la aerolínea United Airlines y la determinación de que el vuelo se hiciera en las condiciones de salubridad indicadas en la Resolución 1032 de 2020, "por la cual se establece el Protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones

Obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de la población mayor de 70 años, por ser sujetos de especial protección y con mayor riesgo de muerte por COVID-19. La parte actora acude en ejercicio de la acción de tutela contra las medidas decretadas por el Gobierno relativas a la restricción de la libre circulación de personas mayores de 70 años, por ser sujetos de especial protección y tener mayor riesgo de muerte por el COVID-19. Argumentó que dicha limitación le impide ejercer su profesión y, por ende, afecta los ingresos mínimos de su hogar y los de su familia. La Sala encuentra justificada la restricción del derecho a la locomoción con el fin de proteger la salud y vida del [tutelante], pues, como se sabe, el país se encuentra en emergencia sanitaria. Prevalece, entonces, la protección del derecho a la salud y vida de la parte actora respecto del derecho a la libre locomoción. La ponderación que aquí se hace no busca una conclusión general para todos los casos en los que entren en conflicto estos derechos, es decir, no se está ordenando otorgar preferencia siempre a los derechos a la salud y a la vida sobre el derecho a la libre locomoción, sino que, se insiste, se trata de una preferencia relativa que solo aplica para el sub lite

Se mantiene orden de pago retroactivo a funcionario judicial. Se declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la Rama Judicial contra el fallo que le concedió a una funcionaria el derecho al pago retroactivo de un reajuste del 30 % de su salario básico y las prestaciones sociales que recibiere en su condición de directora administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Se presentó acción de tutela contra la decisión del Tribunal, alegando que el cargo de la funcionaria no la hacía acreedora al pago de la prima especial. La alta corte declaró improcedente el recurso. Indicó que en el proceso demandado se acreditó que a la servidora se le pagó el valor de la prima sobre el 70 % de su asignación básica, pero se le negó el pago del 30% como prima especial, lo que, además de dar lugar a la orden del pago retroactivo, indica que la condición de beneficiaria o no dicha prima que tenía esta funcionaria no había sido objeto de discusión en la demanda. Esto impide que, en sede de tutela, el Consejo de Estado pueda examinar si la decisión del Tribunal de reconocer el derecho al pago retroactivo de un reajuste del 30 % del salario y las prestaciones sociales de la funcionaria constituyen o no una violación a los derechos fundamentales de las entidades accionantes

El Consejo de Estado declaró improcedente un recurso de hábeas corpus por medio del cual el exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo buscaba que se le concediera la libertad provisional dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema, explicó que al negarle la libertad no incurre en los defectos alegados por la defensa. Luego de recordar cuáles fueron las actuaciones de la defensa que llevaron prolongar la audiencia de juzgamiento, la máxima instancia contenciosa sostuvo que el habeas corpus no es una instancia adicional para obtener los pronunciamientos que las partes esperan cuando acuden al juez natural, en este caso concreto, la Corte Suprema. Frente a la apelación contra esa decisión de la Sala Especial, que resolvió la Sala Penal, el Consejo de Estado sostuvo que no le corresponde al juez de habeas corpus definir la diferencia de criterios que se presentó en este caso, en el cual se concluyó que no era procedente resolver la petición de libertad formulada

Competencia para la entrega de elementos de protección para la población privada de la libertad. El Gobierno con el Decreto 546 de 2020 adoptó medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitoria en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y de la Protección Social expidió la Resolución 843 de 2020, mediante la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el control del COVID-19 dentro de estos lugares, que distribuye diversas funciones referentes al proceso de suministro de dichos elementos ente el Inpec, la Uspec y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Por tanto, en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas, son las llamadas a participar en todo proceso que supone la entrega de elementos de protección para la prevención y propagación del COVID-19. La Sala ordenó realizar una valoración de la condición médica del tutelante para determinar si era procedente aislarlo en un lugar especial dentro del penal. Finalmente se consideró que el suministro de elementos de protección para las personas privadas de la libertad en dicho establecimiento carcelario estaba a cargo del Inpec, la Uspec y del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019

Se negó la suspensión provisional del artículo 1 del Decreto 1406 de 1999, compilado parcialmente en el artículo 3.2.1.1 del Decreto 780 de 2016, norma que establece que rentistas y demás personas con capacidad de contribuir al financiamiento del régimen contributivo de salud y seguridad social deben tener la condición de aportantes al sistema. En 1998 el Gobierno estableció quiénes estarían afiliados al régimen contributivo del sistema de salud y seguridad social, incluyendo, entre otros, a los rentistas de capital. Un año más tarde estableció que estos últimos y toda persona con capacidad de pago suficiente para financiar el sistema tendría la condición de aportante de este esquema de aseguramiento. La norma fue demandada solicitando suspensión provisional de la norma que indica que rentistas y demás personas con capacidad de pago tienen que aportar al sistema, alegando que el Gobierno asumió una competencia exclusiva del Congreso. El Consejo de Estado negó la suspensión y trajo a colación la jurisprudencia constitucional, que se refiere a los rentistas de capital como obligados a cotizar y la del Consejo de Estado, que reconoce a las personas con capacidad de pago como afiliados al régimen contributivo. Para la Alta Corte, el Ejecutivo no violó normas superiores, sino que reprodujo el contenido de la ley, al asignarles a los rentistas de capital y demás personas con capacidad de contribuir al financiamiento del sistema la condición de aportantes al régimen contributivo de salud

Se declara nula norma que ofrecía beneficios tributarios por efectuar aportes voluntarios a pensiones. Se declara la nulidad parcial del artículo 1.2.1.12.9 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 3 del Decreto 2250 de 2017. Declaró la nulidad de un mandato legal que permitió que los aportes voluntarios efectuados por los afiliados al régimen de ahorro individual a partir del 1 de enero del 2017 y los aportes voluntarios a fondos pensionales obligatorios, antes de las reformas tributarias del 2018 y el 2019, fueran restados de los ingresos brutos sin límite alguno en la declaración de renta. Esta conclusión obedece a que la alta corte declaró parcialmente nulo un decreto que señalaba que este tipo de cotizaciones eran consideradas un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. La norma estaba basada en la legislación previa a las reformas al ET aprobadas por el Congreso en el 2018 y el 2019. La Sala sostuvo que la ley en la que se basó esta norma consideraba los aportes voluntarios a pensiones como renta exenta y no como ingresos constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Se aclara que si bien es cierto que las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019 modificaron el artículo 55 del ET y dispusieron que las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un límite, también lo es que esto no impide el estudio de fondo de la validez del acto acusado con base en las normas vigentes al momento de su expedición

Se precisan las condiciones de exclusión en el IVA de los servicios prestados por los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física CAPF, así como el alcance de la expresión "personas debidamente remitidas por profesionales de la salud" del artículo 6 de la Ley 729 de 2001. Se estudió la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del IVA que presentó un Centro de Acondicionamiento y Preparación Física CAPF, en el sentido de calificar como gravados los ingresos que denunció como excluidos, razón por la cual también lo sancionó por inexactitud. Para la Sala el concepto jurídico de debida remisión de personas a un CAPF, que exige el artículo 6 de la Ley 729 de 2001 para que las actividades que desarrolla el centro tengan la connotación de servicios médicos, exige que, en cada caso, al usuario lo haya referido otro profesional o institución de la salud independiente del CAPF, que efectúa la "transferencia de responsabilidad sobre el cuidado" del usuario. Por esta razón, la mera evaluación del estado de salud general que lleva a cabo el profesional vinculado al CAPF al admitir a sus nuevos usuarios, con miras a identificar los riesgos o patologías susceptibles de prevenir, reducir o tratar mediante la actividad física dirigida, no constituye, por sí sola, una "remisión" en los términos de la norma interpretada, pues debe estar precedida por el envío del paciente por parte de un "prestador remisor" con la consiguiente transferencia de la responsabilidad médica sobre el cuidado del paciente

Prescripción de cuotas partes pensionales. La Sección indicó que la regla de prescripción del recobro de las cuotas partes pensionales causadas con anterioridad a la Ley 1066 de 2006 es el Código Civil, art. 2536, en su redacción original y con la modificación introducida por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 quedando como términos de prescripción los siguientes: i) Antes del 27 de diciembre de 2002, 10 años. ii) Entre el 27 de diciembre de 2002 (entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002) y el 29 julio de 2006 (entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006), 5 años. La Sala reitera que el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales está conformado por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas. De manera que, para establecer si determinadas cuotas partes pensionales son exigibles o no, es necesario verificar la existencia de la resolución de reconocimiento de la pensión y si se hicieron los pagos de las respectivas mesadas pensionales

El Consejo de Estado le ordenó al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña (Coiba) y al Inpec tomar las medidas necesarias para que los reclusos del Bloque No. 3 de ese establecimiento carcelario tengan acceso diario a un mínimo de 25 litros de agua potable, mientras se establece una solución estructural definitiva al déficit que sufre el sistema sanitario del penal. Se interpuso una acción de tutela buscando una alternativa a una emergencia sanitaria provocada por un acceso restringido al vital líquido. Según el escrito, el servicio de agua potable solo se suministra por 10 minutos diarios en la mañana y algunas veces en la tarde, lo que, sumado a la falta de inodoros y la consecuente disposición inadecuada de materias fecales, viene provocando olores fétidos, enfermedades y hasta riñas entre reclusos en pugna por el uso de los servicios sanitarios. Para esta corporación judicial, sí se está desconociendo el derecho fundamental de los reclusos de la cárcel a acceder a agua potable, recordó que instrumentos internacionales obligan al Estado colombiano a proporcionar agua potable a la población carcelaria. En el caso de la cárcel Picaleña y otras ubicadas en zonas de altas temperaturas, debe ser de mínimo 25 litros, lo que además obliga a las autoridades a brindar mecanismos para que los reclusos puedan almacenar el agua en horas de la noche

Consejo de estado explica por qué la justicia no está obligada a reparar a todos los detenidos que son absueltos. La decisión de la alta corte obedece a una acción de tutela por medio de la cual la persona procesada penalmente buscaba dejar sin efectos el fallo por medio del cual se le negó la demanda de reparación directa que interpuso con el fin de ser indemnizado por la Policía y la Rama Judicial. El demandante permaneció detenido durante 10 meses y cinco días por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sin embargo, fue absuelto. Indicó que el hecho de que el juez penal decrete la absolución de una persona detenida no necesariamente significa que la privación de la libertad sea injusta y que haya lugar a reparar al procesado. A juicio de la corte, la decisión del Tribunal de absolver a la Rama Judicial dio aplicación a la jurisprudencia relacionada con la privación injusta de la libertad, en tanto que explicó que la medida de aseguramiento que se le impuso al demandado obedeció a una inferencia razonable de que pudo haber sido responsable de los delitos que se le imputaban, relacionados con el tráfico de estupefacientes. En el expediente se dieron cuenta de testimonios de policías que señalaron que cuando se produjo la captura el procesado tenía en su poder unas papeletas y una cantidad de cocaína

La regla específica de la suspensión provisional en el proceso de nulidad electoral - artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 consiste en que dicha petición debe resolverse en el mismo auto admisorio de la demanda. Igualmente, esta institución se configura como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, en la demanda o en escrito separado antes de la admisión de la misma, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como violadas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito de demanda para que sea procedente la medida precautelar. Se demandó la nulidad, con solicitud de suspensión provisional del acto de elección del director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR. La Sala decretó la suspensión provisional del acto acusado, al advertir que hubo irregularidades por parte del consejo directivo en la decisión adoptada sobre las faltas absolutas de algunos miembros al privarlos del derecho al voto sin fundamento legal para ello y, permitir que en las decisiones sobre recusación participaran quienes a su turno estaban recusados. De igual modo, no se acreditó el incumplimiento del requisito de experiencia específica endilgado al director elegido